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Los movimientos sociales y piqueteros amenazan con cortes de rutas y otras medidas de fuerza contra el Gobierno

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La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, aprobó en asambleas realizadas en todo el país un plan de medidas de fuerza escalonadas contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Javier Milei, que incluye cortes de ruta por tiempo indeterminado si el Poder Ejecutivo incumple la medida cautelar que sostiene el programa Volver al Trabajo, y una marcha federal que culminaría en un paro general antes de fin de año.

La resolución surgió de las asambleas del 9 de junio, convocadas frente a las sedes de las secretarías de Trabajo de todo el país. En esos encuentros, la UTEP confluyó con expresiones de izquierda como Territorios en Lucha y el Bloque Nacional Piquetero bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. El secretario general de la UTEP, y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, ha evaluado la situación como “una emergencia social desbordante”.

La estrategia aprobada opera en dos planos simultáneos. El primero gira en torno al programa Volver al Trabajo, uno de los continuadores del Potenciar Trabajo, que desde hace dos meses se sostiene por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La medida obliga al Gobierno a mantener los pagos de ese programa social mientras se resuelve la cuestión de fondo. El gobierno apeló ese fallo y la causa ya es analizada por la Cámara Federal de San Martín.

La resolución judicial frenó el intento del Gobierno de cerrar el programa y obligó al Ministerio de Capital Humano a continuar los pagos a más de 926.000 beneficiarios, quienes perciben $78.000 mensuales —monto congelado desde el inicio de la gestión libertaria—.

En el caso de incumplir esta cautelar —desde la cartera de Sandra Pettovello afirman que no lo harán—, la UTEP activará cortes de ruta en todo el país, en algunos casos por tiempo indeterminado. El reclamo incluye además un aumento del salario atado al salario mínimo vital y móvil. Si el Gobierno mantiene el cumplimiento judicial, la organización definirá en los primeros días de julio el tenor de una jornada de protesta cuyas características dependerán de esa realidad.

El segundo plano articula una coordinación más amplia con el movimiento sindical. El 18 de junio, en la sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Azopardo al 800, el triunvirato cegetista conformado por Jorge SolaCristian Jerónimo y Octavio Argüello recibió a Gramajo y luego a los titulares de las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)Hugo Yasky y Hugo Godoy. Del encuentro también participaron confederaciones como la COSITMECOS, la CATT, la CASIA, la CSIRA y la CATHEDA, además de gremios docentes universitarios. El diagnóstico fue compartido: el rumbo económico profundiza el debilitamiento del entramado industrial, genera pérdida de puestos de trabajo y deterioro del poder adquisitivo.

De ese encuentro, surgió la coincidencia en construir un plan de lucha sostenido y escalonado, con capacidad de involucrar a todas las organizaciones confederadas.

La CGT moderó las expectativas sobre una huelga general inmediata y optó por un esquema gradual en el que cada sector presente sus demandas de forma coordinada, aunque voces como las de Roberto Baradel y Daniel Catalano, junto a Yasky y Godoy, insisten en acelerar las manifestaciones en la vía pública.

Desde la UTEP, la proyección de ese plan apunta a una marcha federal que recorra las provincias durante semanas y culmine en un lugar emblemático de las luchas populares, para desembocar en un nuevo paro general antes de fin de año. “La idea es hacer la mayor cantidad de acciones posibles que confluyan en un plan de lucha común de todos los sectores afectados por la crisis económica”, sostienen desde la UTEP.

La agenda de movilizaciones inmediatas incluye el 26 de junio, cuando las organizaciones sociales participarán del acto por los asesinatos de los militantes sociales el aniversario de los asesinatos el 26 de junio de 2002 por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el Puente Pueyrredón.

En los próximos días, además, algunas organizaciones recorrerán comercios y supermercados para solicitar alimentos ante la escasez que registran los barrios populares.

Un relevamiento realizado por la organización Libres del Sur en barrios populares de la provincia de Buenos Aires revela que el 86% de los hogares está en situación de estrés económico, el 77% de las familias se privó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero, y 4 de cada 10 familias comen menos para poder pagar deudas. El informe también indica que 8 de cada 10 jubilados afirman que su jubilación no alcanza para alimentarse y que el 66% de las familias suprime comidas.

El 7 de agosto, día del Patrono del Trabajo, la UTEP conmemora los 10 años de la primera marcha de San Cayetano realizada bajo el gobierno de Mauricio Macri y que contó con el apoyo del fallecido Papa Francisco. La organización trabaja en una gran jornada multisectorial que convoque a sectores gremiales, estudiantiles, del feminismo y del movimiento de Derechos Humanos, y mantiene diálogo con la Iglesia, que históricamente ha acompañado la marcha de los trabajadores de la economía popular desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo.

“La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”.

Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y uno de los dirigentes que realizó una semana de ayuno frente a la Casa Rosada realizó el siguiente diagnóstico ante una consulta de Infobae: “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”. Castro señaló también el impacto del aumento de tarifas y el encarecimiento de los productos básicos: “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”. Y resumió el alcance de la precarización: “Tenes que hacer dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir”.

La coordinación entre las centrales obreras también tuvo proyección internacional. En la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, las delegaciones argentinas actuaron de común acuerdo y alzaron la voz contra lo que señalan como intentos del Gobierno por desmantelar el sistema de relaciones laborales vigente.

Las movilizaciones de la UTEP se inscriben en un cuadro social que un informe técnico sobre situación de calle en Argentina, publicado este mes por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral retrata con datos precisos.

El informe advierte que el perfil de quienes llegan a la calle se transformó de manera estructural. Si bien históricamente predominaban los varones adultos solos, los referentes territoriales consultados reportan una diversificación que incluye familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos familiares. La causa más frecuente es la incapacidad de pagar alquileres ante la desocupación y la falta de oportunidades laborales.

La radiografía del trabajo indica que: solo el 14,75% de las personas en situación de calle terminó el secundario, el 61,5% no recibe asistencia económica estatal y cerca del 54% sufrió violencia desde que está en la calle. A ese cuadro se suma que 1 de cada 2 hogares en Argentina presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% con déficit compuesto, cuantitativo y cualitativo.

El documento señala que la Ley Nacional 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo”, sancionada por el Congreso de la Nación el 9 de diciembre de 2021 representó un avance al reconocer a estas personas como sujetos de derecho, pero advierte que su implementación es débil por la falta de lineamientos operativos homogéneos y de financiamiento. Por su parte, el Decreto 373/2025, que trasladó a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gran parte de las responsabilidades de ejecución, generó, según el informe, mayores riesgos de profundizar desigualdades territoriales.

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Tras retomar el diálogo, desde el PRO defendieron el vínculo con el Gobierno, pero pidieron “dosificar” el ajuste

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El reencuentro entre Mauricio Macri y Karina Milei volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo político entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de 2027. La legisladora porteña Laura Alonso, referente del espacio macrista, respaldó ese camino y afirmó que el PRO “acompaña el cambio que está llevando adelante la Argentina”, aunque marcó diferencias conceptuales concretas con el gobierno de Javier Milei.

En declaraciones al programa A confesión de parte, conducido por Romina Manguel en Radio Splendid, Alonso fue enfática en que el diálogo entre ambas fuerzas no implica una fusión ni una subordinación del PRO al espacio libertario. “Nosotros estamos trabajando todo este año para fortalecer nuestro partido”, dijo, y recordó que Macri inició en marzo una serie de giras bajo el nombre “El próximo paso”, con el objetivo de proyectar al PRO como fuerza autónoma con agenda propia.

La legisladora trazó una distinción que considera central entre las dos fuerzas: mientras Milei responde a la escuela austríaca de economía con una visión marcadamente antiestatal, el PRO se define como un partido de gestión, planificación e instituciones. “Ninguna sociedad funciona sin Estado, porque básicamente el Estado es la construcción colectiva”, sostuvo Alonso, y añadió que el partido amarillo cree en el rol del Estado en educación, salud e infraestructura, a diferencia del libertarismo, que lo considera prescindible en esas áreas.

En esa línea, comparó los perfiles de ambos líderes: Milei como economista de formación teórica e ideológica, y Macri como ingeniero con “una mirada de la construcción, de la planificación, del cemento, de las bases”. Esa diferencia de origen, sostuvo, define modos distintos de entender la transformación del Estado: el PRO apunta a reformarlo y hacerlo eficiente; el libertarismo, a reducirlo.

El punto de encuentro entre ambas fuerzas, según Alonso, es el rechazo al populismo y el sostenimiento del equilibrio fiscal. “El cambio es salir del populismo. El cambio es decir que vamos a respetar el equilibrio fiscal como respetamos a la Constitución Nacional”, afirmó. Desde esa base compartida, el PRO se posiciona como aliado del gobierno nacional, pero con capacidad de levantar, en sus palabras, “una tarjeta amarilla” cuando considera que algo no funciona bien.

Esa tensión entre apoyo y diferenciación quedó expuesta en el debate sobre el costo social del ajuste. Alonso reconoció que millones de familias se endeudaron para pagar comida y medicamentos, y que el impacto cotidiano del programa económico es real. Frente a las declaraciones de Milei, quien calificó el endeudamiento de los particulares como “un problema entre privados”, la legisladora optó por otro enfoque: “Hay dosis de la medicación”, señaló, al reclamar que el gobierno modere el ritmo del ajuste sin abandonar el rumbo. Como ejemplo de política concreta, mencionó una ley aprobada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que habilita al Banco Ciudad a refinanciar deudas con tarjetas de crédito para familias en dificultades.

La dirigente también salió al cruce de quienes cuestionan la viabilidad del PRO como segunda marca frente a LLA. “¿Para qué voy a comprar PRO si tengo a La Libertad Avanza, que está en el gobierno?”, planteó como pregunta de la ciudadanía, para responderla con la gestión de la Ciudad como argumento: La ciudad, con equilibrio fiscal, no dejó de prestar ningún servicio ni dejó de hacer ninguna obra.

Respecto al escenario opositor, Alonso fue taxativa. La reunión que juntó a Máximo KirchnerAxel Kicillof y Sergio Massa la llamó “el tren fantasma” y los señaló como exponentes del populismo inflacionario y la corrupción. Recordó el desempeño de Kicillof como ministro de Economía de Cristina Kirchner y el de Massa al frente del Palacio de Hacienda, cuando la inflación mensual rozó el 40%. Ese escenario, dijo, refuerza la necesidad de consolidar “el polo no populista antikircherista”.

Sobre el federalismo y la gestión bonaerense, Alonso reclamó avanzar en la autonomía de los municipios de la provincia de Buenos Aires y criticó la concentración de decisiones en La Plata. “La Plata como nudo político no sirve para nada”, afirmó, y elogió a intendentes como Soledad Martínez en Vicente López y Ramón Lanús en San Isidro, quienes, según dijo, se hacen cargo de funciones que el gobierno provincial abandona. Cerró con un llamado a una reforma impositiva coordinada entre los tres niveles del Estado, para evitar que la baja de cargas en un nivel sea compensada por suba en otro: “Cuando baja esto, nadie se tiene que hacer el vivo en alguna provincia de por ahí que lo sube”, advirtió.

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“EE.UU tiene una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, sostuvo Peter Lamelas al referirse a Malvinas

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El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, afirmó que no hubo modificación en la postura de Washington respecto a las islas Malvinas y aseguró que la Casa Blanca continúa siendo neutral. Además, se comprometió a impulsar el regreso de la Argentina al programa de exención de visas, un trámite que, según dijo, no estará resuelto en tres, seis ni 12 meses porque exige cumplir alrededor de 15 criterios técnicos y de seguridad.

En una entrevista con TN, el diplomático cerró la puerta, al menos por ahora, a una redefinición del vínculo bilateral en torno al reclamo argentino por las islas. “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, dijo cuando fue consultado por versiones sobre un supuesto giro de la administración de Donald Trump.

Respecto del visado que necesitan los ciudadanos argentinos para ingresar a Estados Unidos, Lamelas ubicó un cambio en ese sentido entre sus prioridades personales y políticas. Afirmó que trabaja con el canciller Pablo Quirno y con el embajador argentino en Washington, Alex Oxenford, para que el país vuelva al Visa Waiver Program antes del fin de su misión diplomática, que en principio sería en 2028, aunque aclaró que el proceso depende de que la Argentina adapte sus sistemas de intercambio de datos sobre personas consideradas terroristas o sospechosas.

Lamelas habló además de cooperación militar, narcotráfico, inversiones y tecnología, y dejó una señal política sobre la disputa con China en sectores sensibles. Planteó que Washington no busca “amenazar a nadie”, pero defendió la idea de “redes de confianza” frente al despliegue de Huawei y sostuvo que la protección de datos es una condición para atraer capitales a la Argentina.

Washington ratificó que no cambiará su postura sobre Malvinas

La definición más sensible para la política exterior argentina fue la que dedicó al Atlántico Sur. Ante la consulta sobre si la administración de Donald Trump podría revisar su postura histórica, Lamelas respondió: “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”.

Luego, al ser consultado por versiones atribuidas a un supuesto memo del Pentágono y a gestiones de dirigentes republicanos, insistió con la misma línea. “Yo no sé eso específicamente, pero sí sé que había un correo electrónico, solamente un email. Hasta ahora, la posición sobre las islas no ha cambiado. Tenemos una posición de neutralidad”, remarcó.

La otra derivación de ese mismo frente fue su respuesta sobre la base naval integral proyectada en Ushuaia. “Nosotros no estamos hablando de esa base en este momento, estamos hablando de otros temas militares en los que estamos cooperando”, dijo.

A partir de allí enumeró la agenda castrense bilateral que sí está en marcha. Recordó la visita del portaaviones USS Nimitz, dijo que Estados Unidos ayudó a conseguir los F-16, los Orion P-3 para control marítimo y los Strykers para equipamiento utilizable en desastres naturales, y anticipó que habrá más ejercicios militares el próximo año. También añadió que la Argentina quiere helicópteros Black Hawk y que Washington verá “en lo que podamos ayudar”.

El embajador prometió trabajar para que la Argentina vuelva al programa de exención de visas

Otro eje de la entrevista fue el eventual ingreso argentino al programa que permite viajar a Estados Unidos sin visa. Lamelas lo presentó como una meta personal. “La visa waiver es algo que yo tengo muy cerca, muy en mi corazón. Quiero ayudar al pueblo argentino a lograr eso”, afirmó.

El embajador recordó que la Argentina ya tuvo ese beneficio y remarcó que Chile lo conserva. Después detalló la principal dificultad actual: “Hay algunos criterios que tienen que lograr para poder entrar al programa”.

Cuando le preguntaron cuán lejos está ese objetivo, bajó la expectativa sobre los tiempos y al mismo tiempo formuló una promesa. “Yo estoy trabajando con Pablo Quirno y Alex Oxenford para lograr alcanzar esos criterios”, dijo, y precisó que uno de los requisitos pasa por contar con sistemas capaces de transmitir “inmediatamente” a Estados Unidos la información sobre personas identificadas como terroristas o sospechosas.

“Hay como 15 criterios que se tienen que lograr y nosotros estamos trabajando para que el gobierno argentino los alcance antes de que yo me vaya como embajador. Es una promesa que voy a hacer hoy: voy a hacer todo lo posible para lograrlo. No será en 3 o 6 meses, porque demora”, sostuvo. Ante la mención de 2028 como horizonte posible, respondió: “Eso intentaremos”.

La cooperación en seguridad seguirá dentro de las leyes argentinas

Consultado por una eventual participación de militares estadounidenses en territorio argentino, Lamelas evitó validar ese escenario y remitió la discusión al marco legal local. “Ustedes tienen leyes aquí en Argentina y hay que respetarlas. Estamos trabajando con el Gobierno y vamos a seguir haciéndolo”, respondió.

Luego definió cuál es, a su juicio, el campo concreto de esa asistencia. “Se puede ayudar con datos, con inteligencia y tenemos que utilizar la ley para arrestar a los narcotraficantes”, agregó.

En ese mismo tramo, el diplomático vinculó la agenda bilateral con la realización en la Argentina de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada junto con la DEA. Dijo que asistirán casi 1.000 personas, entre agentes del FBI, la DEA y funcionarios del Ministerio de Seguridad, y puso ese encuentro como muestra del alineamiento entre ambos países en materia de seguridad.

También mencionó resultados que atribuyó al trabajo argentino de este año: el arresto de 350 narcotraficantes, el secuestro de 10 toneladas de cocaína y 65 toneladas de precursores. Sumó que Estados Unidos está “orgulloso” de que la Argentina haya logrado bajar los homicidios en Rosario y afirmó que él mismo ayudó para que se redujera el nivel de alerta sobre la ciudad.

El cruce por Huawei y China

Respecto de la situación generada por la cooperativa eléctrica CALF de Neuquén, que aseguró haber recibido presiones por un contrato con Huawei. Lamelas confirmó el encuentro con sus directivos, aunque evitó responder de modo directo sobre una eventual cancelación de visas a los directivos de la firma.

“Esta semana la cooperativa de electricidad CALF me visitó aquí en la embajada. Fue una visita muy cordial, diplomática y productiva. A veces es mejor cara a cara con la gente. Fue una buena visita y vamos a ver qué pasa”, dijo.

Después fijó una posición general cuando se lo consultó acerca de si se les retirarían las visas a los miembros de la cooperativa. “El presidente Trump y el secretario (de Estado, Marco) Rubio siempre dicen esto: ‘una visa es un privilegio, no un derecho’. Cada uno cuida su casa. Nosotros estamos cuidando la casa de los Estados Unidos. Pero yo quiero ir para adelante, no vamos a amenazar a nadie, vamos a hablar de lo que podemos hacer juntos”, sostuvo.

Respecto de las empresas chinas, defendió la competencia abierta. “Nosotros nada más queremos un mercado libre para la competencia y las compañías estadounidenses”, señaló primero.

Luego explicitó por qué, a su entender, el proveedor de telecomunicaciones chino representa un problema. “Lo importante de la diferencia entre el equipo chino de Huawei con los otros equipos como Nokia, Ericsson o Cisco es que estos últimos tienen redes de confianza, redes seguras. En cambio, el equipo de Huawei y el gobierno chino pueden ver todos los datos. No es solo el gobierno, es el Partido Comunista Chino”, afirmó.

Lamelas ligó esa crítica con la captación de inversiones. Sostuvo que quiere que las empresas que lleguen al país tengan la seguridad de que sus datos estarán protegidos y mencionó el caso de Chevron, que, según dijo, puede invertir millones de dólares. “Hay empresas como Chevron que vienen para invertir millones de dólares y es más fácil que vengan si se les puede ofrecer redes de confianza. Lo que nosotros queremos es que haya más inversión”, declaró.

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Cómo se está preparando la campaña en La Libertad Avanza, tras los principios de acuerdo con el PRO

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A meses para el inicio de la campaña formal por la reelección del presidente Javier Milei, el Gobierno hace un fino equilibrio entre intentar fortalecer la marca de La Libertad Avanza en todo el país para mantener la identidad propia y aceptar los acuerdos con otros espacios, con el PRO a la cabeza, para tratar de asegurarse una victoria en el 2027 frente a un escenario que todavía aparece como incierto.

Aunque celebran el afianzamiento de Axel Kicillof como principal líder de la oposición, en la Casa Rosada ven con preocupación la aparición de outsiders y de dirigentes que van desde el centro a la derecha y que podrían quitarle votos al actual mandatario nacional.

Es por eso que en el oficialismo comenzaron a tener puentes con los principales aliados con los que hasta el momento solamente tenían un arreglo de apoyo mutuo, ya sea en el Congreso u, ocasionalmente, en las urnas.

Desde hace tan solo unos días, varios referentes libertarios comenzaron a reconocer la posibilidad de aceptar compartir un frente con otras fuerzas políticas e incluso dar lugar a coaliciones de gobierno en algunos lugares.

Detrás de esta tarea está la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en su rol de máxima autoridad partidaria de LLA, y para eso habilitó las conversaciones con los emisarios del PRO, pero también de la Unión Cívica Radical (UCR).

En la provincia de Buenos Aires es donde están más avanzadas las conversaciones con esos dos espacios, facilitadas por el vínculo que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene con los armadores locales.

“El Colo”, que hoy aparece como el único con chances de competir por la gobernación bonaerense por La Libertad Avanza, nunca se distanció del todo del macrismo, y es uno de los designados para llevar adelante las negociaciones con esa fuerza, en el marco de la mesa conjunta a la que convocó Karina Milei.

Cuando salió de la primera reunión de ese grupo de trabajo, el ministro coordinador lo llamó al diputado provincial del PRO Agustín Forchieri, con quien tiene una relación de larga data, para contarle los avances en el acuerdo.

En esa charla, Santilli le contó que el acercamiento en lo que respecta a Buenos Aires ya estaba habilitado, por lo que le pidió que empezara a articular con los libertarios la estrategia de campaña de cara al año que viene.

Asimismo, el jefe de Gabinete tiene buena relación con el senador radical Maximiliano Abad, con quien ya tomaron contacto algunos enviados del oficialismo nacional para sumarlo al armado en PBA.

“Yo, en su momento, trabajé para la candidatura de Santilli como gobernador y preparé varios de los proyectos para proponer esa vez, que todavía los tengo y que los voy a volver a presentar. Es la persona ideal”, manifestó a este medio un ex PRO que se pasó a las filas violetas.

En la provincia, sin embargo, Karina Milei sigue intentando terminar con la interna propia, que protagonizan los dirigentes leales a Sebastián Pareja y los que responden a Agustín Romo, de “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación que encabeza el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Un ejemplo de esto se vivió el jueves pasado, en la inauguración de un local partidario que servirá como base para la organización del espacio a nivel bonaerense, a pesar de que el inmueble se encuentra en el barrio porteño de Barracas, sitio que se eligió porque es el punto intermedio entre todas las localidades de la provincia.

A ese evento no fue Santilli, pero sí asistieron Romo y algunas de las personas cercanas a su sector, como su actual compañero de banca, Nahuel Sotelo, aunque no se los vio en las fotos institucionales que se difundieron posteriormente.

“Después de un discurso, Karina tuvo una reunión con todos en la que les remarcó la importancia de dejar de lado las diferencias y empezar a estar todos juntos”, reveló alguien que participó del acto.

Aunque todavía no se concretó, ya está decidido que Romo va a dejar de ser el jefe del bloque violeta en la Cámara baja bonaerense y ese cargo lo pasará a ocupar Juan “Juanes” Osaba, a quien sí se lo vio acompañando a la secretaria general.

“En los papeles, ya está funcionando así. De hecho, hoy ‘Juanes’ vino en ese rol. Falta que se formalice en el recinto, pero para eso tiene que haber sesión, que no está habiendo porque el peronismo está todo peleado”, explicó una fuente al tanto de la situación.

Por su parte, Pareja aprovechó la ocasión para salir a hablar ante un reducido grupo de militantes que fue hasta la sede partidaria, a los que les agradeció por el apoyo. Fue el único orador de la jornada.

En las calles solamente había personas con remeras y banderas con insignias en respaldo a Pareja y sus dirigentes, pero no hubo presencia de “Las Fuerzas del Cielo”: “Curiosamente, a la misma hora hubo una reunión de la Fundación Faro (que es cercana a Caputo)”, insinuó un karinista.

En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, la situación continúa siendo más compleja y la armadora libertaria en territorio porteño, Pilar Ramírez, sigue trabajando con la premisa de disputarle el poder al PRO, incluso aunque esté la posibilidad de terminar llegando a un acuerdo con ellos.

“La idea es ir juntos con el PRO y el radicalismo en la provincia, donde el candidato va a ser ‘El Colo’, y replicar la alianza en la ciudad, quizás con Jorge Macri. Ojalá que no esto último, a mí no me gusta nada”, se sinceró otra figura importante dentro del entorno de la secretaria general de la Presidencia.

Tal como anticipó Infobae, este martes, primer día hábil de la semana, la legisladora encabezará una recorrida de campaña en una heladería junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El miércoles, en tanto, estará al lado de Karina Milei durante una visita a una fábrica en el sur de la ciudad y también se esperan apariciones públicas de Santilli y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La hermana del Presidente ya se mostró con ellos cuando viajaron a Chaco para liderar una cumbre regional de prevención y coordinar las acciones frente al fenómeno climático El Niño, que afectó la zona.

El martes, el jefe de Gabinete volverá a encontrarse con mandatarios del norte argentino, esta vez acompañado por el secretario de Energía y para continuar evaluando el proyecto de zonas cálidas, que el oficialismo quiere aprobar en el Congreso próximamente.

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