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Los debates internos por la estrategia de las reformas y el trasfondo del último cortocircuito entre Milei y Lula

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“Si no quieren entrar, solo avísenme, porque tengo 25 personas que no están aquí y que están dispuestos a reemplazarlos”. Frente a casi una decena de cámaras, Donald Trump presionó el viernes a varios ejecutivos de compañías petroleras para que inviertan de manera inmediata en Venezuela. La mayoría de ellos no se comprometió de inmediato. Según relató una crónica del WSJ, cuando la reunión pasó a ser privada, uno de ellos alegó: “Nos han confiscado nuestros bienes allí dos veces. Imagínense volver a entrar una tercera vez. Requeriría cambios bastante significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente y a lo que es ahora”.
Aunque con las respectivas diferencias del caso, el que hace tiempo hizo ese razonamiento para el caso argentino fue el mismo gobierno de Milei. O al menos de manera retórica. “Las reformas van a salir sea de la manera que sea. Con artículos que muestren mayor profundidad o menos. Pero tenemos que dar el gesto de que acá pasan cosas y que es un cambio con pretensiones disruptivas”, afirma un miembro del entorno presidencial a Infobae.
En ese sentido, después del período vacacional de varios altos integrantes del oficialismo, la Casa Rosada está comenzando a calentar motores para movilizar las diversas reformas que se pondrán a debatir en el Congreso en el próximo llamado a sesiones extraordinarias, el cual irá del 2 de febrero hasta finales de mes.
En un escenario optimista, el Gobierno apunta a sancionar la reforma laboral antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1 de marzo. Aun así, admiten que son estimaciones hechas “en el aire”, porque todavía no se adoptó una estrategia política clara sobre cómo proceder respecto a las concesiones o no del proyecto.

En el Senado, particularmente en las filas que responden a Patricia Bullrich, hicieron trascender que la intención es mantener el texto como entró al Congreso. O cuanto menos, hacerle la menor cantidad de cambios posibles. “Lo que dice es cierto. Por ahora estamos así. Queda un tiempo para que arranquen las extraordinarias. Y decir desde ahora que estamos dispuestos a modificar el texto, nos deja medio regalados”, explican una fuente gubernamental.
A pesar de que mermó su agenda, Bullrich no dejó de estar activa. Días atrás mantuvo un encuentro con Milei, quien la recibió vestido con su mameluco de YPF en la Quinta de Olivos. El jueves también se la vio entrar y salir rápidamente de la Casa Rosada. Más específicamente al despacho del asesor presidencial Santiago Caputo. No se quedó mucho tiempo porque la tumultuosa agenda vinculada a Venezuela impidió realizar la audiencia que tenía prevista para afinar la estrategia respecto a la reforma del Código Penal. Es muy probable que ese encuentro frustrado se realice al comienzo el lunes o el martes.

Caputo forma parte del ala del Gobierno que mayor cantidad de terminales y diálogos tiene con los sindicatos. También dicen estar dispuestos al diálogo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que durante la semana pasada recibió al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Claudio Stivelman, un área que oficia de control de las obras sociales sindicales, entre otras entidades sanitarias. La reunión, sin embargo, no habría tenido que ver con asuntos ligados los gremios.

Pese a los enfrentamientos palaciegos que mantuvieron en 2025, caputistas y menemistas habían coincidido a finales de diciembre en la necesidad de parar la pelota y negociar con mayor margen todo el articulado de la reforma laboral. Tal y como publicó Infobae, el Gobierno se resistirá a modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleados sean agentes de retención de la cuota de afiliación. Sí están abiertos a liberar las cuotas solidarias y eliminar los artículos que limitan el pago de estos aportes, a suavizar la reglamentación del derecho de huelga y, como mínimo, a debatir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Hay miembros del Gabinete que consideran seriamente no habilitar diálogos en ese sentido. “No debería haber demasiada charla porque nosotros no estamos haciendo una reforma anti-sindicatos: estamos haciendo una reforma pro-generación de empleo”, afirma uno de ellos, que agrega: “Lo que sea sindical y pueda hacerlos mierda a ellos, pero no necesariamente te generen trabajo, va a quedar para la reforma sindical y otras reformas más que van a venir durante el año”.
La estrategia política comenzó a delinearse de manera preliminar con la agenda de reuniones con gobernadores que comenzó a elaborar el ministro del Interior, Diego Santilli. Su primer viaje se dio días atrás al visitar a Ignacio Torres (Chubut) a los fines de escuchar sus reclamos y poder avanzar en las tratativas para conseguir los votos de las dos legisladoras que le responden, Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Andrea Cristina (PRO).

El lunes visitará a Leandro Zdero (Chaco), el martes recibirá en Casa Rosada a Sergio Ziliotto (La Pampa), el miércoles volverá al sur a recorrer las zonas damnificadas por los incendios junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el jueves viajará a ver a Alfredo Cornejo (Mendoza).

La jornada inaugural de las negociaciones políticas será el viernes. Allí comenzará a trabajar una comisión técnica en el Senado que tendrá a la abogada laboralista Josefina Tajes como principal asesora del Gobierno. Además, ese mismo día se reunirá en Casa Rosada la Mesa Política. En principio, el que la presidirá será el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Varios de los asistentes habituales de ese encuentro creían que los hermanos Milei no estarán porque para ese día tenían que irse a Jesús María, Córdoba, a presencial el Festival Nacional de Doma y Folklore.

En la mesa chica presidencial también planean definir cuánta prioridad le darán a otros de los proyectos que presuntamente serían incluidos en el segundo llamado a extraordinarias: aparecen como pendientes la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal (la cual prohíbe el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo, así como penas para funcionarios que incumplan estas reglas), el nuevo Código Penal y las modificaciones a la Ley de Glaciares. De todas ellas, la única que tiene chances concretas de salir en el cortísimo plazo es la última, ya que tiene la adhesión de diversos gobernadores y de bloques numerosos de ambas cámaras.

No hay que descartar que se inserte el inminente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en la agenda parlamentaria de febrero. Por el momento, altísimas autoridades del Congreso marcaron que todavía no se definió, pero que es algo plausible. El acuerdo pasará al Parlamento Europeo para su aprobación. Al mismo tiempo, los gobiernos de cada país del bloque latinoamericano debe comenzar el proceso de ratificación de acuerdo a sus procedimientos nacionales: en el caso argentino, aprobarlo por ambas cámaras del Congreso.

La firma del acuerdo se producirá el 17 de enero en Asunción. No participarán de la ceremonia los presidentes del Mercosur porque ya se acordó que la rúbrica será hecha por los cancilleres de cada uno de los Estados Miembro, Pablo Quirno (Argentina), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Mauro Vieira (Brasil) y Mario Lubetkin (Uruguay). “(Javier) Milei, (Santiago) Peña, Lula (da Silva) y (Yamandú) Orsi podrán ir si quieren, pero en todo caso será de manera testimonial”, marcó una fuente diplomática del bloque.
En Casa Rosada no afirmaron ni negaron que Milei tenga entre sus planes viajar ese sábado a la capital paraguaya. El presidente Peña es con quien primero forjó una alianza en la región y es con quien mejor se lleva dentro del Mercosur. Ese bloque de países virados al ámbito de la centroderecha y derecha se amplió a cerca de diez: a los dos anteriores se le suman Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

En caso de que vaya y de que también lo decida Lula, sería un nuevo encuentro presencial entre dos jefes de Estado que tienen un vínculo cada vez más tirante. Ayer trascendió que Brasil se retiró de la representación de la Embajada Argentina en Venezuela después de un año y medio de acudir en ayuda a pedido de la Casa Rosada.

En el Gobierno admitieron que no se esperaban esa decisión de Brasil. “Es un tema sensible”, se limitó a decir una fuente gubernamental. En el transcurso del jueves, Quirno recibió una nota diplomática de parte del embajador en Argentina, Julio Bitelli, en la que comunicaba que su administración se iba a retirar de la gestión de la Embajada, la Residencia Oficial y de la custodia de los locales de la misión argentina. Esa nota también fue enviada al régimen que ahora preside Delcy Rodríguez.

Hace una semana Infobae había adelantado el malestar de la administración de Lula da Silva por la posición argentina sobre el operativo de Estados Unidos en Venezuela y, en particular, por posteos de parte de Milei en la que se lo veía al presidente brasileño abrazando a Nicolás Maduro y una foto de un mapa de Sudamérica en la que se veía al bloque de países que suscribe Milei como “desarrollados” y a Brasil, Colombia y Venezuela como sitios en emergencia.

También molestó que los embajadores argentinos Carlos Cherniak (OEA) y Francisco Tropepi (ONU) no mencionaran las gestiones que Brasil realizó en asistencia de Argentina por el año y medio que tomó las riendas de la Embajada.

“Hubo mucha energía de Brasil. Tuvimos cinco refugiados que habían sido alojados por Argentina, asistimos en trámites consulares y gestiones para ciudadanos argentinos. Tuvimos que solucionar los problemas de luz y servicios que había en la Embajada. Con todo lo que sucedió recientemente, hubo la sensación de que nunca se dio importancia a esas tareas”, explicó una fuente de Brasilia a Infobae.

Otro funcionario marcó: “Con el cambio en Venezuela y las diferencias de posiciones entre ambas administraciones, sentimos que el ciclo se había terminado”. En Brasil busca comunicar que esperan que este clima actual con Argentina sea algo transitorio dado que “la agenda común es demasiado grande”.

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El Gobierno evalúa gestos para las provincias de cara al 2027 y creen que podría haber más alianzas

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El presidente Javier Milei debe hablar el 1 de marzo para dar las perspectivas de lo que será su administración este 2026, así como la dinámica legislativa que buscará imprimir. El oficialismo de La Libertad Avanza comenzó a ganar mayor peso político con el crecimiento de sus bloques en ambas cámaras, pero todavía no tiene un nivel de independencia que le permita movilizar sus proyectos de manera automática.

“Todo depende de cómo nos llevemos con la oposición dialoguista y, en particular, con las provincias”, sintetiza un importante miembro de la Casa Rosada. Es decir, la ambición reformista del Gobierno está condicionada a cuántos incentivos tengan para colaborar los espacios opositores. Cuando se mira con esa óptica, 2027 está mucho más cerca de lo que se piensa.

Milei hará énfasis este domingo en la necesidad de ampliar el espíritu reformista a los fines de dar la batalla cultural que permita “sepultar” el modelo anterior. En su entorno coinciden, pero, tal y como adelantó Infobaemarcan que la cantidad de proyectos que podrán impulsar son menores a lo que se espera.

Y es que varios gobernadores están mirando hasta cuándo más apoyar al oficialismo. “Esto es fácil. Va a ser más fácil dar el número y ser laxos en nuestros apoyos en la medida que La Libertad Avanza no avance con el armado en nuestros distritos”, dicen cerca de un jefe provincial que coquetea con el Gobierno.

Este medio recabó opiniones de tres importantes integrantes del Gobierno. En todas parece haber la noción de que, con las cartas que se tienen ahora, debe haber un mayor espacio para la negociación política con los gobernadores de cara al año próximo.

El año pasado había dos grandes posturas. Por un lado, el sector ligado a Santiago Caputo consideraba que debía haber más consensos con los oficialismos provinciales: La Libertad Avanza perdía posibles escaños en ese trade, pero ganaba fidelidad de parte de un gobernador. La lectura del campamento Menem y del karinismo puro era de más intransigencia: apostar por candidatos puros que sean 100 por ciento fieles en ambas cámaras del Congreso.

Ambos parecen estar dispuestos a ser más concesivos de cara al año próximo. Así, La Libertad Avanza tendría intenciones de hacer más alianzas con provincias de las que hizo en 2025.

En ese entonces, la conducción nacional del partido convalidó solo tres coaliciones electorales con gobernadores: en Chaco, con Leandro Zdero; en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio; y en Mendoza con Alfredo Cornejo. También hubo un pacto de caballeros en San Luis con Claudio Poggi, que no compitió con su sello en las nacionales a cambio de que LLA no se presentara en sus elecciones locales, donde el gobernador ganó por amplísimo margen.

“Hay gobernadores que nos están dando los gestos correctos. Por ahora no tenemos los incentivos para competir contra ellos. Si muestran colaboración podemos aliarnos”, afirmó una fuente inobjetable.

Tal y como le gusta decir al Presidente, las sesiones extraordinarias fueron el principio de revelación de las alianzas que pudo tejer para impulsar sus principales reformas. El salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil fueron los principales partícipes de la colaboración hacia el oficialismo: “sus legisladores apoyaron casi todas las reformas del Gobierno y, además, les dieron las órdenes a sus respectivos senadores para que abandonaran el bloque Convicción Federal para disminuir el poder del interbloque de Unión por la Patria”.

Esa sucesión de gestos cayó muy bien en la Casa Rosada: no sería raro que, de continuar este ida y vuelta entre Nación y provincias aliadas, más de un referente provincial de La Libertad Avanza pueda tener que esperar cuatro años más para aspirar a la gobernación. Aun así, queda mucho camino por recorrer.

Los libertarios también agradecieron los comportamientos del cacique misionero Carlos Rovira, jefe político del gobernador Hugo Passalacqua, que siempre se ha mostrado pragmático en su colaboración con los libertarios. El santacruceño Claudio Vidal ayudó en la reforma laboral, aunque eso no implica que en La Libertad Avanza sientan la necesidad de soltar el pie del acelerador y no armarle en su distrito. Lo mismo sucede con el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro: pese a que en las últimas semanas se generaron espacios de colaboración, el oficialismo les va a competir en 2027.

Pese a esto, quienes han negociado con varios de estos jefes provinciales han notado que, en los últimos días, han crecido las demandas de parte de estos legisladores. Es por eso que varios consideran que el vínculo podría ser insostenible a partir del segundo semestre.

Una importante voz de la Casa Rosada no se resigna y piensa que hay algún gobernador con margen para afiliarse a La Libertad Avanza. De no poder hacerse, continuarán dialogando como se hacía hasta ahora. “El consenso es un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. No tiene un valor per se. Y el fin es hacer de Argentina el país más libre del mundo. Si sirve para eso, son bienvenidos, y si no, estarán enfrente”, afirman.

Muy cerca del Presidente creen que el año próximo puede darse un excelente resultado siempre y cuando la economía muestre signos de recuperación y la oposición esté dispersa. En un escenario optimista, creen que pueden ganar en 16 provincias. El calendario electoral sigue sin definirse y en una gran cantidad de casos podría adelantarse para cuidar el pago propio.

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El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

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El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro propio. El eje principal de la norma es la baja de la edad punible para el sistema penal argentino.

Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.

“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, comenzó Patricia Bullrich.

Y agregó: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”.

“Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”, cerró la senadora.

Luego pidió un minuto de silencio por las víctimas e hizo parar a todo el bloque. El peronismo observó y Villarruel aclaró que ella no podía definir eso. Finalmente, todos se pusieron de pie y se hizo silencio.

El peronismo se opuso desde el inicio y, además de advertir que la ley se concentra en lo punitivo y no en la protección de las infancias, remarcó que los fondos presupuestados resultan insuficientes.

Según la norma, el presupuesto para un sistema que reduce la edad de 16 a 14 años destina $23.700 millones a las provincias.

Datos del Servicio Penitenciario Federal indican que el costo del metro cuadrado es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto previsto se podrían construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, cada provincia recibiría 308 metros cuadrados.

Frente a esos números, Jorge Capitanich del PJ señaló: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.

La respuesta llegó desde el bloque libertario, algunos con mayor énfasis, como Luis Juez, quien acusó al peronismo de “mentiroso. Solo con una fuerte cuota de ignorancia se puede opinar como opinan”.

“Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. Se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, agregó el cordobés que ahora integra LLA.

Parte de la postura peronista se reflejó en la intervención de la senadora Lucía Corpacci. El bloque estaba molesto porque había acordado con los libertarios no habilitar la presencia de familiares en las gradas. Sin embargo, el oficialismo permitió el ingreso de varios que se ubicaron en los palcos del primer piso.

“Somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y construyan una sociedad mejor. Debemos actuar con racionalidad y humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, sostuvo Corpacci.

Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, recorrió diferentes artículos para argumentar la inconstitucionalidad de la norma. El ex gobernador advirtió que el proyecto generará “litigiosidad”. “En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”.

El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo del senador Martín Soria, quien señaló: “A pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”.

Qué dice el proyecto

La ley crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a la edad. El texto establece la presunción favorable a la minoría de edad y que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.

El régimen introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes. El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el inicio y que las causas se tramiten en órganos y centros especializados. Se contempla la rápida intervención judicial y el derecho de los adolescentes a ser escuchados y que su familia participe activamente en el proceso.

El capítulo dedicado a las víctimas otorga un rol central a quienes resulten damnificados por delitos juveniles. El proyecto garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, y la participación en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.

El sistema de sanciones prevé un esquema progresivo y diversificado, que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de restricciones de circulación. La privación de libertad solo se aplicará en delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de los jóvenes respecto de los adultos.

En la etapa de ejecución de sanciones, el proyecto incorpora la figura del supervisor judicial especializado, responsable de acompañar y monitorear el proceso de reinserción. La libertad condicional solo podrá otorgarse con aval del Ministerio Público Fiscal y bajo condiciones precisas. También se incluyen respuestas específicas para problemáticas de salud mental y consumo problemático, con intervención de equipos interdisciplinarios.

La propuesta detalla estándares de alojamiento que prohíben la convivencia de adolescentes con adultos y garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual. Se prevé diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros, así como capacitación del personal a cargo.

En los casos de menores inimputables, el texto dispone intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil. Además, se estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.

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Arde el PJ: la alianza Pichetto-Moreno, la batalla ganada por los Kirchner y la avanzada de Kicillof en CABA

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“El peronismo tiene que perdonarse. Mirar el pasado y reflexionar que cualquier gobierno peronista es mucho mejor que este gobierno que nos está gobernando a los argentinos y nos está mandando a la miseria. Dejar de hablar del pasado, de los errores que hemos cometido, y empezar a mirar el presente y el futuro, y la necesidad de construir una propuesta junto al centro nacional para ganar las elecciones”.

El mensaje pertenece a Miguel Ángel Pichetto, el actual diputado nacional que forma parte de Provincias Unidas, donde convergen el peronismo cordobés y un sector del radicalismo. Un espacio con el que una parte del peronismo cree que se debe forjar una alianza electoral. El rionegrino fue un estandarte histórico del peronismo en el Senado y terminó protagonizando una disruptiva candidatura presidencial junto a Mauricio Macri. En los últimos meses volvió a mimetizarse con las bases del justicialismo, anudado a la figura de Guillermo Moreno.

El legislador y el ex secretario de Comercio hace tiempo que tienen sintonía fina. Si bien conviven con aspiraciones propias de cara al 2027, el objetivo central de sus apariciones políticas en conjunto tiene que ver con la necesidad de dinamizar la discusión del peronismo, inmerso en una tediosa disputa en la provincia de Buenos Aires, y atestado de dirigentes que quieren construir un proyecto nuevo pero no se mueven demasiado para impulsarlo.

Pichetto y Moreno trabajan en tándem para movilizar la construcción de una propuesta nueva justicialista. Claro está que ellos, como figuras, no expresan lo nuevo. Lo que hacen es empujar ese debate desde una terminal del peronismo. Levantan la mano, proponen que la discusión se expanda, reclaman que haya más compromisos de todos los sectores y advierten sobre la necesidad de levantar un esquema político más amplio para enfrentar a Milei. Para eso, creen, hay que saber perdonar. Menos acusaciones de traición y más abrazos de perdón. Como Cristina Kirchner y Sergio Massa hicieron en el 2019, antes de la creación del Frente de Todos.

El martes pasado Pichetto visitó a Cristina Kirchner. Fue un encuentro cálido en el que empezaron a saldar algunas heridas del pasado. Llevaban mucho tiempo sin verse. El rionegrino fue jefe de la bancada peronista en el Senado durante los dos primeros gobiernos kirchneristas. Un leal consciente de que la verticalidad del peronismo condiciona cualquier postura personal. Un crítico de las ideas más progresistas del kirchnerismo, que quiere trabajar de articulador de voluntades. Un rol que siempre le quedó cómodo.

“Ahora viene la etapa más fácil que es elegir un candidato. Solo nos falta que nos pongamos de acuerdo en elegir el hombre o la mujer que sea capaz de entender que es un proyecto colectivo, que tiene doctrina, que tiene un plan de gobierno. Tenemos que hacerlo entre todos”, dijo Moreno en el plenario que protagonizaron en el centro porteño. El ex secretario de Comercio asegura que el eje de la construcción tiene que ser “la producción y el trabajo”. Y es con todos adentro

Moreno asoció a Pichetto a la tarea de “volver a las bases peronistas”, como suele decir en sus actos. Ambos tienen una posición distante del armado de Axel Kicillof que, hasta ahora, es el principal precandidato que tiene el peronismo y el único que se mueve, decididamente, en esa dirección. El Gobernador tiene la intención de correrse de la interna bonaerense, pero los tironeos constantes con el cristinismo se lo impiden. Él también, por acción u omisión, a veces quiere jugar ese juego.

En las primeras horas del viernes Kicillof perdió una de las tantas batallas que dio contra La Cámpora. El sector de Cristina Kirchner se quedó con la vicepresidencia primera del Senado bonaerense. Pudo imponer al intendente, en uso de licencia, y actual senador por la primera sección electoral, Mario Ishii. Era un lugar que el kicillofismo no estaba dispuesto a negociar y que, después de una semana de conversaciones, terminó perdiendo.

El Gobernador quería que ese lugar fuera para la senadora de Bahía Blanca Ayelén Durán, pero no lo logró. Entendía que la línea sucesoria tenía que quedar en su poder. Sobre todo pensando en una eventual licencia si llega a ser candidato a presidente. Pero el cristinismo se plantó, peleó hasta el final, y le bloqueó esa posibilidad. “Cristina le dio la línea de sucesión a Macri y a Milei cuando fueron presidentes. Y ahora La Cámpora se la arrebató a Axel”, se quejó un dirigente de primera línea del kicillofismo. La diferencias son muchas. En lo máximo y en lo mínimo.

El esquema político del Gobernador jugó a fondo como sucedió en las discusiones por el PJ y el desdoblamiento. Pero esta vez se chocó con la derrota. O, visto desde otra óptica, con el triunfo de los Kirchner. El resultado abrió una hilera de reproches y acusaciones. En el kicillofismo aseguran que el cristinismo “rompió el acuerdo” de los lugares, ya que el vicepresidente primero anterior, Néstor Vivona, hombre de Leonardo Nardini, había tenido el aval de Kicillof. En el toma y daca, en La Plata dejan entrever que en esta vuelta no hubo una devolución de gentilezas.

“Hay un sector minoritario del MDF que siempre está buscando la ruptura e invalidando todo tipo de acuerdo. Siempre hablan de ganadores y perdedores”, indicaron en el entorno de la ex presidenta de la Nación. Los apuntados tienen nombre y apellido: Carlos Bianco y Andrés “Cuervo” Larroque. En el sector de CFK hay un enojo profundo con el Jefe de Gabinete bonaerense. Nunca lo quisieron demasiado, pero desde que aseguró que había que cumplir con los pedidos de Kicillof “sin chistar”, directamente pasó al grupo de los peores enemigos internos.

En paralelo a las batallas con el camporismo, Kicillof sigue sumando ladrillos a su construcción presidencial. Este sábado un conjunto de agrupaciones que están dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) realizarán un primer plenario en el barrio porteño de Flores, con el objetivo de centralizar y consolidar el armado del Gobernador en la Ciudad de Buenos Aires.

En la articulación de ese esquema político, que derivará en la presentación del MDF porteño en un lapso breve, está el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, amigo y hombre de extrema confianza de Kicillof. Costa creó una agrupación llamada Kilómetro 0 que, junto a Primero la Patria, liderada por el “Cuervo” Larroque, trabajan en la construcción del kicillofismo en la capital.

La idea que tienen es que para la presentación del MDF, Kicillof haga su desembarco oficial como precandidato presidencial en CABA. Ese cúmulo de agrupaciones tienen un plan paralelo e institucional. Quieren ganar terreno dentro del PJ Porteño para poder competir en las próximas elecciones, que se realizarán este año. “Hay que fortalecer las bases de quién va a ser el próximo presidente de la Argentina”, fue la sentencia anímica de una de las armadoras del esquema territorial en suelo porteño. La tribu axelista está decidida a avanzar con mayor decisión en el 2026.

El peronismo está en movimiento. Hay algunos acercamientos, unas cuantas grietas, divisiones marcadas y varios dirigentes que tratan de gestionar un debate interno que dé lugar a una nueva propuesta electoral. Sumas y restas. Casi todo el tiempo. Cuentas que se dan en un año donde el peronismo tiene que encontrar un camino que los lleve a mimetizarse, nuevamente, con las mayorías. Ese gran amor que tuvo varias separaciones en los últimos diez años.

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