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Ley de Alquileres: no hubo acuerdo y se definirá en una sesión especial

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El oficialismo y la oposición de la Cámara de Diputados no llegaron a un acuerdo y se firmaron tres dictámenes sobre la reforma de la ley de Alquileres, proyecto que se votará en una sesión especial que aún no tiene fecha.

Al cabo de tres reuniones informativas de la comisión de Legislación General -presidida por la oficialista Cecilia Moreau- en la que participaron 132 expositores invitados de los distintos sectores involucrados (agrupaciones de inquilinos, corredores inmobiliarios y especialistas sobre el tema), el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a los plazos de los contratos y la fórmula de actualización de los precios de los alquileres, entre otros puntos.

El oficialismo y Juntos por el Cambio compartieron el diagnóstico de que la ley 27.551 (que tuvo media sanción en 2019 durante el Gobierno de Cambiemos y aprobada definitivamente en 2020), que había sido fruto del acuerdo transversal de las fuerzas mayoritarias del Congreso, no arrojó los resultados esperados.

Las autoridades parlamentarias del oficialismo habían reconocido meses atrás que la norma había “fracasado”.

Sin embargo, luego de de un arduo debate interno, el Frente de Todos decidió hacerse eco de las preocupaciones de las agrupaciones de inquilinos, que pidieron mantener tanto el plazo de duración de tres años los contratos y la frecuencia anual de los ajustes de precios de los alquileres.

En cambio, Juntos por el Cambio propuso un dictamen para retrotraer el marco normativo al sistema que funcionaba antes de la sanción de la ley vigente, cuando los contratos se firmaban por dos años años y el ajuste de los valores era semestral.

Hubo un tercer dictamen compartido entre el interbloque Federal y el interbloque Provincias Unidas. Estas bancadas “del medio” inclinarán la balanza para un lado o para el otro cuando el tema llegue al recinto. Si el dictamen de mayoría que logró el oficialismo no consigue los votos, se pasará a tratar el dictamen de Juntos por el Cambio. En este sentido, en el corto plazo se abrirá una instancia de intensas negociaciones para alcanzar las mayorías.

El diputado nacional del Frente de Todos Daniel Arroyo sostuvo que “ha sido positivo evitar la derogación de la ley”, y se manifestó a favor de continuar con el plazo de tres años de duración de los contratos ya que “ayuda a los inquilinos en el proceso de renovación” del alquiler.

Sobre la falta de resultados en la implementación de la ley, el ex ministro de Desarrollo Social mencionó que se trata de una norma que aún tiene poco rodaje y acotó que hay que tener en cuenta que se puso en funcionamiento “en plena pandemia y en un contexto claramente inflacionario”.

El dictamen que consensuó el oficialismo indica que “en los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales”.

“En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario”, indica el texto del proyecto oficialista”, agrega el texto.

Una novedad que introduce el proyecto oficialista es que aplica un tope a los aumentos pactados que coincide con una fórmula que combina la variación salarial con la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“La aplicación del índice constituye el ajuste anual máximo permitido, pudiendo las partes, de común acuerdo, pactar ajustes menores”, explica la iniciativa del Frente de Todos.

Además, se incorporán aspectos comprendidos en el proyecto del sanjuanino José Luis Gioja, vinculados a beneficios fiscales que recibirían los locadores que se inscriban en el régimen de monotributo, que podrían deducir esos bienes inmuebles en alquiler del pago del impuesto sobre los Bienes Personales.

El diputado nacional del PRO Pablo Tonelli recordó que él en 2019 había votado en contra de la ley actual por considerar que “no es equilibrada”, y que dio como resultado que se contrayera la oferta de viviendas en alquiler.

“Por eso ahora proponemos al sistema del Código Civil: un plazo mínimo de dos años y la posibilidad de que las actualizaciones sean semestrales y no por un índice fijo sino por cualquier índice que les convenga a las partes”, afirmó.

La diputada del Frente de Todos Gisela Marziotta aprovechó su turno para criticar al Gobierno nacional por no controlar y hacer cumplir las obligaciones de la ley vigente.

“Pido disculpas a los inquilinos porque es el Estado nacional el que debería hacerse cargo de que se cumpla la ley, que es muy buena. Me hago cargo siendo parte del oficialismo”, expresó, y opinó que “no es la ley la que está produciendo que haya menos propiedades en alquiler”.

La radical Karina Banfi, en tanto, salió al cruce de los argumentos oficialistas sobre la presunta concentración del mercado de alquileres.

“No existe el mercado de alquileres. Lo que existe es mucha gente que tiene una propiedad y la pone en alquiler, y que tiene los mismos derechos que puede tener cualquier otra sector. El mercado es un jubilado que ahorró toda su vida y pone en alquiler (un inmueble). ¿Ese es el mercado que nosotros queremos combatir?”, preguntó desafiante.

La entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos) evaluó que “el retiro de la oferta no tiene que ver con que esta sea una mala ley”.

“Creo que es una muy buena ley, ha venido a mejorar sustancialmente los parámetros que establecía la ley anterior”, enfatizó.

Y señaló que “hay muchos propietarios que no están alquilando sus inmuebles porque se instaló que esta ley no era buena”.

(NA)

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Máximo Kirchner criticó la presentación de los F-16: “Esos dólares que nos prestan no son para un Procrear, son para comprar aviones”

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El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, participó este sábado de un debate sobre Derechos Humanos que giró en torno al reclamo por “Cristina libre”, aunque al ser el mismo día que el Gobierno nacional presentara seis aviones caza F-16 comprados a Dinamarca, el líder de La Cámpora aprovechó la agenda para criticar la decisión.

Según su perspectiva se trata de aviones “que se compran con la plata de prestamistas” y cuestionó que “esos dólares que nos prestan” no se utilicen para “hacer planes de vivienda federales, o para hacer un Procrear, o para generarle mayor competitividad a nuestros sectores productivos, al mundo del trabajo, a las Pymes” sino que “son para comprar aviones que seguramente ya les sobran”.

“Nosotros también tenemos que saber explicar los modelos económicos porque los modelos económicos modelan sociedades”, reflexionó Kirchner y recordó que durante el gobierno de Juan Domingo Perón el país fabricaba sus propios aviones de reacción, en referencia a la serie El Pulqui 1 y 2.

“Yo quiero una Argentina que crezca, que produzca conocimiento, que pueda llegar un día a aquello que incluso el mismo Perón allá por el 73 decía que le había faltado, que era producir fierros pesados en Argentina para no tener que importar tanto”, recordó.

Kirchner participó de la mesa “Con proscripción no hay Derechos ni Democracia” que pide por la libertad de Cristina Kirchner en el marco del Encuentro de Derechos Humanos llevado a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

El referente de La Cámpora estuvo en el cierre del evento junto a al diputado nacional electo y ex secretario de DDHH Horacio Pietragalla, el militante de HIJOS Charly PisoniSergio Maldonado y la periodista Irina Hauser.

Kirchner cuestionó las restricciones recientemente impuestas a CFK después de que se reuniera con ocho economistas que fueron a San José 1111 -donde cumple prisión domiciliaria- a llevarle un documento de 500 páginas con propuestas para un futuro gobierno peronista.

“La verdad es que las restricciones sobre la figura de Cristina no fueron por estar cantando a dúo con el Indio Solari en el balcón del departamento. Tampoco yendo con el changuito al supermercado como los genocidas, fue recibiendo a economistas”, se quejó.

“Creo que en esta situación, donde muchas veces sentimos agobio por la realidad económica que se atraviesa, entendemos que necesitamos a Cristina libre, no para que pueda disfrutar con sus nietos, sino para que nos ayude, para que camine, para que invite a la gente a soñar”, dijo Máximo y concluyó: “Podrá tener más o menos votos, pero lo que es Cristina caminando, es un llamador a la discusión, al debate y a la participación. Y también a la rebeldía y a la irreverencia, y a no callarse jamás, hasta aún cuando algunos sectores muchas veces le terminan reclamando que afloje y no que siga”.

Kirchner aclaró que no considera “tontos” al sector de “la derecha” y destacó que “saben lo que hacen, siempre supieron lo que hicieron, por eso mataron, por eso torturaron, por eso desaparecieron, por eso persiguieron, por eso endeudaron”.

Saben, piensan, diagraman, planifican, y si tienen poder, abusan. Y después saben de haber cometido todo ese tipo de abusos que si hay algo que no pueden perder es el poder”, siguió.

Por eso el diputado nacional propuso que desde el peronismo sean “los primeros que tenemos que encargarnos, todos los días, de contar a la gente que nosotros queremos un país grande, con grandes empresarios, pero con Derechos Humanos. Que queremos un país con mucha seguridad para los que trabajan, y salen todos los días a la calle, pero con Derechos Humanos”.

En ese sentido le pidió a la militancia presente que “no les regalemos un centímetro, porque cuando les regalamos un centímetro, en nuestros argumentos y en las explicaciones nos avanzan 10 kilómetros para dentro de los lugares que realmente debemos proteger y proveer”.

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Senado: el kirchnerismo apuesta a blindar sus 28 votos, en medio de fuertes reclamos sobre “un nuevo orden”

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El Gobierno libertario se prepara para las sesiones extraordinarias, ante un kirchnerismo senatorial que apuesta a blindar sus 28 votos -de 72, lo que significa más de un tercio del pleno-, en medio de fuertes reclamos para que haya “un nuevo orden” en el interbloque del Frente de Todos, que comanda el formoseño José Mayans. El embrollo mayor es conocido: un puñado de legisladores se hastió de cumplir las órdenes que Cristina Kirchner emite, sin ninguna posibilidad de objeción, desde su prisión domiciliaria.

Venimos de perder tres elecciones bajo el lema ‘todos juntos’. Parece algo agotado, más allá de mantener un caudal de votos que nunca debe ser desconsiderado. Entonces, si el regreso de ‘volver mejores’ ya lo destruyó Alberto -en referencia al expresidente Alberto Fernández– y las quejas se amontonan, ¿por qué no con otro orden?”, sentenció un integrante del espacio kirchnerista.

Al acercar la lupa, aparecen bifurcaciones. Esto depende mucho del sitial desde donde se analice el panorama. Algunos son más cautos y aclararon a este medio que “un nivel son los acuerdos como cúpula PJ; otro, el de los gobernadores con la Casa Rosada; y un tercero, la convivencia interna”. Parece ser que, al quitarle la espuma a la ola generada con las recientes elecciones de octubre pasado, el último ítem se convierte, por ahora, en el más importante.

Yo no creo que haya tanto problema para rechazar, por ejemplo, la reforma laboral. Sobre todo, si el Gobierno pretende sacarla rápido. Podría cometer un gran error. Lo que ya no es agradable es entrar a una reunión de bloque y que dos o tres compañeros -en referencia a Mayans, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti- acaparen la centralidad en todo. No hay respeto hacia exgobernadores que no pierden en sus provincias, ni espacios para ganadores en comisiones importantes. Al Consejo de la Magistratura van siempre los mismos. Para la AGN -Auditoría General de la Nación- quisieron traficar a un postulante que ni siquiera tenía el aval de todos nosotros. Siempre en exceso”, manifestaron con desazón desde el Frente de Todos.

Desde otro despacho, un senador que responde a un mandatario provincial fue tajante: “Nadie quiere ser el primero en romper. Ahora, si la semana que viene sigue la misma situación, no sé cuánto va a aguantar. Ya no es más ‘hacé esto’ o ‘apoyen lo otro’. Y pensar que hay peronistas distanciados hace mucho del kirchnerismo que sondearon los últimos días para ver si hay agua y generar algo distinto. Somos un sinfín de ocasiones mal pensadas y ejecutadas de la peor manera”.

En el Frente de Todos surge otro temor: Patricia Bullrich. No tanto por el trato en el día a día, sino por su posición de interlocutora única del Gobierno con la Cámara alta. El pedido de auxilio llegó a los oídos de la Vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que mantiene excelentes vínculos con varios legisladores cristinistas y fue recibida con afecto por Gildo Insfrán en Formosa.

“Básicamente, le dijimos que no le regale el manejo de la Cámara a Bullrich. Pero como ya le cuesta con sus cuestiones, no pongo mucha esperanza. Mientras no quieran arrasarnos, sobreviviremos”, reflexionó un soldado peronista sorprendido por el reciente acto que promocionó esta semana Villarruel, junto a libertarios hoy enemigos acérrimos de Karina Milei, para criticar -por su extensión y consecuencias- la cuarentena kirchnerista durante la pandemia Covid. “Una estrategia muy atinada de su parte. Ya sé a quién no pedirle un consejo”, opinó, con risas, una senadora.

Con la confirmación del santiagueño Gerardo Zamora y su participación con el Frente Cívico -en principio- dentro del interbloque peronista, las miradas pasan ahora a Convicción Federal, que diferenció tiempo atrás, sin romper con Cristina Kirchner. Son cuatro. Las idas y vueltas con constantes. “No hay apuro. Vamos a ver qué pasa y cómo corre el agua la semana que viene”, aseguró uno de éstos a Infobae.

De reojo también observa todo el justicialista Daniel Bensusán. Dos semanas atrás, este medio contó que si bien no tiene intenciones de sacar los pies del plato y aguardará la decantación kirchnerista, sí es cierto que, ante imposiciones delirantes, armaría su propio bloque: PJ La Pampa, en línea directa -uno de los pocos- con su gobernador, Sergio Ziliotto. En caso de cumplirse, reeditaría la butaca con la que hizo magia años atrás Carlos Verna, uno de los últimos “lúcidos” -reconocido por sus pares- que tuvo el Senado. Y ya parte otro, el salteño Juan Carlos Romero.

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El Gobierno analiza insistir con la reforma electoral: financiamiento partidario, BUP y el futuro de las PASO

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Con la mente puesta en la reelección en 2027, el Gobierno estudia la posibilidad de insistir con algunos cambios contemplados en la ya existente reforma electoral que fue diseñada por el asesor presidencial, Santiago Caputo, y enviada al Congreso Nacional en noviembre de 2024. Una importante fuente confesó a Infobae que la idea de sancionar varios puntos del proyecto durante el 2026, año en el que no habrá elecciones, madura en varios despachos de la Casa Rosada, lo que daría pie a modificaciones en el sistema que están pendientes.

Como contó este medio, en un sector de la administración libertaria circula la intención de impulsar el debate que permita implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la nueva modalidad rija tanto para las elecciones nacionales como las provinciales. “No hay coincidencia en los sistemas electorales. Nosotros apuntamos a simplificarlos y a unificar los procesos para no complicarle la vida a la gente“, argumentó un libertario a este medio.

Al momento, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, con sus particularidades, ya hacen uso de la BUP, lo que esperanza a la titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, a implementarla en el resto del territorio. Asimismo, también se baraja la chance de añadir un nuevo casillero a la papeleta actual que le permita a los electores tildar la lista completa para evitar descuidos u olvidos en la elección por categorías. En Casa Rosada saben de antemano que las modificaciones serán resistidas por los gobiernos locales, por lo que apuntan a dar las discusiones de cara a la sociedad.

Otro de los cambios en mente gira en torno al mecanismo de elección de los Parlamentarios del Mercosur, que actualmente combina un sistema mixto. De introducir las modificaciones, el método dejará de ser directo y pasará a ser indirecto. De esta forma, los legisladores decidirán de acuerdo a la representación de cada espacio. Para eso, deberán modificar la Ley 27.120, eliminar el sistema actual, derogar la elección directa por voto universal e incorporar un mecanismo de elección indirecta.

El cuarto punto estima modificaciones en el régimen de partidos políticos, una de las obsesiones del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos durante su paso por la gestión, con el objetivo de “mejorar la calidad institucional”, lo que supondrá una revisión estructural del sistema de financiamiento de cada sello para “distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña de cada partido”.

El proyecto de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, cuyo tratamiento legislativo no prosperó, contemplaba el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios, la eliminación del financiamiento público para las campañas, la reducción de encuestas de 8 días a 3 días anteriores a cada elección y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.

El futuro de las PASO

“Desde su creación las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, supo definir Manuel Adorni en traje de vocero presidencial cuando anunció en conferencia de prensa el envío del proyecto de ley que se vio frustrado.

Por estas fechas, la administración libertaria debate internamente la posibilidad de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) rumbo al 2027.

Si bien a principios de marzo logró la suspensión de las mismas para el proceso electoral de este 2025, luego de que se aprobara la ley en Diputados y Senadores, aún hay dudas sobre la eliminación. “Es necesario revisar el tema de las PASO. Son innecesarias y suponen un alto costo para el Estado. Cada partido debería poder resolver sus dilemas internamente”, argumentaron en una de las tribus libertarias.

Otras voces sostienen que pese al gasto, las PASO “indefectiblemente ordenan la política” por lo que la resolución a la multiplicidad argumental quedará para el próximo año.

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