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Ley de Alquileres: no hubo acuerdo y se definirá en una sesión especial

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El oficialismo y la oposición de la Cámara de Diputados no llegaron a un acuerdo y se firmaron tres dictámenes sobre la reforma de la ley de Alquileres, proyecto que se votará en una sesión especial que aún no tiene fecha.

Al cabo de tres reuniones informativas de la comisión de Legislación General -presidida por la oficialista Cecilia Moreau- en la que participaron 132 expositores invitados de los distintos sectores involucrados (agrupaciones de inquilinos, corredores inmobiliarios y especialistas sobre el tema), el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a los plazos de los contratos y la fórmula de actualización de los precios de los alquileres, entre otros puntos.

El oficialismo y Juntos por el Cambio compartieron el diagnóstico de que la ley 27.551 (que tuvo media sanción en 2019 durante el Gobierno de Cambiemos y aprobada definitivamente en 2020), que había sido fruto del acuerdo transversal de las fuerzas mayoritarias del Congreso, no arrojó los resultados esperados.

Las autoridades parlamentarias del oficialismo habían reconocido meses atrás que la norma había “fracasado”.

Sin embargo, luego de de un arduo debate interno, el Frente de Todos decidió hacerse eco de las preocupaciones de las agrupaciones de inquilinos, que pidieron mantener tanto el plazo de duración de tres años los contratos y la frecuencia anual de los ajustes de precios de los alquileres.

En cambio, Juntos por el Cambio propuso un dictamen para retrotraer el marco normativo al sistema que funcionaba antes de la sanción de la ley vigente, cuando los contratos se firmaban por dos años años y el ajuste de los valores era semestral.

Hubo un tercer dictamen compartido entre el interbloque Federal y el interbloque Provincias Unidas. Estas bancadas “del medio” inclinarán la balanza para un lado o para el otro cuando el tema llegue al recinto. Si el dictamen de mayoría que logró el oficialismo no consigue los votos, se pasará a tratar el dictamen de Juntos por el Cambio. En este sentido, en el corto plazo se abrirá una instancia de intensas negociaciones para alcanzar las mayorías.

El diputado nacional del Frente de Todos Daniel Arroyo sostuvo que “ha sido positivo evitar la derogación de la ley”, y se manifestó a favor de continuar con el plazo de tres años de duración de los contratos ya que “ayuda a los inquilinos en el proceso de renovación” del alquiler.

Sobre la falta de resultados en la implementación de la ley, el ex ministro de Desarrollo Social mencionó que se trata de una norma que aún tiene poco rodaje y acotó que hay que tener en cuenta que se puso en funcionamiento “en plena pandemia y en un contexto claramente inflacionario”.

El dictamen que consensuó el oficialismo indica que “en los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales”.

“En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario”, indica el texto del proyecto oficialista”, agrega el texto.

Una novedad que introduce el proyecto oficialista es que aplica un tope a los aumentos pactados que coincide con una fórmula que combina la variación salarial con la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“La aplicación del índice constituye el ajuste anual máximo permitido, pudiendo las partes, de común acuerdo, pactar ajustes menores”, explica la iniciativa del Frente de Todos.

Además, se incorporán aspectos comprendidos en el proyecto del sanjuanino José Luis Gioja, vinculados a beneficios fiscales que recibirían los locadores que se inscriban en el régimen de monotributo, que podrían deducir esos bienes inmuebles en alquiler del pago del impuesto sobre los Bienes Personales.

El diputado nacional del PRO Pablo Tonelli recordó que él en 2019 había votado en contra de la ley actual por considerar que “no es equilibrada”, y que dio como resultado que se contrayera la oferta de viviendas en alquiler.

“Por eso ahora proponemos al sistema del Código Civil: un plazo mínimo de dos años y la posibilidad de que las actualizaciones sean semestrales y no por un índice fijo sino por cualquier índice que les convenga a las partes”, afirmó.

La diputada del Frente de Todos Gisela Marziotta aprovechó su turno para criticar al Gobierno nacional por no controlar y hacer cumplir las obligaciones de la ley vigente.

“Pido disculpas a los inquilinos porque es el Estado nacional el que debería hacerse cargo de que se cumpla la ley, que es muy buena. Me hago cargo siendo parte del oficialismo”, expresó, y opinó que “no es la ley la que está produciendo que haya menos propiedades en alquiler”.

La radical Karina Banfi, en tanto, salió al cruce de los argumentos oficialistas sobre la presunta concentración del mercado de alquileres.

“No existe el mercado de alquileres. Lo que existe es mucha gente que tiene una propiedad y la pone en alquiler, y que tiene los mismos derechos que puede tener cualquier otra sector. El mercado es un jubilado que ahorró toda su vida y pone en alquiler (un inmueble). ¿Ese es el mercado que nosotros queremos combatir?”, preguntó desafiante.

La entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos) evaluó que “el retiro de la oferta no tiene que ver con que esta sea una mala ley”.

“Creo que es una muy buena ley, ha venido a mejorar sustancialmente los parámetros que establecía la ley anterior”, enfatizó.

Y señaló que “hay muchos propietarios que no están alquilando sus inmuebles porque se instaló que esta ley no era buena”.

(NA)

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Pilar Ramírez cruzó a Jorge Macri por el cambio en la gestión porteña: “No somos celosos, pero tiene que ser por convicción”

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A poco más de un año para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y con las negociaciones iniciadas entre La Libertad Avanza y el PRO, la legisladora libertaria Pilar Ramírez apuntó contra el cambio en las políticas que llevó a cabo Jorge Macri.

En diálogo por Splendid 990, la titular de LLA en la Ciudad respondió ante la pregunta sobre si el jefe de Gobierno porteño copia las políticas de la administración nacional y dijo: “A veces le falta reconocernos el copyright. Pero el orden para este gobierno es una prioridad, pero por convicción”

Este presidente fue el que terminó con los piquetes, el que terminó con los acampes. El PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires hace veinte años. Y si no hubiera sido porque este presidente o porque este espacio político, que es La Libertad Avanza, decidió terminar con esos desórdenes, nada de eso hubiera pasado”, agregó.

Y siguió: “Jorge Macri no sé si tiene el orden como prioridad, no sé si es una convicción o es un focus groups o es una foto, porque el orden tiene que primar en todos los aspectos de la ciudad de Buenos Aires. Pero si él entiende que las políticas de La Libertad Avanza que nosotros impulsamos son el camino correcto y que así lo expresaron los porteños el año pasado, bienvenido sea, porque va a mejorarle la vida a los porteños. Nosotros en ese sentido no somos celosos, pero tiene que ser por convicción”.

Las declaraciones de Ramírez se producen en el marco de una estrategia territorial que LLA viene desplegando en el distrito gobernado por sus aliados del PRO. Esta semana, la legisladora recorrió junto a Karina Milei la fábrica de muebles Fontenla, en Villa Lugano, donde conversaron con sus dueños sobre producción industrial, empleo y obstáculos para invertir. La semana anterior, el ministro de Economía, Luis Caputo, la había acompañado en una visita a la cadena de heladerías Lucciano’s en Las Cañitas, donde el cofundador y CEO, Christian Otero, ponderó el avance económico de los últimos años: la compañía casi duplicó sus tickets, de 3,5 a 6,5 millones, durante el año pasado.

En ese marco, sobre la posibilidad de un acuerdo electoral más amplio con el PRO de cara a 2027, Ramírez fue clara en sus condiciones. Señaló que todavía hay temas en los que ambos espacios no coinciden, como la reforma política, la suspensión de las PASO y la ley de bases porteña, sobre las que el jefe de Gobierno no se pronunció. “Yo lo que sostengo es para qué un acuerdo, porque todavía hay cosas en las que no nos hemos puesto de acuerdo”, planteó, y añadió que cualquier entendimiento deberá esperar al año electoral.

También identificó los principales problemas que observa en la gestión de la Ciudad: el contrato de recolección de residuos sin relicitar desde hace veinte años, basado en un modelo que Barcelona utilizó en los años 2000 y que hoy considera superado, y la demora de más de ocho meses para abrir un comercio. Como alternativa, propuso avanzar hacia la termovalorización y señaló que el Estado porteño presenta estructuras duplicadas, como el caso del Ministerio de Espacio Público y las mismas facultades replicadas bajo la Jefatura de Gabinete.

Consultada sobre una eventual candidatura a jefa de Gobierno, Ramírez descartó estar pensando en eso. Definió a Karina Milei como “el corazón de La Libertad Avanza” y la describió como una persona que “llega a las ocho de la mañana y son las once de la noche y sigue trabajando”. Sobre las perspectivas electorales nacionales, fue categórica: “Obviamente que va a ganar el presidente Milei y va a seguir profundizando este modelo que va a llevar a la Argentina a ser grande otra vez”.

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Senado: qué propone el régimen de incentivos a inversiones que la UCR le pide al Gobierno

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La Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado empezó a ajustar algunas tuercas en su relación legislativa con el oficialismo libertario y consiguió, por ahora, que un plenario de tres comisiones comience a debatir la propuesta de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a proyectos desde los USD 12 millones para grandes empresas. La discusión se dará durante una jornada que continuará -horas de diferencia- con el Súper RIGI que quiere la Casa Rosada y que habla de beneficios para emprendimientos desde los USD 1.000 millones destinados a “industrias del futuro”.

El texto en cuestión fue presentado por el jefe de la bancada, Eduardo Vischi (Corrientes), y acompañado por Mariana Juri (Mendoza) y Daniel Kroneberger (La Pampa), entre otros. El primer desafío será obtener un dictamen en las tres comisiones a las que fue girado el articulado: Presupuesto y Hacienda; Legislación General, y Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se estiman un par de encuentros, de mínima.

“Se consideran inversiones productivas a aquellas destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”, reza el cuarto artículo.

Además, quedan “expresamente excluidas” las “inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”. Y se agrega que “sin perjuicio de los compromisos relativos a los montos mínimos establecidos”, las “inversiones productivas efectuadas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y en bienes semovientes, serán susceptibles de promoción, independientemente del monto de la inversión involucrada, en cada caso”.

En cuanto a los beneficios, la amortización en Ganancias estaría direccionada, “para inversiones en bienes muebles amortizables”, en “dos cuotas anuales, iguales y consecutivas”. Sobre obras, será “como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida, al sesenta por ciento (60%) de la estimada”; y en “equipos de riego agrícola y/o equipos de alta eficiencia energética, una cuota”, al igual que en “bienes semovientes amortizables” y “mallas anti granizo”. También se contempla la devolución de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Vischi fundamentó en la iniciativa que la misma “complementa lo dispuesto en el RIMI -que se disparó con la reglamentación de la ley de reforma laboral-, ofreciendo beneficios de inversión diferenciados según el tamaño de la unidad económica”, y que “desde esta perspectiva, los beneficios a las inversiones irán desde micro empresas (con un piso de USD 150.000) hasta grandes firmas (más de USD 12.000.000). Esto garantiza una democratización del incentivo, adaptándose a la realidad financiera de cada sector productivo”.

El convite para analizar este tema está programado para las 16. Una hora más tarde otro plenario, el de las comisiones de Presupuesto; Economía Nacional; y Legislación General tiene agendado seguir con el Súper RIGI, que la oposición dialoguista -e incluso algún oficialista- le frenan al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La semana pasada amagó con exponer -horas antes, avisó sobre su ausencia- el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Lo reclamaba mucho la oposición, aunque ninguno de los que lo pedían protestó después por el faltazo.

La puja que se da está relacionada con la resistencia de la Casa Rosada a abrir el juego en el articulado, debido a que el texto ya fue aprobado por Diputados y la Cámara alta podría sancionar. Una de las ideas de la jefa libertaria, la porteña Patricia Bullrich, es avanzar con el RIIR de los radicales para blindar, con los diez votos de dicha bancada, el Súper RIGI. No obstante, nadie asegura que todo esto se acelere en el corto plazo, aunque la convivencia en el Senado varía según la semana y ya nadie anticipa resultados legislativos.

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Javier Milei vuelve a colocarse al frente de la pelea legislativa, antes de poner a prueba el nuevo vínculo con el PRO

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En la antesala de las sesiones en las que el oficialismo intentará salir del letargo parlamentario y empezar a aprobar las próximas reformas, el presidente Javier Milei se volverá a poner al frente de la reunión con los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, mientras que su equipo se prepara para la primera prueba de lealtad, en el marco de la nueva relación con el PRO de cara a las elecciones del año que viene.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del espacio, el encuentro se realizará este martes a partir de las 17:30 en el Salón Héroes de Malvinas, como ocurrió a mediados de julio pasado, cuando el mandatario nacional presentó el proyecto para la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Será un único acto en el que estarán tanto los integrantes del bloque de diputados como el de senadores, que esta semana buscarán avanzar con varias de las iniciativas que el Poder Ejecutivo tiene en carpeta.

El encuentro se realizará tan solo unas horas después de que, a pocos metros, en las oficinas del extinto Ministerio del Interior, se junte la mesa política para definir los pormenores de la estrategia en el Congreso.

Allí estarán, además, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En el entorno de los funcionarios que asistirán a la cita celebran que este tipo de convocatorias con la presencia del propio jefe de Estado y remarcan que “son charlas profundas sobre ideas”, en las que “se marca un poco el norte” de lo que la cúpula libertaria busca en el Congreso.

En Diputados, la bancada liderada por Gabriel Bornoroni tiene la meta de conseguir este miércoles la media sanción para la mencionada medida del BCRA e Inocencia Fiscal II, que aparecen hoy como las normas que más obsesionan al Presidente.

Quienes están detrás de esta tarea confían en que, “a priori, están los votos” para que estos proyectos salgan, aunque hay expectativa sobre cómo acompañará el PRO, con el que están iniciando una etapa de fuerte acercamiento.

Aunque se había acordado una mesa de diálogo cada 15 días, en esta oportunidad no se adelantó para que se diera antes de la sesión y, según reconocieron algunos de los involucrados, “lo más probable es que se haga el jueves por la tarde”.

Así lo terminará de definir en estos días Santilli, que es quien se encarga de estas negociaciones, junto con un viejo conocido del macrismo, Cristian Ritondo, con quien todavía no se comunicó para coordinar.

Con una posible alianza en la mayor parte del país en el horizonte, las partes decidieron juntarse periódicamente para ir creando una “confianza mutua”, basada no solo en reglas de juego claras para el armado de las listas, sino también en una sintonía a nivel legislativo.

A diferencia de noviembre del 2025, cuando se estaba por producir el recambio parlamentario luego del triunfo de La Libertad Avanza en los comicios de medio término, a esta reunión en Casa Rosada no fueron invitados los miembros del PRO.

Uno de los puntos en conflicto entre los dos partidos sigue siendo la Ciudad de Buenos Aires, donde el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, piensa ir por la reelección, pero todavía no tiene el respaldo de los libertarios.

De hecho, recientemente la titular de LLA porteña, Pilar Ramírez, puso en duda el cambio de postura en la gestión del alcalde, que se muestra más “mano dura”, y se preguntó si ese cambio fue por “convicción o es solo un focus group y la foto”.

“¿Para qué un acuerdo? Hay cosas que nosotros queremos ir a fondo como la reforma política y el jefe de Gobierno todavía no se ha pronunciado, como la ley de libertad comercial, la ley bases…”, señaló la legisladora en una entrevista radial.

Por su parte, además de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal, Bonoroni también quiere convertir en ley el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), aunque este último debería volver al Senado, porque sufrió cambios.

En ese rencinto, Patricia Bullrich espera convocar a una sesión para el jueves con la intención de debatir Hojarasca, 60 pliegos judiciales que continúan pendientes y proyectos sobre “zonas frías” y “zonas cálidas”, entre otras cuestiones.

Todavía no hay fecha para la discusión de la reforma electoral, que continúa generando cierta tensión interna en el Gobierno, debido a que no hay un consenso claro entre los miembros del oficialismo sobre la viabilidad de aprobar algunos de sus puntos, principalmente la eliminaión de las PASO.

Tal como anticipó este medio, en el entorno de la ex ministra de Seguridad observa con pesimismo el avance de la medida y considera que no reúne los votos necesarios para su aprobación en la Cámara alta. Desde la Casa Rosada, en cambio, sectores cercanos a Karina Milei sostienen que siguen trabajando en la búsqueda de apoyo.

Ambas facciones coinciden en que el debate sobre las primarias podría celebrarse entre septiembre y octubre, aunque es probable que este tema termine discutiéndose en el marco de la mesa política, donde están tanto la secretaria general como Bullrich.

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