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Los movimientos sociales y piqueteros se movilizarán en febrero al Congreso contra la reforma laboral

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Los movimientos sociales y organizaciones piqueteras de izquierda resolvieron movilizarse frente al Congreso Nacional durante el mes de febrero. La fecha estipulada será el día en que el Senado trate la reforma laboral, impulsada por el Gobierno. La decisión fue adoptada en rechazo al proyecto de ley de La Libertad Avanza, al que consideran un ataque estructural a los derechos de los trabajadores formales e informales, en paralelo a un escenario de alta tensión política, sindical y parlamentaria.

La convocatoria tendrá como protagonistas a los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a organizaciones piqueteras y sectores de la izquierda, que anticiparon una masiva presencia en las calles pese a algunas concesiones que ya realizó el Poder Ejecutivo. Para estos sectores, los cambios no alteran el corazón del proyecto de ley de “modernización laboral” que, sostienen, profundiza la precarización laboral y debilita el entramado sindical.

El Congreso, epicentro del conflicto

El conflicto se reactivó con fuerza luego de que el presidente Javier Milei convocara a un nuevo período de sesiones extraordinarias del Congreso para febrero, mediante el decreto 24/2026, firmado junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida establece que el período se extenderá desde el 2 hasta el 27 de febrero, y ubica a la reforma laboral como uno de los cuatro proyectos centrales de la agenda legislativa del oficialismo.

La Casa Rosada definió un cronograma político acelerado con el objetivo de convertir en ley la reforma laboral antes del inicio de las sesiones ordinarias. En ese marco, el Gobierno prevé llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta entre el 10 y el 12 de febrero, con fecha tentativa de tratamiento el 11 de febrero, día en el que se espera la movilización frente al Congreso. Sin embargo, esa fecha está sujeta a modificaciones. Los organizadores entienden que será “un febrero caliente” y de alto voltaje político.

Además de la iniciativa laboral, el temario incluye el pedido de aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial y otras iniciativas consideradas estratégicas por la administración libertaria.

Una mayoría esquiva en el Senado

Con una bancada propia minoritaria —aunque mayor que antes de las anteriores elecciones legislativas—, La Libertad Avanza (LLA) necesita reunir al menos 16 o 17 voluntades adicionales para alcanzar el quórum de 37 senadores y avanzar con la votación. En ese escenario, el rol de Patricia Bullrich, jefa del interbloque oficialista y presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, será central para defender el proyecto y articular los acuerdos políticos necesarios.

El oficialismo desplegó una estrategia de negociación múltiple que incluye una comisión técnica, coordinada por la abogada Josefina Tajes, encargada de recopilar y ordenar las propuestas de modificación impulsadas por sectores de la UCR, el PRO y la CGTLa intención del Ejecutivo es evitar cambios de último momento que puedan poner en riesgo la sanción del proyecto.

En paralelo, Bullrich inició una ronda de reuniones con jefes de bloques opositores considerados “dialoguistas”, con especial foco en los senadores radicales, los representantes del PRO y legisladores provinciales alineados con sus gobernadores.

La negociación con las provincias se volvió uno de los puntos más sensibles del debate. El proyecto de Modernización Laboral incluye cambios impositivos que impactan directamente en los recursos coparticipables, en un contexto en el que las provincias ya denuncian una fuerte caída de ingresos durante la gestión actual.

En particular, la iniciativa contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas, con un tope del 31,5% frente al 35% vigente, lo que implicaría una merma estimada de 1,6 billones de pesos en recaudación, fondos que se distribuyen entre Nación y provincias. Esta situación genera resistencias entre los gobernadores, que evalúan el costo fiscal de acompañar la reforma.

Los movimientos sociales endurecen su postura

Para los movimientos sociales y piqueteros, el escenario es aún más categórico. Desde la UTEP, su secretario general Alejandro Gramajo afirmó que la reforma “está orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relación salarial formal plena de derechos”, y advirtió que el nuevo esquema de indemnizaciones “propone pagar menos, en cuotas y con fondos que hoy pertenecen a los jubilados”.

En la misma línea, Gramajo rechazó el argumento oficial que sostiene que la quita de derechos generará más empleo formal. “Es algo nunca visto: quitarle derechos a unos para supuestamente beneficiar a otros. Si bajan al de arriba, pisan al de abajo”, sostuvo.

Desde una posición aún más confrontativa, el ex secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, afirmó que “no tiene un solo punto a favor de los trabajadores informales ni de la economía popular”. Para Castro, cualquier avance en derechos para los sectores más postergados solo será posible si la reforma laboral es rechazada en el Congreso.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) enfrenta un escenario complejo. Si bien mantiene su rechazo al proyecto, la central obrera optó por una estrategia de “reducción de daños”, intentando recortar los artículos más lesivos a través de negociaciones con gobernadores y legisladores, mientras mantiene la presión en la calle.

La CGT ya protagonizó una masiva movilización el 18 de diciembre en Plaza de Mayo y no descarta nuevas medidas de fuerza, incluido un paro nacional, si el Gobierno avanza sin modificar aspectos centrales de la reforma. Entre sus principales críticas figuran la flexibilización de las condiciones de trabajo, la reducción de indemnizaciones, la limitación del derecho de huelga, la ruptura de la negociación colectiva y el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.

Con el tratamiento previsto para febrero, el conflicto entra en una fase decisiva. El Gobierno apuesta a cerrar acuerdos políticos para sancionar una de sus leyes emblemáticas, mientras que la CGT, los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras preparan una respuesta en las calles. La pregunta es: ¿conseguirán masividad para demostrar fuerza contra las políticas libertarias?

El Congreso volverá a ser el escenario donde se cruce la disputa entre el proyecto de transformación laboral del oficialismo y la resistencia del movimiento obrero organizado y los sectores populares. Febrero se perfila así como un mes clave, no solo para el futuro de la reforma laboral, sino para el equilibrio político y social.

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Los aliados presionan a Bullrich por Ficha Limpia en el Senado y se le suma otro problema sin resolución

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La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, festejó días atrás el arribo a los 70 años con salud -lo más importante-, pero sin un control del recinto que terminó de perder la semana pasada y luego de una caótica sesión que llevó a pensar, entre líneas, la incongruencia entre operar una eventual candidatura y no poder ordenar, ni siquiera, a su propio bloque. Mientras transcurren los meses y la Casa Rosada ve el freno de leyes que desea, y cómo los dialoguistas le despluman las iniciativas a la ex ministra de Seguridad, el vaso de Ficha Limpia se llenó y está a dos gotas de rebalsar, con legisladores que comenzaron a hartarse de las volteretas de la porteña y actuarían en los próximos días.

Semanas atrás, Coto señaló delante de senadores -cotejable con la versión taquigráfica de ese encuentro-, en la primera reunión para analizar la reforma política, que no había “ninguna intención de tratar todo junto”. No fue lo que planteó la porteña el martes: reconoció que no convoca a la comisión porque “no están los votos” para la ley completa, algo que ya se sabía. El problema de la mentira que saltó en esa cumbre es que el titular del PRO, Martín Goerling (Misiones) ya pule un borrador de dictamen junto a la filo radical Edith Terenzi (Chubut) y, ni bien se abra una oportunidad, propondrían a quienes integran Asuntos Constitucionales que firmen un despacho. Engloba recomendaciones de otros legisladores que empujan articulados parecidos sobre Ficha Limpia.
La senda de esta novela parece más despejada este año, salvo para la “casta”. El Gobierno libertario dice odiarla aunque, cada vez que puede, parece ser funcional a ella. Meses atrás, Infobae contó que, en esta ocasión, la mayoría absoluta de 37 ya estaría asegurada, en base a quienes ya la votaron y quienes representan bancadas que defienden Ficha Limpia. Por eso hay que prestar atención al llamado de atención de Goerling, que semanas atrás recibió de Mauricio Macri una sugerencia clara para acelerar la iniciativa. Anteayer, el misionero participó de un evento en su provincia junto a Gastón Marra, principal impulsor del proyecto en representación de movimientos ciudadanos.
El inconveniente para Bullrich es que, de no haber novedades, dialoguistas ya analizan realizar una reunión similar en la propia Cámara alta y dejar expuesta la negativa -ahora, reconocida– de la porteña y los hermanos Milei para no tratar Ficha Limpia -si es que no se vota en conjunto con la reforma política-, que es el máximo aspiracional del kirchnerismo. Cuando se cayó la ley, en mayo de 2025, el interbloque lo celebró como un gol en un mundial. Ese día también voló la témpera justicialista que algunos intentan usar para venderse como alejados del kirchnerismo. Son los más peligrosos y los primeros que, después, agachan la cabeza. La foto de la reciente conferencia de prensa para criticar la “injusta condena” contra la ex presidenta es una muestra de ello. Otros, más pícaros, juegan a diferenciarse y llevan y traen información.
Lo que demuestra todo esto es que la brújula del peronismo está rota desde mucho tiempo y no hay nadie que quiera, busque o desee de verdad el único insumo vital para el peronismo: el poder. Encima, en Diputados y el Senado votan de manera diferenciada como si fuese algo habitual y rutinario. La distancia entre los representantes y la militancia se encuentra más abultada que nunca y sólo sobreviven aduladores, un puñado de operadores y los otrora poderosos gobernadores, una “liga” más pintada que nunca. Bajo todo esto, celebran que los libertarios dilaten el tratamiento de Ficha Limpia, enviada a siesta. La última de Bullrich: avaló que Asuntos Constitucionales trabaje la semana próxima -miércoles- para la ley “Hojarasca” y un convenio de “Creación del Parque interjurisdiccional marino Monte León”. Silencio y zigzagueo sobre lo otro. Pretende, al día siguiente, que los “friendly” vayan al recinto y le den los votos para el proyecto de propiedad privada, que será más fileteado y desagradará al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

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El escándalo Adorni desató una crisis en el Congreso y complica la agenda legislativa de Milei

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Manuel Adorni

En los pasillos del Congreso no se habla de otra cosa. El escándalo que desató la declaración jurada de Manuel Adorni tensionó al máximo la relación de los libertarios y sumó nuevos obstáculos a una agenda legislativa que ya venía complicada para el Gobierno.

Mientras la oposición junta votos para avanzar con una interpelación y amenaza incluso con una moción de censura para remover al jefe de Gabinete, el oficialismo busca esquivar las esquirlas y sumar apoyos para conseguir alguna victoria legislativa antes de que termine el Mundial. Se mantienen firmes en su intención de sesionar el 24 de junio, para darle media sanción al Super RIGI y para aprobar definitivamente el pago a los holdouts.

El enojo de los aliados se palpa en el aire, a través de comunicados públicos y trascendidos en off dejaron en claro que esperan que Adorni dé un paso al costado para evitar situaciones incómodas en el recinto.

El partido de Macri adelantó que no aportará votos para una interpelación en el Congreso, pero no dejó margen de dudas. “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, le recriminaron a través de la cuenta oficial del PRO. Tampoco quieren verse obligados a sostener a un “cadáver político” y quedar expuestos ante la opinión pública.

En la misma sintonía se encuentran la UCR y el MID. Los radicales plantearon que “la ejemplaridad en la función pública no es una opción, es una obligación indelegable”, pero tampoco se mostraron dispuestos a jugar a fondo con la interpelación.

La agenda de Milei en el Congreso ya venía complicada. De todos los proyectos que envió en los últimos meses más de la mitad se encuentran empantanados, principalmente en el Senado, donde se ha generado un verdadero cuello de botella.

La reforma política (eliminación de las PASO) sigue sin conseguir el visto bueno de los aliados del PRO, la UCR y de varios gobernadores. También perdieron impulso la reforma del régimen de Zonas Frías ante los temores de las provincias del norte de que el Gobierno no cumpla sus promesas y la ley Hojarasca. Por su parte, la tan comentada nueva ley de sociedades ni siquiera comenzó a discutirse de forma seria al igual que el flamante proyecto de ludopatía.

En tanto, la reforma de la ley de etiquetado frontal comenzó a discutirse pero no tiene fecha para ir al recinto y el Tratado de Patentes quedó en stand by a la espera de señales concretas del gobierno de Trump respecto de la política de aranceles.

A pesar de todo, los libertarios convocaron a dos plenarios de comisión para la semana que viene con el objetivo de dictaminar el Super RIGI y el pago a los Holdouts. La idea es ir al recinto el 24 de junio, antes de que se termine el Mundial, que podría marcar un momento bisagra en la relación con los gobernadores.

En la bancada libertaria se muestran confiados en que conseguirán los votos para aprobar el nuevo régimen de grandes inversiones y destacan que las reuniones del ministro del Interior Diego Santilli con media docena de mandatarios fueron positivas.

En cambio, no son tan optimistas con la nueva ley de Lobby. En la última sesión informativa todas las Asociaciones Civiles, Sindicatos y Cámaras empresarias que participaron de la reunión informativa criticaron la redacción. Los libertarios adelantaron que aceptarán cambios pero no estaban seguros de lograr un consenso amplio.

De todas formas, las novedades del caso Adorni seguirán marcando el pulso de la agenda, porque incluso los aliados más cercanos reconocieron que en caso de que sea procesado por la Justicia será difícil frenar una interpelación.

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Unidad del Peronismo: señales de distensión, la advertencia de Máximo y la condición de Kicillof

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Quienes rodean y conocen muy bien a Axel Kicillof dicen que el Gobernador atiende el teléfono siempre. Siempre es siempre. También cuando en la pantalla aparece el apellido Kirchner, sea cual sea el nombre que lo acompañe. Y dicen también que hacen falta menos intermediarios y más voluntad constructiva entorno al diálogo. Si hay intenciones de hablar y priorizar los acuerdos por sobre las rencillas del pasado, la posibilidad de llegar a un punto medio caerá por su propio peso.

Las chances de que haya un diálogo que destrabe la interna de los últimos años está latente. Sobre todo por la necesidad imperiosa de buscar un acuerdo amplio que contenga a las distintas vertientes del peronismo y que anule los túneles por donde se mandan misiles llenos de palabras. Hoy parece una utopía, pero en todo el kirchnerismo, y en el peronismo en su máxima expresión, saben que es una realidad inevitable.

Kicillof está dispuesto a hablar con el que haya que hablar para buscar acuerdos que beneficien a la fuerza política en su conjunto. “Si la propuesta de diálogo es constructiva, Axel va a estar, porque en el peronismo no sobra nadie”, le afirmó a Infobae un funcionario de primera línea del gobierno provincial. De esos que se sientan en la mesa chica donde se toman las decisiones más importantes.

El mensaje, en ese sentido, es similar al que Máximo Kirchner mandó el viernes desde Paraná, Entre Ríos, en su segunda salida en el año por fuera de los límites bonaerenses. “El peronismo no está en condiciones de excluir a nadie. Sí de dar todos los debates y discusiones internas”, sostuvo. La propuesta es concreta. Hay que hablar, pero esa conversación no será un camino de rosas.

Pero la cuestión de fondo es el para qué. El motivo por el que van a intentar dejar la desconfianza de lado para poder articular un plan común. El Gobernador ata su voluntad de reunirse a temas que valgan la pena para el conjunto. “Si la reunión es para hablar de temas que tengan que ver con el futuro del espacio, Axel va sin problemas. Pero si es para decirle que todos los males del peronismo son culpa de él, no”, sentenció el mismo funcionario.

El Gobernador tiene sobre la mesa un puñado de temas que necesitan del consenso de los principales sectores del justicialismo. Entre ellos figura la re reelección de los intendentes bonaerenses; el regreso de las PASO a la provincia, luego de la suspensión del año pasado; y la ingeniería para sumar nuevos aliados al frente electoral.

El peronismo debe empezar a puntear el mapa de acuerdos electorales en el segundo semestre del año. Porque es un trabajo que lleva tiempo. Algunos de los dirigentes que lo hicieron durante el 2018 y 2019, para armar el Frente de Todos, advierten que esa construcción de hormiga necesita meses, viajes, llamados, acuerdos y puntos de encuentro respecto a los beneficios y los perjuicios que cada uno pone en juego.

Es por eso que si la interna entre Kicillof y los Kirchner sigue envolviendo cualquier discusión que atraviese al peronismo, se convierte en una traba que anula el armado de un nuevo dispositivo electoral potente. En ese sentido, el diálogo operativo que hubo entre el Gobernador y el líder de La Cámpora para organizar el funeral del Indio Solari, generó esperanza dentro del universo del PJ, donde esperan que se empiece a aceitar la conversación entre las partes.

En el cristinismo ya han dado algunas señales claras de querer retornar a una etapa de diálogo. Advierten que hubo intentos de algunos dirigentes que juegan de intermediadores que no prosperaron. En el entorno de Kicillof consideran que no es así, que no hubo un llamado concreto y que solo algunos allegados dejaron saber que existía una voluntad.

No parece haber trabas mayúsculas para que se coordine una reunión donde el diálogo por el bien común de la mayoría pase por encima de las diferencias y los enojos que van a seguir vigente en el tiempo. En definitiva, si hay algo por lo que el peronismo se caracterizó en su historia es por el pragmatismo y la flexibilidad de sus dirigentes. No es una distancia insalvable.

Uno de los temas que divide las posturas entre ambas partes es la reivindicación al rol de Cristina Kirchner y la defensa permanente de su situación judicial. En el cristinismo le pasan factura al Gobernador por no tener en el vértice de su agenda el pedido de libertad de la ex presidenta de la Nación. Kicillof sostiene su postura de defensa pero para el sector de CFK es poco. Creen que no se juega lo suficiente por su mentora política. La historia sin fin.

En los últimos días dentro del justicialismo empezó a haber un giro respecto a la consigna para defender a la ex mandataria. Son varios los que creen que hay que pasar de “Cristina libre” a “Cristina inocente”. Cambiar el reclamo y mantenerlo en el tiempo. El sector más cercano a ella presiona para que el pedido sea permanente y en todas las tribus del peronismo. En el sector más alejado entienden que lo mejor es que cada uno le hable al público que crea conveniente y la fuerza no se desgaste con tantos reproches cruzados.

En el caso de la primer consigna, algunos dirigentes entienden que, de cara a la sociedad, el peronismo queda como un espacio que quiere la libertad de una de sus líderes a cualquier costo. Lo que hay que mantener, entonces, es la idea de que el proceso penal estuvo viciado, que existe una persecución política y que sus condiciones de detención son peores que la de los presos condenados por crímenes de lesa humanidad.

En los hechos, la situación de CFK es un tema que nadie puede esquivar en el peronismo y que trae muchos cruces internos. Ningún sector tiene la fuerza suficiente para imponerle al otro los parámetros del reclamo y la hoja de ruta que deben llevar adelante. La discusión de la renovación y la reorganización aún no ha tomado el volumen suficiente para pasar por encima de ese debate que proponen en el mundo K. Algunos creen que ese tiempo llegará antes de que culmine el año. Porque la unidad del peronismo para enfrentar las elecciones, con los lugares en juego que hay en los entramados de poder, es más importante que las posturas de las líneas internas.

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