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Política Nacional

Macri: “Estoy listo para seguir trabajando juntos”

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El presidente habló esta mañana en la inauguración del Metrobús en la ruta 8, en el partido bonaerense de San Martín, donde estuvo acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal y el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Allí sostuvo que “estamos entrando en una etapa fundamental, un año bisagra, en el cual vamos a elegir seguir entre este camino hacia el futuro o volver al pasado” y, en clave electoral, dijo que estaba listo para continuar gobernando.

“Como presidente, con esta responsabilidad que me honra, estoy listo para seguir trabajando juntos y ayudarlos a terminar de cruzar el río. Hoy estamos a la mitad del río, entre el pasado en el que no hay ninguna solución y ese futuro que nos merecemos”, remarcó.

Macri señaló que el futuro que imagina “tiene que ver con fortalecer nuestro sistema democrático, el diálogo, trabajar desde la verdad y alejarnos de la mentira, de la prepotencia, de los aprietes de los punteros que se abusan de las necesidades de muchos argentinos”.

También dedicó una párrafos al Gran Buenos Aires al señalar que afrontó “28 años de abandono, de promesas incumplidas” en alusión a la gestión del peronismo.

“Uno de los lugares donde más olvido encuentro es nuestro querido conurbano”, acotó.

Entonces, lo contrastó con Vidal, a quien calificó como “una gran gobernadora”, que “se ha propuesto cambiar la historia”.

FUENTE: Telam

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Milei negó una interna con Bullrich y habló de la economía: “Está claro que hay gente que no llega a fin de mes”

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En medio de las tensiones dentro del oficialismo, el presidente Javier Milei negó que haya una interna con Patricia Bullrich y reafirmó que seguirá trabajando con el Gobierno. Además, habló sobre el pedido de medidas de alivio para la gente y afirmó que no habrá “plan platita”.

En diálogo con Eduardo Feinmann, por A24, el mandatario aseguró que la senadora es su “socia política” y remarcó que “bajo ningún punto de vista” se irá del proyecto libertario. “Es el deseo del círculo rojo. Gran parte del círculo rojo es parte del statu quo argentino que está perdiendo con este modelo”, sostuvo.

“Hay muchos argentinos que tienen muchos dólares afuera. Entonces viven pidiendo devaluación. Ahora, cuando usted pide devaluación, ¿sabe lo que está pidiendo? Salarios bajos, salarios miserables. Pero los tipos quieren vivir de eso. O los que reciben o recibían alguna prebenda o alguna protección del Estado, esos quieren romper todo, pero del otro lado tienen un montón de amigos”, añadió.

La discusión pública se reavivó después de que Bullrich reclamara más medidas de alivio y una rebaja impositiva para las pequeñas y medianas empresas. “La gente debe sentir los beneficios del esfuerzo ahora”, había dicho la jefa del bloque oficialista en el Senado. También había señalado que, para garantizar la reelección del proyecto, “tiene que haber algunos cambios, para que la gente sienta que apuesta a algo que la tiene adentro”.

Milei, sin embargo, se encargó de despejar cualquier lectura en ese sentido. Aseguró que la ex ministra de Seguridad no integra el grupo de economistas que propone flexibilizar la política monetaria —a quienes calificó de “disparatados”— y descartó que sus declaraciones impliquen una ruptura.

Sobre el reclamo concreto de más alivio para los ciudadanos, el presidente fue categórico al explicar por qué ese camino no está disponible dentro del esquema actual. “Hay algunas restricciones que no se pueden violentar. La primera restricción que usted no puede violentar es el equilibrio fiscal”, afirmó, y advirtió que cualquier política expansiva implicaría recurrir al endeudamiento, a la emisión monetaria o a la suba de impuestos. Las tres alternativas, dijo, son inviables o contraproducentes. En ese marco, rechazó de plano la idea de un “plan platita” de cara a los comicios presidenciales del año que viene: “¿Para qué? ¿Para engañarlos y ganar una elección?”, cuestionó. También calificó al endeudamiento como “profundamente inmoral”, porque implica trasladar el costo a generaciones futuras.

En la misma línea, Milei respondió a quienes proponen aflojar la política monetaria para estimular la actividad. “Nosotros tenemos fija la cantidad de dinero hace más de 12 meses. Sin embargo, todavía hay inflación. ¿Qué quiere decir? Que sigue sobrando dinero. Por lo tanto, es tirar nafta al fuego”, sostuvo, y comparó la propuesta con “llamar a Nerón para apagar un incendio”.

Seguido a esto, el mandatario también salió al cruce sobre la frase que afirma que “la gente no llega a fin de mes”. La calificó de “mentira” y apuntó contra quien la difunde. “Es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente, que trabaja para políticos”, afirmó. Para sostener su argumento, Milei recurrió a una explicación técnica sobre el comportamiento del consumo. Señaló que si alguien no puede cubrir sus gastos durante diez días, se endeuda, pero al mes siguiente debe pagar esa deuda. “Eso dura un solo período. Si usted sigue teniendo este problema, lo único que está haciendo es pasarlo en el tiempo”, indicó.

El presidente admitió, no obstante, que sí existen argentinos con dificultades reales, aunque prefirió encuadrarlo bajo el concepto de pobreza. “Si usted me dice que el problema es que la gente experimenta privaciones, entonces no es ‘la gente no llega a fin de mes’; es ‘la gente experimenta privaciones’. Bueno, eso está capturado en el indicador de pobreza”, señaló. En ese sentido, mencionó que al inicio de su gestión la tasa de pobreza era del 57%, mientras que en la actualidad se ubica en el 32%. “Hay 12 millones de pobres menos. Está claro que hay gente que no llega a fin de mes si hay 32% de pobres, pero hay 12 millones menos que los que había con el kirchnerismo”, cerró.

Milei reconoció que el debate actual gira en torno a márgenes más acotados: si la economía crece un punto más o menos, y si la inflación desciende con mayor o menor velocidad. “Hoy estamos discutiendo que crecemos un poco menos y que la inflación baja más lento”, admitió, aunque insistió en que ese contraste con el escenario alternativo no se comunica con suficiente claridad a la sociedad.

Frente al diagnóstico de un shock de oferta negativo —referencia implícita a las turbulencias externas y los efectos de la sequía y otros factores estructurales—, el presidente descartó compensarlo con estímulo a la demanda. “Si usted tiene un shock de oferta negativo, eso no se contrarresta con un shock de demanda positivo. Se contrarresta con un shock de oferta positivo”, explicó, y señaló que el mecanismo para lograrlo pasa por la baja de impuestos y la desregulación. “Nosotros desregulamos todo el tiempo y hemos hecho un montón de medidas para aliviar”, completó.

Por otro lado, Milei también se refirió a la política exterior vinculada a las Islas Malvinas y afirmó que su gestión logró avances sin precedentes en la materia. Contrastó el enfoque actual con el de administraciones anteriores, a las que cuestionó por limitarse al gesto simbólico. “¿Qué lograron por Malvinas? Nada”, sostuvo, en referencia a gobiernos previos.

Asimismo, destacó que su gobierno llevó a Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Mar y que se implementaron acciones concretas contra las contrataciones para extraer recursos de las islas. “Los estamos arrinconando, les estamos yendo a buscar si hacen contrataciones para sacar recursos de las Malvinas”, afirmó. “¿Cuándo vio una política de tanta defensa como nosotros?”, desafió.

El presidente también aludió a las reformas estructurales implementadas durante su gestión. Comparó el caso argentino con los de Estonia —que aplicó un shock y cayó 20% antes de recuperarse— y Polonia —que optó por un proceso más gradual con una caída acumulada del 10% en cuatro años—. “Nosotros hicimos 18.000 reformas estructurales y el PBI está más 10”, indicó. Con ese ritmo como base, proyectó un crecimiento de entre el 7% y el 8% anual una vez que se disipen los shocks negativos.

“En 10 años duplicamos el PBI; en 20 años lo vamos a cuadruplicar”, afirmó, y fijó como horizonte de largo plazo convertir a Argentina en la primera potencia mundial en 30 o 40 años. “Cien años de desastres no se arreglan en 30 meses. Requiere disciplina. Y nosotros hemos decidido mantener esa disciplina”, concluyó.

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Los motivos que esgrime el Gobierno para no haber votado en la ONU en contra de la violencia de género

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Javier Milei

En otra muestra de la posición geopolítica que la administración libertaria viene sosteniendo desde que asumió, el Gobierno se abstuvo nuevamente en una votación de las Naciones Unidas (ONU) para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, quedando así alineado con los Estados Unidos y ratificando las críticas contra el organismo y su rol, al considerar que la resolución en cuestión buscaba “incorporar agendas ideológicas” detrás de “un título noble”.

A pesar de las críticas por parte de la oposición, en el Poder Ejecutivo defendieron esta decisión y remarcaron que el rechazo estuvo en el contenido del texto y no en el objetivo que declara perseguir.

La medida se aprobó en la Tercera Comisión de la Asamblea General con 175 votos a favor, mientras que la delegación argentina quedó en sintonía con la norteamericana y las de Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún, que también se abstuvieron. Somalia fue el único que votó en contra.

“La Argentina condena categóricamente todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Esto incluye, por supuesto, los femicidios. Nuestra abstención en esta votación no tiene absolutamente nada que ver con ese compromiso, que es claro e innegociable”, aseguró a Infobae una fuente de la Cancillería consultada sobre los motivos de la decisión.

En el Palacio San Martín remarcaron que la diferencia no pasa por el título de la resolución, “ni en el objetivo que dice perseguir“, sino en que el documento, a su entender, “incorpora conceptos ideológicos controvertidos y sesgados que desvían la atención de los problemas concretos de violencia que enfrentan” esos grupos sociales.

En este mismo sentido, en Balcarce 50 insisten en que “muchas veces, detrás de títulos nobles, se incorporan agendas ideológicas“, por lo que se debe “analizar el contenido de cada resolución, más allá de su nombre”.

“Del mismo modo que cuando se vota una ley se examina artículo por artículo y se evalúan las obligaciones que genera, en el ámbito internacional debemos hacer exactamente lo mismo”, explicaron.

La resolución, impulsada por un grupo de países europeos, insta a los Estados a reforzar sus políticas para prevenir la violencia de género, incluida la que ocurre en entornos digitales, y menciona garantías vinculadas con los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva. Esos pasajes fueron, según el Gobierno, los que motivaron la decisión de no acompañar el texto.

“La Argentina considera que las resoluciones deben concentrarse en los problemas reales y en las soluciones concretas. Lo importante es prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar justicia. No alcanza con aprobar declaraciones que incorporan conceptos controvertidos sin resolver los problemas de fondo”, plantearon a este medio.

A esa objeción le sumaron una lectura sobre el enfoque general del texto, porque entienden que contiene “muchísimas referencias al género y muy pocas a la mujer“.

“Se termina imponiendo una mirada ideológica por encima de la realidad de las personas, de los Estados, de sus legislaciones y de las políticas públicas que cada país lleva adelante”, señaló la fuente consultada.

En Balcarce 50 negaron, además, que la decisión no responde a una preocupación por la imagen internacional del país, porque no se hizo para cumplir con “las expectativas del establishment multilateral“.

“La posición responde a una evaluación del contenido de las resoluciones y de su capacidad real para atender los problemas de las mujeres. No vamos a acompañar textos simplemente para quedar bien en los organismos internacionales”, remarcaron.

En esta línea, en el Gobierno insistieron con que “las resoluciones de esta naturaleza no garantizan por sí mismas una reducción de los femicidios ni de las muertes maternas“, sino que “lo que produce resultados son las políticas públicas concretas”.

“De hecho, las políticas implementadas por el Gobierno del presidente Javier Milei han permitido, según los datos que manejamos, alcanzar el índice de femicidios más bajo en bastante tiempo”, argumentaron.

En septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario cuestionó que el organismo hubiera dejado de concentrarse en su función de mediar entre los Estados y garantizar la paz y remarcó que “no faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias”.

Además, criticó lo que definió como una expansión de las atribuciones de la ONU sobre asuntos que, a su criterio, deberían resolver los países, por lo que lo calificó como “un leviatán burocrático” dedicado a decidir “cómo deben vivir los pueblos del mundo y sus ciudadanos”.

La decisión que tomó el país en la votación de este martes fue similar a lo ocurrido en noviembre de 2024, aunque en aquella oportunidad directamente rechazó una resolución sobre prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, centrada en el entorno digital.

Esa vez, el texto fue aprobado por 170 países y 13 se abstuvieron, mientras que la delegación argentina quedó aislada incluso de Estados Unidos e Israel, que sí acompañaron la iniciativa.

De hecho, en la Casa Rosada destacaron el cambio de criterio y remarcaron que en esta oportunidad “no se votó en contra ni bloqueó la resolución”, ya que solamente se dejó expresada la opinión de la administración libertaria “frente a los conceptos incorporados”, pero “sin obstaculizar su tratamiento”, lo que consideran ”una diferencia fundamental.

“Nuestra posición es categórica en lo siguiente: estamos en contra de cualquier tipo y forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Precisamente por eso creemos que esta causa debe abordarse con seriedad, sin subordinarla a agendas ideológicas y con medidas concretas que protejan efectivamente a las víctimas”, concluyen.

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El Gobierno rechazó la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas y calificó el viaje como “una provocación”

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Luego de que la princesa Ana arribara a las Islas Malvinas y Georgias del Sur, el Gobierno nacional repudió las actividades oficiales de la hermana del rey Carlos III al sostener que se desarrollaron bajo la ocupación ilegal. Además, por medio de un comunicado, solicitaron que se vuelva a abrir el canal de diálogo por el reclamo soberano con el Reino Unido.

“Dicha visita oficial constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas”, dijo la Cancillería, dependiente de Pablo Quirno.

Ante estas circunstancias, las autoridades argentinas remarcaron que solicitaron un arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Al mismo tiempo, también pidieron medidas provisionales de urgencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

El comunicado de la Cancillería argentina donde se rechazaron las actividades oficiales de la princesa Ana del Reino Unido en las islas Malvinas y Georgias del Sur (X: @Cancilleria_Ar)

En su pronunciamiento, la Cancillería reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones por la soberanía de las islas. El pedido se apoyó en la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de otros pronunciamientos del organismo y de su Comité Especial de Descolonización.

“Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial”, sostuvieron en el comunicado. Asimismo, el Gobierno argentino ratificó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante de la República Argentina.

La princesa Ana llegó a las Islas Malvinas el lunes 9 de noviembre, junto a su esposo, el vicealmirante Sir Tim Laurence, según confirmaron las autoridades británicas que encabezan la ocupación del archipiélago. Está previsto que los integrantes de la Casa Real Británica abandonen el territorio el próximo viernes 20.

Además de haber participado en la inauguración de obras, la hermana del rey Carlos III rindió homenaje a las tropas británicas. También recorrió los monumentos de guerra que yacen en la zona del Puerto Argentino.

No se trata de la primera vez que la integrante de la Familia Real británica se presenta en las Islas Malvinas, debido a que en noviembre de 2022 también viajó en compañía de su esposo para cumplir funciones oficiales en representación del monarca.

En esa oportunidad, el Palacio de Buckingham informó que visitó la base de Mount Pleasant de las Fuerzas Británicas y recorrió diversos lugares, donde depositó ofrendas florales para conmemorar el 40 aniversario de la guerra ocurrida en 1982.

La princesa Ana aterrizó en las Islas un día antes de que Argentina lleve formalmente el caso de Sea Lion ante el Tribunal Internacional del Derecho Marítimo (TIDM). Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, ante un tribunal integrado por 21 jueces. Fue la primera vez que la Argentina y el Reino Unido debatieron ante una instancia internacional por los recursos marítimos situados alrededor de las islas.

En esa instancia, la delegación argentina planteó que la extracción de crudo puede generar un perjuicio irreversible antes de que quede conformado el tribunal arbitral previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Por este motivo, presentaron cuatro medidas provisionales. La principal buscaría detener nuevas perforaciones, tareas de explotación e infraestructura vinculada con Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas.

También solicitó que el Reino Unido no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa, que no utilice información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos y que cese las acciones que, según Buenos Aires, le impiden cumplir con sus obligaciones de protección ambiental.

La Argentina también llevó al tribunal el posible impacto de un derrame. El plan de contingencia de la empresa operadora contempla una probabilidad del 30% de que un eventual reventón alcance aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días.

Por este motivo, argumentaron que, ante una emergencia ambiental, la respuesta operativa recaería principalmente en la Argentina por su cercanía geográfica con el área de explotación, mientras que el Reino Unido se encuentra a más de 12.700 kilómetros.

Frente a esto, la defensa británica objetó que el pedido argentino encubre una discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas y que, por lo tanto, el TIDM no tendría competencia para intervenir.

La representación argentina rechazó esa interpretación y afirmó que el expediente no pretende resolver la disputa territorial. Su argumento se apoya en las resoluciones 2065, de 1965, y 31/49, de 1976, de las Naciones Unidas, que reconocen la existencia de la controversia e instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras permanezca abierta.

Durante la audiencia, la fiscal general británica Ellie Reeves mencionó un discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para cuestionar el interés argentino en una salida negociada. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado por la Argentina, respondió que el mandatario también había ratificado la vía pacífica y el marco del derecho internacional.

La delegación argentina fue encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, e integrada, entre otros, por el embajador Mario Oyarzábal y los especialistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver.

Ahora, la Argentina espera para el 28 de noviembre la decisión del TIDM sobre el pedido contra el proyecto petrolero.

El arbitraje ante el TIDM forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno frente a la explotación de hidrocarburos alrededor de las islas. Ese esquema contempla iniciativas legislativas y causas penales contra los directivos de las compañías vinculadas a Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

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