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Ley Bases: la lista de modificaciones opositoras obligó al oficialismo a patear el dictamen una semana

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El plenario de comisiones que trata de la ley de Bases y la comisión de Presupuesto y Hacienda, que estudia el paquete fiscal, entraron en cuarto intermedio hasta el martes o miércoles de la próxima semana, según especificó el senador y presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), quien también confirmó que darán respuestas en las próximas horas a los senadores que presentaron modificaciones.

“Algunos cambios son similares y otros no tienen nada que ver con al ley. Es necesario que se analicen todos las propuestas”, lanzó Abdala. Además, aseguró que en las próximas horas circulará un dictamen que les permita que ambos mega proyectos vayan tomando forma, a
partir de las modificaciones realizadas.

La intervención de Abdala se dio sobre el final del plenario de comisiones que trata la ley de Bases, bajo un mar de dudas con respecto a la firma del dictamen que La Libertad Avanza intentó apurar hoy, apalancado en un grupo de senadores aliados, entre ellos, el senador y líder del bloque Cambio Federal, Juan Carlos Romero (Salta).

El oficialismo llegó esta mañana a la Cámara alta con el objetivo se llevarse las firmas, al menos en disidencia, de aquellos senadores que plantearon a lo largo de estas tres semanas profundas divergencias en algunos capítulos y artículos. Sin embargo, LLA volvió a dar un paso en falso y su planificación quedó enterrada.

Ayer, el paquete fiscal fue fuertemente cuestionado por el senador kirchnerista Fernando Salino(San Luis) y el radical Martín Lousteau (CABA). En este contexto, para responder las dudas del kirchnerismo y parte del radicalismo, el Gobierno tenía en carpeta enviar a funcionarios a la comisión de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, nadie del Ejecutivo se presentó.

Al reanudarse el cuarto intermedio del plenario de Bases, el senador de Unidad Federal, Edgardo Kueider (Entre Ríos), arremetió contra varios puntos. Entre ellos, Kueider apuntó contra las facultades delegadas que el Legislativo le otorgaría al presidente Javier Milei y pidió eliminar la palabra “disolución total o parcial”.

De no prosperar esta propuesta, el entrerriano pidió la exclusión de una serie de empresas y organismo públicos para que, eventualmente, no puedan ser eliminadas: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Banco nacional de Datos Genéticos; CONADI; Senasa. En esa línea, Kueider solicitó la quita de Aerolíneas Argentinas de las empresas sujetas a privatización.

Para defender su postura, aseguró que “no todos los organismos del Estado pueden dar superávit”. Solicitó que se aparte el texto administrativo de ley de Bases y lo mismo con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). No obstante, no le cerró la puerta a un posible apoyo a las modificaciones que podría proponer Lousteau.

Tras finalizar el punteo con disidencias, el guante lo recogió el senador radical Víctor Zimmermann (Chaco) quien leyó otra extensa lista de cambios promovida por el sector de la UCR más propensa a acompañar el dictamen, pero en disidencia. Estos cambios dejaron aún más al Gobierno contra las cuerdas en su ansiedad por la firma de los despachos.

Zimmermann le pidió al oficialismo que garantice el financiamiento de los organismos de ciencia y técnica bajo el Plan 2030. Además, en la misma línea de Kueider, objetó la privatización de Aerolíneas y sumó al Correo Argentino. No obstante, el chaqueño sostuvo que, de concretarse las privatizaciones, pidió que los eventuales dueños mantengan las rutas deficitarias.

Lo mismo para el Correo Argentino: “Es un tema central para los pueblos del interior”. En el plano laboral, habló de las cuotas sindicales y pidió que “sean válidas siempre y cuando haya una manifestación manifiesta en contrario”. Los dardos siguieron para el RIGI, donde pidió claridad para las competencias provinciales.

En ese sentido, profundizó en la necesidad de ajustar artículos que protejan la producción local y la industria nacional para favorecer a la cadena de bienes y servicios: “Sería positivo que, a partir de los 10 años, los beneficios empiecen a ser decrecientes”. También tocó el tema previsional: “Creemos que la edad de la adhesión debería ser 60 años para las mujeres y 65 los hombres”.

Por otro lado, en el Salón Gris, el vicejefe de Gabiente, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabla Murphy, continuaron esta tarde atendiendo las modificaciones y puliendo la letra chica del texto que, como dijo Abdala, comenzaría a correr mañana.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Se extendió hasta el viernes 17 de julio la inscripción para el Concejo Deliberante Joven

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El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca informa que se extendió hasta el viernes 17 de julio el plazo de inscripción para participar del programa Concejo Deliberante Joven, una iniciativa destinada a promover la participación ciudadana de estudiantes y jóvenes de la ciudad.

Los establecimientos educativos interesados en formar parte de esta propuesta podrán inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace:
https://forms.gle/87jWNwGknScCet9w6

El Concejo Deliberante Joven acerca a las nuevas generaciones al funcionamiento del Poder Legislativo local, brindándoles la posibilidad de conocer de primera mano cómo se elaboran y debaten los proyectos que impactan en la comunidad.

Durante el desarrollo del programa, las y los participantes trabajan en comisiones, intercambian ideas sobre las principales problemáticas de Bahía Blanca, reciben acompañamiento para la elaboración de iniciativas y viven la experiencia del proceso legislativo, fortaleciendo valores como el diálogo, el consenso y el compromiso ciudadano.

La propuesta busca generar un espacio donde las voces jóvenes sean escuchadas y puedan transformarse en proyectos concretos para la ciudad, promoviendo una ciudadanía activa, informada y comprometida con el presente y el futuro de Bahía Blanca.

Desde el Honorable Concejo Deliberante se invita a todas las instituciones educativas a aprovechar esta extensión del plazo de inscripción y sumarse a una experiencia que fomenta la participación democrática y el protagonismo de las juventudes.

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Propiedad privada: se vuelve a tensionar la ley en el Senado, pero el Gobierno confía en que la aprobará mañana

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La ley de propiedad privada, que el oficialismo confía aprobar mañana en el Senado -quorum y números ajustados, hasta anoche- se convirtió desde hace largas semanas en un embrollo difícil de resolver y sumó un nuevo ruido en las últimas horas, con legisladores dialoguistas que dudan sobre el aval o no del “silencio administrativo” incluido en el capítulo de venta de tierras a extranjeros.

Este tema se encuentra detallado en el artículo 10 de la norma 19.549 de procedimiento administrativo. Allí, se expresa: “El silencio o la ambiguedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración”.

Ahora, vayamos a la iniciativa que intenta destrabar -a los ponchazos- la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. En el ya delirante borrador 13 post dictamen se enuncia que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y que “los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.

Seguido a ello aparece lo más jugoso. “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”, se plantea.

En tanto, sobre el final, se manifiesta: “La autorización prevista en el inciso b) se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho. Este régimen de silencio administrativo comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días corridos a la entrada en vigencia de la presente ley.

Misma situación se repite en la “la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros“, que se regirá por las disposiciones, excepciones y procedimientos establecidos en el Decreto-Ley N° 15.385/44, modificado por la Ley N° 23.554 y sus normas complementarias”, y la cual “deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa”. En un momento se pensó en incorporar un guiño del Congreso, ahora descartado.

Mientras se definen detalles y La Libertad Avanza peina la cantidad de soldados dispuestos a ayudar mañana, en la Cámara alta cayó pésimo el mensaje que partió desde un sector minoritario del oficialismo -aunque de peso- para desdramatizar el reboleo de borradores antes de una sesión. Modificar un dictamen en el recinto no sólo abre ventanas para que ingrese el diablo -sobre todo, si el número estuviese apretado-, sino que implica un eterno ida y vuelta con asesores de los senadores que estudiaron el tema, intercambiaron ideas y llevaron a sus jefes a firmar un despacho de mayoría ya muy manoseado. Casi como despreciar una labor trascendental -de muchos agentes- en el Congreso. Penoso.

De cara al jueves existe una urgencia de la Casa Rosada por el pliego judicial -para que continúe en vigencia- del camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar-, más la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que aliados ya se la desplumaron a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.

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Cautela y preocupación en el Gobierno por la lenta negociación para suspender las PASO

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La suspensión o eliminación de la PASO se transformó en una obsesión para Karina Milei, que está convencida de que las primarias podrían transformarse en el principal obstáculo para la reelección de Javier Milei. Sin embargo, en la más reciente “mesa política”, ayer, a diferencia de los encuentros de los últimos meses, el tema ni siquiera se conversó, o al menos eso es lo que dejaron trascender en la Casa Rosada.

“No fue por nada en especial, no surgió. Ya se había hablado la semana pasada”, dijo un funcionario nacional.

Desde el poroteo de hace siete días al de ayer hubo un sinfín de conversaciones y reuniones políticas vinculadas con el tema. Y el eje PASO estaba prácticamente fijo en el temario de la mesa política desde la era Adorni. Pero ayer, en el segundo encuentro sub-liderado por Diego Santilli junto a Karina Milei, ni siquiera se mencionó. Y si bien en el oficialismo no se muestran preocupados, sí se muestran cautos.

Esperan llevar la reforma política al recinto en agosto, después del Mundial. Y los más optimistas se basan en las declaraciones on the récord de los referentes de las provincias brindando distintos grados de apoyo. Citan, primero, al aliado catamarqueño del PJ, Raúl Jalil, como uno de los que se mostraron a favor del proyecto con mayor ímpetu.

Jalil fue el más explícito al calificarlas de “una encuesta muy cara” que “no fortalece a los partidos políticos”, aunque marcó distancia del esquema de colectoras. En la misma línea se ubicaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que remarcó el ahorro fiscal que implicaría; y Claudio Poggi (San Luis), que ratificó su respaldo tras una reunión con Diego Santilli. Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), que ya anticiparon su acompañamiento. A ellos se suman Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Marcelo Orrego (San Juan), favorables a la reforma tal como la plantea Casa Rosada, y Martín Llaryora (Córdoba), que no objeta el cambio porque el peronismo local siempre rechazó ese sistema.

Pero en el oficialismo admiten que aún no alcanza. “Le falta al tema, le falta…”, dijeron en el Gobierno. Por ahora no están los números, reconocen, a pesar de las fotos con los gobernadores en Tucumán por el 9 de Julio y la importante asistencia de los mandatarios “amigables” con el poder central a la jura de Santilli como jefe de Gabinete.

Por lo pronto, aseguran que no se rinden. Puertas afuera, Santilli seguirá con la convocatoria a gobernadores. Anteayer recibió a Claudio Poggi de San Luis. Ayer, a Claudio Vidal, de Santa Cruz. Y el viernes será el turno del pampeano Sergio Ziliotto, ferviente opositor a quien, de todos modos, no creen que podrán convencer.

Después de cada encuentro, en Balcarce 50 deslizan que hubo manifestaciones de apoyo. Pero después, en el Congreso, las buenas señales de los mandatarios no se traducen siquiera en promesas.

A priori, reina la prudencia: “Nadie promete nada. El espíritu es que hay que trabajar mucho”, dijo un importante armador legislativo de La Libertad Avanza. En el bloque confesaron: “Es difícil ir narrando una negociación a varias bandas. No es fácil medir el grado de avance”, en referencia a la cantidad cada vez mayor de de referentes, gobernadores y operadores con los que hablan los delegados del Gobierno. Principalmente, Santilli y los Menem, que introdujeron el tema de las colectoras hace dos semanas con la esperanza de que sirviera para sumar adhesiones.

Hoy ese capítulo es un misterio, y en las provincias siguen analizándolo. Está en marcha como posibilidad en el oficialismo, que deja todas las puertas abiertas con tal de que se suspendan las Primarias y Milei pueda evitar que una gran encuesta negativa dos meses antes de la elección general condicione sus posibilidades de reelegir.

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