“Cristina es una gran candidata”, ironizó ante Infobae una fuente de Gobierno, horas después de que la dos veces presidenta hiciera pública una carta en la que defendió su inocencia tras la condena en la causa Vialidad, denunció una supuesta proscripción política y anunció que presentará el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

En línea con un argumento que el presidente Javier Milei suele repetir, la Casa Rosada se cuidó de inmiscuirse en la causa judicial, pero aseguró que la habilitación para que la exvicepresidenta compita no perjudicaría a La Libertad Avanza en la carrera por la reelección del mandatario en 2027.

“Nos conviene no interferir con la justicia porque de hacerlo, especulando por una cosa u otra, quedamos involucrados directa o indirectamente. Que la Justicia defina y políticamente nos prepararemos para lo que sea, con el hecho consumado. No operamos ni a favor ni en contra”, planteó ante este medio un referente territorial libertario.

En la administración oficialista entienden que Cristina Kirchner conserva un alto nivel de rechazo e incluso la definen como “el cuco”. Por eso creen que una eventual habilitación para competir en los próximos comicios presidenciales —una posibilidad que hoy no consideran factible, pese al reclamo de un sector del peronismo— podría resultar funcional al oficialismo, aunque aclaran que “no motorizarán” ningún escenario. Sin embargo, luego de que la defensa de CFK brindara una conferencia para pedir suspender la inhabilitación a ejercer cargos públicos, otros funcionarios ni siquiera contemplan ese escenario.

Al mismo tiempo, hay quienes creen que el planteo de la titular del Partido Justicialista no prosperará, y consideran que su accionar impacta directamente en la interna peronista, que parecería no encontrar pronta resolución, en particular en la tribu que lidera el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Al que peor le cae esto es a Kicillof. Ella no lo odia a Milei, lo odia a Axel”, sostuvo un funcionario al respecto.

“Es una discusión abstracta. No está habilitada ni lo estará. Está presa”, replicó otro interlocutor que transita a diario la Casa Rosada en referencia a la exvicepresidenta que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

En Balcarce 50 creen que el peronismo no kirchnerista prefiere que Cristina Kirchner permanezca inhabilitada para dar curso a la reorganización del espacio y a la aparición de nuevas representaciones. “Ni el propio peronismo quiere que esté habilitada. Los que quieren reformar al partido y que surja una nueva alternativa no la quieren más que presa y que no pueda competir porque impide la renovación”, leen en las filas violetas.

Por estos días, en el oficialismo no ven factible que el principal partido opositor logre saldar las diferencias que fragmentaron la unidad y vaticinan que se materializarán incluso durante el proceso electoral. “Las diferencias entre Kicillof, Máximo y Cristina hoy son irreconciliables. No van a acordar”, sostuvo un funcionario ante este medio.

En ese diagnóstico también advierten cambios en el comportamiento del electorado kirchnerista. “Hay una metamorfosis en el voto K, que se acerca más a Bregman y los que son por derecha podrían mutar a Milei. Habrá que ver”, plantearon desde uno de los campamentos violetas. “El problema del PJ es que solo tiene para ofrecer el pasado por delante. Axel representa eso. Hoy es el que más mide en el PJ y aún así no gana”, aportó además otra fuente libertaria.

Por su parte, desde la mesa chica de Milei consideran que el Gobierno podría tensionar la coexistencia peronista si el Congreso aprueba la eliminación o eventualmente la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), incluida en la reforma electoral. Suprimida la herramienta ordenadora, garantizan que las diferencias en el PJ se multiplicarían, lo que daría lugar a un debate más encarnizado por las candidaturas.

“El problema son los incentivos. El diseño institucional puja para un lado o para el otro: si logramos bajar las PASO hay incentivos para que se maten”, expresaron.

A más de un año de la elección, en La Libertad Avanza creen que solo la irrupción de un candidato “blando”, en una eventual segunda vuelta, podría complicar los planes de la administración libertaria, que ya activó el operativo reelección de Milei. “Hoy ese candidato no existe”, celebran.

Apurado por los tiempos del proceso, el Gobierno se encuentra preparando la estrategia judicial que utilizará en los próximos días en el marco del juicio en los Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de revertir el último fallo que le ordenó pagar más de 390 millones de dólares en compensaciones por la decisión que se tomó durante la administración de Cristina Kirchner.

A la defensa en cuestión, que deberá ser presentada en el corto plazo, la está diseñando el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la situación, el escenario más probable es que el Poder Ejecutivo recurra a la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar la suspensión de la pena dictada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia.

Fue ese tribunal de Washington el que rechazó el recurso que había interpuesto la Argentina y dejó así firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que actualmente reclama el dinero.

Sin embargo, las autoridades nacionales aseguran que ir a la Corte no es la única alternativa y que ”existen otras herramientas legales” que también están evaluando.

De hecho, por estas horas en la Casa Rosada se está elaborando una estrategia amplia que permanece bajo un estricto secreto para evitar que la parte demandante tenga tiempo de contrarrestarla.

Otra de las posibilidades que está manejando el equipo de Amerio es la de pedir una revisión del fallo ante la misma Cámara de Apelaciones.

De todas formas, si bien existe una fecha límite para actuar antes de tener que abonar la millonaria cifra, “todavía quedan varios días más” para planificar la defensa.

El procurador del Tesoro viene, junto con la secretaria de Legal y Técnica, de conseguir un importante triunfo en un juicio similar por la expropiación de YPF.

A principios de junio, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria que había solicitado Burford Capital y, de esta manera, favoreció a la Argentina y le evitó tener que pagar 18 mil millones de dólares.

Las autoridades nacionales ven en esa victoria un precedente favorable para el país y un ejemplo a replicar ahora: “Es el mayor juicio de la historia ganado por un Estado”, destacan los que participaron del proceso.

El caso por Aerolíneas Argentinas y Austral comenzó poco después del 2008, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner logró aprobar en el Congreso una ley para nacionalizar ambas compañías, que estaban hasta ese momento en manos de la española Marsans.

En una primera instancia, el grupo damnificado protestó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial.

En 2017, el Ciadi resolvió a favor de la firma europea y estableció una compensación de 320 millones de dólares más intereses, aunque nunca llegó a recibir ese pago y transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF.

Sin embargo, el bufete vendió posteriormente esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la obligación de pagar más de 390,9 millones de dólares, lo que representa una de las condenas económicas más elevadas que enfrenta actualmente el Estado argentino en tribunales internacionales.

Durante los 16 meses previos a la confirmación del fallo, el Gobierno no pagó ninguna suma de la condena y es por eso que Titan aceleró su ofensiva judicial.

El trasfondo económico del conflicto remite al estado financiero de Aerolíneas y Austral antes de su estatización. Marsans había adquirido ambas compañías en 2001 por el valor simbólico de un dólar.

Desde ese momento, el Tesoro de España tuvo que aportar aproximadamente 750 millones de dólares para sostener a las dos empresas, que acumulaban pasivos cercanos a 890 millones de dólares.

Durante la gestión de Marsans, se vendieron activos relevantes, como oficinas en ciudades clave —Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas—, además de simuladores de vuelo, y se eliminaron rutas hacia Europa.

Con el cambio de Gobierno a nivel local, la compañía aérea comenzó una etapa de saneamiento y logró registrar ganancias durante dos años seguidos, además de operar sin aportes del Tesoro.

De todos modos, el Gobierno de Javier Milei plantea la privatización de la firma, algo que por lo pronto no pudo conseguir en el Congreso.

Al inicio del mandato, de hecho, durante la discusión de la Ley Bases, la empresa se incluyó en la lista de bienes del Estado que serían vendidos, pero la oposición obligó a que sea retirada.

Cristina Kirchner publicó este miércoles una columna de opinión en medios internacionales —entre ellos El País, de España, y Libération, de Francia— en la que defendió su inocencia y cuestiona la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos, al tiempo que anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Así también, en sus redes sociales, dio a conocer un texto con el mismo tenor, intitulado: Carta abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.

La exvicepresidenta formuló así una denuncia política, judicial y de derechos humanos: afirmó que la condena en la causa Vialidad busca su proscripción perpetua, sostuvo que esa exclusión afecta el derecho del electorado a elegir y anunció que ya presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para llevar el caso fuera de la Argentina.

La ex presidenta ligó esa decisión con un hecho preciso de su estrategia de defensa: convocó a dos abogados extranjeros, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, a quienes definió como juristas de prestigio internacional para esta nueva etapa. También recordó que en 2022, después del atentado del 1 de septiembre, un grupo de juristas internacionales ya había denunciado irregularidades y violaciones a sus derechos fundamentales.

La expresidenta, que cumple arresto domiciliario en Buenos Aires tras ser condenada a seis años de prisión por la causa Vialidad, abrió su documento en los medios internacionales con una advertencia sobre el rol del poder judicial en las democracias. “Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”, escribió.

En ese marco, calificó su inhabilitación perpetua como una forma de “proscripción” y sostuvo que ese mecanismo representa “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo. No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.

Por otro lado en su carta abierta, Fernández de Kirchner planteó que su caso no debe leerse como una suma de fallos equivocados. “Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”, escribió.

La ex mandataria sostuvo además que la sanción penal tiene un sentido político por encima del castigo judicial. “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”, afirmó.

La columna, firmada por la propia Kirchner, se publicó en simultáneo con la conferencia de prensa en la que su equipo de defensa formalizó la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El planteo sostiene que el proceso judicial violó garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por Argentina.

“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, precisó la exmandataria.

CFK también señaló que el proceso al que fue sometida estuvo “marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino”.

En ese pasaje, extendió el argumento más allá de su situación personal: “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados. Alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes.”

Para conducir esa etapa internacional, la defensa incorporó a dos juristas extranjeros: el brasileño Rafael Valim, vinculado al equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos participarán, junto al abogado Alberto Beraldi, en la conferencia de prensa que se celebrará hoy a las 11 en el NH Hotel del microcentro porteño.

“No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”, afirmó Kirchner en la columna.

La exmandataria fue condenada por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por las defensas. El 2 de julio de 2026, el máximo tribunal también dejó firme un decomiso de $684.990 millones de pesos contra Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados.

En la columna, la expresidenta también recordó el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, al que describió como “un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”. El texto cerró con una afirmación de alcance colectivo: “Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos. Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política”.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, está integrado por 18 expertos independientes y no dicta órdenes a los Estados miembros, sino recomendaciones. Deberá realizar primero un examen de admisibilidad para determinar si la presentación reúne los requisitos necesarios para avanzar. Si supera esa instancia, el organismo podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo.