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Los artículos que apuntan contra la Justicia Laboral pusieron en alerta a los jueces y sumaron tensión al debate de la reforma

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El proyecto de reforma laboral que envió al Senado el presidente Javier Milei apenas regresó del viaje a Oslo encontró una sorpresiva y pública resistencia, por fuera de la previsible oposición del sindicalismo, el peronismo y la izquierda. La principal agrupación de jueces emitió una declaración de rechazo a un artículo que propuso la “progresiva disolución” de la Justicia Nacional del Trabajo.

El extenso proyecto de 196 artículos que moderniza la legislación y las relaciones de trabajo en la Argentina ingresó el jueves al Senado y tendrá a partir del lunes una intensa actividad, con la conformación de comisiones para iniciar el debate. El objetivo del Gobierno es que la Cámara alta lo pueda discutir y dar media sanción antes de fin de año.

Pero la inclusión de dos artículos sumó un actor a la compleja negociación que se avecina: el de los jueces. La polémica -que tuvo el rechazo explícito de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional- se basa en los artículos 90, que limitan la discrecionalidad de los fallos, y 91, que propone la eliminación futura de la Justicia Nacional Laboral. El propio presidente Milei apuntó en varias oportunidades contra esos jueces en los dos primeros años de gestión.

¿Qué dicen esos dos ítems?

“ARTÍCULO 90.- Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones.

ARTÍCULO 91.- Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos“.

Este último párrafo fue el que generó el rechazo de los jueces. “La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechaza de manera categórica las pretendidas modificaciones que contiene el proyecto de Ley de Modernización Laboral (…) tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo.

“Resulta inadmisible la redacción de los arts. 90 y 91 y de todos aquellos allí propuestos que impliquen atentar contra la vida del fuero nacional citado. Por tanto, instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales”, continuó.

Y concluyó el comunicado firmado por el presidente de la asociación, el juez Andrés Fabián Basso: “Mantenemos el estado de alerta permanente mientras avanzamos en el estudio minucioso de las acciones a adoptar y la comunicación fluida con los miembros de nuestra Institución”.

La industria del juicio y el traspaso a CABA

El objetivo del Gobierno, según explicaron en la Casa Rosada, es acelerar el proceso de transferencia de esos juzgados, donde detectaron una serie de fallos polémicos que complican la sustentabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas. En el Ejecutivo pusieron el caso del restorán al que le impusieron una indemnización de 250 millones de pesos por un mozo que se consideró despedido, como ejemplo de fallos antiempresas.

Los jueces del fuero laboral nacional enfrentan un escenario complicado, tanto por los cuestionamientos a sentencias abusivas, como por un proceso de transferencia que viene encarando la ciudad de Buenos Aires y que tiene previsto absorber de manera total.

Ese proceso tuvo reparos de la propia Justicia Nacional, que ordenó paralizar todos los preparativos. Con el proyecto, la Casa Rosada espera que el Congreso Nacional apruebe la ley para reforzar el traspaso.

Sin embargo, se expone a que, como ocurrió con el capítulo laboral de la Ley Bases, la Justicia declare inconstitucional su contenido y complique su aplicación. Por eso, la declaración de la Asociación de Magistrados fue observada con preocupación en el oficialismo. ¿Es un anticipo de otro fallo similar que hará impracticable su aplicación?

De todos modos, la inclusión de esos artículos fue recibida de manera positiva por el Gobierno y la Justicia de la Ciudad, que vienen avanzando desde el año pasado con la conformación de un nuevo fuero laboral, que reemplazará la mayoría de los juzgados nacionales. De hecho, ya está en marcha el concurso para seleccionar 10 jueces, dos camaristas y fiscales, tras la aprobación de un Código de Procedimientos para regir en la Capital Federal.

Una calificada fuente de la administración de Jorge Macri, en diálogo con Infobae, calificó como “muy auspicioso el artículo” que respalda el proceso de transferencia de la Justicia Laboral de Nación a Ciudad. “No hace más que reflejar el compromiso de cumplir con la letra de la Constitución en torno a consolidar la autonomía porteña y terminar de transferir aquellas competencias aún pendientes, entre ellas las judiciales”, afirmó en diálogo con este medio.

Además, recordó que “desde principio de año estamos transitando una comisión de transferencias de competencias judiciales integrada por Nación y Ciudad donde estamos escuchando a todos los actores, tanto la Justicia ordinaria nacional y porteña, como también las diversas asociaciones, con el fin de avanzar en convenios de transferencias de competencias judiciales”.

“La Ciudad de Buenos Aires, en lo laboral, ya está preparada para recibir esas competencias. En diciembre del año pasado pusimos en funcionamiento el fuero local para conflictos individuales con prestación efectiva del trabajo en la CABA, sancionamos el Código de Procedimientos Laboral y avanzamos con los concursos, que hoy en etapa de revisión de exámenes”, abundaron las fuentes.

Más allá del compromiso del gobierno de Milei de avanzar con la reforma laboral y desarticular ese tribunal -donde muchos de los jueces fueron ubicados a propuesta de sectores ligados a la CGT- el debate quedará en manos del Congreso, donde La Libertad Avanza deberá conseguir el apoyo de al menos 15 senadores más de los 21 propios y de 25 diputados a los más de 110 que orbitan cercanos al oficialismo.

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El Gobierno encara la última semana legislativa con agenda inconclusa y dudas por el temario de extraordinarias

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El Congreso de la Nación entrará en su última semana de sesiones ordinarias con un temario muy amplio y con una actividad pocas veces vista en el Palacio Legislativo.

Por el lado de Diputados, el temario se complicó luego de que la semana pasada el oficialismo no consiguiera el quórum necesario. Sin la sesión del miércoles pasado, el cronograma de la Cámara baja hace que ya queden, por lo menos, dos proyectos de ley de interés para la Casa Rosada que deberán esperar el decreto de llamado a sesiones extraordinarias para diciembre.

La ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida popularmente como ley Malvinas, es un proyecto que se impulsa desde el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo. En los pasillos del Congreso se lo asocia a quien supo ser uno de los vértices del ya desaparecido triángulo de hierro presidencial. Además, forma parte fundamental de la estrategia gubernamental para intentar frenar el avance petrolero en Malvinas y, en paralelo, restringir el ingreso de capitales chinos en sectores críticos como energía, minería y telecomunicaciones.

La otra norma que también deberá esperar el llamado a extraordinarias es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Aunque se trata de una votación que en principio resultaría “simple” —ya que el proyecto ya pasó por Diputados, fue aprobado por amplia mayoría y volvió con cambios desde el Senado, donde obtuvo dos tercios, lo que facilita la votación en Diputados—, no habría margen suficiente para ingresarlo al recinto esta última semana.

Por último, queda el traspaso de la justicia en lo Criminal y Correccional de Menores de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta ahora los diputados tienen aviso de que la última sesión del período ordinario se realizará el próximo jueves, con la idea de tratar el Presupuesto 2027. Teniendo en cuenta la extensión que suele tener el debate de la ley marco de la administración nacional, es poco probable que se incorpore otro punto al temario.

En el Senado las cosas tampoco están mejor. La semana próxima los legisladores tendrán 48 horas de intensa actividad.

El miércoles a la mañana, a las 10, se citó a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales, con la intención de debatir y, en lo posible, dictaminar la ley de ludopatía que llegó en revisión de Diputados.

Ese debate deberá concluir alrededor de las 14, porque está previsto que a partir de las 15 comience la exposición de Diego Santilli en lo que será su primera presentación del informe de gestión en su rol de jefe de Gabinete.

Para el jueves está prevista otra sesión en la Cámara Alta, en la que ingresará el proyecto de ley de ludopatía y varios otros proyectos con dictamen a los que los senadores acordaron darles sanción —o media sanción— para que no pierdan estado parlamentario.

Pero el debate principal será la reforma de la ley electoral, en la que el oficialismo llega con un único objetivo: suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y poner en marcha Ficha Limpia. En el oficialismo confían en conseguir los votos necesarios, pero, como dijo a Infobae una senadora libertaria, “el diablo está en los detalles”, por lo que trabajarán en la previa para no sufrir ningún tipo de contratiempo.

“Queda una semana de mucha rosca para poder lograr alguno de los objetivos. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es el de suspender las PASO. Veremos cómo se mueven ellos y, a partir de ahí, terminaremos de organizar la estrategia para llegar al recinto con votos de sobra”, agregó.

Quedan cuatro días de sesiones ordinarias. Después, habrá que esperar el decreto del Ejecutivo que llame a sesiones extraordinarias y que establezca el temario que la Casa Rosada buscará tener aprobado para el 30 de diciembre.

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A una semana del fallo del Tribunal del Mar, Quirno volvió a reclamar que se frene el proyecto Sea Lion en Malvinas

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A una semana de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) dé a conocer su resolución sobre el reclamo contra el Reino Unido, el canciller Pablo Quirno reiteró el reclamo contra las empresas extranjeras que encabezan el proyecto Sea Lion, que busca explotar el petróleo de las Islas Malvinas.

“Estamos hoy ante una intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, sostuvo el canciller. Por esto, explicó que la Argentina decidió llevar el planteo ante el tribunal internacional con sede en la ciudad de Hamburgo, en Alemania.

La presentación no solo se trató de un pedido de intercesión, ya que las autoridades argentinas solicitaron una medida previa para que se detenga el avance del proyecto petrolero. “Nosotros hemos pedido que paren esta explotación antes de que se haga el arbitraje”, apuntó.

De esta manera, el canciller precisó que esperaba una decisión para el próximo sábado 28 de noviembre, fecha en la que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene previsto comunicar su orden sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.

Además del cese de la explotación petrolera, la Argentina también pidió que el Reino Unido se abstenga de otorgar permisos en el área, que preserve la información obtenida durante la exploración y que proteja el medio marino. La solicitud fundamentó que la extracción de crudo puede generar un perjuicio irreversible al considerarse que se trata de un territorio que se mantiene en disputa por su soberanía.

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Semana clave: Karina Milei volvió a convocar a la Mesa Política y se definen los proyectos que va a priorizar la Casa Rosada

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Karina Milei volvió a convocar a la Mesa Política del Gobierno para el martes 24 de noviembre a las 13 en la Casa Rosada, con el objetivo de cerrar la estrategia política en términos legislativos antes de que el período ordinario del Congreso venza y se defina el llamado a sesiones extraordinarias en los próximos días. Será la segunda reunión en siete días, tras casi un mes sin encuentros.

La cumbre deberá definir el quórum para tratar el Presupuesto 2027 en Diputados, los votos para suspender las PASO en el Senado y las negociaciones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá con los gobernadores mientras presenta su primer informe de gestión ante la Cámara alta.

La reunión volverá a realizarse en el horario habitual de las 13, luego de que el encuentro del martes 17 se adelantara a las 11. Aquella cita duró una hora y media y fue la primera desde principios de mes.

Además de Karina y Santilli, en la mesa participan el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

El cierre legislativo antes del 30 de noviembre

Santilli debutará el miércoles 25, desde las 15, en el Senado con su primer informe como jefe de Gabinete. La oposición ya envió más de 1.600 preguntas y el oficialismo prevé que la sesión pueda extenderse durante más de seis horas.

En Diputados, La Libertad Avanza busca llevar al recinto el Presupuesto 2027, que obtuvo dictamen de mayoría el martes 17. La sesión está prevista para el miércoles 25, aunque en el Congreso evalúan postergarla hasta el jueves 26 porque se va a insistir en el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La aprobación definitiva de esa iniciativa quedaría para diciembre, durante las sesiones extraordinarias. Antes de esa discusión, Martín Menem deberá resolver la designación de la cuarta representante de la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura.

Provincias Unidas promueve al diputado Juan Brügge, mientras que el PRO impulsa a Florencia de Sensi. La falta de consenso impidió reunir quórum el miércoles 18 y frustró una sesión que debía abordar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El principal debate de la semana llegará el jueves 26 en el Senado, con el proyecto que suspende las PASO para 2027. El oficialismo sostiene que cuenta con 40 votos, aunque todavía no consiguió cerrar el dictamen.

Los dos senadores de Provincias Unidas y tres representantes radicales firmaron en disidencia. Para acercar posiciones, la versión negociada retiró las listas colectoras, que habían generado resistencia entre los aliados.

Ese mismo día existe una moción de preferencia para tratar el proyecto de prevención de la ludopatía. La Cámara alta viene de aprobar por unanimidad el régimen permanente de discapacidad, además de sancionar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada por 42 votos contra 26, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes por 47 a 22 y la Ley Joaquín.

Los votos para las PASO y las tensiones internas

La última reunión política estuvo centrada en el recuento de respaldos para la reforma electoral. El oficialismo reconoció entonces que aún no reunía los votos necesarios en el Senado y no logró avanzar con el dictamen.

El comunicado oficial indicó que continuarían las conversaciones sobre la iniciativa y que se recibirían propuestas y modificaciones de los distintos bloques. En paralelo, el PRO anunció que acompañará la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de parlamentarios del Mercosur, aunque condicionó ese respaldo al avance de Ficha Limpia.

Patricia Bullrich confirmó que votará la suspensión de las primarias. La mesa del 17 también definió enviar al Congreso el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.

La cita previa se había realizado después de una pausa de casi un mes. Karina Milei suspendió el encuentro previsto para el 3 de noviembre tras la ausencia de Bullrich en una reunión de Gabinete, mientras que la visita del papa León XIV dejó sin actividad la agenda de la semana siguiente.

La imagen de unidad de la última cumbre no eliminó las diferencias entre sectores del Gobierno, aunque creen que los diversos acuerdos legislativos logrados esta última semana ayudaron a limar algunas asperezas. “Creo que el Gobierno venía en un letargo hasta la llegada del Papa con temas que no avanzaban. Creo que después, no sin algunos contratiempos, salimos adelante”, afirma uno de los miembros de la Mesa en diálogo con Infobae.

En el Ejecutivo descartan una ruptura. Bullrich sigue siendo una figura necesaria para reunir apoyos en la Cámara alta, donde el Gobierno necesita cada voto para aprobar la suspensión de las PASO.

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