Mientras el gobierno nacional despliega distintas estrategias para convencer a los gobernadores de que acompañen el proyecto de reforma laboral que buscará aprobar en febrero, el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, activó una serie de acciones con el objetivo de aunar posiciones en contra de la iniciativa de Casa Rosada. No es nueva la oposición a las políticas del gobierno de Javier Milei de parte de Kicillof, pero en las últimas horas sorprendieron algunos gestos que, además de buscar aliados contra el proyecto en sí, también empiezan a delinear un escenario hacia la construcción del 2027. La composición de las nuevas canciones. Todo, en medio de la interna que atraviesa el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

El gesto más elocuente fue cuando días atrás Kicillof recibió la invitación para participar de una jornada que organizó la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) que conduce el histórico sindicalista Luis Barrionuevo. El encuentro fue para rechazar el proyecto de reforma laboral que promueve el Gobierno. Kicillof no asistió, pero no declinó la invitación. En su lugar fueron el ministro de Gobierno provincial y mano derecha en cuestiones políticas, Carlos Bianco y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Compartieron la mesa principal de un almuerzo que se hizo luego de las disertaciones. Bianco fue ubicado al lado de otro histórico sindicalista: el extriunvirio Carlos Acuña, referente de los trabajadores de estaciones de servicios y que tiempo atrás supo ser diputado provincial por el Frente Renovador de Sergio Massa.

También estuvieron Julio Piumato (Judiciales), Omar Maturano (La Fraternidad), Hugo Benítez, presidente del Movimiento Nacional Sindical Peronista; Maia Volkowisky, secretaria de Derechos Humanos de la CGT; Sebastián Maturano, secretario de Juventud de la CGT; Gustavo Vila del Partido Trabaj.AR, Albana Velloso secretaria general de la FUBA por la JUP; Norberto Gómez, secretario general de la intendencia de La Plata, entre otros.

La cumbre, que se realizó en el hotel Presidente Perón de Mar del Plata, fue en el marco del Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales. Hubo más de 500 referentes presentes con participación de la juventud gremial nacional, quienes encabezaron la firma de un documento en el cual se marcó el fuerte rechazo a la reforma laboral presentada por el Ejecutivo y un apoyo irrestricto a la Confederación General del Trabajo, bajo la consigna: “Defender el trabajo hoy para tener un futuro mañana”. Allí, Bianco, además de cuestionar la reforma laboral, puso en el horizonte el 2027. “Los invito y convoco, como dijo nuestro gobernador Axel Kicillof semanas atrás, a ser parte de una convocatoria a todos los sectores del campo popular, peronismo y otros sectores que se quieran sumar para construir una alternativa política, un proyecto, para que se termine esta postura y gobierno”. Otro mojón para la federalización del gen MDF. Así se trazó como objetivo para este 2026.

Días antes del encuentro en Mar del Plata, Barrionuevo dio una entrevista en TN donde aseguró que “el kirchnerismo ya pasó, como pasó el cafierismo, el menemismo” y que “son etapas”.

“Tenemos que volver a enamorar, volver con gente nueva y seria. Hay gobernadores que son buenos gestionadores, que tienen su experiencia; no doy nombres porque los voy a quemar. También hay intendentes”, planteó. No nombró a Kicillof; pero días más tarde sentó en su mesa al principal armador del gobernador. Tampoco nombró al cordobés Martín Llaryora; otro de los mandatarios provinciales que envió delegados al encuentro contra la reforma laboral de este viernes. Estuvo representando al Ejecutivo de Córdoba el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano.

Barrionuevo también planteó que “la reforma laboral no va a salir”. Del otro lado, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, recorre provincias y busca puentes con gobernadores que impacten con votos en el Congreso. En lo que va del año se reunió con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Rolo Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Zdero, Sáenz, Frigerio, Orrego, Weretilneck y Cornejo dieron su apoyo a la reforma.

En cada recorrida, el ministro insiste con la narrativa oficial acerca de que “ningún gobernador puede estar en contra de una reforma laboral después de la informalidad y la pobreza que dejó el kirchnerismo”.

El posicionamiento sobre la reforma laboral era una de las demandas que emanaban desde el kirchnerismo hacia Kicillof. Un pedido que se enmarca en la discusión interna del peronismo y puntualmente por la conducción por el PJ bonaerense. Es que la semana pasada, el mandatario provincial encabezó una reunión política en el distrito de Villa Gesell con buena parte de su gabinete e intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

En ese encuentro, que fue descripto como “informal”, se enfatizó en la construcción del espacio hacia 2027, por fuera de la provincia de Buenos Aires y, lo más inmediato en el calendario, la renovación de autoridades del PJ bonaerense, fechada para el 15 de marzo. “Pensé que se iba a hablar de la reforma laboral, pero parece que para el MDF es más importante hacer internismo bobo”, ironizaba un dirigente de primera línea dentro del kirchnerismo ante Infobae por la reunión que se había dado en Villa Gesell, recordando que en el último encuentro del consejo del PJ bonaerense que convocó Máximo Kirchner —aún presidente del PJ provincial— había sido invitado Cristian Jerónimo, uno de los cosecretarios generales de la CGT. “En esa reunión fue tema central la reforma laboral”, agregaron cerca de Kirchner.

Además de los contactos con referentes sindicales, con los que también se juntó a fines del año pasado, distintos dirigentes que forman parte del MDF y que tienen vinculación directa con el mundo laboral hicieron correr documentos argumentando el rechazo del espacio kicillofista a la reforma, como así también lineamientos generales en el mundo del trabajo para un virtual gobierno peronista a partir de 2027.

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky fue uno de ellos. Enrolado en el MDF, advirtió en las últimas horas que el peronismo tiene que “hablarle a la sociedad, a los trabajadores y trabajadoras, con una propuesta de transformación de las leyes laborales que amplíe derechos frente a las nuevas realidades del mundo del trabajo”. “Hay proyectos que ya existen y tienen que ver con debates actuales que se dan en todo el mundo, como regular la economía de plataformas, la igualdad de género, la reducción de la carga horaria, etcétera. La tarea es clara: reconstruir un modelo de país con desarrollo autónomo, valor agregado a partir de la industria y, sobre todo, con una perspectiva soberana”, dijo.

También el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, planteó en un documento reciente que “parte de esta realidad es también consecuencia de lo que hemos hecho los peronistas; es cierto, con un poder mediático y judicial muy fuerte, actuando como adversario político. Debemos dejar de ser el Partido Peronista de los militantes para transformarnos en el Movimiento Peronista del Pueblo Trabajador. Allí emerge la figura de Axel Kicillof”, advirtió.

Además, enfatizó que “claro que hace falta una reforma laboral, pero una reforma verdaderamente moderna. En el mundo, la jornada laboral tiende a reducirse, bajo la premisa de que se puede producir lo mismo en menos horas asi los trabajadores cuentan con tiempo para la vida familiar, para desarrollar otras habilidades o perfeccionarse en su oficio”.

Diego Santilli ya visitó seis provincias en lo que va de enero y cosechó el respaldo público de cuatro gobernadores para la reforma laboral. Si bien algunos mandatarios mantuvieron el misterio como herramienta de negociación, en el Gobierno se entusiasman porque no recibió ningún rechazo rotundo de sus habituales aliados ni de los sectores dialoguistas. Al parecer, todo es conversable.

Este último jueves, el ministro del Interior se reunió con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. En la conferencia de prensa que dieron tras el encuentro, el mandatario provincial reconoció que el funcionario libertario se llevaba “un apoyo contundente del Gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral” y destacó que el proyecto permitirá “incluir y dar derechos a los trabajadores que no los tienen”.

Un día antes, Santilli había estado por Neuquén, pero el saldo de su visita no fue tan claro. El gobernador Rolando Figueroa dijo que acompañará “cada iniciativa que impulse el desarrollo” y recordó que su provincia fue la “primera en implementar cambios importantes en la legislación laboral”. Sin embargo, enfatizó que la prioridad será el impacto que la ley tenga en su provincia y volvió a reclamar la deuda de USD 200 millones que Nación tiene con la caja previsional provincial. “Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que nos perjudique”, resumió.

En cada visita Santilli repite que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones”. Sin embargo, prácticamente en todas las reuniones recibió reclamos por los artículos 190 y 191 del proyecto oficial que reducen alícuotas de impuestos, como Ganancias, y afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias (aproximadamente $1 billón).

Desde la Casa Rosada plantean que la rebaja de Ganancias tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaerá en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advierten que esta merma se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.

Dentro del mismo oficialismo algunos como Patricia Bullrich y Santiago Caputo se inclinan por hacer concesiones a las provincias, mientras que otros como Luis Caputo apuestan a sostener el texto tal como fue dictaminado.

En el Senado, los libertarios parten de una base de 21 votos propios más otros 3 de PRO. Pero el Gobierno también suma a los representantes de la UCR, que acompañó el dictamen del oficialismo cuando el proyecto se trató en comisión. En total hay siete radicales que responden a gobernadores (Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi -Corrientes-, Carolina Losada y Eduardo Garaletto -Santa Fe-, Mariana Juri y Rodolfo Suárez -Mendoza- y Silvana Schneider -Chaco-), y tres “sin techo” que son oposición en sus provincias (Maximiliano Abad -Buenos Aires-, Flavio Fama -Catamarca- y Daniel Kroneberger -La Pampa-).

Los diez votaron con el oficialismo el Presupuesto 2026 en diciembre y además hay mandatarios que tienen alianzas políticas en sus provincias, como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.

“Apostamos a una nueva ley de reforma laboral porque las viejas recetas siempre nos llevan a los mismos resultados”, dijo el chaqueño Zdero la semana pasada tras su encuentro con Santilli. “La reforma laboral contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo. Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca”, completó Cornejo dos días después.

Con 34 votos anotados en la columna del “positivo”, el Gobierno tendrá que conseguir el apoyo de un puñado de “provinciales” para llegar al quórum (37), como la chubutense Edith Terenzi, cercana al gobernador Ignacio Torres; la salteña Flavia Royón, que responde a Gustavo Sáenz; la neuquina Julieta Corroza (Rolo Figueroa); los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, del gobernador Claudio Vidal; o los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, de aceitados vínculos con Carlos Rovira, líder del Frente Renovador de la Concordia.

Santilli visitó a Torres, pero las conversaciones y declaraciones públicas posteriores giraron en torno a los incendios forestales que están devastando la provincia. No obstante, tuvo mejor suerte en Salta. “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, dijo Sáenz, que tiene una relación cada vez más fluida con la Casa Rosada. Mediante algunas concesiones, los libertarios confían en poder sumar a neuquinos y misioneros, pero además podrán recurrir a los peronistas disidentes: el catamarqueño Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada y el tucumano Osvaldo Jaldo, los apoyos de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. Por lo que la cuenta final podría superar los 40 votos para la aprobación en general.

En Diputados, los libertarios parten de una base de 95 votos del bloque oficialista más 12 del PRO y 2 de MID. En principio 109, por lo que tendrá que sumar 20 voluntades más para llegar a los 129 que le permitan abrir el recinto.

Pero en base a las declaraciones de los gobernadores de Salta y de San Juan, el Gobierno ya contaría con otros 5 votos (3 salteños y 2 sanjuaninos). Además, el radicalismo (UCR + ABA) aportaría otros 7, ya que no solo firmó el dictamen del oficialismo en el Senado, sino que además había propuesto su propia reforma laboral cuando se discutió la Ley Bases, al inicio del gobierno de Milei. Prácticamente 121 votos confirmados.

Los peronistas disidentes de Tucumán (3) y Catamarca (3), que casi siempre jugaron con los libertarios en las votaciones importantes, dejarían al Gobierno en la puerta del quórum, y las negociaciones con las provincias aliadas podrían terminar de empujar el proyecto a través de la línea de meta: Misiones (4), Neuquén (1), Santa Cruz (1), San Luis (1).

Las provincias mineras como Catamarca, San Juan, Neuquén y Santa Cruz también seguirán con atención el devenir del proyecto para modificar la Ley de Glaciares, que le dará más poder a los gobiernos locales para habilitar proyectos productivos en zonas que ahora están prohibidas.

En las vísperas de cumplir su tercer mes al frente de la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni ordenó aplicar la directiva del presidente Javier Milei y pasar la motosierra por la estructura y la planta de empleados que conforman el área que lidera. La idea para el mes de febrero es avanzar en una disminución del 20% de la nómina de trabajadores, pero también de las dimensiones del organigrama, según confirmaron a Infobae desde la coordinación de ministerios.

Hasta entonces, la estructura funciona con 3018 personas, según el último informe del INDEC, cifra levemente superior a la revelada por su antecesor Guillermo Francos durante su primer informe de gestión, lo que alcanza a secretarías y direcciones. De ese total, el ministro coordinador tiene intenciones de recortar al menos 500. Desde su desembarco a principios de noviembre, la idea figura entre las prioridades de sus colaboradores más estrechos, que, luego de asentarse en los cargos, establecieron una fecha límite para que cada área realice una reducción de su nómina. “La Jefatura de Gabinete es enorme. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que la estructura estaba completamente sobredimensionada”, sostuvieron ante este medio.

La tarea no alcanza solo a la lista de empleados, sino que trae aparejada la intención expresa de reducir ravioles y ordenar el uso de los recursos. Ese trabajo compromete al equipo de la Unidad de Asesores del Gabinete en articulación con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger para concretar los planes. Hasta entonces hubo ronda de reuniones con todos los secretarios y directores a los que se les trasladó la necesidad de achicar las estructuras y eliminar las competencias duplicadas.

La Jefatura de Gabinete actualmente tiene bajo su órbita a los secretarios Ignacio Devitt (Asuntos Estratégicos), Federico Sicilia (Coordinación Legal y Administrativa), Ian Vignale (Ejecutiva), Javier Lanari (Comunicación y Medios), Darío Genua (Innovación, Ciencia y Tecnología) y Daniel Scioli (Ambiente y Turismo). Según supo este medio, las dos últimas registran el mayor caudal de empleados acumulados, en especial en Parques Nacionales, y deberán instrumentar el pedido con celeridad.

Desde la Jefatura de Gabinete aseguran que la reducción tendrá impacto en el monto total que se destina al pago de sueldos, al tiempo que garantizan que servirá para ordenar estructuras repetidas y funciones duplicadas, pero aclaran que no afectará al desempeño de la gestión. “El trabajo es similar al que se hace en otros organismos: revisar funciones, dotación y estructura. Determinar qué es esencial y qué es lo que está sobredimensionado”, explicaron a Infobae.

A finales de diciembre, y como contó este medio, el funcionario oficializó el recorte de gastos y redujo el uso de vehículos oficiales y choferes. Lo hizo a través de un comunicado en el que dispuso la revocación inmediata de las asignaciones de autos para el personal bajo la órbita del organismo. Cada secretaría tenía la indicación de presentar un relevamiento detallado con los bienes y recursos restituidos.

Según supo este medio, el área contaba con 78 autos a disposición utilizados por el personal, lo que se sometió a un proceso de revisión con posterior reasignación de los mismos. Desde entonces, opera un protocolo de gestión que debe contemplar la justificación y la solicitud de cada empleado, que es revisada por la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.

Otra de las medidas en las que trabajan desde el área es en la prohibición de pasajes en primera clase para funcionarios con una limitación en el monto destinado a viáticos. “Se terminó eso de viajar en business con viáticos incluidos. Turista o habrá que buscar alternativas”, argumentaron. Algo similar pregona la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante sus visitas a las provincias en el marco de las actividades partidarias de La Libertad Avanza.

No faltaron las quejas de algunos de los involucrados que se vieron afectados por los planes de austeridad que instrumenta el ex vocero en nombre de los Milei. Sin embargo, la decisión se muestra como indeclinable: “No hay plata y tenemos que predicar con el ejemplo”, fue la respuesta dada.

Lo cierto es que los planes de achicamiento estatal no alcanzan solo a la Jefatura de Gabinete. En coordinación con Sturzenegger, Adorni participó del diseño de la hoja de ruta para concretar la reducción de otro 10% del número de empleados de la planta total del Estado. “La motosierra es constante”, justificaron ante este medio.

En paralelo, busca imprimirle su impronta a la gestión y protagoniza reuniones individuales con los ministros del Gabinete para establecer prioridades y detectar problemas.