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Política Provincial

Los trabajadores del Bapro quieren que Kicillof deje sin efecto la reforma previsional de Vidal

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En cada ciudad que pisa Axel Kicillof habrá un trabajador del Banco Provincia que le planteará al candidato del Frente de Todos la necesidad de volver atrás con la reforma previsional que impulsó María Eugenia Vidal.

Esa presión “amigable” es parte la estrategia de los trabajadores del banco para apuntalar una serie de necesidades a un eventual próximo gobierno.

Fuentes del banco destacan que recomponer el sistema jubilatorio que gozaban los trabajadores del Banco será un proceso complejo y por sobre todo muy largo.

Además de los contactos en el interior bonaerense, los trabajadores mantienen contactos fluidos con el Patria y con los directores del Banco que responden al peronismo. Con Sebastián Galmarini y Juliana Di Tullio hubo contactos en los últimos días.

Un dato importante es que varios referentes de La Bancaria integran las listas del Frente de Todo, en especial en los distritos.

Fuentes de La Bancaria, consultadas por LPO, aseguran que la prioridad es recuperar lo que los trabajadores perdieron con la reforma que Vidal impulsó en 2017. Esos cambios implicaron una suba en la edad de jubilación de 57 a 65 años y un recorte en los haberes del 82% a un 60%.

Fiel a su estilo, Kicillof recepta los planteos de los bancarios pero no emite señal alguna de lo que hará con el tema.

Pero el planteo que bajan de La Bancaria es más amplio. “Apostamos a encaminar el banco hacia una matriz productiva”, dice a LPO el titular de la Comisión Gremial Interna del Bapro, Santiago Etchemendi.

Los trabajadores tampoco quieren la continuidad de los descuentos del 50%. “Suena muy lindo y sabemos que es necesario, pero lo cierto es que le genera una pérdida muy grande al banco”, asegura Etchemendi.

Agrega que no genera trabajo, tampoco levanta el consumo de la provincia “y está en relación directa con el traslado de fondos a grandes cadenas de supermercados”, dice.

La urgencia está focalizada en modificar la reforma previsional que aprobó la Legislatura bonaerense en diciembre de 2017. Por entonces, la Gobernadora decidió ponerle fin a un déficit de entre 4.000 y 5.000 millones que obligaba a la Provincia a tomar deuda para cubrir el gasto que ocasionan 7.000 jubilaciones que van de 40.000 a 150.000 pesos..

El gobierno venía con el respaldo de la elección legislativa de octubre por lo que avanzó rápido a los pocos días de que asumieran los nuevos legisladores. Consiguió como aliados algunos sectores del peronismo que le permitió sortear el fuerte rechazo del masissmo y el kirchnerismo duro.

Desde el directorio del Banco reconocen los problemas de rentabilidad que tiene la banca estatal de la provincia: desmanejos, tope a los créditos UVA, promociones del 50% de descuento para todos los sectores sociales.

Ese programa de descuentos que se aplica dos veces al mes tiene un impacto de unos 4500 millones de pesos sobre las arcas de la banca pública.

Nota ; LA POLITICA ONLINE

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Olavarría, Junín y Vicente López, entre las seis mejores ciudades para criar un niño

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La Fundación Bunge y Born presentó el Índice NIDO, una herramienta diseñada para identificar y visibilizar las desigualdades en las oportunidades de desarrollo de niños y niñas de hasta 5 años. Entre las seis ciudades más aptas para el desarrollo de las infancias hay tres bonaerenses: Vicente López, Olavarría y Junín.

En una reunión que convocó a unos 70 especialistas en primera infancia, Gerardo della Paolera, director ejecutivo de la Fundación remarcó que por lo general “a la educación y a la primera infancia no se le da toda la importancia que merece pese a que son centrales para el desarrollo económico y una sociedad más equitativa. La verdadera banca de inversión es la educación”.

¿Qué es el Índice NIDO?

A diferencia de los abordajes tradicionales que evalúan la desigualdad únicamente a partir de los ingresos económicos, NIDO adopta una mirada integral que pondera cuatro dimensiones clave para el bienestar infantil:

  • Contexto socioeconómico (35%): evalúa el clima educativo del hogar, la privación material y el acceso a servicios esenciales.
  • Salud (33%): mide la cercanía a efectores públicos y la cobertura sanitaria.
  • Educación (27%): analiza la distancia a establecimientos educativos estatales y las tasas de asistencia.
  • Espacios verdes (15%): registra la accesibilidad a entornos que favorecen la recreación y el juego.

A partir del análisis de las localidades con más de 100.000 habitantes, el índice elaboró un listado de las ciudades que actualmente ofrecen mejores condiciones promedio para el desarrollo temprano.

Las 10 mejores ciudades argentinas para criar a un niño

  • CABA, CABA – 59,33
  • Vicente López, Buenos Aires – 58,91
  • Rafaela, Santa Fe – 55,09
  • Olavarrí­a, Buenos Aires – 54,98
  • Mendoza, Mendoza – 54,77
  • Junín, Buenos Aires – 54,05
  • Paraná, Entre Rí­os – 51,97
  • Godoy Cruz, Mendoza – 51,94
  • Rosario, Santa Fe – 51,33
  • 10. Río Cuarto, Córdoba – 50,77

El Índice NIDO es una iniciativa desarrollada desde Fractal, el laboratorio de bienes públicos de la Fundación Bunge y Born y el Programa de Primera Infancia de la entidad. “Con este proyecto -señala Della Paolera- buscamos fortalecer un ecosistema de datos abiertos y transparentes que permita a los gobiernos locales, organizaciones civiles e investigadores diseñar intervenciones focalizadas, equitativas y eficientes”.

Fuente: Agencia DIB

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