El rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Daniel Vega, expresó su esperanza de que el proyecto de financiamiento universitario recientemente aprobado en el Senado cuente con el respaldo del Poder Ejecutivo Nacional y que el presidente no lo vete.

“No sólo contó con una amplia mayoría en ambas cámaras, sino que además cuenta con el respaldo de toda la sociedad, como se vio en la última marcha universitaria, que fue una marcha masiva que puso en valor el rol de la educación superior para el desarrollo de nuestro país”, dijo Vega.

Este viernes se convirtió en ley la normativa destinada a mitigar la crisis financiera y salarial que enfrentan las universidades nacionales. La iniciativa fue aprobada con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención.

Sin embargo, su implementación dependerá de la reglamentación del Poder Ejecutivo. Al respecto, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó en un programa de televisión que la ley podría ser vetada para “no comprometer el equilibrio fiscal”.

Vega agradeció a los senadores que apoyaron el proyecto, destacando que “lo único que busca es darle sustentabilidad al sistema universitario nacional, uno de los principales instrumentos del país no sólo para desarrollarse, sino para generar movilidad social ascendente”.

Además, expresó un agradecimiento especial a los tres senadores de la provincia de Buenos Aires —Eduardo De Pedro, Juliana Di Tullio y Maximiliano Abad— que respaldaron la iniciativa.

Durante esta semana, rectores de las universidades públicas, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, solicitaron a los senadores que aprobaran el proyecto.

Asimismo, el Consejo Superior de la UNS emitió una resolución pidiendo a la Cámara de Senadores que sancione la ley y exhortando al Poder Ejecutivo a promulgarla y ejecutarla de manera inmediata para atender las demandas establecidas en la normativa.

El proyecto, presentado por la UCR, cuenta con el apoyo de legisladores como Facundo Manes, Martín Tetaz, Mariela Coletta, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.

La ley tiene como objetivo principal declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el presente año.

En este sentido, busca “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.

De los fondos asignados, el 85 % se destinará a gastos salariales, mientras que el 15 % cubrirá los gastos de funcionamiento, utilizando una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor, la variación del tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos.

Fuente: La Nueva.