“Una coma que le cambien y tiene que volver al Senado, y eso sería una señal malísima para los mercados”. A pocos días de que el Senado trate el proyecto de modernización laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, entre los diputados de la oposición dialoguista crecía la preocupación por la ausencia de contactos y negociaciones con el oficialismo.

Tras la reunión que mantuvieron el miércoles pasado el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y todos los jefes de bloque para acordar la convocatoria a sesión para debatir el nuevo Régimen Penal Juvenil, algunos referentes dejaron trascender que no compartían la estrategia legislativa de los libertarios respecto a la reforma laboral.

“Leyes de esta magnitud tienen que tener un tratamiento integral, donde se converse en simultáneo con los senadores y diputados. Pero el Gobierno decidió concentrar las negociaciones con los gobernadores relegando a los bloques en Diputados”, explicó un referente del PRO que respalda casi todos los puntos de la reforma laboral.

En esa línea, advierten que los acuerdos con los gobernadores no se trasladan de forma lineal a la Cámara de Diputados, donde los bloques son más heterogéneos y la disciplina de los legisladores es más laxa. A modo de ejemplo, explicaron que sectores que podrían reforzar los números para aprobar el proyecto no fueron contactados. “¿Quién está hablando con Encuentro Federal (Miguel Pichetto y Nicolás Massot) o con la Coalición Cívica, que no responden a gobernadores y no tienen bloque en el Senado? Además la mayoría de los gobernadores de Provincias Unidas tampoco está negociando. Los números están muy justos en Diputados”, ejemplificaron.

Ante la consulta de Infobae, un diputado de la UCR reconoció que no existía un trabajo conjunto con la bancada del Senado. De hecho, aseguró que a título personal se había puesto en contacto con uno de sus pares de la Cámara alta para asegurarse “que algunas cuestiones estén resueltas cuando lleguen a Diputados”.

“Nosotros ya estamos trabajando para cambiar algunas cosas en el Senado, como la derogación del estatuto del periodista. Pero no hay nada orgánico”, sintetizaron.

Sin embargo, también hay radicales que señalan que la discusión por la reforma laboral ya lleva “más de 15 años” y por lo tanto sus puntos principales ya fueron ampliamente debatidos a nivel social.

Los cuestionamientos a la estrategia parlamentaria se enmarcan en un cronograma que prácticamente no tiene margen de error. Las sesiones extraordinarias terminan el 27 de febrero y según el reglamento (artículo 106) el dictamen de comisión se puede firmar hasta diez días. Es decir, el martes 17. Pero dado que es feriado por carnaval, al igual que el lunes 16, el plenario solo podrá reunirse y dictaminar el viernes 13, por lo que no habrá reuniones informativas y las exposiciones de expertos deberán ser muy limitadas.

Ante este panorama, los libertarios analizaban extender por decreto las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28, lo que permitiría dictaminar el miércoles 18, después de los feriados.

Si bien Patricia Bullrich -principal espada de Milei en el Senado- aseguró días atrás que la negociación está “95% cerrada”, también reconoció que aún hay puntos pendientes que “tienen que ver con lo que discuten gobernadores, senadores, y los ministros de Economía e Interior”.

Bullrich se refería al capítulo fiscal del proyecto, en particular a los artículos 190 y 191 que reducen alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, y afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias (una merma de aproximadamente $1 billón).

Desde la Casa Rosada argumentan que la rebaja de Ganancias tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaerá en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advierten que esta caída se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.

No obstante, varios gobernadores dejaron trascender que apoyarían la reforma laboral al momento de votar el proyecto en general, pero adelantaron que rechazarían el capítulo fiscal en la votación en particular. Esa negociación sigue abierta a pocos días de la sesión en el Senado.