La tan esperada reunión entre el Papa León XIV y la CGT en la Argentina ya tendría fecha y lugar definidos: se realizará el lunes 9 de noviembre en el Campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA) y contará también con la participación de representantes del empresariado y de los movimientos sociales.

La posibilidad del encuentro, en realidad, iba a ser planteada por los líderes cegetistas Gerardo Martínez (UOCRA) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quienes, como parte de una delegación de sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales que deliberaron jueves y viernes en el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, en Roma, serán recibidos por el Papa en una audiencia privada que tendrá lugar este sábado, a las 17 hora argentina, en el Vaticano.

Sin embargo, aunque el preciado lugar en la agenda de la visita papal a nuestro país ya se confirmó, Martínez y Jerónimo aprovecharán el contacto con el Sumo Pontífice para hablar sobre el deterioro de la situación social y laboral en la Argentina, con especial hincapié en la pérdida de empleos, la caída de los ingresos y el creciente endeudamiento de las familias y de las pymes.

La iniciativa de Martínez, uno de los referentes del sector dialoguista, causó malestar en algunos de sus rivales internos que se sienten marginados en la relación con el Vaticano, pero cerca del líder de la UOCRA destacaron que nunca se ocultó que era un encuentro pactado por la delegación de Fratelli Tutti y que por eso también se incluyó en la comitiva que verá hoy al Papa a Jerónimo, uno de los 3 cotitulares cegetistas, para anticiparle la problemática de los trabajadores argentinos.

Aun así, la interna perpetua de la CGT hace que se amplifiquen situaciones que a la distancia no parecen conflictivas. Ahora que está confirmado el encuentro en Buenos Aires con León XIV incluso hay quienes prevén fricciones sindicales porque los encargados de organizar la visita del Papa pidieron que la comitiva cegetista no sea muy numerosa y, como es obvio, hay demasiados dirigentes que pugnan por sumarse a esa reunión que garantiza una foto de fuerte impacto político.

¿Cómo se resolverá la selecta nómina de sindicalistas que irán a la UCA para reunirse con el Papa? Algunos que cuestionan el sistema de decisiones en la CGT porque “todo pasa solamente por 8 o 10 dirigentes” temen que en este punto suceda lo mismo y por eso pedirán que un tema tan sensible sea debatido por el Consejo Directivo a pleno, que en total tiene 50 integrantes.

Más allá de ese probable conflicto, el encuentro con el Papa en la UCA será el eje de la charla que la semana que viene tendrá Jorge Sola (Seguros), otro de los cotitulares de la CGT, con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, quienes están encargados de coordinar desde nuestro país los detalles de la agenda local de la visita de León XIV.

Los desafíos de la IA en el sector laboral

En su intervención en el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, Gerardo Martínez planteó la necesidad de construir un nuevo contrato social con la participación de todos los sectores y sostuvo que la visión impulsada por León XIV interpela a empresarios, sindicatos y Estados a debatir respuestas conjuntas frente a las desigualdades y las transformaciones en el mundo del trabajo.

Además, el líder de la UOCRA, que es miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el sector trabajador, se refirió a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial en el mercado laboral y destacó que su postura consiste en “no resistir la innovación, no aceptar la exclusión y negociar la transición”. “No queremos discutir si la inteligencia artificial va a llegar. Ya llegó -dijo-. Queremos discutir cómo la incorporamos, quién participa de las decisiones y cómo distribuimos los beneficios que genera”.

Martínez se pronunció en favor de que “la inteligencia artificial esté al servicio de la producción y que la producción esté al servicio del desarrollo humano porque el futuro del trabajo no puede decidirlo solamente un algoritmo”. Por eso, advirtió, “desde el movimiento sindical no debemos pararnos frente a la inteligencia artificial para detenerla” sino que “tenemos que sentarnos en la mesa donde se decide cómo se incorpora”.

Luego de remarcar la “responsabilidad compartida” entre los trabajadores, los empresarios y el Estado, pidió “construir un nuevo acuerdo entre capital, trabajo y Estado”, que incluso “incorpore la inteligencia artificial a la negociación colectiva, que garantice capacitación permanente y reconversión laboral, que preserve la intervención humana en las decisiones que afecten al trabajador y que asegure que una parte del aumento de productividad generado por la tecnología se traduzca también en mejores empleos, mejores ingresos y mejores condiciones de vida”.

El oficialismo se vio obligado a tener que debatir la situación creciente de morosidad que hoy vive buena parte de la sociedad en el país. A pesar de que el Gobierno con el presidente Javier Milei a la cabeza se mantuvo firme en que el problema es “entre privados” y que el Estado no tenía que intervenir, la oposición logró avanzar en el Congreso y poner fecha para terminar el debate en las comisiones.

Luego de subirse a la sesión que había pedido la oposición y acompañar los emplazamientos para evitar una derrota en el recinto, el bloque de La Libertad Avanza está trabajando en un proyecto propio para poder llevar al debate y tener una posición.

“Estamos trabajando en un dictamen propio”, señaló a Infobae Santiago Pauli, el diputado libertario que preside la comisión de Finanzas, cabecera del debate en el plenario de comisiones junto a Defensa del Consumidor.

Aunque el legislador libertario evitó dar detalles sobre los puntos en los que está trabajando el oficialismo, la senadora de la misma fuerza, Patricia Bullrich, adelantó el modelo por donde está trabajando el oficialismo.

La ex ministra de Seguridad, que fue la única que calificó como un “robo” las elevadas tasas, propuso implementar un “etiquetado frontal” obligatorio para los créditos financieros, similar al sistema de octógonos negros utilizado en los alimentos, que funcione para poner a los tomadores de créditos al tanto del costo real de los mismos. Su idea es que los préstamos de bancos y empresas fintech lleven advertencias claras para que se entienda exactamente las tasas y condiciones antes de endeudarse.

Esta idea fue tomada por diputados libertarios cercanos a la senadora que son los que están trabajando en el texto a presentar.

Otro detalle que podría contar el proyecto en el que trabaja el bloque libertario es que la toma de créditos de manera digital tenga un doble conforme. Es decir, que quien lo toma tenga que aceptar los términos y condiciones en dos oportunidades antes de acceder al mismo.

Este dato no es menor porque sustenta la idea del oficialismo que alguna vez esgrimió Milei que a nadie “le ponen una pistola en la cabeza” para tomar un crédito y endeudarse.

Desde la estrategia política, con esto La Libertad Avanza primero tiene algo propio para debatir y no solo los proyectos de la oposición. Además, también propone una salida a los socios parlamentarios.

“Si hay sectores que no dan quórum a una sesión porque la pide el kirchnerismo, imagínate que no van a acompañar ningún proyecto. En ese esquema ellos van a tener algo para llevar al recinto y nosotros nada, lo que nos obligaría a tener que discutir solo lo que proponga la oposición. Con esto, tenemos proyecto propio, mostramos que hicimos algo para la gente y, además, le damos una opción a los socios parlamentarios”, agregó una fuente libertaria.

Los socios parlamentarios quedaron bastante molestos con el bloque que conduce Gabriel Bornoroni por la estrategia que aplicó LLA de habilitar la sesión. El bloque libertario ingresó al recinto y, aunque un pequeño grupo de sus diputados se sentó y sumó al quórum, la gran mayoría -incluyendo a las autoridades y sus referentes parlamentarios- se quedó de pie al lado de sus bancas a la espera de que la oposición junte el bloque. El PRO y la UCR definieron esperar fuera del recinto.

“Que explique el oficialismo por qué acordó con la oposición y resignó hablar del costo fiscal de los proyectos”, dijo un legislador de la UCR bastante molesto con el posicionamiento libertario. “Nosotros no habilitamos sesiones que pida el kirchnerismo”, agregó un legislador del PRO marcando una fuerte diferencia con el oficialismo.

La intención libertaria es llegar al martes 15, la primera reunión informativa, con el proyecto ya listo.

Organizaciones de la sociedad civil argentinas solicitaron a la senadora Patricia Bullrich que se eliminen los artículos del proyecto de Ley General de Sociedades que habilitan la existencia de sociedades automatizadas y autónomas, tras expresar objeciones constitucionales y advertir sobre riesgos no resueltos en torno al control humano sobre sistemas de inteligencia artificial.

En una carta dirigida a Bullrich y al Senado, los firmantes señalaron que la propuesta legal sometida a discusión permitiría la constitución de entidades jurídicas operadas por algoritmos con solo un representante legal nominal y sin supervisión humana documentada. Las organizaciones requirieron la convocatoria a una audiencia pública y la supresión integral del artículo 14 (Sociedad Automatizada) y de la Sección V, artículos 258 a 265, referida a Sociedades Autónomas Descentralizadas (DAO).

El documento recuerda que, en audiencias realizadas entre junio y agosto en la Comisión de Legislación General, especialistas en derecho societario y penal convocados por el Senado advirtieron sobre la imposibilidad de atribuir responsabilidad penal o civil a sistemas sin una persona humana identificable detrás de cada decisión relevante. Entre los citados figuran la jueza María Eugenia Boquín y el fiscal Jorge Flores. Asimismo, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó objeciones y solicitó retirar ambas figuras del proyecto, mientras que el ex inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, pidió su exclusión definitiva.

El texto de la sociedad civil recopila declaraciones de responsables y defensores del proyecto ante el Senado. Menciona que el ministro Federico Sturzenegger, impulsor de la reforma, caracterizó la iniciativa como un “experimento” y reconoció la ausencia de antecedentes comparables en el derecho societario nacional. Añade que Emiliano Kargieman, defensor de las sociedades autónomas, expresó ante la comisión legislativa que este tipo de entidades requieren una regulación mayor que las corporaciones tradicionales, opinión opuesta a la contemplada en los artículos bajo cuestionamiento.

Las organizaciones también se refieren a recientes advertencias internacionales. Citan el caso de Jacob Coxon, ex investigador de OpenAI y Anthropic, quien aseguró en septiembre que ambas empresas no están gestionando responsablemente el desarrollo de sistemas cada vez más autónomos. De acuerdo con la reconstrucción mediática, Evan Hubinger, integrante de Anthropic, sostuvo públicamente que la probabilidad de que la inteligencia artificial cause daños graves a la humanidad supera el 10% en la próxima década.

La misiva pone de relieve que las preocupaciones sobre la atribución de responsabilidad y la capacidad efectiva de control por parte de personas físicas han sido planteadas desde la primera reunión de comisión del 24 de junio. Según subrayan las ONG, en esa instancia se presentaron diecisiete condiciones mínimas para la viabilidad de una figura de sociedad automatizada, todas rechazadas por el Ejecutivo nacional.

El pedido central a la senadora Bullrich consiste en abrir el debate a la ciudadanía mediante la celebración de una audiencia pública antes de la firma de dictamen, eliminar los artículos en discusión y reescribir el artículo 102 para exigir documentación y autorización humana previa a cualquier acción societaria significativa tomada mediante inteligencia artificial.

Las entidades firmantes proponen que cualquier régimen futuro para empresas operadas por IA se debata en un marco normativo integral, con gobernanza, auditorías obligatorias y seguros frente a daños, y no a través de artículos insertos en reformas mercantiles generales.

El documento cuenta con el respaldo de más de treinta organizaciones de diversas provincias, entre ellas la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Coalición por la Patagonia. A estos colectivos se suman firmas de referentes y especialistas de distintas disciplinas.

Los grupos recordaron que, desde agosto, han presentado propuestas técnicas y alternativas documentadas, sin recibir respuesta formal por parte del Senado ni del oficialismo respecto de su solicitud de audiencia pública.

Los firmantes manifiestan que la aprobación de figuras de sociedades automatizadas sin garantías suficientes puede comprometer la capacidad del derecho argentino para atribuir responsabilidades y proteger derechos en escenarios de daño causado por sistemas basados en inteligencia artificial.