El Gobierno sigue avanzando en contra de la ley de Emergencia en Discapacidad que se niega a aplicar. Por un lado, avanza en llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia y, por el otro, envió al Congreso un proyecto de ley sobre discapacidad que elimina buena parte de los derechos que tiene el colectivo.
Uno de los puntos que elimina el proyecto del oficialismo es el de los beneficios fiscales para las empresas que llevan adelante una política activa para la inclusión laboral.
Desde la oposición buscan recuperar la agenda social y en ese camino el diputado de Unión por la Patria Cristian Andino presentó un proyecto de ley que busca transformar la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, y propone que las empresas integren este criterio dentro de sus políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
La iniciativa, acompañada por Jorge Chica, Nancy Sand, Christian Zulli, Gabriela Pedrali, Pablo Todero y Jorge Araujo Hernández, fue remitida a las comisiones de Legislación del Trabajo, Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
El texto plantea que el sector privado adopte medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades laborales, con la integración de la inclusión como un componente estratégico en sus políticas de sostenibilidad.
Según el documento del proyecto, la propuesta abarca a todas las personas jurídicas y humanas que desarrollen actividades económicas en la Argentina, con adaptaciones específicas para micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo central es promover la inserción socio-productiva y la autonomía económica de las personas con discapacidad, con la articulación de incentivos y obligaciones para el sector privado.
Entre las acciones obligatorias para las empresas, se destaca la incorporación progresiva de personas con discapacidad a la plantilla de personal. Además, el proyecto exige la contratación de bienes y servicios a proveedores integrados por personas con discapacidad o que gestionen unidades productivas inclusivas, el apoyo a emprendimientos productivos asociados al sector y el desarrollo de programas comunitarios en las zonas de operación. El documento especifica que las empresas deberán contar con descripciones de puestos accesibles, mecanismos de selección igualitarios y protocolos de accesibilidad, así como medidas preventivas frente al acoso y la discriminación.
El texto del proyecto introduce un régimen de incentivos para las compañías que cumplan con los requisitos. Entre los beneficios se incluye la prioridad en contrataciones con el Estado nacional, acceso preferencial a financiamiento productivo, reducción del 50% en aportes y contribuciones patronales para empleados con discapacidad y la obtención del sello oficial de Empresa Socialmente Responsable e Inclusiva.
El proyecto también garantiza que el acceso al empleo formal no provocará la pérdida de la Pensión No Contributiva por Discapacidad (PNC), una demanda histórica de organizaciones del sector.
La propuesta crea un Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables e Inclusivas, condición necesaria para acceder a los beneficios, y establece un sistema de indicadores para evaluar el cumplimiento, como la cantidad de personas empleadas, condiciones laborales, participación en cadenas de valor inclusivas e impacto social de los programas.
La autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo Nacional, que deberá coordinar con organismos públicos y privados. Además, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa y dictar regulaciones complementarias.
Los impulsores del proyecto sostienen que la iniciativa “busca transformar el paradigma de la inclusión laboral en la Argentina, pasando de la promoción voluntaria a la responsabilidad compartida y garantizando condiciones de igualdad real en el mercado de trabajo”, según consta en el proyecto de ley que ingresó en las últimas horas en la Cámara de Diputados.
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