Con la reciente firma del dictamen que avala la continuidad, por cinco años, del camarista federal Carlos Mahiques, el oficialismo senatorial ya tiene semi encaminada una potencial sesión que piensa, en un principio, para el 29-30 de abril. No obstante, el otro tema en la agenda volvió a tensar la convivencia: varios legisladores dialoguistas se resisten a votar, tal como está, la ley sobre falsas denuncias, la gran obsesión de la radical Carolina Losada (Santa Fe).

El proyecto reprime “con prisión de uno a tres años” a quien “denunciare ante la autoridad a una persona determinada o indeterminada por la comisión de un delito, a sabiendas de la falsedad de la denuncia”. Además, “si la falsa denuncia ante la autoridad fuere relativa a delitos de violencia de género, violencia familiar contra menores de edad, o delitos contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

La iniciativa plantea, por otro lado, la “prisión de uno a cuatro años” para el “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”. En el mismo artículo se agrega: “Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a ocho años de reclusión o prisión; salvo en causas criminales por delitos de violencia de género, violencia familiar contra menores de edad, o delitos contra la integridad sexual, en cuyos casos el mínimo de la pena será de tres años. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena”.

Si uno se guiara por las firmas que obtuvo el despacho en cuanto los integrantes de la comisión de Justicia y Asuntos Penales -preside el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita-, hubo un aval abultado: rubricaron libertarios, radicales, el renovador misionero Carlos Arce, la macrista Victoria Huala (La Pampa), la oscilante Elena Gadano (Moveré-Santa Cruz) y la peronista recién salida del kirchnerismo Sandra Mendoza (Tucumán), entre otras. En diferentes eventos donde promocionó la ley Losada, algunos testimonios fueron impactantes.

De proyectar un eventual acompañamiento de todos estos espacios, los votos sobrarían. El inconveniente está en que, en varias bancadas aliadas, hay rechazo. “Se volvió a repetir el camino de un dictamen mal hecho y apurado casi por capricho. Preferiría no estar en una sesión así”, lanzó una senadora a Infobae.

“En todo caso, que se la incorpore al nuevo Código Penal. Y, sobre todo, mejor escrita”, se oyó desde un despacho dialoguista top. A esto hay que sumarle advertencias de otras personas que siguen de cerca el día a día de la Cámara alta y aconsejan “frenar” un texto “muy poco sólido”. Bajo estos parámetros, quienes apoyan el articulado tendrán que hacer números finos para corroborar si de verdad se cuenta con luz verde para una definición. Se sabe de antemano la postura contraria del interbloque “Popular” -cristinistas y justicialistas-, que comanda el formoseño José Mayans.

La discusión sobre falsas denuncias ya se despachó tres veces en la Cámara alta. En 2024, el mismo perdió estado parlamentario por la antigüedad de la presentación del texto original de Losada. El año pasado se repitió el resultado, aunque por el recambio legislativo de diciembre último. Ahora, volvió a tener un dictamen exprés y la puja quedó abierta de cara a la sesión -no confirmada- de finales de abril que, desde discretas oficinas, ya ponen en duda. Muchos quieren ver qué hará el Gobierno con la ley sobre propiedad privada en los próximos días y hasta dónde aceptará cambios La Libertad Avanza.