A pesar de que la imagen del Presidente experimenta una tendencia a la baja, de que la oposición se le anima con mayor hostilidad en el Congreso y de que los últimos datos de la economía dieron señales negativas, el Gobierno se siente optimista de cara al debate político que más le importa. En la Casa Rosada aseguran que el viaje de Javier Milei con 13 gobernadores a París es un punto de inflexión para asegurarse la reforma política. Las promesas de Karina Milei y la predisposición a la escucha de Luis Caputo, creen, fueron las claves. Aunque, en rigor, ninguno de los mandatarios que se guardan sus cartas las mostraron, aún.

Javier y Karina Milei incorporaron como si fueran protagonistas a los mandatarios en el “Argentina Week”, incluido el encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y en sus respectivos entornos creen que las ofrendas simbólicas y económicas que les hicieron desde la Nación a los jefes del interior bastarán para que aquellos que todavía se muestran en duda respalden la eliminación de la PASO.

La hermana del jefe de Estado, que se mostró de buen humor y talante en todo momento, les prometió a los gobernadores que no les presentarán escollos libertarios en las elecciones provinciales. “Les aseguró 100 por 100 que no les vamos a plantar competencia en sus distritos”, dijeron con todas las letras en LLA, como para que no queden dudas después de meses de tensión con el interior. También se mostró abierta a escuchar sus preocupaciones, en un encuentro político, aunque sin el jefe de Estado, el primer día del “Argentina Week”.

Junto a ella hicieron lo propio el jefe de Gabinete, Diego Santilli y -la novedad- el habitualmente reacio ministro de Economía, Luis Caputo. Los jefes de las provincias, uno por uno, dieron su parecer. Estaban Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), junto a la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Desde ese encuentro, el optimismo se disparó en el oficialismo.

“Estamos en el mejor momento con los gobernadores”, infló el pecho un armador libertario. “Es la magia de París”, bromearon en LLA. Están decididos a transmitirles confianza a los gobernadores, que se encuentran siempre en alerta por los movimientos que perciben del karinismo en la antesala del año electoral. “Eran para negociar mejor”, deslizan hoy en el oficialismo sobre aquellos ¿lejanos? coqueteos con regresar a la estrategia de “pintar al país de violeta” (en el sector de Santiago Caputo lo atribuyen principalmente a errores por falta de expertise política de los Menem).

Con la primera plana económica en la comitiva en Francia -el ministro, Luis Caputo, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el secretario de Política Económica, José Luis Daza- creen que más allá de las señales políticas amigables de Karina Milei, el principal incentivo de los gobernadores parte del aspecto económico: “Son los que más tienen que ganar con nosotros. Son los socios naturales del crecimiento, y ellos lo saben”, dijeron ayer en el ala política del Gobierno, a pesar de que los indicadores más recientes de actividad mostraron una baja y de que la economía, según los especialistas -y aunque Milei lo relativice- se encuentra al borde de la recesión técnica.

En especial, los libertarios adjudican el entusiasmo que dicen recibir de parte de los gobernadores a la ayuda que puede brindarles el Gobierno para obtener préstamos de organismos multilaterales de crédito: “Ellos quieren pedir fondos afuera, con baja tasa, hacer obras y reelegir”, leen.

Desde París, Ignacio Torres, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, que ya habían adelantado posiciones favorables a la reforma política durante los últimos meses, las ratificaron. Pero no hubo grandes novedades “en on” de parte del resto de los mandatarios, que aún no dejaron clara su posición. Y hay caciques “dialoguistas”, como Maximiliano Pullaro, que decidieron quedarse en el país. En su caso, dijeron en Santa Fe, porque no le gusta perder control sobre “el fuerte” y no se caracteriza por viajar al exterior.

El Presidente los recibió en persona y los elogió, en contraste con el viaje de marzo por el mismo evento en Nueva York. Allí, el jefe de Estado apenas les había dado cabida en las fotos. La culpa de todo, dicen, la tuvo el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el conveniente chivo expiatorio de los errores del oficialismo en esa visita a la Gran Manzana. Que, además, fue el inicio del declive de las perspectivas sobre el Gobierno en las encuestas a partir del estallido de uno de los peores escándalos de corrupción de la era Milei junto con el caso ANDIS.

Los libertarios están tan envalentonados que creen que podrán poner fecha para la sesión a partir de la semana que viene. Pero, mientras exageran las perspectivas positivas, admiten un condicionante: la mega sesión que impulsa la oposición en Diputados para el 15, desencadenada por el fallo de la Corte Suprema que dejó sin vigencia en los hechos la ley de Tierras. Que, además, coincidirá con una nueva marcha por los fondos universitarios. Esto en la previa del Día de la Lealtad, lo que transformará esa semana de mediados de mes en un cocktail de envalentonamiento opositor. Los violetas sopesan fechas para el debate por la reforma política (se habían puesto como límite el fin de octubre) y se preguntan si sería conveniente apurar o postergar el tratamiento de la reforma electoral.

Diferentes bloques de la oposición convocaron para el jueves 15 de octubre a una sesión especial en la Cámara de Diputados con un temario extremadamente incómodo para el oficialismo. En primer lugar, tras la polémica que desencadenó el fallo de la Corte Suprema que liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros, la oposición buscará derogar definitivamente el mega DNU 70/2023, que desreguló amplios sectores de la economía.

Además, los opositores apuestan a sumar masa crítica que garantice el quórum con la inclusión de otros dos temas sensibles: la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de los endeudados.

La convocatoria a la sesión especial lleva la firma de diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y monobloques como el de Natalia de la Sota y Marcela Pagano, por lo que todavía falta sumar cerca de 20 votos, principalmente de espacios que responden directamente a los gobernadores. Todos ellos se encuentran en París, junto al presidente Milei, en el marco de la Argentina Week que se celebra en ese país para buscar inversiones.

Ante la consulta de Infobae, diputados de los bloques del “centro” reconocieron que los votos no están asegurados para imponerse en ninguno de los tres temas. No obstante, destacaban la importancia de no dejar pasar mucho tiempo para capitalizar que la problemática de la venta de tierras a extranjeros volvió a quedar en el centro del debate público.

Pero al mismo tiempo, desde el bloque Argentina Federal (Salta Misiones) dejaron trascender su enojo con la oposición por “utilizar la causa noble de los discapacitados para asegurarse el quórum”. En ese sentido, adelantaron que el bloque podría dividirse según intereses provinciales.

La resolución de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, tomó por sorpresa incluso al Gobierno. Pero ahora buscan alternativas para correr de la discusión la validez del mega decreto.

El mega DNU 70 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición nunca logró un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en la Cámara de Diputados. Pero al nunca haber convocado a una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.

Entre otros puntos, el decreto eliminaba una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogaba las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberaba las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y desregulaba el mercado aéreos y la venta de tierras.

Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advierten que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal. Por ejemplo, que reinstaure la Ley de Alquileres o vuelva a intervenir las cuotas de las prepagas.

En ese sentido, ya trabajan en diferentes estrategias para bloquear la arremetida opositora. Según dejaron trascender, una posibilidad sería volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado y ahora deberá discutirse en Diputados. De esta forma le darán una salida a los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas para sentar posición sobre la venta de tierras a extranjeros sin tener que avanzar contra el DNU 70. Otra posibilidad similar sería incluir un nuevo capítulo en la ley de Defensa de la Soberanía que empezó a tratarse este miércoles en comisión. Esa fue la sugerencia que hizo Miguel Ángel Pichetto a través de las redes sociales.

Endeudamiento

Durante el debate en comisión el oficialismo, junto a sus aliados, se quedó con el dictamen de mayoría y su proyecto será debatido primero en una eventual sesión. La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada, que calificó el problema del endeudamiento como un “tema entre privados”, apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.

En cambio, la oposición quedó dividida en dos posturas sin lograr unificar criterios. El peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas -el cordobés Ignacio José Garcia Aresca decidió ausentarse para no firmar el dictamen- propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.

Además, quienes adhieran al régimen de refinanciación podrán pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrán superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarán todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

Por su parte, el proyecto de Argentina Federal (Misiones y Salta) propone declarar la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período se fija un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope será 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

También crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contempla refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.

Durante la sesión del próximo 15 de octubre se pondrá en debate en primer lugar el proyecto oficialista y la oposición deberá primero sumar más votos para rechazarlo. Recién ahí se discutirán los textos alternativos.

Emergencia en Discapacidad

Las negociaciones en torno a la reforma en el área de Discapacidad generaron fuertes turbulencias y pases de factura internos en el Gobierno. La polémica se desató cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un fuerte ajuste en el área de discapacidad. Ese ajuste no tenía ningún punto de contacto con las negociaciones que La Libertad Avanza estaba llevando adelante en el Congreso con aliados y gobernadores.

Tras dos semanas de tensión, que incluyeron algunos desplantes entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió la Casa Rosada y llegaron a un consenso con los bloques aliados.

La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión. Sin embargo, ahora todas las partidas estarán incluidas en el Presupuesto y no dependerán de las reasignaciones que defina la Jefatura de Gabinete.

El dictamen representó una clara victoria política porque contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría simple. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.

No obstante, desde la oposición advierten que la forma en la que quedaron redactados los artículos esconden las verdaderas intenciones del oficialismo. Puntualmente, plantean que el artículo 5 separa la invalidez laboral de la discapacidad como vías distintas de acceso (“imposibilitada para trabajar, o con discapacidad que posea CUD”). Por lo tanto, “consolida dos pensiones: por invalidez laboral y por discapacidad”, con diferente acceso al programa Incluir Salud. Por lo tanto, su proyecto se limita a prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad vigente.

La ambigüedad de la redacción fue advertida incluso por los aliados del Gobierno que firmaron el dictamen. De hecho, exigieron que se aclaren todas posibles interpretaciones como condición para acompañar. Hasta el momento no recibieron respuesta de La Libertad Avanza.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, afirmó este jueves que Washington prioriza bajar la tensión entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas y evitó un posicionamiento oficial sobre la disputa de la soberanía, en un contexto de mayor tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres desde la guerra de 1982.

En declaraciones exclusivas a GB News, y ante la consulta de si Estados Unidos acudiría en ayuda del Reino Unido si se llevara a cabo alguna acción en esa región, Waltz señaló que “esa es una decisión que le corresponde” a Donald Trump y reconoció que “Argentina es un gran amigo”, pero también sostuvo que “obviamente existe una relación especial con el Reino Unido”. “Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”, indicó.

Las declaraciones de Waltz se enmarcan en una escalada que llegó a nivel diplomático este miércoles, cuando el Foreign Office convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para transmitirle un mensaje directo: la ofensiva de Buenos Aires compromete la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido. La subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran calificó la decisión de recurrir al arbitraje internacional para frenar el desarrollo petrolero de Sea Lion como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Malvinas”.

El gobierno argentino, a través de la Cancillería, rechazó las críticas y sostuvo que someter una controversia a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”.

En el lapso de las últimas semanas, el gobierno argentino envió más de 180 notificaciones a empresas vinculadas al petróleo en las islas y presentó al menos tres denuncias penales contra diez compañías y sus directivos.

Esta semana, Buenos Aires notificó a Londres el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), con un plazo de dos semanas para detener el proyecto Sea Lion o enfrentar una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo. El plazo vence a mediados de octubre.

El campo petrolero en disputa se encuentra a unos 220 kilómetros (137 millas) al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte. La empresa israelí Navitas Petroleum controla el 65% de la participación; la británica Rockhopper Exploration retiene el 35% restante. Las reservas estimadas ascienden a 1.700 millones de barriles, con una primera fase de producción prevista para el primer trimestre de 2028 y un horizonte de 200.000 barriles diarios hacia 2030.

En la misma entrevista, Waltz se refirió al primer encuentro personal entre Trump y el primer ministro Andy Burnham en el marco de la Asamblea General y respaldó la relación bilateral. “Independientemente de la política de cada uno, esta relación siempre tiene que funcionar”, dijo el diplomático.

La respuesta más clara de las empresas involucradas llegó también este miércoles. El director ejecutivo de Rockhopper, Sam Moody, ratificó en el informe semestral presentado ante la Bolsa de Valores de Londres que “el primer petróleo sigue teniendo como objetivo el primer trimestre de 2028” y que la compañía entra al segundo semestre del año “totalmente financiada” hasta el inicio de la producción. Rockhopper recaudó USD 180 millones mediante una colocación de acciones y otros USD 20 millones a través de una oferta abierta que superó el 118% de las suscripciones disponibles.

Moody describió las acciones del gobierno de Milei como un período de “mayor atención mediática y política” sin impacto sobre el cronograma y ponderó el “continuo y firme respaldo” del gobierno del Reino Unido y de las autoridades isleñas. Es el primer documento regulatorio de la empresa que menciona de forma explícita las amenazas argentinas y descarta formalmente su efecto sobre el proyecto.