Las nuevas auditorías realizadas por el PAMI en áreas sensibles como cardiología y gastroenterología encendieron todas las alarmas dentro del sistema de salud de los jubilados. Los relevamientos internos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, detectaron volúmenes de prestaciones médicas imposibles de justificar, incompatibles con cualquier jornada laboral razonable y con la infraestructura declarada por los prestadores.
Uno de los casos más llamativos se registró en el área de gastroenterología: un prestador que cuenta con solo dos quirófanos declaró haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas, un número que, según los auditores, excede de manera evidente la capacidad operativa del establecimiento.
Las irregularidades detectadas se suman a denuncias ya presentadas por las máximas autoridades del organismo, a cargo de Esteban Leguízamo, que incluyen fraude, sobrefacturación y recetas truchas, y que derivaron en una batería de controles más estrictos, sumarios administrativos, sanciones y denuncias penales por maniobras millonarias.
A mediados de junio de 2025, por ejemplo, el Instituto puso fin a la modalidad de retiro por farmacia de los Higiénicos Absorbentes Descartables (pañales).
“En otro paso firme hacia la verdadera transformación del Estado, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) pone fin a uno de los negocios más vergonzosos. Durante años, un puñado de proveedores amigos del poder cartelizaba el precio y se enriquecían a costa de los jubilados, en un esquema sin control, sin competencia y plagado de privilegios”, explicaron en su momento voceros del PAMI al ser consultados por este medio. Y recordaron que “los pañales se comprarán mediante licitación pública” y aseguraron que “este nuevo mecanismo le generará al PAMI un ahorro anual estimado de $5.000 millones con reglas claras y transparencia total, privilegiando administrar con eficiencia y responsabilidad”.
En el marco del análisis sobre los prestadores que brindan el módulo de cardiología, los equipos de auditoría del INSSJP, detectaron una serie de patrones reiterados que levantaron sospechas:
- Prestadores contratados como personas físicas que transmitieron órdenes médicas electrónicas (OME) en cantidades incompatibles con una jornada laboral posible.
- Casos en los que se registraron 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos. Teniendo en cuenta que el tiempo promedio de atención por paciente oscila entre 15 y 20 minutos, esas cifras implicarían una carga horaria diaria de entre 81,5 y 108,7 horas, algo materialmente imposible.
- Turnos otorgados en un mismo día y en el mismo horario a un mismo profesional para consultas o prácticas médicas diferentes, una situación que vulnera los criterios básicos de trazabilidad y control.
Estos hallazgos se inscriben en un contexto más amplio de fraude estructural que el PAMI viene investigando desde el año pasado. Las auditorías internas permitieron detectar:
- Órdenes médicas electrónicas truchas, emitidas sin que existiera atención efectiva.
- Recetas electrónicas falsas, confeccionadas a nombre de jubilados que nunca solicitaron medicamentos.
- Facturación de prestaciones inexistentes.
- Uso indebido de datos personales de afiliados.
- Manipulación del sistema de trazabilidad mediante el uso compartido de credenciales y la emisión múltiple de órdenes médicas desde un mismo usuario.
En muchos casos, los jubilados figuraban como pacientes atendidos sin haber recibido nunca la consulta, el tratamiento o el medicamento correspondiente.
Las irregularidades detectadas derivaron en denuncias penales ante la Justicia federal, bajo la hipótesis de defraudación contra la administración pública. Según los informes internos, los montos involucrados son multimillonarios, aunque el perjuicio total aún se encuentra en proceso de cuantificación judicial.
Las causas se encuentran en etapa de investigación, con auditorías activas, sumarios administrativos en curso y sanciones ya aplicadas a algunos prestadores y agentes.
Frente a este escenario, la conducción del organismo puso en marcha un nuevo esquema de control y fiscalización que incluye:
- Monitoreo permanente de los umbrales prestacionales.
- Uso obligatorio del turnero digital del PAMI.
- Auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores según su capacidad declarada.
- Cruce de datos para detectar patrones irregulares, repeticiones y desvíos.
- Penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.
Desde el Instituto remarcan que el objetivo no es recortar prestaciones, sino cerrar los canales de fraude, fortalecer la transparencia y garantizar que cada peso del sistema se utilice en beneficio de los afiliados.
La administración de Leguizamo también optimizó el mecanismo de compra de efectores propios. “Hoy todas las licitaciones de insumos se hacen y distribuyen desde PAMI Central, mientras que en el sistema anterior las compras se realizaban por efector. Esto no solo las hacía más difíciles de controlar, sino incluso más costosas”, sostuvieron las autoridades de La Libertada Avanza.
El objetivo, según aseguraron los funcionarios de la obra social de los jubilados es “romper con los kioscos” que, como capas de cebollas, vienen de gestiones anteriores.
Con auditorías en marcha y causas judiciales abiertas, el PAMI busca reordenar un sistema históricamente opaco, blindar sus mecanismos de control y recuperar la confianza en una de las cajas más sensibles del Estado.
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