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Lucía Iañez: “Estamos trabajando para darle todas las herramientas a Kicillof frente al ajuste”

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La diputada provincial de Unión por la Patria, Lucía Iañez, aseguró que el bloque oficialista en la Legislatura bonaerense trabaja “para darte todas las herramientas al gobernador Axel Kicillof” ante el recorte de fondos que sufrió por parte de Javier Milei desde que asumió la presidencia.

“Se han presentado muchos proyectos para poder apoyar los siete puntos que presentó el Gobernador en la apertura de sesiones pero también en poder reclamarle al Gobierno Nacional lo que tiene que ver con el cumplimiento de los fondos legales”, afirmó en exclusiva con LADO P.

Y recordó que fondos que Milei dejó de transferir a las provincias, como el de Fortalecimiento Educativo “son fondos impuestos por ley”. “El fondo de financiamento educativo el 50% tiene que estar utilizado en infraestructura escolar. Va a las escuelas y niñeces. No se está entregando por capricho del presidente. Se dijo que se iba a entregar y no se está haciendo. Estamos muy preocupados. El recorte que se le ha hecho a las provincias es contrario a la ley”, sostuvo Iañez.

Respecto a la situación financiera de la provincia de Buenos Aires, la Diputada aseguró que en el oficialismo hay mucha preocupación por la falta de recursos. Cabe recordar que el presupuesto 2024 es una prórroga de lo que fue el 2023, por lo que no hubo una reasignación de partidas para los diferentes ámbitos.

Lucía Iañez: “En el afán de privatizar están estatizando”

Ante esa situación, retomó las palabras del Ministro de Gobierno. “Carlos Bianco alertó sobre la posibilidad de que se tengan que empezar a limitar algunas políticas públicas. Si bien se está estirando lo más que se puede, se trabaja con los recursos lo más que se puede, es muy difícil en una provincia de más de 17 millones de habitantes como la provincia de Buenos Aires”, dijo.

Y remarcó que “cuando hablamso de ajuste hablamos también de ajustar a los 6 millones de niños y niñas de la Provincia que se están corriendo a lo público. En el afán de privatizar están estatizando. La gente que no puede pagar la prepaga está yendo al hospital público, la gente que no puede ir más a la escuela privada tuvieron que pasar a sus hijos al sector público”.

Eso complejiza aún más las cuentas de la Provincia, que debe brindar respuestas a quienes antes respondían con sus propios ingresos. En la salud pública y en la educación es donde primero comienza a notarse. “Es muy difícil hacer frente a una demanda tan grande”, concluyó la Diputada en LADO P.

El llamado al diálogo y los puentes con el radicalismo en la Legislatura

Pese a la situación compleja, para Lucía Iañez “pareciera muchas veces en la Argentina que hay un diálogo de sordos”, donde cada dirigente le habla a su tribu y faltan no sólo debates, sino por sobre todas las cosas acuerdos políticos.

“Es necesario un debate político en la Argentina, es necesario revitalizar la democracia, valorar la democracia. Especialmente entre los partidos que tenemos una historia vinculada a la democracia”, marcó.

Y afirmó que habla mucho con los legisladores radicales. “Los incentivo mucho a que se posicionen, porque me parece que es central que defendamos la democracia. Se basa en las instituciones y la república y tenemos que lograr los consensos para cumplir la constitución que es la base fundamental de la que podemos ir avanzando”, manifestó.

Funte: Infocielo.

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Nación creó un registro para unificar los datos de beneficiarios de planes sociales

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El Gobierno nacional dispuso este martes la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una base destinada a ordenar y unificar la información de personas que acceden a programas y prestaciones en todo el país.

La iniciativa fue formalizada mediante la resolución 23/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial, y funcionará bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

El nuevo registro operará dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), que actúa como repositorio central de datos provenientes de distintas áreas del Estado.

Según lo dispuesto, el objetivo es contar con una única base administrativa que permita identificar con precisión a los beneficiarios, sus características y el tipo de asistencia que reciben.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales será el encargado de la administración, actualización y resguardo de la información, además de realizar cruces de datos, elaborar estadísticas y evaluar políticas públicas.

Desde el Ejecutivo señalaron que la herramienta permitirá tener un diagnóstico más preciso sobre el alcance de las políticas sociales y optimizar la gestión de los recursos públicos.

En términos operativos, el registro integrará información que hasta ahora se encontraba dispersa en distintos organismos, con el objetivo de evitar duplicaciones, superposiciones y vacíos de datos, y garantizar la trazabilidad de la información.

El sistema se nutrirá exclusivamente de datos aportados por organismos oficiales y funcionará bajo estrictos criterios de seguridad y confidencialidad. Además, se estableció que su implementación será financiada con partidas del propio Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, sin asignaciones adicionales.

Fuente: Agencia DIB

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Confirman las nuevas tarifas de luz que regirán desde abril en la provincia

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El Gobierno nacional aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio eléctrico que comenzarán a regir desde abril, con subas diferenciadas según la empresa distribuidora y la zona. La decisión se formalizó este martes a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial, y alcanza a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Paralelamente, la administración de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad que comenzará a regir desde abril, con un impacto promedio del 1,3% en las facturas de los usuarios residenciales, tanto con subsidios como sin ellos.

La suba, que se da un día después del ajuste de los cuadros tarifarios de gas, será en el caso de Edesur del 1,98% respecto de marzo, y se da en el contexto de la emergencia energética dispuesta por el Gobierno en diciembre de 2023, momento en que se consideró “imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía”, entre los que incluyó a “las tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica”.

En este sentido es que “las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de energía eléctrica son incrementadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por el Enargas”.

El nuevo cuadro tarifario de la empresa que brinda el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del sur del conurbano bonaerense surge a partir del aumento previsto en la revisión quinquenal en cuestión, más el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en febrero fueron de 0,99% y 2,90% respectivamente.

“El objetivo del mecanismo de actualización establecido es que el valor de la remuneración que percibe la distribuidora se mantenga durante todo el período tarifario de cinco años en términos reales”, señala la normativa.

En cuanto a Edenor, que da cobertura a 20 municipios del noroeste del Gran Buenos Aires y la zona noroeste de la Capital Federal, la suba a partir de abril será del 2,04%, según lo indica la resolución 198/2026 del ENRE.

En los dos casos, los aumentos recaerán sobre los usuarios residenciales con y sin subsidio y para “los Clubes de Barrio y de Pueblo (CdByP) que integran el listado que confeccionó a tales efectos el Ministerio de Turismo y Deportes” en 2022.

Aumento de la luz en el interior bonaerense

Por otra parte, el Gobierno de Axel Kicillof oficializó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad que comenzará a regir desde abril, con un impacto promedio del 1,3% en las facturas de los usuarios residenciales, tanto con subsidios como sin ellos.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 173/2026 del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada este martes en el Boletín Oficial y se enmarca en la actualización de los cuadros tarifarios del servicio eléctrico.

El ajuste incluye una modificación del valor agregado de distribución (VAD), uno de los componentes centrales de la tarifa, junto con la incorporación de variaciones en los precios mayoristas de la energía y el transporte definidos a nivel nacional.

Según datos oficiales, un usuario residencial sin subsidios con consumo medio pasará de pagar unos $52.000 mensuales a cerca de $52.650, mientras que un usuario con subsidios verá su factura incrementarse de $33.300 a aproximadamente $33.700, valores que incluyen impuestos.

El nuevo cuadro tarifario se aplicará a partir de los consumos de abril, por lo que el impacto se reflejará en las facturas que llegarán entre ese mes y mayo.

La resolución aprueba el recálculo de tarifas para las distribuidoras Edelap, Edea, Eden y Edes, en sus respectivas áreas de concesión dentro de la provincia, tomando como base los precios estacionales definidos por la Secretaría de Energía del ministerio de Economía de la Nación.

Fuente: Agencia DIB

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Inquilinos: un 70% está endeudado y casi el 20% se mudó por no poder pagar el alquiler

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Endeudamiento, recortes en alimentos, mudanza y pluriempleo como estrategias de supervivencia. Así transita la vida de miles de inquilinos en el país, en medio de un deterioro del poder adquisitivo que impacta en las condiciones de vida, pese a la desaceleración en la suba de los alquileres por la baja de la inflación.

De acuerdo a un informe de la organización Inquilinos Agrupados, el 17,2% de los inquilinos debió mudarse por no poder afrontar el alquiler. Mientras que otro número que preocupa es que siete de cada diez de los encuestados destinan más del 40% de su salario al pago del alquiler.

En paralelo, el 70,9% reconoce tener deudas activas, en un escenario donde la economía cotidiana se sostiene, cada vez más, a base de crédito.

La radiografía se vuelve más cruda cuando se observa el destino de ese endeudamiento. Más de la mitad de los inquilinos (53,2%) tomó deuda para poder comer, mientras que el 38,9% lo hizo específicamente para pagar el alquiler. Las tarjetas de crédito aparecen como principal herramienta de financiamiento: el 65,2% recurrió a ellas para cubrir gastos básicos.

El ajuste también se siente dentro del hogar. El 89,6% de los consultados afirmó haber recortado gastos domésticos. En ese universo, el 65,1% redujo el consumo de alimentos y el 54,2% resignó gastos en salud. El dato más elocuente: apenas el 38,6% logra realizar cuatro comidas diarias.

Frente a ese escenario, el trabajo aparece como variable de compensación, aunque insuficiente. El 45,7% de los inquilinos tiene más de un empleo, mientras que el 14,1% perdió alguna fuente laboral en el último año. La precariedad laboral y el pluriempleo conviven como dos caras de la misma moneda.

Fuente: Agencia DIB

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