La imagen de un militante de extracción peronista prendiendo fuego un árbol de Navidad frente a la Municipalidad de Lanús, que gobierna un intendente de La Cámpora, resumió mucho mejor que la deserción de tres senadores del PJ en el debate del Presupuesto el estado de situación que atraviesa el partido que todavía preside Cristina Kirchner. Internas descarnadas, ausencia de liderazgo y un virtual sálvese quien pueda.

Las dos viejas columnas de poder del peronismo -el Senado de la Nación y la provincia de Buenos Aires- crujieron la semana, que pasó como nunca antes. Ya el PJ gobierna un cuarto de las provincias del país, perdió la primera minoría en Diputados y tiene la menor representación en la Cámara alta desde el regreso de la democracia. Y en la provincia de Buenos Aires, centro de gravedad de la política argentina de los últimos 40 años, hay una lucha a cielo abierto por el poder, con una conducción kirchnerista que es discutida por la mayoría de los barones del Conurbano.

Todo a pedir del gobierno de Javier Milei, que pasó en algo más de cuatro años de ser el único libertario en el Congreso, a convertirse en solitaria referencia de poder real del sistema político. Convivió durante los dos primeros años de Gobierno con otros dos soles: Mauricio Macri y Cristina Kirchner. A cada uno se lo fagocitó a su modo. El líder del PRO está recluido en Cumelén, con la mayoría de su partido pintado de violeta -o en vías de hacerlo-, y la ex presidenta se recupera de la operación de apendicitis para volver a San José 1111 y continuar cumpliendo la pena de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“En el peronismo hay dos cosas que no se perdonan: morirse y perder elecciones”, le dijo a Infobae uno de los senadores más importantes del interbloque Popular, el nuevo nombre que eligieron los integrantes del panperonismo en la Cámara alta, siguiendo la costumbre de rebrandearse después de cada derrota. Es una frase que la realidad, pertinaz, pone a prueba. Se lo transmitió a este cronista antes del fuego en Lanús y de las fugas en las votaciones del viernes.

Repliegue en el Senado

Este medio había anticipado que había tres senadores de Convicción Federal que iban a votar con el Gobierno. No lo hicieron una vez, sino que lo hicieron 20. Para el voto en general y en particular del Presupuesto, y en el debate de la Ley de Inocencia Fiscal. El catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés reconocen el liderazgo de manera abierta o solapada de Raúl Jalil -el gobernador peronista preferido de la Casa Rosada- y apoyaron las dos iniciativas que eran decisivas para la gestión Milei.

Lo relevante de esos votos es que no eran imprescindibles. Las dos leyes se votaron por 46 y 42 votos a favor, entre cinco y nueve más que los 37 exigidos. Podían no haber estado y las iniciativas se iban a aprobar igual. Fueron apoyos que encerraron un mensaje político, más que solo una conveniencia presupuestaria.

El presidente Milei había planteado el objetivo de construir una mayoría reformista, un consenso capitalista que venciera al modelo populista. El gobierno de Trump esperaba también que el oficialismo lograra una coalición que le diera sustentabilidad a las reformas.

La deserción de esos tres senadores puso un mojón clave para el debate que viene, que puede ser más complejo. No sin picardía, la estrategia del Gobierno -donde talla fuerte Santiago Caputo- fue colocar el futuro debate de la ley de modernización laboral con la Ley de Glaciares, que necesitan los gobernadores del norte, entre los que están, claro, el catamarqueño Jalil, pero también el salteño Gustavo Sáenz, que en otro tiempo se quejaba de que el “poncho no aparece”. Entre la CGT y el desarrollo de la minería, es más que previsible qué priorizarán los mandatarios peronistas.

¿Por qué es importante esta reconstrucción? Porque la última votación del año parlamentario confirmó que el peronismo pasó de ser mayoría en el Senado y condicionar el rumbo del Gobierno a quedar reducido a un bloque que está a un paso de perder el tercio que le impediría, por ejemplo, trabar el nombramiento de jueces de la Corte. Hasta el 9 de diciembre, la bancada kirchnerista había armado una coalición opositora que tenía 37 votos.

Entre el fuego y las desdichas

El fuego del arbolito de Navidad de la Municipalidad de Lanús no vino solo. Antes de esa protesta tan sugestiva -piqueteros de organizaciones de base peronistas protestaron, incendiaron y se fueron- se había producido un choque público entre la ex intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el diputado Juan Grabois por el estacionamiento medido en ese municipio que gobierna La Cámpora.

“Realmente me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representás”, le dijo la actual diputada bonaerense al dirigente, en un audio que difundió Infobae en exclusiva. Furiosa, la ex intendenta lo había compartido en un grupo cerrado de WhatsApp, después de enviárselo al teléfono del dirigente de “Argentina Humana”.

En La Cámpora sospechan que ambas acciones tienen una misma inspiración. En el entorno de Máximo Kirchner no descartan la mano de alguno de los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro. El peronismo bonaerense, cuando lucha por el poder, se vuelve insondable y caprichoso.

“Cristina está presa de manera injusta, está internada, convaleciente, y los ves a estos haciendo un acto de lanzamiento de campaña Axel 2027. Encima nos mandan patoteros a extorsionar y a prender fuego todo. No tienen límites”, se quejó un dirigente que, obviamente, no simpatiza con el gobernador bonaerense.

Son postales de una provincia que enfrenta una delicada situación económica-financiera y que tiene al gobernador que puso en marcha un proyecto presidencial y que busca, en primer lugar, desalojar a Máximo Kirchner de la Presidencia del PJ, apoyado en intendentes, gremios y líderes como Gildo Insfrán. Encima, está apuntado por un Javier Milei fortalecido en el inicio de su tercer año de gobierno. Dejó de decirle “burro” o “soviético”, por un tiempo, que puede ser breve.

El senador José María Carambia (Moveré Santa Cruz) presentó un proyecto para que los médicos extranjeros que ingresen en residencias y cobren una beca por la misma deban pagar una cuota. No sólo eso: tendrán que ser distribuidos por todo el país para saldar “situaciones de inequidad”.

La iniciativa modifica el artículo 2 de la ley 22.127. El vigente plantea que “las residencias serán cumplidas mediante beca anual con una modalidad y remuneración a establecer por el organismo de conducción del Sistema, bajo un régimen de actividad a tiempo completo y con dedicación exclusiva”. El texto que empuja el legislador sostiene dicho párrafo, aunque agrega -sobre el final- que el régimen en cuestión está destinado “para aquellos argentinos nativos, por opción o naturalizados”.

Más importante es lo que le sigue: “Los extranjeros deberán abonar un monto a establecer por el organismo de conducción del Sistema para acceder a cumplir las residencias. La modalidad será bajo un régimen de actividad a tiempo completo y con dedicación exclusiva”. Y añade: “El monto recaudado se destinará a incrementar la remuneración percibida por los médicos residentes argentinos nativos, por opción o naturalizados. Además, el organismo de conducción del Sistema distribuirá los médicos residentes extranjeros entre los distintos establecimientos formadores del país, considerando criterios de federalismo y equidad territorial”.

El senador fundamentó: “Actualmente, el Sistema Nacional de Residencias de la Salud otorga, tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros, una beca anual financiada con fondos públicos, sin diferenciar entre quienes utilizan el Sistema de manera permanente y quienes lo hacen transitoriamente para su formación. Este diseño ha derivado en situaciones de inequidad, en las que la inversión estatal termina subsidiando la capacitación de profesionales extranjeros, en detrimento de la mejora de las condiciones de los médicos argentinos nativos, por opción o naturalizados”.

Según Carambia, la distribución nacional de los residentes “busca evitar la concentración de profesionales en determinadas jurisdicciones y promover una formación más equilibrada, que contribuya a fortalecer la presencia del personal de salud en todo el territorio nacional”.

“La iniciativa persigue un triple objetivo: proteger a los médicos residentes argentinos nativos, por opción o naturalizados, asegurando que la beca anual que perciben sea más justa y acorde a su esfuerzo y dedicación; fortalecer el financiamiento del sistema de salud pública, evitando que la formación de profesionales extranjeros implique una carga económica injusta para el Estado argentino; y consolidar las capacidades sanitarias federales, garantizando una distribución más equitativa y solidaria del recurso humano en todo el país”.

Por otra parte, Carambia expresó que “la medida se enmarca plenamente en los principios consagrados por la Constitución Nacional; en particular, en su artículo 16, que consagra la igualdad ante la ley y en el artículo 20, que reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos, salvo los expresamente reservados a estos últimos”. Y sentenció: “El acceso a las residencias de la salud no se limita, sino que se organiza bajo un régimen económico diferenciado, basado en un criterio objetivo y razonable, orientado a proteger los recursos públicos, garantizar mejores condiciones para los profesionales nacionales y fortalecer la distribución federal de los recursos humanos en el sistema sanitario nacional”.

La fecha de la iniciativa es del 13 de noviembre pasado. Apareció tras meses de discusiones entre el Ejecutivo libertario y la oposición en el Congreso por la declaración de la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema-, una ley que vetó la Casa Rosada y luego fue insistida por Diputados y el Senado, con dos tercios de los votos de sobra. El texto de Carambia no podrá analizarse en comisiones hasta el 1 de marzo próximo, excepto que sea incluido en sesiones extraordinarias.

Luego del primer triunfo legislativo del verano, al lograr aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal antes de fin de año, el Gobierno ya se concentra en lo que será la discusión durante enero y febrero, meses en los que intentará sancionar la postergada reforma laboral, en medio de otros reclamos de la oposición.

Este martes finalizará el primer periodo de sesiones extraordinarias al que convocó el presidente Javier Milei, el cual tenía un temario ambicioso con varios proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, pero solo dos de ellos se aprobaron.

En el tintero quedaron, además de los cambios en el sistema de trabajo, los proyectos de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; el nuevo Código Penal y la Ley de Glaciares.

Es que, ante un escenario adverso en el Congreso, a pesar de haber fortalecido al bloque tras las elecciones, el oficialismo decidió dejar para más adelante todas estas iniciativas y así focalizar el debate en las medidas que la Casa Rosada consideraba más prioritarias.

Ahora, después de que pasen dos semanas de descanso, Milei tiene previsto volver a llamar a sesiones extraordinarias para tratar, en la segunda parte del verano, estas cuestiones que quedaron pendientes.

Sin embargo, ese tiempo de dispersión no será para todos, ya que hay algunos integrantes del Gobierno que, a pesar de que no hubo una orden por parte de la cúpula sobre qué hacer, decidieron que no se tomarán vacaciones.

Tal es el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien este martes encabezará una nueva conferencia de prensa para anunciar las últimas medidas de la administración libertaria antes de que termine el 2025.

De igual forma, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene pensado dedicar la primera mitad de enero a llevar adelante una nueva gira por el país para conversar personalmente con los gobernadores sobre la reforma laboral.

Durante este año, el funcionario visitó a Rogelio Frigerio, en Entre Ríos; Alfredo Cornejo, en Mendoza; Carlos Sadir, en Jujuy; Rolando Figueroa, en Neuquén; Gerardo Zamora, en Santiago del Estero; Hugo Passalacqua, en Misiones, y Gustavo Valdés, en Corrientes.

Al resto de los mandatarios los recibió en la Casa Rosada, incluso a algunos de los mencionados, y con los únicos con los que no se reunió fue con Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y con los de la oposición dura, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Tal como anticipó en una entrevista con Infobae la senadora Patricia Bullrich, entre el 16 y el 26 de enero próximos se revisarán los dictámenes tanto de este proyecto como el de la Ley de Glaciares.

La propia jefa de la bancada de La Libertad Avanza reconoció que la discusión “no será a libro cerrado”, sino que “ya hubo cambios y habrá más, pero siempre con el objetivo de sostener una mayoría amplia”.

En ese sentido, trabajará Santilli, con la misión de conseguir el apoyo de las provincias, algunas de las cuales vienen reclamando que se sume al temario las designaciones de los jueces federales vacantes.

De hecho, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, pidió recientemente que se analicen los pliegos para completar los tribunales, algo que requiere solamente de la aprobación en el Senado.

“Tenemos vacantes en la cobertura de jueces y eso supone la acción de los otros dos poderes. Hace más de dos años que esto está prácticamente paralizado y no hemos podido hacer nada”, lamentó el magistrado.

De acuerdo con datos del Consejo de la Magistratura, de los 1.002 jueces titulares que debería haber en todo el país, hay 337 lugares que aún están disponibles, para los cuales ya hay 153 candidatos que están esperando el visto bueno del Congreso.

Sin embargo, las autoridades nacionales no tienen intenciones de avanzar con ese asunto en el corto plazo y la cuestión sería abordada recién en marzo o abril del año que viene.

Es que, el Gobierno todavía tiene que definir quién va a ser el futuro ministro de Justicia cuando finalmente se retire Mariano Cúneo Libarona, que amagó con renunciar en noviembre, pero continuó en el cargo por pedido expreso de Milei.

Además, también resta saber qué ocurrirá con la propia Corte, que actualmente está funcionando solamente con tres miembros, debido a que no hubo acuerdo con la oposición para elegir a los dos faltantes.

Así las cosas, desde el 26 de enero y hasta el 10 de febrero, el Senado buscará tratar en el recinto la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares, por lo que el ministro del Interior tendrá hasta ese momento para reunir las voluntades de los gobernadores.

Por su parte, luego de conseguir su primera victoria como jefa del bloque, Bullrich sí se tomará unos días de descanso antes de retomar las negociaciones para el resto de las iniciativas.

Qué plantea la reforma laboral

La medida en cuestión incorpora lineamientos sobre modernización de las normativas de trabajo vigentes, enfatizando cambios en áreas críticas como vacaciones, indemnizaciones, despidos y la organización de horas laborales.

Tal como anticipó este medio, uno de los puntos principales del texto apunta a aumentar la seguridad jurídica de las empresas y desincentivar el litigio, en un contexto en que muchas pymes enfrentan juicios millonarios y cuestionan los argumentos que dieron lugar a los fallos desfavorables.

En este sentido, en cuanto a las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, se elimina la “justicia social” como criterio interpretativo para la aplicación de la norma y se otorga autoridad de cosa juzgada a los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios homologados, con el fin de reducir la judicialización.

Además, se crea un sistema de “banco de horas”, para compensar el tiempo extra trabajado, permite el fraccionamiento de las vacaciones y establece novedades como el Régimen de Incentivo a la Formalización y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual está destinado a cubrir los costos de las indemnizaciones en casos de despido.

El proyecto fue elaborado por el Consejo de Mayo, que se reunió a lo largo del 2025 y está integrado por representantes del Poder Ejecutivo, de la Cámara de Diputados, del Senado, de las provincias, del sindicalismo y del sector privado.