La Universidad Di Tella registró en julio una nueva caída en el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), uno de los registros más mirados por círculos de influencia para medir el termómetro de la paciencia social. Se trata de un descenso respecto de la medición de junio, la cual había marcado la primera variación positiva del año. Así, la administración nacional que comanda Javier Milei tuvo seis de los siete meses del año con cifras en negativo.

El ICG realizado entre la Di Tella y la consultora Poliarquía retrocedió 6,5% frente a junio, se ubicó en 1,94 puntos y volvió a la tendencia descendente de 2026, con un deterioro interanual del 21%, según el informe difundido por la casa de estudios.

En la Casa Rosada no se muestran ajenos a esto. “Claramente es algo que preocupa. No creemos que lo que diga el ICG sea la realidad absoluta. En todo caso, es un síntoma más de un estado de situación del que somos conscientes”, afirmó una fuente inobjetable del oficialismo.

Quien dio su opinión oficial al respecto de esta cuestión fue el vocero presidencial, Adrián Ravier. Esta mañana encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada y, al ser consultado, marcó: “A veces la confianza de la gente se mueve. Hay que mirar tendencias y tener una perspectiva más de mediano y largo plazo. Yo creo que el presidente Milei tiene una imagen muy alta para un gobierno que lleva dos años y medio de gestión. Nosotros competimos con nosotros mismos”.

La baja se produjo después del repunte de 3,9% que el indicador había mostrado en junio, la primera suba del año. La serie mensual de 2026 quedó así marcada por variaciones negativas en enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%), mayo (-1,6%) y julio (-6,5%), con una contracción acumulada de 21,5% desde el cierre de 2025.

Entre los estrategas políticos del oficialismo perciben que no están pudiendo ganar “la discusión de la reactivación económica” y que eso se traslada a una mayor imprevisibilidad. “Hay una buena perspectiva sobre la evolución de la inflación y la gente sabe que los fundamentos macroeconómicos no se van a tocar. Pero las mediciones que miramos nos indican que la sensación de mejora no se está percibiendo en los grandes conurbanos. Es esa la discusión que tenemos que enfocarnos”, afirman en un importante despacho.

En otro sector del oficialismo reconocen la baja, pero mantienen una mirada más escéptica. Comparan la medición que había a esa altura del Gobierno de Alberto Fernández y dicen que Milei “se encuentra 73% por encima”. “Es el mismo indicador que el año pasado mostraba el nivel de confianza con el que el Gobierno llegó a la elección. En septiembre de 2025 registraba ese nivel de confianza y, un mes después, en octubre, ganó la elección con 42 puntos”, afirman.

Quienes analizaron el informe miran con atención una cuestión. Y es que el registro del ICG igualó a la marca a la que ya se había llegado en septiembre del 2025, pero que en ese entonces existía la posibilidad de un revulsivo: el resultado de las elecciones nacionales del mes siguiente, el cual se caracterizó por una victoria amplia respecto al segundo y con una alta capilaridad en las provincias.

“Ahora no tenemos un driver claro que permita pensar que en los meses próximos pueda haber un crecimiento acelerado”, agrega uno de los funcionarios libertarios. Luego del 1,94 que se había medido el año pasado, en octubre y en noviembre hubo aumentos de 8,1% y 17,5%, respectivamente.

Aún así, marcan: “Lo que es seguro es que no vamos a ver un repunto como en esa ocasión. Pero eso no implica que no pueda haber una fase de estabilidad o una suerte de comportamiento en modo serrucho (con subas y bajas alternadas) y que dé tiempo a una reactivación”.

Hay quienes ven en esto una cuestión estacional. En septiembre de 2024 también se presentó la baja más significativa de la administración Milei hasta ese entonces. Los analistas lo atribuían al veto de la movilidad jubilatoria que implementó la Casa Rosada. El oficialismo de La Libertad Avanza logró que el Congreso no vulnerara ese rechazo al lograr un escudo legislativo de diputados aliados que permitieron que la oposición no lograra los dos tercios.

Las perspectivas económicas volvieron a mostrar una relación directa con el nivel de confianza. Quienes esperan que la situación mejore en un año alcanzaron 4,15 puntos, con una suba de 1,8%; quienes creen que seguirá igual marcaron 2,46 puntos, con una variación de 0,1%; y quienes prevén un empeoramiento cayeron 11,1% hasta apenas 0,33 puntos.

Entre los cinco componentes del índice, cuatro mostraron retrocesos. El mayor deterioro se observó en Eficiencia, que cayó 15,4% hasta 1,79 puntos; luego aparecieron Capacidad, con una baja de 7,3% hasta 2,28 puntos, y Preocupación por el interés general, que descendió 6,9% hasta 1,51 puntos.

La Evaluación general del gobierno también retrocedió, con una caída de 2,5% hasta 1,64 puntos. La única variable sin descenso relevante fue Honestidad, que quedó en 2,45 puntos con una variación de -0,4% respecto del mes anterior.

Por edad, el descenso más pronunciado se registró entre los jóvenes de 18 a 29 años, con una baja del 23% hasta 1,68 puntos. El grupo de 30 a 49 años casi no mostró cambios, con 1,75 puntos y una variación de -0,7%, mientras que los mayores de 50 años retrocedieron 7,1% hasta 2,07 puntos.

En el plano geográfico, el Gran Buenos Aires concentró la contracción más intensa del mes, con una caída de 10,9% hasta 1,63 puntos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el índice bajó 5,6% hasta 1,92 puntos y en el interior del país descendió 4,7% hasta 2,09 puntos, el nivel más alto entre las regiones relevadas.

Por nivel educativo, la caída más abrupta se dio entre quienes tienen instrucción primaria, con un descenso de 24,7% hasta 1,29 puntos. Los encuestados con secundaria completa se mantuvieron estables en 1,90 puntos, mientras que quienes cuentan con formación terciaria o universitaria retrocedieron 7,5% hasta 2,03 puntos, aunque conservaron el valor más alto dentro de esa variable.

“El core [núcleo] de quienes más se vieron afectados en el último mes son los jóvenes sin estudios y que viven del Conurbano. Son los que se están viendo afectados por esta transición del modelo macroeconómico y que están a la espera de la reactivación a nivel general”, marcó una fuente gubernamental.

En la comparación histórica, el promedio del ICG durante la gestión de Javier Milei descendió a 2,37 puntos, su nivel más bajo desde el inicio del mandato. En el mismo tramo de gobierno, Mauricio Macri había promediado 2,27 puntos y Alberto Fernández, 1,69.

La comparación del mes 31 de cada presidencia muestra que el 1,94 de julio quedó por debajo del valor de Macri en ese momento, que fue de 2,01 puntos, y también del registrado bajo Néstor Kirchner, que había alcanzado 2,26 puntos. El nivel actual, en cambio, supera el de Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato, con 1,87 puntos, el de su primer mandato, con 1,69, y el de Fernández, con 1,12.

El estudio de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella se elabora desde noviembre de 2001 y mide la confianza en el Poder Ejecutivo en una escala de cero a cinco.

La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 16 de julio de 2026 sobre una muestra de 1.000 casos en 39 localidades de más de 10.000 habitantes de todo el país. El margen de error estándar informado para el total del índice fue de ±0,06 puntos.

Aunque el Congreso permanece cerrado por receso de invierno, el Gobierno ya está analizando la forma de destrabar uno de los proyectos prioritarios que tiene en carpeta, la reforma política, que pretende cambiar el sistema electoral en el país, por lo que se vuelve una definición clave de cara a las negociaciones por las eventuales alianzas en las provincias.

En un principio, el oficialismo nacional planteó la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una idea que mantienen desde el inicio de la gestión.

Sin embargo, incluso antes del freno legislativo por las vacaciones, y ante la falta de votos de los aliados, La Libertad Avanza aceptó estudiar otras alternativas para evitar así que todo el proyecto se cayera.

Quien llevó adelante las conversaciones fue la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich, aunque con la intervención del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El martes, “El Colo” recibió en la Casa Rosada a Juan Pablo Valdés, mandatario de Corrientes, una de las provincias con las que, a pesar de haberlo intentado, no se llegó a un acuerdo electoral en 2025.

En aquel entonces, el antecesor del actual gobernador, Gustavo Valdés, se negó a competir que cualquier otro candidato que no fuera su hermano, por lo que los libertarios decidieron ir por afuera y terminaron siendo duramente derrotados.

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en su rol de titular del partido, tendrá sus propios encuentros políticos en los próximos días.

La funcionaria viajará la semana que viene a Chaco para verse con uno de sus históricos aliados, Leandro Zdero, y es probable que también a Raúl Jalil en Catamarca y a al senador Gerardo Zamora en Santiago del Estero.

“Falta mucho para la definición de las listas y de las alianzas. Hay que ver primero si va a haber PASO o no, entre muchos otros factores que van a influir”, reconocía ante Infobae uno de los armadores de LLA.

En este sentido, en el oficialismo remarcan que “el único objetivo real para el 2027 es que el Presidente consiga su reelección y todo lo que se haga va a ser para eso”.

En lo que respecta al Congreso, las autoridades nacionales reconocen que hay un retraso en las reformas, pero sostienen que “lo más importante es blindar todas las medidas económicas y el proyecto en general”.

”Hay un total de 13 gobernadores que tienen relación buena con nosotros. Yo los conozco y sé que no se van a tirar si no ven que hay agua en la pileta”, remarcó una fuente de Casa Rosada.

Para el entorno de Milei, los mandatarios locales “están viendo que hay una posibilidad, que hay un Presidente que en sus provincias está bien”.

De hecho, a pesar de los informes negativos de algunas consultoras y organismos, como el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, en el entorno presidencial confían en que el sello de La Libertad Avanza sigue fuerte.

“A nosotros nos da que está estable. Hubo una caída con el tema de Adorni, pero se mantuvo ahí. Nunca estuvo tan mal como algunos decían ni tan bien como marcaban otros. Está estable“, argumenta uno de los estrategas.

Para el equipo que diseña los planes de comunicación, “especialmente cuando medís una gestión durante un periodo largo de tiempo, para poder entender cómo se comporta la sociedad, hay que ver todo el panorama”.

“A veces hay picos para arriba o para abajo, pero vos lo que vas observando es cómo se comporta la serie histórica”, remarcan.

Aunque en Balcarce 50 se muestran confiados y fuertes, varios de los gobernadores aseguran que las negociaciones por los eventuales acuerdos electorales no es algo que los vaya a condicionar para apoyar los proyectos de ley que quiere la Nación.

El tema de las PASO es un ejemplo de ello, ya que muchos no están de acuerdo con que se eliminen, principalmente porque quieren dirimir sus internas locales sin tener que decidir apoyar solamente a un candidato presidencial.

“No hemos tenido respuesta hasta el momento”, respondió un mandatario aliado que propuso implementar las “listas colectoras” para solucionar el conflicto.

De acuerdo con lo que precisaron en Balcarce 50, las alternativas que ahora están sobre la mesa es que, en lugar de eliminar las primarias, únicamente se suspendan en el 2027.

Otra opción es aceptar la idea de la PAS, que impulsa el PRO, entre otros espacios, para que dejen de ser obligatorias y pasen a ser optativas, con comicios en los que compitan los partidos que tienen más de una boleta.

Todos estos escenarios debatirá la mesa política libertaria cuando vuelva a reunirse, luego de que se suspendiera el encuentro de este martes debido a que un de sus principales integrantes, Karina Milei, estaba de viaje en Perú, como parte de la comitiva que acompañó al Presidente en el acto de asunción de Keiko Fujimori.

Tras el receso invernal, el Congreso volverá a funcionar el 6 de agosto, para cuando el Gobierno pretende convocar a una mega sesión para tratar varias de las reformas que ya fueron enviadas.

Casi al mismo instante en que la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ponía en sus redes sociales que ya se encuentra en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresaba un proyecto de ley que busca restringir la posibilidad de que el Ejecutivo firme un nuevo acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso.

El proyecto de ley que lleva la firma de otros 15 diputados del bloque de Unión por la Patria y que cuenta con 22 artículos, busca también declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina.

La iniciativa, que deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más amplio, llega al Palacio Legislativo en un momento en el que el gobierno de Javier Milei recibe a la titular del FMI que llega al país por primera vez en 8 años.

El proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso con indicación del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, establece que queda expresamente prohibido el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias.

El texto apunta directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —aproximadamente USD 20.000 millones—, sin pasar por el Congreso. Los actos dictados en violación de esa prohibición quedarán sujetos a nulidad absoluta e inoponibilidad internacional, y los funcionarios intervinientes serán personalmente responsables por los daños al Estado nacional con una acción imprescriptible.

El proyecto que es acompañado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López; se estructura en 6 principios rectores: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.

El principio de corresponsabilidad es uno de los ejes más novedosos del texto: establece que cuando el FMI haya incumplido sus propias reglas o aprobado programas con motivación política, la responsabilidad por las consecuencias del fracaso es compartida. Para sostener esta idea, cita la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que registró disidencias internas del staff sobre el cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en el caso argentino de 2018 y clasificó la deuda en “zona gris”.

El texto señala que entre mayo de 2018 y el momento de la redacción, USD 45.100 millones salieron del país como formación de activos externos del sector privado, frente a USD 44.500 millones desembolsados por el Fondo.

Los autores del proyecto sostienen que esa equivalencia no fue accidental, sino el resultado de un programa aprobado sin exigir las medidas de administración de flujos de capital que el propio Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI habilita. Sobre esa base, la ley manda al Poder Ejecutivo a promover ante la Junta de Gobernadores del organismo una enmienda que convierta en obligación —y no en mera facultad— el requerimiento de controles de capital cuando se verifique una salida considerable de divisas durante la vigencia de un programa.

La reforma del Convenio Constitutivo que el proyecto ordena impulsar tiene cuatro ejes. El primero es la sustitución de la redacción discrecional del Artículo VI por una obligación de actuar. El segundo es la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” que permita convertir el crédito que exceda los parámetros normales de acceso en financiamiento de largo plazo, con plazos de entre 20 y 30 años, período de gracia de entre 7 y 10 años y sin sobrecargos. El tercero es la habilitación de períodos de recompra diferenciados para economías con restricción externa estructural. El cuarto es el reconocimiento formal de que el caso argentino configuró una categoría de exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.

Para blindar esas posiciones en el plano multilateral, el artículo 6 obliga al Poder Ejecutivo a coordinar con el grupo BRICS+, el Grupo de los Veinticuatro (G24), la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Grupo de los Veinte (G20). El proyecto cita la “BRICS Rio de Janeiro Vision for IMF Quota and Governance Reform“, del 5 de julio de 2025, como antecedente compatible con los ejes de enmienda que la ley convierte en mandato.

En materia de regulación macroprudencial, el artículo 8 ratifica las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer encajes sobre pasivos externos, aplicar límites a la formación de activos externos y adoptar cualquier otra medida de administración de flujos de capital. El artículo 9 va más lejos: ningún acuerdo con organismos financieros internacionales podrá contener cláusulas que obliguen a desmantelar esas regulaciones, bajo pena de nulidad absoluta en el derecho interno y de inoponibilidad ante foros internacionales, con invocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El control parlamentario recae en una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, que tendrá acceso pleno a toda la documentación de los programas sin limitaciones de confidencialidad, facultad de convocar obligatoriamente a funcionarios del Ejecutivo, del BCRA y de la Auditoría General de la Nación, y derecho a recibir informes semestrales del gobierno. El proyecto también introduce un umbral de endeudamiento externo —fijado en función de los gastos primarios corrientes— cuya superación requerirá mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras, salvo emergencia económica declarada por ley, catástrofe natural o guerra.

La disposición transitoria del artículo 20 fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa vigente con el FMI. Hasta que el Congreso se pronuncie, el gobierno no podrá acordar nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del acuerdo. En caso de rechazo, toda nueva operación requerirá aprobación previa por ley.

La ley solo podrá ser modificada o derogada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, una salvaguarda que busca dificultar su eventual reversión por un gobierno de distinto signo político.