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Aseguran que los aviones de guerra comprados por Macri y que están en Bahía no podían volar

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Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación concluyó que los aviones de guerra por los cuales el gobierno de Mauricio Macri gastó casi 14 millones de euros y que actualmente se encuentran en la base Comandante Espora, no estaban en condiciones de volar al arribar a nuestra ciudad.

El informe recordó que las compras se hicieron durante la gestión de Oscar Aguad al frente del ministerio de Defensa. Entre 2016 y 2019 se llevaron a cabo convenios celebrados con Francia para la adquisición -por parte de la Armada- de cinco aeronaves de combate Súper Étendard Modernisé (SEM) y de cuatro buques patrulleros oceánicos multipropósito Offshore Patrol Vessel (OPV). La adquisición de los aviones había sido decidida por Macri a fines de 2018.

Extraoficialmente, en esos momentos se había dicho que las actualizaciones “que habían recibido los cinco aparatos franceses les permitirán a los pilotos argentinos aprovechar modernos sistemas de navegación y ataque que mejoran la posibilidad de efectuar misiones nocturnas”.

Sin embargo, esos aviones llegaron a nuestra ciudad en mayo de 2019 y sobre fin de ese año ya se había determinado que no podían utilizarse por falta de repuestos.

“No se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil”, según la Sigen.

Incluso, señala que “la Marina Francesa había dejado de utilizarlos”. El informe también hace hincapié en el “incumplimiento de plazos para la puesta operativa de los aviones” y la “inexistencia de análisis técnicos y financieros previos que determinen etapas y actividades necesarias para poner a las cinco aeronaves en condiciones de vuelo”. Informaciones publicadas por “La Nueva.” en ese momento consignaban que el gobierno nacional debería invertir unos 2 millones de dólares para ponerlos en condiciones operativas.

“Dichas falencias traen como consecuencia que las aeronaves no se encuentren en condiciones de prestar servicio, llevando 29 meses -NdR: el relevamiento se hizo en octubre de 2021- sin estar operativas desde el momento de su recepción”, se indicó.

Sin embargo, se remarca, el gobierno de Macri procedió con la compra, junto a un lote de piezas de recambio, bancos de prueba, valijas de prueba, equipos de misión, herramientas y un simulador de vuelo”. El precio definitivo de transferencia de todos los materiales –aviones y elementos complementarios- , además de todos los gastos de retiro, transporte y estacionamiento de los materiales transferidos fue cercano a los 14 millones de euros.

En cuanto a los cuatro OPV “se ha verificado que los expedientes no contaban con toda la documentación requerida que fundamente una adecuada toma de decisiones”.

En ese sentido, se ha observado la “falta de la solicitud de desembolso, la falta de comprobantes de pago y la falta de documentación que acredite la efectiva entrega de los OPV en condición de listos para operar.

El informe fue remitido la Oficina Anticorrupción “para el eventual inicio de acciones”.

(LaNueva. con información de Infobae)

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Reunión y Capacitación sobre Inteligencia Artificial y Salud Mental

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Con el objetivo de abordar la Inteligencia Artificial, sus alcances y efectos en la vida cotidiana, se concretó hoy por la mañana en el recinto de sesiones de Sarmiento 12 , un plenario conjunto entre el Observatorio de Redes Sociales, la Mesa de Prevención del Suicidio y la Mesa de Salud Mental.

Al respecto, la concejal y vocera Fabiana Ungaro explicó que la iniciativa surgió a partir de las reuniones periódicas que mantienen los tres espacios para analizar temas que atraviesan sus respectivas áreas de trabajo.

“Cada tanto, nos reunimos las dos Mesas y el Observatorio y evaluamos qué temas tenemos en común. En esta oportunidad, surgió la Inteligencia Artificial, una temática que interesa al Observatorio de Redes Sociales, pero que también impacta de manera directa en la salud mental de niños, jóvenes y adultos. Incluso, se han registrado casos vinculados a información errónea o engañosa que han tenido consecuencias graves”, señaló.

En ese marco, continuó Fabiana Ungaro, se convocó al doctor Diego Carletti, Médico Pediatra, quien brindó una capacitación destinada a comprender mejor el funcionamiento de las distintas herramientas de Inteligencia Artificial, sus aplicaciones y los desafíos que plantean.

Durante la exposición, se abordaron aspectos relacionados con el uso responsable de estas tecnologías, la forma en que son entrenadas, el origen de los datos que utilizan y las precauciones que deben tenerse en cuenta para un uso saludable.

Carletti expuso situaciones que observa en su práctica profesional, vinculadas al creciente uso de dispositivos y herramientas digitales por parte de niños y adolescentes, entre las que mencionó el aumento de consultas de padres preocupados porque sus hijos pasan gran parte del tiempo aislados en sus habitaciones, muestran menor interés por actividades recreativas al aire libre, o han abandonado la práctica de deportes.

Finalmente, la edil informó que también se analizaron los riesgos que la Inteligencia Artificial presenta para la población adulta, especialmente en relación con las estafas que utilizan voces, e imágenes para engañar a las personas.

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La Cámara de Gimnasios afirmó que “como dueños, somos los responsables de lo que ocurra en el interior”

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Luego de lo ocurrido en el gimnasio Sport Club, desde la Cámara de Gimnasios opinaron ante una situación tan delicada y que hoy pone el ojo en todos los gimnasios de la ciudad.

José María Rodríguez, titular de la Cámara de Gimnasios, CA.B.GI.y A, afirmó que se sorprendieron por lo ocurrido, ya que pudo haberse evitado, como dijo el fiscal, “nosotros somos responsables de tomar diferentes tipos de recaudos, capacitaciones, cursos de RCP. No se trata solo de una habilitación, aunque también hay que tenerlo en regla”.

Destacó que, como referente de la Cámara de Gimnasios, son los responsables de todo lo que ocurre dentro de cada entidad y tienen que tener capacidades para entrenar y resguardar a cada persona que acude al lugar.

“Está bueno que se hagan controles y desde la Cámara siempre nos informamos de lo que va ocurriendo, hay que tener todas las medidas de seguridad”, admitió Rodríguez.

Fuente: BVC Noticias

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Oficializaron la renuncia del presidente del Ente Nacional Regulador del Gas y Electricidad

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Mediante el Decreto 437/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) a menos de un mes de haber sido designado.

La salida se produjo en medio de una interna en el directorio con Marcelo Nachón, vocal del ente y ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Según trascendió, las diferencias entre ambos venían de antes de la constitución formal del ENRGE y se profundizaron en las últimas semanas.

Sin embargo, la renuncia de Lamboglia se atribuye a “motivos estrictamente personales y su paso por el ente es valorado positivamente dentro de la estructura del organismo”. A su vez, está previsto que se inicie un nuevo concurso para la selección del próximo presidente del ENRGE, a fin de asegurar un proceso ordenado en la designación de autoridades.

“La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad. Tras la dimisión, el vicepresidente Vicente Serra asumió de inmediato las funciones de la presidencia, garantizando que no exista vacancia ni interrupción en la gestión del organismo”, comentaron fuentes oficiales.

Lamboglia comunicó su decisión al resto de los miembros del directorio y también la formalizó con un memo enviado a través del sistema oficial GEDO. El ENRGE había iniciado recientemente su proceso de conformación tras la unificación de los entes reguladores del gas y la electricidad.

Lamboglia había sido designado presidente del ENRGE por un período de cinco años, el más prolongado entre los integrantes del directorio. Antes de asumir ese cargo, se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Con una trayectoria de más de 30 años en el sector energético, Lamboglia es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos por la Universidad Austral. Entre sus antecedentes figuran funciones como secretario letrado del Directorio y gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), coordinador legal de la Secretaría de Energía Eléctrica, asesor letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y asesor jurídico de Yacyretá.

En tanto, el ingeniero Vicente Serra había sido nombrado vicepresidente por un plazo de cuatro años, mientras que el licenciado Marcelo Alejandro Nachón asumió como vocal primero con un mandato de tres años. Los cargos de vocal segundo y tercero fueron asignados a la doctora Griselda Lambertini y al ingeniero Héctor Sergio Falzone, quienes cumplirán funciones durante dos y un año, respectivamente. Todos los nombramientos se realizaron bajo el artículo 6° del Decreto N° 452 del 4 de julio de 2025 y entraron en vigencia en la misma fecha.

El ENRGE se creó en julio de 2025 como parte de un proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley de Bases. El organismo busca unificar las funciones de los antiguos entes reguladores del gas (Enargas) y la electricidad (ENRE), con el objetivo de mejorar la coordinación y el control de ambos sectores. De esta forma, el ENRGE depende de la Secretaría de Energía y busca optimizar la fiscalización de los servicios públicos, alineándose con estándares internacionales como los propuestos por la OCDE.

El organismo nació con un plazo máximo de 180 días, a partir de julio del años pasado, para iniciar formalmente sus operaciones. Según fuentes del sector, el proceso de designación de directores presentó dificultades debido a los altos requisitos de calificación profesional para los cargos y al congelamiento salarial en el sector público, factores que complicaron la cobertura de las vacantes.

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