Apenas horas después de aterrizar en Madrid para participar de la Cumbre Iberoamericana, Javier Milei mantuvo este miércoles por la noche un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal, con el que buscó despejar las versiones de un supuesto alejamiento que habían circulado luego de que no lograran verse durante la anterior visita del mandatario argentino a España.

La reunión se produjo minutos antes de las 18:30 (las 22:30 en la capital europea), poco después de que el mandatario nacional arribara a la capital española junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Se trató de una conversación íntima entre dos figuras que se conocen hace mucho años y que, además de tener sintonía ideológica, son amigos, por lo que ambos aprovecharon para hablar durante más de media hora de varios temas.

En el último viaje del libertario a España, Abascal se encontraba en otra ciudad, dedicado a actividades de campaña rumbo a las elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre.

Esa diferencia en las agendas alimentó especulaciones sobre una posible decisión del dirigente de derecha de no mostrarse con Milei, para evitar que esa cercanía tuviera un supuesto impacto en la recta final hacia los comicios.

Sin embargo, ambos mantuvieron entonces una videollamada que grabaron y difundieron en sus redes sociales. El intercambio buscó mostrar que el vínculo político se mantenía intacto.

El encuentro de este miércoles terminó de cerrar esas dudas. Milei y Abascal conversaron sobre distintos temas, en la previa de una elección que puede redefinir el escenario español y en la que VOX aspira a mejorar su representación parlamentaria y condicionar una eventual mayoría de la derecha.

La relación entre ambos se consolidó desde antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada. El libertario suele presentar al partido europeo como uno de los espacios que comparte su diagnóstico sobre la situación política, económica y cultural de Occidente, mientras que Abascal se mostró públicamente a favor de las reformas que impulsa el Gobierno argentino.

El Presidente volverá a tener actividad política este jueves, cuando participe de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre Iberoamericana, que se realizará en la Galería de las Colecciones Reales.

Allí coincidirá con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien mantiene una relación marcada por las críticas públicas y los cruces diplomáticos.

Durante su último paso por Madrid, Milei lo cuestionó duramente y pidió que la derecha lograra desplazar a los socialistas del poder, lo que motivó que el Palacio de la Moncloa respondiera que esos mensajes contribuían a la polarización en plena campaña.

Pese a esas diferencias, los jefes de Gobierno compartirán la agenda institucional de la cumbre, aunque no está prevista una reunión bilateral.

Milei no asistió a la gala de bienvenida que ofreció el rey Felipe VI junto a Sánchez a los participantes del encuentro y tampoco estará en la cena de gala posterior que ofrecerán los anfitriones en el Palacio Real.

El monarca tampoco tendrá una bilateral con el libertario, como sí la tendrá con los mandatarios de Chile, José Antonio Kast; de Honduras, Nasry Asfura; de Guatemala, Bernardo Arévalo; de Costa Rica, Laura Fernández; de Paraguay, Santiago Peña, y de Bolivia, Rodrigo Paz.

Sin embargo, antes de regresar a la Argentina, el Presidente sí será recibido nuevamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las 13:30 (16:30 de España). Será el segundo encuentro entre ambos en pocas semanas, luego de la cita que mantuvieron durante su última visita.

Díaz Ayuso es una de las dirigentes españolas con las que el Presidente argentino tiene mayor afinidad y fue quien lo alentó a asistir a la Cumbre Iberoamericana. La jefa del Ejecutivo madrileño considera que la presencia de Milei le da mayor peso político a una reunión que coincide con la campaña rumbo a las elecciones españolas.

Por el momento, no figura en la agenda una reunión con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. La ausencia de ese encuentro mantiene la dinámica de la visita anterior, cuando Milei privilegió los contactos con Díaz Ayuso y con referentes de VOX por sobre una actividad con la conducción nacional del principal partido opositor español.

La agenda de Milei en Madrid terminará este jueves a las 17:00, cuando el vuelo ARG-01 parta de regreso hacia Buenos Aires. Luego realizará una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria y está previsto que arribe a Aeroparque el viernes a las 7:30.

Un plenario de comisiones del Senado avanzó esta tarde con el dictamen del proyecto ya aprobado por Diputados que impone una nueva ley de discapacidad y deja atrás la actual emergencia en el área, que vence a fin del corriente año. Entre los puntos más importantes del texto se mantiene la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.

La firma del despacho ocurrió en las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Población y Desarrollo Humano de la Cámara alta. La primera es comandada por el libertario Agustín Monteverde (Capital Federal), mientras que la segunda es presidida por la cristinista Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien aseguró: “Hay personas que nos han dicho de agregar esto o lo otro, pero el 31 de diciembre vence la ley y es fundamental que le demos sanción. Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura”.

Su colega de bloque, Carlos Linares (Chubut), retiró su propuesta para prorrogar la emergencia y habló de una “gran desesperación en todo el colectivo, que se está jugando hace rato”. Además, deslizó que la iniciativa en cuestión “es lo más cercano que tenemos, pero no es lo ideal”. En esa línea, manifestó: “Es mucho lo que falta y quiero ver qué viene en el Presupuesto 2027. Ahora, tenemos que despejar la incertidumbre”.

Por su parte, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), expresó que la norma “busca dar una respuesta permanente y genera previsibilidad después de muchos desencuentros”, con el fin de evitar “una pelea permanente por este tema”. La porteña resaltó la necesidad de “controles”, con “pensiones que están muy por la media de cualquier pueblo tiene”.

Bullrich calificó como “muy importante” la no incompatibilidad entre incapacidad y empleo”, para que “puedan ser integradas y no elegir empleo y pensión, que generaba un doble problema”. Mismo caso en los “beneficios a empleadores” y la apuesta por la “transparencia” del nuevo sistema. En ese sentido, advirtió sobre la “enorme duda” en pensiones entregadas “como si fuese un plan social”.

A contramano de la mayoría de bloques y, pese a la urgencia relacionada con el tema, la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba) reclamó modificaciones. No cayó bien en el resto de los presentes del plenario -más tarde, la apoyó el ahora ex kirchnerista catamarqueño Guillermo Andrada-, dado el apuro para dar una señal y el consenso obtenido en Diputados, que se replicaría en el Senado.

Tras su discurso, se sumó la cristinista Juliana di Tullio como máxima autoridad de dicha bancada en el convite. La bonaerense aprovechó la ocasión para criticar a Bullrich. Contestó el libertario Bruno Olivera Lucero (San Juan). El ida y vuelta continuó con otros legisladores y la disputa se elevó luego de las palabras del mileísta Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos). No es la primera vez que genera una situación de ese estilo. Tampoco se perdió su momento su colega de espacio Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), quien mandó a siesta eterna -desde marzo- a la comisión de Trabajo que lidera. Más de siete meses.

El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado. Por pedido de los aliados en la Cámara baja -el Gobierno y el oficialismo tuvieron que ceder en casi todo allí-, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

También se garantizó que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). En tanto, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y se previeron compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclaró que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En otro tramo del proyecto se introdujeron mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.

Velas encendidas frente al Palacio de Tribunales, el himno entonado a coro y una consigna que se repitió durante toda la noche: “No permitamos que se apague la universidad”. Así se vivió la Marcha de las Velas que protagonizaron docentes, nodocentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno nacional no aplica desde hace más de un año.

La columna partió desde Plaza Houssay al caer la tarde y se extendió hasta Plaza Lavalle, donde se encontraban preparados un pizarrón y bancos, listos para una clase abierta de Derecho Constitucional.

La convocatoria fue impulsada por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA). También se sumaron autoridades de la universidad, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintos centros de estudiantes.

Entre los presentes se contaron el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobbitti; y el diputado Ricardo Alfonsín.

Pasadas las 17, Plaza Houssay —rodeada por las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Médicas, Odontología y Farmacia— comenzó a llenarse de pecheras verdes. Los miembros de ADUBA y APUBA fueron los primeros en llegar. Cerca de las 18, la columna avanzó por la calle Paraguay. Hizo una parada en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, donde se entonó el himno nacional argentino. La bandera negra con la inscripción “Defendamos la UBA” volvió a encabezar la marcha, como lo viene haciendo en varias movilizaciones previas.

A diferencia de la última Marcha Federal Universitaria, celebrada en octubre, cuyo acto central frente al Congreso terminó antes de lo previsto en medio de la lluvia y de varios incidentes, esta jornada transcurrió sin contratiempos. Al llegar al Palacio de Tribunales, los manifestantes prendieron sus velas y las depositaron en la valla de seguridad del Palacio de Justicia. Antes de las 20.30, cuando la plaza ya estaba vacía, el personal de seguridad de la Corte Suprema las apagó y las retiró.

El trasfondo del conflicto tiene su propio peso. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras, cuando anularon el veto presidencial inicial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo la promulgó en octubre de 2025 mediante el Decreto 759, pero condicionó su ejecución a que el Parlamento estableciera las fuentes de financiamiento y asignara las partidas presupuestarias correspondientes.

El argumento oficial es que la ley incumple la normativa de administración financiera: el artículo 5 de la ley de ejecución presupuestaria establece que, cuando una disposición no asigna los fondos adecuados, se promulga y se suspende en el acto.

La respuesta judicial no tardó. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto que frenó la norma y ordenó su aplicación inmediata, con especial énfasis en los artículos 5 y 6, referidos a la actualización salarial de docentes y nodocentes y al refuerzo de las becas estudiantiles. La Cámara Federal confirmó la medida cautelar y la Corte Suprema la dejó firme.

Aun así, el Gobierno apeló en todas las instancias. En la víspera de la marcha de octubre pasado, Cormick fijó multas de $ 100.000 diarios para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento. La Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió provisionalmente esas sanciones y abrió una nueva instancia de revisión.

Fue frente al Palacio de Tribunales donde el abogado constitucionalista Pablo Luis Manili, que representa al CIN, tomó la palabra y ofreció una clase abierta junto al profesor Cristian Cao, catedrático de la Facultad de Derecho de la UBA.

Para cumplir la ley, sería necesaria una actualización de los salarios del 33%. En cuanto al presupuesto, los rectores estimaron que, para ajustarse a la norma, harían falta $ 11 billones, mientras que el proyecto oficial para 2027 contempla apenas $ 7,3 billones, una diferencia de casi el 50%.

El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue sin ajustarse a los requerimientos de la Ley de Financiamiento Universitario, con una brecha de casi $ 3,7 billones respecto de lo que los rectores consideran necesario para cumplirla.