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Los movimientos sociales y piqueteros se movilizarán en febrero al Congreso contra la reforma laboral

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Los movimientos sociales y organizaciones piqueteras de izquierda resolvieron movilizarse frente al Congreso Nacional durante el mes de febrero. La fecha estipulada será el día en que el Senado trate la reforma laboral, impulsada por el Gobierno. La decisión fue adoptada en rechazo al proyecto de ley de La Libertad Avanza, al que consideran un ataque estructural a los derechos de los trabajadores formales e informales, en paralelo a un escenario de alta tensión política, sindical y parlamentaria.

La convocatoria tendrá como protagonistas a los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a organizaciones piqueteras y sectores de la izquierda, que anticiparon una masiva presencia en las calles pese a algunas concesiones que ya realizó el Poder Ejecutivo. Para estos sectores, los cambios no alteran el corazón del proyecto de ley de “modernización laboral” que, sostienen, profundiza la precarización laboral y debilita el entramado sindical.

El Congreso, epicentro del conflicto

El conflicto se reactivó con fuerza luego de que el presidente Javier Milei convocara a un nuevo período de sesiones extraordinarias del Congreso para febrero, mediante el decreto 24/2026, firmado junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida establece que el período se extenderá desde el 2 hasta el 27 de febrero, y ubica a la reforma laboral como uno de los cuatro proyectos centrales de la agenda legislativa del oficialismo.

La Casa Rosada definió un cronograma político acelerado con el objetivo de convertir en ley la reforma laboral antes del inicio de las sesiones ordinarias. En ese marco, el Gobierno prevé llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta entre el 10 y el 12 de febrero, con fecha tentativa de tratamiento el 11 de febrero, día en el que se espera la movilización frente al Congreso. Sin embargo, esa fecha está sujeta a modificaciones. Los organizadores entienden que será “un febrero caliente” y de alto voltaje político.

Además de la iniciativa laboral, el temario incluye el pedido de aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial y otras iniciativas consideradas estratégicas por la administración libertaria.

Una mayoría esquiva en el Senado

Con una bancada propia minoritaria —aunque mayor que antes de las anteriores elecciones legislativas—, La Libertad Avanza (LLA) necesita reunir al menos 16 o 17 voluntades adicionales para alcanzar el quórum de 37 senadores y avanzar con la votación. En ese escenario, el rol de Patricia Bullrich, jefa del interbloque oficialista y presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, será central para defender el proyecto y articular los acuerdos políticos necesarios.

El oficialismo desplegó una estrategia de negociación múltiple que incluye una comisión técnica, coordinada por la abogada Josefina Tajes, encargada de recopilar y ordenar las propuestas de modificación impulsadas por sectores de la UCR, el PRO y la CGT. La intención del Ejecutivo es evitar cambios de último momento que puedan poner en riesgo la sanción del proyecto.

En paralelo, Bullrich inició una ronda de reuniones con jefes de bloques opositores considerados “dialoguistas”, con especial foco en los senadores radicales, los representantes del PRO y legisladores provinciales alineados con sus gobernadores.

La negociación con las provincias se volvió uno de los puntos más sensibles del debate. El proyecto de Modernización Laboral incluye cambios impositivos que impactan directamente en los recursos coparticipables, en un contexto en el que las provincias ya denuncian una fuerte caída de ingresos durante la gestión actual.

En particular, la iniciativa contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas, con un tope del 31,5% frente al 35% vigente, lo que implicaría una merma estimada de 1,6 billones de pesos en recaudación, fondos que se distribuyen entre Nación y provincias. Esta situación genera resistencias entre los gobernadores, que evalúan el costo fiscal de acompañar la reforma.

Los movimientos sociales endurecen su postura

Para los movimientos sociales y piqueteros, el escenario es aún más categórico. Desde la UTEP, su secretario general Alejandro Gramajo afirmó que la reforma “está orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relación salarial formal plena de derechos”, y advirtió que el nuevo esquema de indemnizaciones “propone pagar menos, en cuotas y con fondos que hoy pertenecen a los jubilados”.

En la misma línea, Gramajo rechazó el argumento oficial que sostiene que la quita de derechos generará más empleo formal. “Es algo nunca visto: quitarle derechos a unos para supuestamente beneficiar a otros. Si bajan al de arriba, pisan al de abajo”, sostuvo.

Desde una posición aún más confrontativa, el ex secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, afirmó que “no tiene un solo punto a favor de los trabajadores informales ni de la economía popular”. Para Castro, cualquier avance en derechos para los sectores más postergados solo será posible si la reforma laboral es rechazada en el Congreso.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) enfrenta un escenario complejo. Si bien mantiene su rechazo al proyecto, la central obrera optó por una estrategia de “reducción de daños”, intentando recortar los artículos más lesivos a través de negociaciones con gobernadores y legisladores, mientras mantiene la presión en la calle.

La CGT ya protagonizó una masiva movilización el 18 de diciembre en Plaza de Mayo y no descarta nuevas medidas de fuerza, incluido un paro nacional, si el Gobierno avanza sin modificar aspectos centrales de la reforma. Entre sus principales críticas figuran la flexibilización de las condiciones de trabajo, la reducción de indemnizaciones, la limitación del derecho de huelga, la ruptura de la negociación colectiva y el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.

Con el tratamiento previsto para febrero, el conflicto entra en una fase decisiva. El Gobierno apuesta a cerrar acuerdos políticos para sancionar una de sus leyes emblemáticas, mientras que la CGT, los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras preparan una respuesta en las calles. La pregunta es: ¿conseguirán masividad para demostrar fuerza contra las políticas libertarias?

El Congreso volverá a ser el escenario donde se cruce la disputa entre el proyecto de transformación laboral del oficialismo y la resistencia del movimiento obrero organizado y los sectores populares. Febrero se perfila así como un mes clave, no solo para el futuro de la reforma laboral, sino para el equilibrio político y social.

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El Gobierno encara la última semana legislativa con agenda inconclusa y dudas por el temario de extraordinarias

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El Congreso de la Nación entrará en su última semana de sesiones ordinarias con un temario muy amplio y con una actividad pocas veces vista en el Palacio Legislativo.

Por el lado de Diputados, el temario se complicó luego de que la semana pasada el oficialismo no consiguiera el quórum necesario. Sin la sesión del miércoles pasado, el cronograma de la Cámara baja hace que ya queden, por lo menos, dos proyectos de ley de interés para la Casa Rosada que deberán esperar el decreto de llamado a sesiones extraordinarias para diciembre.

La ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida popularmente como ley Malvinas, es un proyecto que se impulsa desde el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo. En los pasillos del Congreso se lo asocia a quien supo ser uno de los vértices del ya desaparecido triángulo de hierro presidencial. Además, forma parte fundamental de la estrategia gubernamental para intentar frenar el avance petrolero en Malvinas y, en paralelo, restringir el ingreso de capitales chinos en sectores críticos como energía, minería y telecomunicaciones.

La otra norma que también deberá esperar el llamado a extraordinarias es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Aunque se trata de una votación que en principio resultaría “simple” —ya que el proyecto ya pasó por Diputados, fue aprobado por amplia mayoría y volvió con cambios desde el Senado, donde obtuvo dos tercios, lo que facilita la votación en Diputados—, no habría margen suficiente para ingresarlo al recinto esta última semana.

Por último, queda el traspaso de la justicia en lo Criminal y Correccional de Menores de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta ahora los diputados tienen aviso de que la última sesión del período ordinario se realizará el próximo jueves, con la idea de tratar el Presupuesto 2027. Teniendo en cuenta la extensión que suele tener el debate de la ley marco de la administración nacional, es poco probable que se incorpore otro punto al temario.

En el Senado las cosas tampoco están mejor. La semana próxima los legisladores tendrán 48 horas de intensa actividad.

El miércoles a la mañana, a las 10, se citó a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales, con la intención de debatir y, en lo posible, dictaminar la ley de ludopatía que llegó en revisión de Diputados.

Ese debate deberá concluir alrededor de las 14, porque está previsto que a partir de las 15 comience la exposición de Diego Santilli en lo que será su primera presentación del informe de gestión en su rol de jefe de Gabinete.

Para el jueves está prevista otra sesión en la Cámara Alta, en la que ingresará el proyecto de ley de ludopatía y varios otros proyectos con dictamen a los que los senadores acordaron darles sanción —o media sanción— para que no pierdan estado parlamentario.

Pero el debate principal será la reforma de la ley electoral, en la que el oficialismo llega con un único objetivo: suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y poner en marcha Ficha Limpia. En el oficialismo confían en conseguir los votos necesarios, pero, como dijo a Infobae una senadora libertaria, “el diablo está en los detalles”, por lo que trabajarán en la previa para no sufrir ningún tipo de contratiempo.

“Queda una semana de mucha rosca para poder lograr alguno de los objetivos. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es el de suspender las PASO. Veremos cómo se mueven ellos y, a partir de ahí, terminaremos de organizar la estrategia para llegar al recinto con votos de sobra”, agregó.

Quedan cuatro días de sesiones ordinarias. Después, habrá que esperar el decreto del Ejecutivo que llame a sesiones extraordinarias y que establezca el temario que la Casa Rosada buscará tener aprobado para el 30 de diciembre.

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A una semana del fallo del Tribunal del Mar, Quirno volvió a reclamar que se frene el proyecto Sea Lion en Malvinas

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A una semana de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) dé a conocer su resolución sobre el reclamo contra el Reino Unido, el canciller Pablo Quirno reiteró el reclamo contra las empresas extranjeras que encabezan el proyecto Sea Lion, que busca explotar el petróleo de las Islas Malvinas.

“Estamos hoy ante una intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, sostuvo el canciller. Por esto, explicó que la Argentina decidió llevar el planteo ante el tribunal internacional con sede en la ciudad de Hamburgo, en Alemania.

La presentación no solo se trató de un pedido de intercesión, ya que las autoridades argentinas solicitaron una medida previa para que se detenga el avance del proyecto petrolero. “Nosotros hemos pedido que paren esta explotación antes de que se haga el arbitraje”, apuntó.

De esta manera, el canciller precisó que esperaba una decisión para el próximo sábado 28 de noviembre, fecha en la que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene previsto comunicar su orden sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.

Además del cese de la explotación petrolera, la Argentina también pidió que el Reino Unido se abstenga de otorgar permisos en el área, que preserve la información obtenida durante la exploración y que proteja el medio marino. La solicitud fundamentó que la extracción de crudo puede generar un perjuicio irreversible al considerarse que se trata de un territorio que se mantiene en disputa por su soberanía.

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Semana clave: Karina Milei volvió a convocar a la Mesa Política y se definen los proyectos que va a priorizar la Casa Rosada

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Karina Milei volvió a convocar a la Mesa Política del Gobierno para el martes 24 de noviembre a las 13 en la Casa Rosada, con el objetivo de cerrar la estrategia política en términos legislativos antes de que el período ordinario del Congreso venza y se defina el llamado a sesiones extraordinarias en los próximos días. Será la segunda reunión en siete días, tras casi un mes sin encuentros.

La cumbre deberá definir el quórum para tratar el Presupuesto 2027 en Diputados, los votos para suspender las PASO en el Senado y las negociaciones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá con los gobernadores mientras presenta su primer informe de gestión ante la Cámara alta.

La reunión volverá a realizarse en el horario habitual de las 13, luego de que el encuentro del martes 17 se adelantara a las 11. Aquella cita duró una hora y media y fue la primera desde principios de mes.

Además de Karina y Santilli, en la mesa participan el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

El cierre legislativo antes del 30 de noviembre

Santilli debutará el miércoles 25, desde las 15, en el Senado con su primer informe como jefe de Gabinete. La oposición ya envió más de 1.600 preguntas y el oficialismo prevé que la sesión pueda extenderse durante más de seis horas.

En Diputados, La Libertad Avanza busca llevar al recinto el Presupuesto 2027, que obtuvo dictamen de mayoría el martes 17. La sesión está prevista para el miércoles 25, aunque en el Congreso evalúan postergarla hasta el jueves 26 porque se va a insistir en el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La aprobación definitiva de esa iniciativa quedaría para diciembre, durante las sesiones extraordinarias. Antes de esa discusión, Martín Menem deberá resolver la designación de la cuarta representante de la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura.

Provincias Unidas promueve al diputado Juan Brügge, mientras que el PRO impulsa a Florencia de Sensi. La falta de consenso impidió reunir quórum el miércoles 18 y frustró una sesión que debía abordar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El principal debate de la semana llegará el jueves 26 en el Senado, con el proyecto que suspende las PASO para 2027. El oficialismo sostiene que cuenta con 40 votos, aunque todavía no consiguió cerrar el dictamen.

Los dos senadores de Provincias Unidas y tres representantes radicales firmaron en disidencia. Para acercar posiciones, la versión negociada retiró las listas colectoras, que habían generado resistencia entre los aliados.

Ese mismo día existe una moción de preferencia para tratar el proyecto de prevención de la ludopatía. La Cámara alta viene de aprobar por unanimidad el régimen permanente de discapacidad, además de sancionar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada por 42 votos contra 26, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes por 47 a 22 y la Ley Joaquín.

Los votos para las PASO y las tensiones internas

La última reunión política estuvo centrada en el recuento de respaldos para la reforma electoral. El oficialismo reconoció entonces que aún no reunía los votos necesarios en el Senado y no logró avanzar con el dictamen.

El comunicado oficial indicó que continuarían las conversaciones sobre la iniciativa y que se recibirían propuestas y modificaciones de los distintos bloques. En paralelo, el PRO anunció que acompañará la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de parlamentarios del Mercosur, aunque condicionó ese respaldo al avance de Ficha Limpia.

Patricia Bullrich confirmó que votará la suspensión de las primarias. La mesa del 17 también definió enviar al Congreso el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.

La cita previa se había realizado después de una pausa de casi un mes. Karina Milei suspendió el encuentro previsto para el 3 de noviembre tras la ausencia de Bullrich en una reunión de Gabinete, mientras que la visita del papa León XIV dejó sin actividad la agenda de la semana siguiente.

La imagen de unidad de la última cumbre no eliminó las diferencias entre sectores del Gobierno, aunque creen que los diversos acuerdos legislativos logrados esta última semana ayudaron a limar algunas asperezas. “Creo que el Gobierno venía en un letargo hasta la llegada del Papa con temas que no avanzaban. Creo que después, no sin algunos contratiempos, salimos adelante”, afirma uno de los miembros de la Mesa en diálogo con Infobae.

En el Ejecutivo descartan una ruptura. Bullrich sigue siendo una figura necesaria para reunir apoyos en la Cámara alta, donde el Gobierno necesita cada voto para aprobar la suspensión de las PASO.

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