Sebastián Galmarini afirmó que el giro de Javier Milei sobre la causa Malvinas responde a una estrategia electoral y cuestionó la falta de novedades concretas en los anuncios realizados por el Presidente durante la cadena nacional. El dirigente del Frente Renovador sostuvo que el cambio de postura del Gobierno se produce en medio del escenario político previo a las elecciones y lo vinculó con una necesidad de reposicionamiento oficial.

Galmarini vinculó el cambio de discurso con el calendario electoral

El diputado nacional Sebastián Galmarini señaló que hasta ahora el presidente Javier Milei había mantenido una actitud distante respecto de la causa Malvinas y consideró que sus recientes declaraciones marcaron una modificación abrupta. “Su giro sobre la causa Malvinas, que hasta acá parecía no reconocer, es absolutamente pura especulación electoral”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el mandatario había dado antes señales opuestas. Recordó sus elogios al exdictador chileno Augusto Pinochet y su admiración declarada por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, figura asociada en la Argentina a la guerra del Atlántico Sur. Para Galmarini, ese antecedente vuelve más visible el cambio de posición oficial frente al reclamo de soberanía.

El legislador dijo que varias medidas ya existían desde años anteriores

Galmarini también puso en duda el alcance de los anuncios presentados por el Gobierno y sostuvo que varias de las iniciativas mencionadas ya habían sido planteadas en gestiones anteriores. En tono irónico, advirtió que “es peligroso cuando hacen tanto humo con mucha gente junta, porque puede intoxicarse”.

Sobre la creación del Consejo de Seguridad Integral, indicó que existen proyectos desde 2020 y aseguró que la propuesta no introduce elementos nuevos. En relación con la base naval en Ushuaia, afirmó que la administración libertaria no avanzó en su desarrollo y que, por el contrario, la desfinanció. Según detalló, durante 2022 ya se había colocado la piedra fundamental para esa obra y también se había impulsado la creación de una guarnición militar.

Recordó antecedentes de la base naval y la visita de Laura Richardson

El dirigente massista mencionó además la visita a Ushuaia de Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, al comienzo de la gestión de Milei. Según dijo, en ese momento ya se había planteado la necesidad de poner en marcha obras vinculadas a esa infraestructura.

A partir de ese antecedente, Galmarini insistió en que el anuncio presidencial no representa un punto de partida, sino una reformulación de proyectos previos. En su planteo, el eje del cuestionamiento no estuvo centrado sólo en el contenido del discurso, sino en la distancia entre lo anunciado y las decisiones adoptadas hasta ahora por la administración nacional.

También cuestionó el anuncio sobre sanciones económicas a empresas

Otro de los puntos objetados por el diputado fue el referido al endurecimiento de penas económicas para petroleras y compañías que operan en el Atlántico Sur. Sobre ese aspecto, sostuvo que “esa es una ley del 2011” y que el Gobierno ya contaba con herramientas legales para intervenir sin necesidad de presentar la medida como una novedad.

Galmarini mencionó en ese marco a la empresa Rockhopper y consideró que el Ejecutivo podría haber promovido auditorías o revisiones sobre compañías vinculadas a la explotación de recursos en la zona en disputa. A su entender, esas acciones podían realizarse sin apelar a una cadena nacional.

Mencionó vínculos empresarios y reclamó explicaciones oficiales

En el tramo final de sus declaraciones, el legislador hizo referencia a ADNOC y a su participación accionaria en XRG, grupo involucrado en el proyecto de gas natural licuado en la Patagonia y asociado a YPF. También nombró al directivo Paul Mayland, a quien vinculó con empresas que, según expresó, ya desarrollan actividades económicas en la Argentina.

Con esos señalamientos, Galmarini sostuvo que las autoridades nacionales deberían explicar por qué no avanzaron antes con la aplicación de herramientas legales ya vigentes. El cruce se sumó a la discusión política abierta tras la cadena nacional de Milei, en la que el Gobierno buscó instalar una nueva agenda en torno a Malvinas y la presencia argentina en el sur del país.

El oficialismo de La Libertad Avanza en el Senado convocó a continuar con la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales que está tratando la Reforma Política con la que el Gobierno busca eliminar o suspender las PASO. El encuentro anterior había sido pausado a través de un cuarto intermedio y se reanudará el martes 15 de septiembre a las 15.30 horas.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Comisión, el senador fueguino de La Libertad Avanza, Agustín Coto, que emitió esta tarde una comunicación a los senadores para invitarlos a la continuación del cuarto intermedio. La fecha de la nueva cita se corresponde con lo que había acordado la Mesa Política este martes, cuando acordaron reanudar las negociaciones formales por la iniciativa que impulsa el oficialismo, denominada formalmente como Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral.

La convocatoria a comisión no implica necesariamente que La Libertad Avanza consiga dictamen ese mismo día. “Vamos a continuar el tratamiento. Se supone que el llamado de acá a las próximas dos semanas va a hacer que en ese interín se puedan seguir negociando aspectos para mejorar nuestra posición”, consignó una importante fuente del oficialismo.

Karina Milei presidió este martes una nueva reunión de la mesa política del Ejecutivo en Casa Rosada, donde la reforma electoral acaparó el debate central junto con otros proyectos de la agenda legislativa. El encuentro de poco más de dos horas marcó el inicio formal de la estrategia para avanzar con los cambios antes de fin de año.

Según una fuente que participó del encuentro, el círculo íntimo del Gobierno definió impulsar el tratamiento de la reforma electoral en la Cámara de Senadores a partir del 15 de septiembre, en una reunión de comisión. La fecha coincide con la presentación del Presupuesto 2027 ante la Cámara de Diputados. No obstante, otra fuente de Balcarce 50 dejó abierta la posibilidad de que el debate se anticipe: “Quizás arranca antes”, deslizó.

La propuesta abarca la eliminación de las elecciones PASO, un punto que el Gobierno considera estratégico de cara a los comicios de 2027. En Balcarce 50 entienden que prescindir de esas primarias le quitaría al peronismo una herramienta para ordenar su interna. El proyecto también contempla la incorporación de la Ficha Limpia y modificaciones al sistema de financiamiento de los partidos políticos.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, había anticipado días atrás el regreso de la iniciativa al Congreso y ratificó el alcance de los cambios que busca impulsar el Poder Ejecutivo. “Vamos a discutir toda la cantidad de partidos políticos, cómo se va a afiliar, qué va a ser digital. Queremos terminar con los partidos truchos, no usar tanto dinero público, no usar tantos espacios cedidos que terminan siendo un desastre porque no los ve nadie”, detalló la legisladora, en declaraciones recogidas por Infobae.

Además de la reforma electoral, los asistentes al encuentro abordaron la estrategia frente a una convocatoria impulsada por la oposición en Diputados para el 9 de septiembre, que pone sobre la mesa dos temas sensibles para la gestión: la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y los niveles récord de mora en el endeudamiento familiar. Una fuente cercana al despacho presidencial restó importancia a los movimientos opositores: “Eso es humo”, resumió.

La convocatoria se da después de una semana con ciertos reveses para el Gobierno. El dictamen del Súper RIGI naufragó este miércoles en el Senado antes de llegar a plasmarse en papel. Senadores aliados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el peronismo disidente bloquearon la firma del despacho al exigir una protección más amplia para los insumos nacionales, en un traspié que dejó expuesta la fragilidad de la coalición legislativa que sostiene al oficialismo.

Los legisladores Maximiliano Abad (UCR, Buenos Aires), Carlos Espínola (peronismo no kirchnerista, Corrientes) y Martín Goerling (PRO, Misiones) fueron los protagonistas del freno. Los tres reclaman ampliar el alcance del concepto “precio/calidad” para que el régimen no favorezca automáticamente a los proveedores extranjeros por sobre los locales. Además, proponen que una oferta nacional se considere competitiva cuando su precio no supere en más de un 15% el valor comparable de la oferta de origen extranjero, siempre que cumpla condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega.

Sin luz verde del Ejecutivo para aceptar los cambios adicionales, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, solo convalidó dos modificaciones que ya venían anticipadas: el beneficio del 20% a favor de bienes de producción local y la exigencia de que las inversiones superiores a 1.000 millones de dólares garanticen capacidad de conexión al sistema eléctrico y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima sin comprometer la seguridad energética.

Ante la resistencia de sus propios aliados, Bullrich fue tajante frente a la prensa acreditada en el Congreso: “Si tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”, advirtió, en referencia al régimen de incentivos ya vigente.

Javier Milei dejó para el final de su cadena nacional sobre las Islas Malvinas una definición poco habitual para un Presidente que hizo de la confrontación una de las herramientas centrales de su construcción política. Propuso una pausa. No una tregua general con sus adversarios ni el abandono de las diferencias que mantiene con ellos, sino una excepción alrededor de una causa que, según sostuvo, debe quedar por encima de las disputas partidarias.

“Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa”, afirmó Milei.

Y completó: “Demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo, como nación y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”.

La delimitación importa. Milei no anunció el comienzo de una etapa de convivencia política ni existen hasta ahora indicios de que pretenda abandonar la confrontación con el kirchnerismo, el peronismo o el resto de la oposición. El propio Presidente enumeró los asuntos sobre los que esa disputa puede continuar.

Lo que propuso fue hacer una excepción con Malvinas.

Y allí reside buena parte de la densidad política del movimiento.

Una causa transversal

El Presidente eligió uno de los pocos asuntos capaces de atravesar las preferencias electorales para convocar a sus adversarios y, al mismo tiempo, intentar recuperar algo que el Gobierno había perdido en las últimas semanas: capacidad para tomar la iniciativa, instalar una discusión propia y colocar al jefe de Estado en una agenda que excediera la pelea política cotidiana.

No es necesario atribuirle a Malvinas una utilización partidaria para advertir esa dimensión. El reclamo de soberanía antecede largamente al actual gobierno y está incorporado a la Constitución como un objetivo “permanente e irrenunciable” del pueblo argentino. Lo novedoso fue el lugar que Milei decidió otorgarle en un momento determinado de su Presidencia y la manera en que eligió interpelar alrededor de esa causa a una oposición con la que mantiene una disputa prácticamente permanente.

Hay un dato que ayuda a comprender el terreno sobre el que hizo esa convocatoria.

Una encuesta nacional realizada por Aresco en julio pasado muestra que Malvinas conserva niveles de consenso difíciles de encontrar en cualquier otra discusión pública argentina.

La medición se hizo, además, en un contexto particular: en medio del fervor que generó el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial disputado en Estados Unidos y después de la aparición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”. Ese clima debe ser considerado al interpretar los números, aunque la transversalidad política de las respuestas sigue siendo significativa.

Ante una de las preguntas, el 81,4% respondió que la Argentina debía continuar reclamando la soberanía sobre las islas. El 10,2% sostuvo que no debía hacerlo y el 8,5% no tomó posición.

Una segunda pregunta introdujo una distinción más exigente. El 51,5% consideró que había que seguir reclamando y creía que la cuestión terminaría resolviéndose. Otro 39,3% sostuvo que la Argentina debía perseverar aunque no creyera que fuera a obtener una solución. Apenas el 3,7% respondió que no debía continuar el reclamo y el 5,5% dijo no saber. Las dos respuestas favorables a mantener la reivindicación sumaron así 90,8%.

Pero quizás el dato políticamente más relevante aparezca cuando las respuestas se cruzan con el voto presidencial de 2023.

Entre quienes habían elegido a Sergio Massa, las dos posiciones favorables a continuar el reclamo alcanzaron el 94,8%. Entre los electores agrupados por Aresco como LLA+JxC sumaron 90,8%. Y entre quienes habían votado otras opciones llegaron al 97,8%.

“Es absolutamente transversal”, explicó a Infobae Federico Aurelio, director de Aresco, antes de que se conociera el contenido de la cadena nacional. “El hecho de reclamar es aprobado por todos”, agregó.

La secuencia temporal es importante. La encuesta fue realizada antes de los anuncios de Milei y, por lo tanto, no mide respaldo al Presidente ni a las herramientas que propuso. Tampoco permite afirmar que quienes apoyan la soberanía argentina sobre las islas acompañarán la estrategia concreta del Gobierno.

Lo que muestra es algo diferente y políticamente relevante: el consenso existía antes de la intervención presidencial.

Milei eligió hablar desde allí.

Una iniciativa en varias dimensiones

La cadena llegó después de semanas en las que el Gobierno había perdido parte de aquella capacidad para sorprender, instalar discusiones y ordenar la agenda que mostró particularmente durante otros momentos de su gestión.

Esta vez, Milei produjo el acontecimiento.

Y no eligió para hacerlo la economía, la batalla cultural, la seguridad o alguna de las reformas estructurales que dividen al oficialismo y sus adversarios. Eligió una cuestión de soberanía y utilizó para presentarla una escenografía inequívocamente presidencial: cadena nacional, Gabinete completo y una discusión sobre defensa, política exterior, recursos naturales y estrategia de largo plazo.

Por eso la convocatoria a la oposición fue solamente una de las dimensiones del movimiento.

Otra, posiblemente más sustantiva en términos estratégicos, fue la decisión de proyectar Malvinas hacia el futuro.

“Malvinas es el futuro. No es solamente una cuestión de nuestro pasado”, dijo Milei.

La frase permite entender el lugar que ocupó en el discurso la Base Naval Integrada de Ushuaia.

El proyecto no nació con esta cadena ni con el actual Gobierno. Sus características surgen de planes que se vienen discutiendo desde hace años dentro de la Armada, el Ministerio de Defensa y otras áreas del Estado. Pero Milei decidió incorporarlo a su planteo sobre soberanía y acelerar su desarrollo como una pieza para reforzar la presencia argentina en el extremo sur.

Y agregó una dimensión particularmente relevante: la Antártida.

Ushuaia no aparece solamente como una instalación vinculada con Malvinas. Su ubicación y las capacidades proyectadas permiten pensarla como plataforma logística para la presencia argentina en el continente blanco y como parte de una arquitectura más amplia que conecta el Atlántico Sur, los recursos naturales, las rutas marítimas, las capacidades navales y la proyección antártica.

Eso le otorga otra perspectiva al concepto presidencial de que Malvinas no pertenece únicamente al pasado.

El reclamo histórico se inserta así en una discusión sobre poder futuro.

Y es precisamente en ese punto donde aparece otra capa decisiva de la cadena: Donald Trump.

Trump y la oportunidad internacional

El movimiento de Milei se produjo en un momento particularmente singular en la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Trump es el principal aliado internacional del Presidente argentino. Desde su llegada al poder, Milei definió la pertenencia de la Argentina a Occidente y el alineamiento con Estados Unidos como dos pilares de su política exterior.

Pero en los días inmediatamente anteriores a la cadena, fue el propio Trump quien introdujo incertidumbre en torno a un vínculo históricamente determinante para la cuestión Malvinas: la relación especial entre Washington y Londres.

Consultado sobre las islas, Trump había dicho que “siempre” revisaba cada posición. Y, horas antes del mensaje de Milei, volvió a ser interrogado durante una entrevista con la televisión británica sobre qué haría Estados Unidos ante una eventual disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

El presidente estadounidense no comprometió un respaldo a Londres.

En cambio, después de recordar la guerra de 1982, utilizó la pregunta para expresar su decepción con el gobierno británico por no haber acompañado militarmente a Estados Unidos en el conflicto con Irán. Cuestionó incluso las capacidades militares británicas y relató que había reclamado colaboración naval sin obtenerla.

La precisión es indispensable: Estados Unidos no modificó formalmente su posición sobre Malvinas.

Pero la novedad política existe. Trump decidió introducir públicamente una cuota de incertidumbre sobre el respaldo de Washington a Londres y lo hizo mientras exteriorizaba su malestar con los británicos.

Ese telón de fondo permite observar la cadena de Milei desde otra perspectiva.

El Presidente argentino no presentó el reclamo de soberanía como incompatible con su alineamiento con Estados Unidos. Hizo exactamente lo contrario: intentó sostener una posición más firme frente a Londres desde su alianza estratégica con Washington.

La combinación tiene relevancia histórica y política.

En diferentes períodos, sectores de la política argentina asociaron el reclamo de Malvinas con una posición de confrontación hacia Estados Unidos o, más ampliamente, hacia las potencias occidentales. La arquitectura de Milei es diferente: pertenencia a Occidente, relación privilegiada con Washington y reivindicación de soberanía frente al Reino Unido.

Y decidió avanzar sobre esa construcción justo cuando Trump exhibía públicamente sus diferencias con Londres.

La secuencia elegida por Milei en la cadena resulta reveladora.

“Les pedimos a quienes son amigos de la Argentina que no miren para otro lado cuando se vulnera nuestra soberanía y se llevan nuestros recursos”, sostuvo.

Después se dirigió “a todos los argentinos, y en especial a la política” para reclamar la pausa.

Primero pidió acompañamiento hacia afuera. Después convocó a la unidad hacia adentro.

El objetivo es relevante también desde la perspectiva diplomática. La Argentina no sólo pretende sostener internacionalmente que el reclamo de soberanía constituye una política permanente del Estado. Milei buscó mostrar que esa reivindicación puede conservar un respaldo doméstico que excede largamente a La Libertad Avanza.

Los datos de Aresco ayudan a dimensionarlo.

De la convocatoria a la política real

La primera prueba llegará ahora al Congreso.

El Gobierno enviará con carácter urgente su proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Entre otras disposiciones, la iniciativa busca endurecer las consecuencias para las compañías vinculadas con operaciones no autorizadas por la Argentina en las islas, extender las sanciones a proveedores e incorporar nuevas herramientas frente a actividades que afecten los recursos naturales.

Allí la convocatoria a la “unidad por Malvinas” deberá abandonar el terreno de los discursos y enfrentarse con la política concreta.

La oposición puede respaldar la reivindicación argentina y, al mismo tiempo, discutir las herramientas elegidas por el Gobierno. Puede reclamar modificaciones, cuestionar determinados artículos o plantear una estrategia diferente sin que ninguna de esas posiciones implique abandonar el reclamo de soberanía.

De hecho, esa será una de las primeras consecuencias de la pausa propuesta por Milei.

Si Malvinas está por encima de los partidos, como afirmó el Presidente, el oficialismo no puede confundir unidad con adhesión automática a sus iniciativas.

Una política de Estado exige una lógica diferente: escuchar, negociar, incorporar posiciones y, eventualmente, modificar instrumentos para construir acuerdos capaces de sobrevivir a los gobiernos que los impulsan.

Por eso la prueba será también para Milei.

El Presidente propuso convocar a sus adversarios alrededor de una causa que los datos muestran como extraordinariamente transversal. Ahora deberá demostrar hasta dónde está dispuesto a aplicar la lógica de esa convocatoria cuando comience la negociación parlamentaria.

Un paréntesis, no una tregua

Milei pidió una pausa, no una tregua.

Acotó cuidadosamente la excepción a Malvinas. Nada indica que la confrontación vaya a desaparecer de su relación con el kirchnerismo, el peronismo y el resto de sus adversarios. Probablemente continúe ocupando buena parte de la política argentina.

Pero precisamente por eso el paréntesis adquiere significado.

El Presidente eligió una causa que atraviesa prácticamente todas las preferencias electorales para suspender alrededor de ella una lógica que mantiene en casi todos los demás terrenos. Lo hizo, además, en un momento en que el Gobierno necesitaba recuperar iniciativa; cuando Trump introdujo una inesperada incertidumbre en la relación de Washington con Londres; y acompañado por una concepción estratégica que vincula Malvinas con los recursos del Atlántico Sur, Ushuaia y la proyección argentina hacia la Antártida.

Nada garantiza que el efecto sea duradero.

Las declaraciones de Trump pueden no convertirse en una modificación de la política estadounidense. La Base Naval Integrada de Ushuaia todavía debe transformar años de proyectos y demoras en una obra concreta. Y el amplio respaldo social a la reivindicación de soberanía puede fragmentarse cuando la discusión deje de ser Malvinas en abstracto y pase a concentrarse en las herramientas específicas propuestas por el Gobierno.

Pero la cadena dejó una novedad política.

Milei no suspendió la confrontación con la oposición. Propuso hacer una excepción con Malvinas.

Ahora comienza la parte más difícil.

El Presidente deberá demostrar en el Congreso si la unidad que reclamó admite negociación. La oposición deberá resolver cómo administrar sus diferencias con Milei frente a una causa que sus propios votantes respaldan abrumadoramente. Y el Gobierno tendrá que comprobar si puede transformar una iniciativa política en una estrategia de Estado que sobreviva a la coyuntura.

La cadena no inauguró una tregua entre Milei y la oposición. Abrió, por Malvinas, la posibilidad de un paréntesis en la confrontación.