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Ley de Alquileres: no hubo acuerdo y se definirá en una sesión especial

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El oficialismo y la oposición de la Cámara de Diputados no llegaron a un acuerdo y se firmaron tres dictámenes sobre la reforma de la ley de Alquileres, proyecto que se votará en una sesión especial que aún no tiene fecha.

Al cabo de tres reuniones informativas de la comisión de Legislación General -presidida por la oficialista Cecilia Moreau- en la que participaron 132 expositores invitados de los distintos sectores involucrados (agrupaciones de inquilinos, corredores inmobiliarios y especialistas sobre el tema), el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a los plazos de los contratos y la fórmula de actualización de los precios de los alquileres, entre otros puntos.

El oficialismo y Juntos por el Cambio compartieron el diagnóstico de que la ley 27.551 (que tuvo media sanción en 2019 durante el Gobierno de Cambiemos y aprobada definitivamente en 2020), que había sido fruto del acuerdo transversal de las fuerzas mayoritarias del Congreso, no arrojó los resultados esperados.

Las autoridades parlamentarias del oficialismo habían reconocido meses atrás que la norma había “fracasado”.

Sin embargo, luego de de un arduo debate interno, el Frente de Todos decidió hacerse eco de las preocupaciones de las agrupaciones de inquilinos, que pidieron mantener tanto el plazo de duración de tres años los contratos y la frecuencia anual de los ajustes de precios de los alquileres.

En cambio, Juntos por el Cambio propuso un dictamen para retrotraer el marco normativo al sistema que funcionaba antes de la sanción de la ley vigente, cuando los contratos se firmaban por dos años años y el ajuste de los valores era semestral.

Hubo un tercer dictamen compartido entre el interbloque Federal y el interbloque Provincias Unidas. Estas bancadas “del medio” inclinarán la balanza para un lado o para el otro cuando el tema llegue al recinto. Si el dictamen de mayoría que logró el oficialismo no consigue los votos, se pasará a tratar el dictamen de Juntos por el Cambio. En este sentido, en el corto plazo se abrirá una instancia de intensas negociaciones para alcanzar las mayorías.

El diputado nacional del Frente de Todos Daniel Arroyo sostuvo que “ha sido positivo evitar la derogación de la ley”, y se manifestó a favor de continuar con el plazo de tres años de duración de los contratos ya que “ayuda a los inquilinos en el proceso de renovación” del alquiler.

Sobre la falta de resultados en la implementación de la ley, el ex ministro de Desarrollo Social mencionó que se trata de una norma que aún tiene poco rodaje y acotó que hay que tener en cuenta que se puso en funcionamiento “en plena pandemia y en un contexto claramente inflacionario”.

El dictamen que consensuó el oficialismo indica que “en los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales”.

“En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario”, indica el texto del proyecto oficialista”, agrega el texto.

Una novedad que introduce el proyecto oficialista es que aplica un tope a los aumentos pactados que coincide con una fórmula que combina la variación salarial con la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“La aplicación del índice constituye el ajuste anual máximo permitido, pudiendo las partes, de común acuerdo, pactar ajustes menores”, explica la iniciativa del Frente de Todos.

Además, se incorporán aspectos comprendidos en el proyecto del sanjuanino José Luis Gioja, vinculados a beneficios fiscales que recibirían los locadores que se inscriban en el régimen de monotributo, que podrían deducir esos bienes inmuebles en alquiler del pago del impuesto sobre los Bienes Personales.

El diputado nacional del PRO Pablo Tonelli recordó que él en 2019 había votado en contra de la ley actual por considerar que “no es equilibrada”, y que dio como resultado que se contrayera la oferta de viviendas en alquiler.

“Por eso ahora proponemos al sistema del Código Civil: un plazo mínimo de dos años y la posibilidad de que las actualizaciones sean semestrales y no por un índice fijo sino por cualquier índice que les convenga a las partes”, afirmó.

La diputada del Frente de Todos Gisela Marziotta aprovechó su turno para criticar al Gobierno nacional por no controlar y hacer cumplir las obligaciones de la ley vigente.

“Pido disculpas a los inquilinos porque es el Estado nacional el que debería hacerse cargo de que se cumpla la ley, que es muy buena. Me hago cargo siendo parte del oficialismo”, expresó, y opinó que “no es la ley la que está produciendo que haya menos propiedades en alquiler”.

La radical Karina Banfi, en tanto, salió al cruce de los argumentos oficialistas sobre la presunta concentración del mercado de alquileres.

“No existe el mercado de alquileres. Lo que existe es mucha gente que tiene una propiedad y la pone en alquiler, y que tiene los mismos derechos que puede tener cualquier otra sector. El mercado es un jubilado que ahorró toda su vida y pone en alquiler (un inmueble). ¿Ese es el mercado que nosotros queremos combatir?”, preguntó desafiante.

La entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos) evaluó que “el retiro de la oferta no tiene que ver con que esta sea una mala ley”.

“Creo que es una muy buena ley, ha venido a mejorar sustancialmente los parámetros que establecía la ley anterior”, enfatizó.

Y señaló que “hay muchos propietarios que no están alquilando sus inmuebles porque se instaló que esta ley no era buena”.

(NA)

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PJ Bonaerense: Kicillof comenzó a armar listas y se anticipa una tensa negociación con el kirchnerismo

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El peronismo bonaerense transita una etapa de movimientos en vistas a la renovación de autoridades del próximo 15 de marzo. El espacio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca hacer pie en la estructura partidaria que hoy conduce el diputado nacional Máximo Kirchner. Como contó Infobae, vienen dándose distintas reuniones y conversaciones alrededor de la elección del PJ y el mandatario provincial ansía que quien conduzca el PJ responda a sus intereses políticos. Pero, además, el cambio de mando impactará también en los distritos.

Es por eso que en la última reunión que Kicillof mantuvo con la vicegobernadora, Verónica Magario, ministros e intendentes del Movimiento Derecho al Futuro en Villa Gesell, se habló de la necesidad de “estar preparados” para afrontar la negociación con el kirchnerismo por el PJ provincial.

Ese “estar preparados” tiene como argumento la discusión de los PJ en los distritos donde no gobierna el peronismo. Es que la renovación de autoridades del peronismo en el orden bonaerense también tendrá su correlato en los 135 municipios de la PBA.

Magario es uno de los nombres que tiene el MDF para disputar la conducción del partido a nivel provincial. El intendente de La Plata, Julio Alak, otro. Algunos dirigentes creen que debería ser directamente Kicillof el candidato y así evitar cualquier tipo de confrontación y que el resto se encolumne detrás de la figura del mandatario. En el entorno del gobernador le bajan las expectativas a este último escenario.

Pero en el medio hay municipios en los que el peronismo también deberá afrontar una negociación similar a la que se dará a nivel provincial. General Pueyrredón es un distrito clave. Sin intendente propio del peronismo —gobierna el PRO—, La Cámpora en acuerdo con otros sectores conduce el PJ. Tandil, otro distrito relevante del interior bonaerense, es gobernado por el radicalismo desde hace años. El MDF allí tiene al concejal Nicolás Carrillo, que es del Movimiento Evita. En caso de interna, deberá confrontar con el concejal y ex diputado nacional Rogelio Iparraguirre; de La Cámpora pero que supo tener buen diálogo con Kicillof y con el histórico intendente de ese distrito, el radical Miguel Lunghi.

El mismo escenario se da en otros municipios cabeceras de sección donde el peronismo no tiene intendentes propios al mando del gobierno, como Junín o San Nicolás, solo para citar algunos casos. También se puso sobre la mesa que en los municipios donde gobierna el peronismo y puntualmente alguien del Movimiento Derecho al Futuro no se innove con abrir un escenario de internas.

La cúpula del MDF planteó tras la reunión que mantuvo en Villa Gesell que había que estar preparado para el escenario de negociación con el kirchnerismo. Uno de los antecedentes más recordados de este vínculo fue el cierre de listas para las elecciones provinciales del año pasado, cuando intendentes y dirigentes del MDF empezaron a armar nóminas seccionales y en los 135 municipios a medida que corría el reloj para el cierre de listas, ante la falta de acuerdo con el kirchnerismo y el Frente Renovador. En ese momento, había sido el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el que ordenó por pedido de Kicillof a los referentes futuristas que avanzarán con los nombres propios. Una jugada para presionar en el calor de las negociaciones y que luego quedó en espera. El peronismo fue unido y terminó ganando por 14 puntos esas elecciones.

Ahora, la foto pareciera repetirse. Por lo pronto, el kirchnerismo muestra cautela. Ante la consulta de este medio, un referente del cristinismo consideró que la reunión que el gobernador encabezó en Villa Gesell solo potencia “un internismo bobo”, ya que la agenda del encuentro fue meramente política y apuntada hacia la construcción de una alternativa —como describieron diversas fuentes— hacia 2027.

El sector que responde a Cristina y Máximo Kirchner esperará y estirará hasta última instancia la negociación. El escenario, o al menos la voluntad que se repite, es llegar a un esquema de consenso y que, más allá de quién presida el PJ, sí haya una integración ecuánime del consejo del partido que incluye a apoderados y junta partidaria.

Los apoderados se ampliaron en la última reunión formal del consejo y se le dio inclusión a dos nombres que responden a los intereses del MDF: Ana Laura Ramos —propuesta por el intendente Julio Alak- y María Sol Berriel, funcionaria de la Secretaría General que comanda Agustina Vila, una de las funcionarias de mayor confianza con las que cuenta Kicillof. En el kirchnerismo se encargan de recordar que a fines de diciembre, cuando se acordó ampliar la mesa de apoderados para darle lugar al espacio de Kicillof, los dos primeros nombres que sugirió el MDF no estaban afiliados al PJ: se trataba de la propia Agustina Vila y de Mariano Ríos Ordoñez, del entorno de Magario.

En las últimas horas, la posición del kirchnerismo la blanqueó la diputada nacional y secretaria general del PJ a nivel nacional, Teresa García; que planteó que “nosotros no estamos instruyendo a intendentes o referentes a que armen lista propia. La verdad es que en nuestro espacio para nada se está viendo o analizando esa posibilidad. No he escuchado ni he participado en ninguna reunión donde se inste al armado de listas propias”.

La dirigente es una de las voces de Cristina Kirchner en la directiva política para la provincia de Buenos Aires. Ex ministra del gobierno de Kicillof, también dijo en declaraciones al sitio Provincia Noticias que “a los compañeros del MDF los vemos muy apurados”, y que el sector de Kicillof “le está errando si realmente quieren jugar de esa manera”.

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El Gobierno blinda el cronograma del Senado para aprobar la reforma laboral en la primera quincena de febrero

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Consumada la primera quincena de enero y, en paralelo a las visitas provinciales y el collage de fotos con gobernadores del ministro del Interior, Diego Santilli, el oficialismo senatorial blindó el cronograma para la aprobación de la ley de reforma laboral en la Cámara alta, con fechas tentativas de sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero.

Primero, el Ejecutivo tendrá que convocar a un nuevo período extraordinario. Según confiaron desde el La Libertad Avanza a Infobae, y si bien la Casa Rosada quiere llamar a partir del 26 de enero, no existe ningún apuro para acelerar y bien podrían quedar desde el lunes 2 de febrero hasta finales de dicho mes. Un día después, el domingo 1 de marzo, Javier Milei asistirá al Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias, que se desarrollarán hasta el 30 de noviembre.

Primero, el Ejecutivo tendrá que convocar a un nuevo período extraordinario. Según confiaron desde el La Libertad Avanza a Infobae, y si bien la Casa Rosada quiere llamar a partir del 26 de enero, no existe ningún apuro para acelerar y bien podrían quedar desde el lunes 2 de febrero hasta finales de dicho mes. Un día después, el domingo 1 de marzo, Javier Milei asistirá al Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias, que se desarrollarán hasta el 30 de noviembre.

El camino que trazó la jefa mileísta en el Senado, Patricia Bullrich, supone una comisión técnica -a cargo de la abogada Josefina Tajes– que desde mañana enlazará todas las sugerencias de modificaciones y/o reclamos que hayan aterrizado desde la oposición dialoguista. También serán analizados los pedidos de la CGT.

Curiosa la realidad estival en la Cámara alta: por más alejados que estén del Gobierno, los gremios intentan hablar y confrontar a su manera. Ninguna señal, por ahora, desde el cristinismo. De hecho, esto ya genera molestias en espacios peronistas que también tienen bancas en el Senado, que ven desde lejos cómo transcurre la discusión.

A partir del lunes 26, Bullrich iniciará el “cara a cara” con sus pares de la oposición dialoguista. Es decir, no se aguardan grandes definiciones hasta la última semana de enero o los primeros días de febrero. La exministra de Seguridad maneja un interbloque de 21 senadores. Para el quorum y activar el recinto, se necesitan 37.

Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Y nada es fácil para la administración de La Libertad Avanza a la hora de hablar del Congreso.

Desde al menos una fuerza del interior ya se comprometieron a acompañar la iniciativa. Esto habla, más allá del articulado del texto en cuestión, situaciones operativas y políticas previas que ya resueltas. Son las que vuelan bajo, en medio de otros sucesos más “noticiables”.

Cuando se terminen de pulir los eventuales cambios en el dictamen de mayoría que se firmó en diciembre pasado, La Libertad Avanza tendrá que resolver cómo encarar la sesión, en el sentido de no errar a la hora de explicar las modificaciones ante una inevitable votación en general y, luego, en particular de la reforma laboral. La estrategia estará en manos de Bullrich que, además de titular del oficialismo en la Cámara alta, será la miembro informante como presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social.

Percibo un buen acompañamiento tanto del PRO como la UCR. Nosotros estamos haciendo las cosas con calma. Cuando se debaten este tipo de leyes hay que mirar más la película que la foto que quiera imponer el kirchnerismo”, sentenció un actor de peso a Infobae.

Alerta

En los últimos días, el actual prosecretario de Coordinación Operativa de la Cámara alta, Manuel Ignacio Chavarría, fue designado autoridad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Su nuevo cargo no genera ningún tipo de inconveniente, en lo formal. Lo que sí consternó en el Congreso es que el funcionario, en vez de renunciar, solicitó una licencia “ad honorem”. ¿Qué significaría esto? Continuar con contratos y personal a cargo en el SenadoY chofer. Inviable.

 

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El deshielo subterráneo de la interna del Gobierno y los 153 pliegos de jueces federales que se preparan para marzo

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“Nada es más perturbador que los movimientos incesantes de lo que parece inmóvil”, escribió cuatro décadas atrás el filósofo francés Gilles Deleuze en su obra El Pliegue. Después de lo que fueron las elecciones legislativas del año pasado, la cúpula del Gobierno quedó exhausta de las operaciones y contraoperaciones sufridas producto de las disputas de poder. Con mayor o menor informalidad, entre diferentes sectores se arribó al consenso de que se había configurado un nuevo equilibrio con la salida y entrada de nuevos funcionarios: ya no ameritaba seguir disputando espacios, o al menos no por el momento. Una tregua temporal que ahora comenzó a tener movimientos subterráneos.

Había asuntos más urgentes por resolver. En particular, aquellos que hacen al núcleo y a la base de sustentación del Gobierno: los económicos. Al Fondo Monetario Internacional (FMI) se le había garantizado un Presupuesto aprobado por el Congreso para el 2026; a los mercados, la salida de las reformas de segunda generación como la laboral y la tributaria. La dinámica de funcionamiento de la mesa política se reordenó y logró un esquema más fluido: la Ley de Leyes pudo sancionarse antes de ese fin de año y al menos tres importantes funcionarios de la Casa Rosada ratificaron ante Infobae que no hay forma de que no salga la Modernización Laboral.

Mientras se tejen las estrategias políticas para poder conseguir los votos para este último proyecto, en estos primeros días del año ya comenzaron a verse estos incipientes movimientos que coquetean con el quiebre de esta “tregua temporal”. No se revelan porque nadie quiere sacar los pies del plato y quedar expuesto.

Diría que prestes mucha atención a lo que pueda llegar a pasar a partir de marzo”, dijo una fuente inobjetable a Infobae. Es una fecha que meses atrás también habían arrojado una voz del karinismo. Esto respondería a que para entonces ya habrá terminado el período de sesiones extraordinarias, en donde se supone que se tratan asuntos de especial importancia para el presidente Javier Milei.

¿Qué pasará a partir de ese mes? Una fuente que mira las internas desde afuera sugiere que podrían volver las disputas por cargos. “Puede ser una carnicería”, marca. Otros funcionarios que consultó este medio relativizan la cuestión y señalan que podrían ser provocaciones para que otros sectores respondan.

Lo cierto es que tampoco hay demasiados sitios vacantes. Milei está en uno de los momentos de mayor confianza en la marcha de la gestión. En el ámbito ministerial, todos los que están son inamovibles.

El Ministerio de Justicia es donde siempre se puso en duda la continuidad de su titular, Mariano Cúneo Libarona. “Javier le pide que siga expresamente”, indicó una fuente que conoce muy bien lo que sucede adentro. Otras marcan lo opuesto. En octubre pasado, el ministro le confesó a Infobae que estaba planeando irse definitivamente de la gestión luego de las elecciones. Un llamado de los hermanos Milei lo convenció de quedarse al menos por un tiempo más. Luego verían.

Quien comanda las gestiones políticas del ministerio no es Cúneo, sino el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde directamente al asesor presidencial Santiago Caputo. La estructura de su área tiene injerencia en todos los aspectos relevantes del ministerio. Incluso en el último tiempo comenzaron a tener una injerencia casi total en la Secretaría de Derechos Humanos, que antes comandaba Alberto Baños, alguien ligado al actual ministro.

Habrá novedades al respecto en el corto plazo. El Gobierno tiene previsto avanzar con el envío de 153 vacantes de jueces federales para el inicio de las sesiones ordinarias de marzo. También tienen planeado que se envíen los pliegos de 37 fiscales y 45 defensores públicos. Los negociadores políticos de La Libertad Avanza dicen que hablarán con “senadores serios que quieran realmente colaborar en cubrir las vacancias”. A priori, pareciera que la puerta estaría cerrada para unas tratativas mano a mano con el kirchnerismo.

La cobertura de las vacancias es la principal demanda que baja desde el Poder Judicial. Incluso desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Gobierno no tiene previsto avanzar con esas negociaciones el mes próximo, pero sí que estas sean los próximos lugares que se discutirán al terminar las votaciones por los jueces federales. “Todo está sujeto a cambios y es cuestión de que el Presidente decida cuándo, cómo y quiénes”, avisa una alta fuente del Gobierno.

Va a quedar para más adelante la disputa por quién será el candidato de la Casa Rosada para ingresar a la Procuración General de la Nación, cargo que hoy en día tiene interinamente Eduardo Casal. Pese a que consideran deseable que no exista un interinato, creen que esa área funciona con relativa normalidad y que hay asuntos más urgentes. Además, dado que el Sistema Acusatorio empodera a los fiscales por sobre los jueces, el poder político de este cargo sumó muchísima más trascendencia en el último año. Aún hay una gran deuda pendiente: que el Código Procesal Penal Federal logre prosperar en Comodoro Py.

Una parte del karinismo mira el Ministerio de Justicia con especial interés. Consideran que podrían haber movilizado con mayor rapidez las candidaturas de los jueces y que, a sus ojos, “no cumplieron con las expectativas”. Aunque hay quienes candidatean al apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, marcan que lo que debe suceder es que crezcan la cantidad de interlocutores con la Justicia. El sector de Santiago Caputo no contestó a las consultas de Infobae.

El interés del sector ligado a Karina Milei sobre el ámbito judicial pudo verse con la designación del diputado nacional de La Libertad Avanza por Córdoba, Gonzalo Roca, en el Consejo de la Magistratura. En diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convalidó los nombramientos de los tres integrantes por la Cámara Baja a la Auditoría General de la Nación (AGN). Faltan los tres que son votados en el Senado. En teoría, están planeando comenzar negociaciones a partir del próximo mes. El puesto que corresponde a LLA le debería corresponder a alguien de Patricia Bullrich por ser del Senado, explicó una fuente calificada.

En el plano de la gestión, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, va a retomar las reuniones mano a mano con cada uno de los ministros. “Quiere resetear el seguimiento de la agenda ministerial después del receso de las vacaciones”, indicaron desde su entorno.

El viernes trascendió que Karina Milei le solicitó quedarse en Buenos Aires y no viajar porque necesitaba una persona “de confianza” en la gestión. En una primera lectura, se atribuyó esto a la desconfianza que genera en el Ejecutivo que la vicepresidenta Victoria Villarruel se convierta en jefa de Estado producto del viaje del Presidente a Davos. Otros le dieron una segunda lectura e interpretaron que el funcionario estaba tratando de demostrar poder. “Acá tiene el poder el que tiene el aval de Karina”, indica una fuente presidencial.

En las oficinas de Las Fuerzas del Cielo guardan un prudente silencio en los últimos días y buscan atenerse a la gestión. El Salón Martín Fierro de la Casa Rosada recibió en los últimos días a diferentes ministros, al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y hasta al presidente de YPF, Horacio Marín. En rigor, el equipo del asesor también mantiene un seguimiento de gestión mucho más fuerte de lo que suelen dejar trascender.

Caputo está particularmente involucrado en todo lo referido a la situación exterior. Está compenetrado con el caso Venezuela y trabaja con el Presidente al respecto de las alianzas regionales que puede llegar a tener con su bloque derechista. El discurso de 25 páginas que Milei estaría moldeando para Davos podría dar algunas pistas sobre qué se imagina en términos de alianzas geopolíticas bajo esta reconfiguración global. “Queremos educar al soberano”, dicen en el caputismo.

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