Luego de que terminara la maratónica sesión en la Cámara de Senadores, el presidente Javier Milei celebró la obtención de la media sanción a la reforma laboral. “Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina”, afirmó.

Por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente, sostuvo que esta propuesta marca el final de un modelo caracterizado por la “industria del juicio” y normas consideradas obsoletas, lo que permitirá aportar previsibilidad y dinamismo al mercado de trabajo.

Bajo el punto de vista del jefe de Estado, el respaldo en la Cámara Alta evidenció un mensaje de “responsabilidad institucional” respecto del mandato popular y la necesidad de avances en la legislación. Por esto, agradeció a los senadores que apoyaron la iniciativa y remarcó la expectativa de que la Cámara de Diputados garantice un tratamiento inmediato de la norma.

“Solo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país”, aseveró Milei al subrayar que el país se encontraba en un momento bisagra. Asimismo, concluyó que “con reglas claras, con el esfuerzo y el talento de los argentinos demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria”.

Producto de una extensa jornada en el Palacio Legislativo, cumplidas las 00:00 AM, se dio paso a la votación en general. Así, el Gobierno confirmó lo previsto: que contaban con el respaldo necesario para iniciar el proceso de transformación del sistema laboral.

Con un total de 42 votos afirmativos y 30 negativos, el proyecto de ley obtuvo la media sanción. Mientras se mostraban los resultados finales en la pantalla del recinto, desde uno de los palcos la mesa chica de Milei observaba la escena.

Según habían adelantado fuentes oficiales a Infobae, la presencia de Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor Eduardo “Lule” Menem había sido requerida por el jefe de Estado, con el fin de evitar cualquier tipo de cambio abrupto en el rumbo de la sesión.

Luego de que se aprobara la votación en general, se dio paso a la votación en particular, donde se trataron los 26 capítulos que conformaron la ley de modernización laboral. El oficialismo mantuvo la mayoría, aunque con algunas fluctuaciones durante las distintas instancias, debido a que se dieron modificaciones de último minuto.

Entre los cambios incluidos en las últimas 48 horas se destacó la eliminación del artículo que proponía un alivio en el Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, lo que implicaría un aumento de fondos para las provincias y el Estado nacional.

En contraposición, se conservaron las contribuciones obligatorias a los sindicatos y las cámaras empresariales, aunque con límites inferiores, y se mantuvo el 6% destinado a las obras sociales.

Aunque el bloque del PRO protestó por los beneficios a los sectores gremiales e intentó sumar una modificación, que dotaba a los empleados con la facultad de poder decidir si realizar el aporte sindical o no, esta fue rechazada por el oficialismo.

De igual forma, la propuesta original sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral también fue ajustada, por lo que quedó afectado el régimen de las indemnizaciones. Así, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) podrán contar con ese respaldo y no se verán obligadas a liquidar el monto en un pago. Pues, el plazo se extendería hasta los 18 meses desde que se efectúe la baja.

Como anexo a la normativa, La Libertad Avanza logró incorporar el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, lo que encendió el debate parlamentario. A pesar de que los legisladores de la oposición objetaron el procedimiento adoptado, cuestionando que este punto no haya sido incluido formalmente en el temario de las sesiones, el capítulo obtuvo la mayoría necesaria.

Ahora, el siguiente paso será redirigir el proyecto hacia la Cámara de Diputados. Para el oficialismo será clave obtener un tratamiento exprés, al igual que en el Senado, con el fin de cerrar el período de sesiones extraordinarias con las reestructuraciones que consideraron claves para la segunda etapa del plan de gobierno.

¿Habrá más cambios en la reforma laboral que beneficien al gremialismo? Es la expectativa que tiene la CGT, cuyos líderes siguen negociando en secreto con el Gobierno para atenuar o eliminar artículos del proyecto que afectan al poder sindical. No parece descabellada esa aspiración. Después de todo, en la noche del miércoles se conoció una modificación de último momento en el proyecto que deja a salvo las cuotas solidarias, ese aporte clave para el financiamiento de los sindicatos que los libertarios querían limitar y ahora buscan mantener.

Se agrega a otros cambios aceptados por la Casa Rosada para garantizar la sanción de la reforma laboral, como la eliminación de un artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales, que puede explicar por qué la columna principal de la CGT tuvo un paso casi fugaz por la zona del Congreso en la que se hizo la movilización contra la reforma laboral. Fue una protesta decidida más para contener al ala dura que para castigar a un gobierno con el que sus máximos jefes están en tratativas para quitarle el sesgo antisindical al proyecto.

Con la propuesta de salir a protestar en la calle cuando comenzaba el debate en el Senado, la cúpula de la CGT logró desactivar los planteos de paros de 12, 24 y 48 horas que hicieron dirigentes ultraopositores y que, en caso de haberse aprobado, iban a complicar el diálogo con el Gobierno para suavizar la reforma laboral.

Así se llevó a la movilización de este miércoles ante el Congreso, donde pareció que la CGT cumplía un trámite a desgano: sus principales dirigentes, encabezados por el triunvirato, estuvieron en la zona no más de media hora y se fueron rápidamente antes de que la izquierda y otros sectores combativos comenzaran a generar graves incidentes, que incluyeron piedras y bombas molotov.

“Los sectores ultra fueron preparados para eso. Los extremos se unen y son funcionales entre sí“, dijo Gerardo Martínez (UOCRA), uno de los adalides del sector dialoguista, a Infobae. Y destacó que la movilización al Congreso resultó “interesante y acorde con la estrategia que se decidió en la CGT a partir de la soledad en la que estamos luego del triunfo del Gobierno en las elecciones de octubre pasado”.

“Mantenemos la postura de no dar ni un paso atrás -advirtió-, pero esperamos tener el volumen político que corresponde cuando la ciudadanía pierda la paciencia y ahí estará la CGT, sólida y fuerte”.

La violenta postal que dejó la concentración, que en la CGT estimaban altamente probable, disimuló los reclamos de “paro general” efectuados en la calle por los sectores más duros y la ausencia de varios líderes sindicales en la columna principal de la central obrera.

Al margen de esas sutilezas, en la movilización reapareció Pablo Moyano al frente de los manifestantes de Camioneros, pero la principal novedad es que antes había estado con Hugo, su padre, en la sede del sindicato y ambos posaron para una foto como si hubieran declarado una tregua en la feroz pelea que mantienen desde fines de 2021. Detrás de ellos se ve una vieja foto donde el líder del gremio está junto a Saúl Ubaldini. ¿Una forma sutil de anticipar que apuntan a equiparar el récord de 13 paros generales contra el gobierno de Raúl Alfonsín que alcanzó el ex titular de la CGT?

Los sindicatos que se destacaron por sus columnas numerosas fueron UPCN, Camioneros, la UOCRA, UDA, Obras Sanitarias, la CATT (liderada por Dragado y Balizamiento y Aeronavegantes), la UTEP (gremio de los movimientos sociales) y el FRESU (el frente que integran la UOM, ATE, las CTA, Aceiteros y Pilotos), entre otros.

De todas formas, para la CGT fue más sustancial que la movilización callejera el hecho de que el Gobierno siguió mostrando voluntad de corregir la reforma laboral. Mientras Patricia Bullrich anunciaba este martes los cambios en la reforma laboral, su equipo técnico estaba redactando otras modificaciones: la más significativa fue una que beneficiará aún más a la CGT en su pelea desesperada por conservar intacta la “caja sindical”.

En efecto, el Gobierno había incluido en el proyecto un artículo que afectaba al sindicalismo porque decía que los empleadores “podrán” ser agentes de retención de las cuotas de afiliación, “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.

Pero la última versión de la reforma laboral eliminó directamente ese artículo, que lleva el número 137, por lo que quedará vigente la ley actual, que le conviene al gremialismo porque establece la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención y no sólo de la cuotas de afiliación sino también de “otros aportes”.

Esa es una mención clave porque también alude a las cuotas solidarias, esos aportes compulsivos que se pactan en los convenios colectivos de trabajo y se descuentan de los sueldos de los afiliados y los no afiliados. Y que para la CGT son sacrosantos porque se convirtieron en la base del financiamiento de la mayoría de los sindicatos a través de millonarios fondos que reciben de todos los trabajadores de una actividad.

Son los que Federico Sturzenegger llamó “peajes sindicales” y quiso cambiar desde que Javier Milei llegó a la Presidencia. La CGT logró frenar en la Justicia la fórmula libertaria contemplada en el DNU 70 para limitar esos aportes, que fue la exigencia de que para descontar el aporte tenía que haber un consentimiento explícito por parte del trabajador. Eso mismo se incluyó en la primera versión de la reforma laboral y finalmente desapareció por las presiones de la CGT ante el Gobierno.

El proyecto con cambios anunciado por Bullrich estipulaba que las cuotas solidarias tendrán un tope del 2 por ciento y se mantendrán hasta el 1° de enero de 2028 ya que desde entonces tendrán que ser voluntarias (lo mismo sucederá con los aportes patronales especiales previstos en las convenciones colectivas de trabajo).

La corrección de último momento de la reforma laboral beneficia aún más a los sindicatos y en la CGT ahora aseguran que negocian otros cambios en el proyecto que les darán alivio en temas decisivos como la ultractividad de los convenios y los convenios por empresa, dos puntos que el Gobierno mantuvo hasta ahora en su versión dura y que ponen en jaque al modelo sindical argentino porque debilitan al tradicional unicato.

Algunos que no comparten la estrategia de la cúpula de la CGT alertan que la misma solución que encontraron para cambiar la reforma laboral puede convertirse en una trampa: “Arreglaron todo lo que ponía en peligro la caja sindical, pero la gente no les va a perdonar que no se hayan cambiado artículos que afectan a los trabajadores en materia de indemnizaciones, banco de horas o vacaciones”, dijo a Infobae un dirigente del ala dura.

El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), insistió en que la reforma laboral “realmente quita derechos tanto individuales como colectivos a los trabajadores y no va a generar empleo”. Y admitió: “Entendemos que hubo cambios aparentemente favorables hacia el movimiento sindical, pero de cualquier manera rechazamos totalmente este proyecto”.

Tras la maratónica sesión en el Senado Nacional que culminó con la aprobación del proyecto de modernización laboral, el Gobierno ahora buscará encadenar otro éxito político en la Cámara de Diputados con la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Las dos iniciativas fueron dictaminadas ayer en sendos plenarios de comisión con amplio apoyo de bloques aliados, lo que garantiza el quórum para dar inicio a la sesión. En las filas del oficialismo se muestran confiados en que lograrán una aprobación por amplia mayoría del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años porque el despacho de mayoría tuvo el respaldo del PRO, la UCR, MID, el interbloque Unidos y bloques provinciales como Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan) e Innovación Federal (Salta y Misiones). Sin embargo, los libertarios también reconocen que podría haber alguna sorpresa al momento de la votación de los artículos en particular.

El proyecto impulsado por Patricia Bullrich establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, con una pena máxima de prisión de hasta 15 años. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con penas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Entre las penas alternativas a la prisión se establece la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda.

Acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE

A diferencia del proyecto para bajar la edad de imputabilidad, la ratificación del tratado entre el Mercosur y la UE se votará solamente por sí o por no. Los diputados no pueden introducir ningún tipo de modificación al texto, lo que simplifica la discusión para los libertarios.

Este miércoles, en el plenario de las comisiones de Mercosur y de Relaciones Internacionales solo se opusieron a la ratificación del acuerdo el Frente de Izquierda -dictamen de rechazo- y el peronismo, que no firmó ningún dictamen. El resto de los espacios, acompañó al oficialismo.

“Son 4400 páginas, casi mil artículos. ¿Alguien puede decir que leyó a conciencia el acuerdo? ¿Alguien cree que se puede dictaminar acudiendo a resúmenes hechos con Inteligencia Artificial?”, protestó el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez. Además, reclamó que el canciller Pablo Quirno no explicó ante el Congreso los detalles del tratado y lamentó que no se haya escuchado a todos los sectores productivos.

Entre los más críticos estuvo el ex canciller Santiago Cafiero: “Este es el acuerdo que negoció Macri y que ratificó Milei. No tiene nada que ver con el acuerdo que se comenzó a negociar hace 20 años. Es bueno negociar un tratado con la UE pero este es un mal acuerdo porque Macri y Bolsonaro en 2019 se bajaron los pantalones”, fustigó.

Los libertarios explicaron que su objetivo es que Argentina sea el primer país de la región en ratificar parlamentariamente el tratado para poder aventajar a sus socios regionales. Esto se debe a que el tratado se divide en una parte política y una económica.

La parte política quedó frenada debido a que el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Esta decisión fue interpretada como un revés político ya que la aprobación por los países europeos deberá esperar hasta que los jueces lleguen a una conclusión, lo que podría demorar el proceso hasta dos años.

No obstante, las facultades para avanzar con algunos procesos “económicos” ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y este podrá comenzar a negociar con los países que ratifiquen el acuerdo, por ejemplo, para ser los primeros en cubrir cuotas de exportación de carne.

Tanto Brasil como Uruguay enviaron los acuerdos al Congreso. Brasil ya lo dictaminó y lo llevará al recinto después del Carnaval, el 24 de febrero. Mientras que Uruguay se tomará hasta el 27 de febrero para escuchar a todos los sectores productivos involucrados.