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Los reclamos por reajuste de haberes jubilatorios representan el 76% de las causas que están en la Corte

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Un organismo del Estado, la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina (ANSES), es el principal litigante ante la Corte Suprema de Justicia. El Máximo Tribunal de la Nación enfrenta un récord de juicios previsionales a partir de los recursos extraordinarios y de queja presentados por ese organismo para no pagar los reajustes jubilatorios ordenados en sentencias de instancias inferiores.

El año pasado ingresaron un total de 58.424 nuevas causas a la Corte. De ese total, el 72% fueron de materia previsional. En números fueron 41.806 nuevos expedientes, la cifra más alta desde 2014, cuando habían ingresado 8.552. Esto revela el nivel de litigiosidad existente por los reclamos de reajuste por parte de los jubilados, y las apelaciones de la ANSES contra fallos favorables a esas demandas.

A lo largo del 2025, el Máximo Tribunal resolvió 14.338 causas sobre reajustes jubilatorios.

El año con menos ingresos de expedientes al Máximo Tribunal por demandas de reajuste de jubilaciones fue 2017, con apenas 5.336 nuevos casos.

Entre las presentaciones hechas ante la Corte por organismos públicos, lidera -por lejos – la ANSES, con el 93% de las causas presentadas. Encabeza la carátula de 32.133 expedientes.

Y del stock acumulado de 111.187 causas que están en el Máximo Tribunal desde 2014, según el análisis hecho por Infobae, el 76% son previsionales (84.961 casos).

Los datos surgen del Informe sobre Anuario Estadístico 2025 elaborado por la Oficina de Estadísticas de la Corte, y actualizado el 13 de abril pasado.

El cúmulo de causas previsionales en el Máximo Tribunal responde, principalmente, a los fallos en favor de los jubilados que solicitan un reajuste de haberes tras la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria dispuesta en el gobierno de Alberto Fernández (ley Nro 27.609), un tema sobre el que la Corte Suprema aún no falló para fijar un precedente.

“Hay siete Cámaras Federales que están fallando a favor de jubilados que cobraron sus haberes según la fórmula de movilidad por el período de Alberto Fernández, y la ANSES está apelando todos esos casos. Especialmente, está presentando recursos de queja, que es una última instancia tras el rechazo del recurso extraordinario en Cámara, porque la mayoría de la Cámaras en el interior le está denegando los recursos a la ANSES”, explicó el especialista en derecho previsional Adrián Tróccoli a Infobae.

“Si la Corte declarara la inconstitucionalidad de esa ley de Alberto Fernández, que reemplazó la ley de movilidad de Mauricio Macri, se resolverían miles de planteos que aún están pendientes”, señaló.

Los expedientes por reajuste de haberes que están en la Corte no son todos por recursos de queja de la ANSES, ya que hay también de jubilados que decidieron recurrir al Máximo Tribunal, aunque estos son apenas un cuarto del total.

Los cambios en la fórmula

Los jubilados sufrieron tres cambios en la fórmula de movilidad que los perjudicó en sus haberes. En 2017, Macri promovió un esquema basado en un 70% en la inflación (Índice de Precios al Consumidor- IPC) y un 30% en la variación salarial (RIPTE), que comenzó a regir en marzo de 2018.

Luego, en diciembre de 2019, con el cambio de Gobierno, Fernández dispuso la suspensión de ese cálculo, medida que se extendió durante la cuarentena por la pandemia del COVID. El 29 de diciembre de 2020, el Congreso sancionó una nueva fórmula, que se basó en la evolución de los salarios (el mejor índice entre el RIPTE y el INDEC) y la recaudación de la ANSES, y que comenzó a aplicarse en marzo de 2021. “Esta fórmula de movilidad le hizo perder más o menos un 40% del poder adquisitivo de los jubilados. Esta última versión de la ley, es el motivo de los últimos reclamos, que son la gran mayoría de los que están en la Corte”, advirtió Troccoli.

Una de las demandas en la que debe fallar el Máximo Tribunal y que podría convertirse en un precedente para futuras resoluciones es el conocido como “Caso Cortés”, que lleva el Estudio Tróccoli. Logró con fallo favorable de la Cámara Federal de Mendoza en noviembre de 2024, cuando este Tribunal declaró la inconstitucionalidad de ley 27.609 de movilidad jubilatoria que rigió entre 2021 y 2024, y ordenó el uso del IPC publicado por el INDEC, para el reajuste del haber.

Del total de 57.493 expedientes sobre reclamos de reajustes de haberes que tenía la Corte a comienzos de 2025, el Máximo Tribunal resolvió el año pasado 14.338 expedientes. Constituyeron el 54% del total de sentencias dictadas por los supremos.

Al finalizar el año pasado, el stock de causas acumuladas en esta materia ascendió a 27.468, equivalente al 86% del total.

El año en que el Máximo Tribunal resolvió mayor cantidad de demandas sobre reclamos previsionales fue 2019: sus integrantes firmaron 16.380 sentencias sobre esta materia.

Ese año, además de sus actuales integrantes – Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz – aún formaban parte del Tribunal, Helena Highton – y Carlos Maqueda, hoy ya jubilados.

Las causas de 2025

Las 58.424 nuevas causas ingresadas el año pasado al Máximo Tribunal es la cantidad más alta de los últimos 12 años, lo que marca un crecimiento ininterrumpido desde el 2021 y un incremento interanual del 28% respecto de los casos que llegaron a la máxima instancia judicial del país en 2024.

Luego de los expedientes previsionales que fueron amplia mayoría (72%), le siguen en volumen, pero mucho más lejos, las demandas laborales, con el 13% del total (7.571 casos), y las penales, con casi 5% de los expedientes que ingresaron (2.780 casos).

En 2025, la Corte resolvió un total de 26.524 causas de las diferentes materias que llegaron a la Corte, una cifra que se acercó al pico de sentencias que firmaron en 2019, cuando ascendieron a 26.608.

En cuanto al stock total de casos pendientes de resolución al finalizar el 2025, fue de 111.187 expedientes, una cifra récord. Esa cantidad fue un 40% superior al del 2024, cuando los supremos tenían 79.287 causas en el Máximo Tribunal.

A su vez, el número de expedientes resueltos en 2025 por el Máximo Tribunal (26.524) fue un 39% superior que los que tuvieron una definición en 2024, año en el que los supremos fallaron en 19.056 expedientes.

En cuanto a las causas ingresadas a la Corte en 2025 por recursos de privados, fuera del tema previsional, la mayoría (79% de ese grupo) fueron de ART (3.258 casos).

Las estadísticas de la Corte Suprema están disponibles en la web del Tribunal, con datos que se remontan a 2014, ya que ese año fue cuando se empezó a usar un sistema digital para poder contabilizar las causas, aunque sin el nivel de detalle y desglose de los últimos dos informes del 2024 y 2025.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

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Jornada solidaria de la Fundación Sí a beneficio de merenderos y comedores

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añana miércoles se desarrollará una jornada solidaria en distintas ciudades del país, entre ellas Bahía Blanca, a beneficio de merenderos y comedores organizada por la Fundación Sí.

Griselda Larsen informó en Radio Altos que mañana de 8 a 20 horas en San Martín 450 recepcionarán:

  • Alimentos no perecederos
  • Pañales para adultos y niños
  • Artículos de higiene personal y para el hogar
  • Ropa de blanco
  • Calzado limpio y en buen estado

Recordó que la presencia de Fundación Sí en Bahía Blanca comenzó tras la emergencia provocada por el temporal y la inundación de marzo de 2025.

“Desde entonces, el vínculo construido con vecinas/os y voluntarias/os locales se transformó en un trabajo comunitario que continúa más allá de aquella emergencia”, destacaron desde la organización.

Y remarcaron que la Misión Solidaria propone seguir fortaleciendo esos vínculos y acompañar a quienes todos los días sostienen espacios comunitarios fundamentales para muchas familias de nuestra ciudad.

Fuente: Frente al cano.

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El gobierno municipal suma una nueva agencia: Regulación, Control y Habilitaciones

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El gobierno municipal comunicó que creó una nueva Agencia de Regulación, Control y Habilitaciones. La medida se da, precisaron, en el marco de un proceso de reordenamiento normativo general que en la etapa actual comprende la revisión de las normas y los procedimientos vinculados con las habilitaciones y la fiscalización municipal.

La iniciativa comprende la actualización de los códigos de Habilitaciones y de Edificación y la integración de áreas municipales en la flamante agencia.

Según se adelantó, una de las tareas a cargo será la revisión integral de la normativa vigente y el envío al Concejo Deliberante un proyecto de nuevo Código de Habilitaciones, en reemplazo del actual, vigente desde 1993, y una propuesta de nuevo Código de Edificación, para actualizar un marco normativo que tiene 58 años de antigüedad.

“Estas modificaciones buscan adecuar las reglas a las necesidades actuales de la ciudad y acompañar el desarrollo de las actividades comerciales, industriales y de servicios con procedimientos más claros, modernos y previsibles”, explicaron.

Así las facultades municipales de habilitación y control se unificarán en la mencionada agencia que estará a cargo del abogado Javier Prenassi, quien viene desempeñándose como subsecretario de Prevención, Enlace y Comunicación.

Esta nueva estructura tendrá a su cargo la gestión de las habilitaciones comerciales e industriales y la actualización de los procedimientos, además de las tareas de verificación, inspección y fiscalización.

Aclararon que la integración permitirá coordinar áreas que en la actualidad dependen de distintas estructuras municipales, ordenar los circuitos administrativos y fortalecer la capacidad de respuesta. A su vez, favorecerá una planificación conjunta de los controles para garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y salubridad exigidas para cada actividad.

“Integración, profesionalización y ordenamiento son los ejes de esta transformación, parte de una mirada más amplia: recuperar la capacidad del Municipio para orientar el desarrollo de Bahía Blanca. Un proceso que requiere revisar reglas y prácticas heredadas, construir acuerdos y tomar decisiones que respondan al presente y permitan proyectar el futuro de la ciudad”, enfatizaron desde la comuna.

Fuente: Frente al cano.

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El Municipio se ajustó a una ley provincial y habilita loteos sin contar con la prefactibilidad de ABSA

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El Municipio de Bahía Blanca se ajustó a los requisitos de la Ley provincial 8912 que habilita lotear terrenos sin contar con la prefactibilidad de ABSA. Así se pueden subdividir terrenos, siempre y cuando, se cuente con la aprobación de la Autoridad del Agua para realizar perforaciones.

La Ley 8912 es la norma principal que regula el ordenamiento territorial y el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo en la Provincia de Buenos Aires. Fue promulgada el 24 de octubre de 1977.

El desarrollador inmobiliario Gonzalo Cos explicó esta mañana en diálogo con Radio Altos que Bahía Blanca no se ajustaba a la norma provincial y por ese motivo no se podía avanzar en loteos si no se contaba con la prefactibilidad de la prestadora del servicio de agua potable.

La norma contempla que si el ADA lo autoriza, se puede realizar una perforación para contar con agua, y así poder lotear. “Totalmente legal y totalmente lícito”, remarcó.

Aclaró que salvo nuestra ciudad, el resto de las localidades bonaerenses sí se ajustaban a la ley. Consideró que los gobiernos anteriores no lo hicieron por negligencia.

En ese punto, destacó cómo muy positivo que la gestión de Federico Susbielles haya tomado el reclamo y decidiera comenzar a habilitar loteos contando con la aprobación del ADA para poder realizar una perforación, en caso de no obtener la prefactibilidad de ABSA.

Explicó que en la actualidad no solo es muy sencillo sino que relativamente accesible contar con una pequeña planta de ósmosis inversa domiciliarias para tratar el recurso que se obtiene de una perforación.

“Era inentendible que en Bahía no se adopte este sistema. La Provincia no entendía por qué no lo hacía. La actual gestión municipal entendió que, como se hace en todos lados, también se podía hacer acá”, subrayó.

Por último, Cos expuso la importancia de esta decisión para poder reactivar los loteos sociales que están paralizados por no contar con la prefactibilidad de ABSA.

Fuente: Frente al cano.

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