Los senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio y Wado de Pedro, presentaron este domingo 31 de mayo, en el marco del Día Nacional de la Energía Atómica, dos proyectos de ley orientados a darle continuidad a las políticas de desarrollo nuclear argentino frente a lo que la posibilidad de cambios estructurales impulsados por el gobierno actual.

La primera iniciativa, firmada por ambos senadores, apunta a proteger la continuidad del reactor CAREM, el primer reactor nuclear de potencia diseñado íntegramente en la Argentina y uno de los desarrollos tecnológicos más novedosos del mundo en materia de reactores modulares pequeños.

El proyecto establece que cualquier decisión que implique la cancelación del CAREM, la transferencia de la tecnología generada en su marco o su desvinculación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) deberá contar con una mayoría agravada de dos tercios del Congreso nacional. La exigencia apunta a blindar institucionalmente un proyecto que concentra décadas de inversión pública y formación de recursos humanos especializados.

La segunda iniciativa, impulsada por Di Tullio, extiende esa lógica de protección al conjunto de las políticas estratégicas del sector nuclear. La propuesta alcanza a los programas de investigación y desarrollo, la transferencia de tecnología, los acuerdos internacionales de cooperación y otras decisiones estructurales para el sistema nuclear argentino.

Al igual que en el caso del CAREM, la propuesta fija la necesidad de amplios consensos institucionales para avanzar en esas materias. El objetivo declarado es consolidar la energía nuclear como una política de Estado que trascienda los cambios de gobierno.

“No podemos permitir que una política transversal como ésta quede a merced de las decisiones arbitrarias de los gobiernos de turno. Los argentinos y argentinas nos merecemos diseñar y sostener estrategias a largo plazo”, sostuvo Di Tullio al presentar el proyecto.

La senadora también denunció que “todas las propuestas de desarrollo de este gobierno están orientadas a la extracción indiscriminada de nuestros recursos, a la entrega de nuestro patrimonio”, y advirtió: “No podemos permitir que además destruya el sistema de ciencia y tecnología”.

De Pedro, por su parte, puso el acento en la singularidad de la posición argentina a nivel global. “Somos uno de los pocos países del mundo que desarrolló el ciclo completo de la tecnología nuclear con fines pacíficos. Ahí hay décadas de inversión pública, trabajo argentino, formación de recursos humanos y desarrollo científico que forman parte del patrimonio estratégico de la Nación”, afirmó el senador.

Sobre el reactor en cuestión, fue directo: “El CAREM es una muestra de la capacidad que tiene la Argentina para generar tecnología de punta, agregar valor al conocimiento y construir soberanía tecnológica“, y lo definió como “una herramienta clave para el desarrollo autónomo del país”.

Esas definiciones retoman una posición que De Pedro ha sostenido durante años en defensa de la CNEA, INVAP, Nucleoeléctrica Argentina y el propio proyecto CAREM.

En los fundamentos de ambas iniciativas, los legisladores advierten que el sistema nuclear argentino constituye un activo estratégico para el desarrollo nacional, la soberanía energética, la producción de conocimiento y la inserción internacional del país.

También señalan que la paralización de proyectos, la pérdida de capacidades tecnológicas o la discontinuidad de políticas de largo plazo generan daños difíciles de revertir.

La elección de la fecha no fue casual. El 31 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Energía Atómica en la Argentina, una efeméride que recuerda los hitos de un sector que posicionó al país como referencia mundial.

Ante lo que los senadores describen como los desaciertos del gobierno de Javier Milei y el interés oficial en avanzar hacia la privatización de los activos más relevantes del complejo nuclear, las propuestas buscan dotar al sector de mayores resguardos institucionales y garantizar que las decisiones de mayor impacto cuenten con consensos políticos amplios y duraderos.

Argentina apuesta a operar en un mercado global radicalmente distinto al de hace años atrás. El Mercosur cerró esta semana una nueva ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Canadá, mientras avanza con Japón, Singapur y Corea del Sur. Además, ya tiene en vigor el tratado con la Unión Europea (UE), al tiempo que aguarda la ratificación parlamentaria del acuerdo con Estados Unidos. Para el Gobierno, estos movimientos representan el acceso preferencial a mercados que concentran una porción sustancial del consumo y la inversión globales.

El último avance en este sentido se informó este sábado, cuando los gobiernos de Brasil y Paraguay difundieron comunicados sobre la décima ronda negociadora del acuerdo Mercosur–Canadá, celebrada entre el 25 y el 29 de mayo en Toronto, donde se discutió sobre comercio de bienes y servicios, reglas de origen, propiedad intelectual, salvaguardas bilaterales y desarrollo sostenible.

Para Argentina, abriría un mercado de 41 millones de personas con un producto bruto interno de aproximadamente 2,2 billones de dólares e importaciones totales del orden de 541.000 millones de dólares anuales. El acuerdo permitiría que el 80% de las exportaciones industriales del Mercosur ingresen a Canadá con arancel cero. En las negociaciones, Argentina busca cuotas de exportación para queso y leche en polvo, además de condiciones preferenciales para miel, carnes y granos.

Según tres fuentes gubernamentales de Argentina, Brasil y Canadá consultadas por la agencia Reuters en marzo de 2026, la firma podría concretarse entre septiembre y octubre de este año.

Por otro lado, el acuerdo con Singapur es el más avanzado del frente asiático y el que más cerca está de generar beneficios concretos para los exportadores argentinos. El Senado lo aprobó por unanimidad el 14 de mayo y lo remitió a Diputados para su sanción definitiva. Una vez ratificado, el 100% de las exportaciones argentinas ingresarán al mercado singapurense con arancel cero, según precisó el canciller Pablo Quirno al celebrar la media sanción.

El tratado, firmado en diciembre de 2023, ya está en vigor para Paraguay y Uruguay. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, lo presentó ante el Senado como una puerta de entrada estratégica al sudeste asiático: “servirá para poder negociar con Japón, Corea y Vietnam, Indonesia, quienes vuelven a mirar el acceso a la energía”, afirmó.

A su vez, el vínculo con Japón dio un salto en los últimos días. Según reportó la agencia Kyodo News el 26 de mayo, confirmado por Reuters y la agencia Jiji Press, el gobierno japonés anunciará formalmente el inicio de negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con el Mercosur en el marco de una cumbre entre la primera ministra Sanae Takaichi y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al margen de la reunión del G7 en Francia, prevista para mediados de junio.

El anuncio coronaría un proceso que arrancó en diciembre de 2025 con la firma del “Marco de Asociación Estratégica” y tuvo dos reuniones formales en enero y marzo de 2026, la segunda al margen de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Yaundé, Camerún.

Para Argentina, el acuerdo abriría el acceso preferencial a un mercado que hoy recibe principalmente pescados, crustáceos, aluminio, minerales y cereales del país. Tokio, a su vez, apunta a las reservas de litio y minerales críticos argentinos para sus cadenas de producción de vehículos eléctricos. La industria automotriz japonesa impulsa el acuerdo, aunque persiste en Japón la preocupación por una eventual entrada masiva de productos agrícolas, en particular carne vacuna.

El acuerdo con Corea del Sur atraviesa su propio proceso de reactivación. Las negociaciones se lanzaron en 2018, se suspendieron en 2021 —en parte por la resistencia del sector industrial argentino a la apertura— y volvieron a la agenda el 23 de febrero de 2026, tras una cumbre celebrada en Seúl entre el presidente surcoreano Lee Jae-myung y Lula da Silva.

Ambos líderes elevaron la relación bilateral al rango de “asociación estratégica” y firmaron diez memorandos de entendimiento en minerales críticos, inteligencia artificial, defensa y agricultura. Las partes acordaron además constituir grupos técnicos de trabajo con el objetivo de presentar un primer marco negociador antes de fin de año. Corea del Sur no figura aún en la lista de negociaciones activas de la Cancillería argentina.

Dos acuerdos sí ya están en vigor o en aplicación parcial. El Mercosur–UE, firmado el 17 de enero de 2026 tras 27 años de negociaciones, entró en aplicación provisional el 1° de mayo: elimina aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque y deja alcanzado al 99% de las exportaciones agrícolas argentinas.

El acuerdo bilateral Argentina–Estados Unidos, firmado el 5 de febrero de 2026, incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos y aguarda ratificación del Congreso argentino para entrar en vigor pleno.

Por fuera de ese acuerdo, el presidente Donald Trump firmó el 6 de febrero una orden ejecutiva que amplió de 20.000 a 100.000 toneladas anuales la cuota de importación de carne vacuna argentina con arancel cero, distribuida en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas. La medida aplica específicamente a recortes magros —piezas de bajo contenido graso destinadas principalmente a la elaboración de carne picada y hamburguesas— y tiene vigencia durante 2026. En 2025, Argentina exportó 44.300 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos por un valor de 341,5 millones de dólares, según datos del Consorcio ABC.

Con el nuevo esquema, el sector estima ingresos adicionales de más de 700 millones de dólares en divisas durante el año. El sector advierte, no obstante, que la cuota es temporal y que será necesario incorporarla de forma permanente al acuerdo para garantizar su continuidad más allá de 2026.

La agenda no se agota allí. El acuerdo Mercosur–Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), firmado en septiembre de 2025 con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, aguarda aprobación parlamentaria. Las tratativas con los Emiratos Árabes Unidos acumulan cuatro rondas. Las negociaciones con Vietnam —lanzadas el 20 de diciembre de 2025— y con El Salvador aún no tienen fecha para sus primeras rondas formales. En el plano regional, el bloque mantiene acuerdos vigentes con Chile, Bolivia, Colombia, Perú, la Comunidad Andina, Cuba, Israel, Egipto, India, la Unión Aduanera de África del Sur (SACU) y Panamá.

Hay una forma de leer lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei en materia de inversiones que no aparece cuando se analiza cada medida por separado. Conviene verlas en conjunto, en la secuencia de las últimas semanas, para entender que se trata de algo más que una suma de proyectos y decretos: es la arquitectura deliberada de una administración que se propone competir por el capital global.

El contexto no admite eufemismos. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Argentina cerró 2025 en el último lugar del ranking regional de inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina. Captó USD 3.134 millones netos, mientras Brasil recibió USD 76.877 millones y México USD 40.871 millones. Costa Rica, con una economía más pequeña, superó a la Argentina con USD 5.733 millones. La fotografía es la de un país que pasó décadas construyendo una reputación de destino hostil para el capital externo: expropiaciones, cepos, confiscaciones, modificaciones retroactivas de reglas de juego y una cultura política que convirtió la desconfianza hacia el inversor extranjero en bandera de soberanía. El resultado de ese camino lo certificó la OCDE con frialdad estadística.

Sobre ese punto de partida, el Gobierno lanzó en semanas lo que en cualquier otro contexto habría llevado años de deliberación legislativa y burocrática.

El gobierno de Javier Milei impulsó en las últimas semanas un paquete de iniciativas para reposicionar a la Argentina como destino de inversión: un proyecto para reforzar garantías sobre la propiedad privada y reformar expropiaciones, una propuesta de nueva Ley General de Sociedades con digitalización y figuras como DAO, una herramienta estatal de inteligencia artificial para políticas sociales y la discusión de un “Golden Passport”. La agenda convive con tensiones legislativas por la reforma electoral, subsidios energéticos y pliegos judiciales.

Propiedad privada

El primero de los pilares es el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que ya obtuvo dictamen en el Senado y podría tratarse en el recinto para el próximo jueves 4 de junio. La iniciativa toca varios nervios simultáneamente.

Por un lado, modifica el régimen de expropiaciones: endurece los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre un bien privado y blinda jurídicamente al propietario frente a decisiones discrecionales del poder político. Por otro, elimina las limitaciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros que habían sido establecidas durante el kirchnerismo bajo la lógica de la “soberanía alimentaria”. Los fundamentos del proyecto fueron explícitos: esa normativa “implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario”. El nuevo enfoque concentra los controles en los casos en que estén involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos, no en el capital privado.

También deroga la norma que restringía la venta de tierras afectadas por incendios, una disposición que había impulsado Máximo Kirchner y que, en la práctica, funcionaba como herramienta de presión sobre propietarios en situación de vulnerabilidad. Además, incorpora cambios en los procesos de desalojo: establece un trámite más ágil para casos de falta de pago o usurpación y avanza en la digitalización integral de los registros inmobiliarios. “En 2025, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 70% respecto de 2023″, señaló el proyecto. El sistema registral actual no está en condiciones de acompañar esa dinámica.

Traducido al lenguaje de un inversor extranjero que evalúa desembarcar en la Argentina: por primera vez en décadas, el suelo tendría garantías legales serias.

El código del siglo XXI

Mientras el Senado cerraba dictamen sobre la propiedad privada, el Gobierno envió al Congreso otra reforma de envergadura comparable: la nueva Ley General de Sociedades. La actual data de la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse. En términos de ecosistema emprendedor y economía digital, es un fósil legal.

La reforma que envió el Gobierno no es cosmética. Convierte las normas de la ley en disposiciones supletorias: el estatuto manda, no el Estado. Elimina los controles arbitrarios de los registros públicos. Habilita la resolución de conflictos societarios ante jurisdicciones extranjeras elegidas por las partes. E incorpora la digitalización total: domicilio electrónico, registros digitales, asambleas virtuales, constitución de sociedades mediante firma digital. “Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, sintetizó el ministro al presentar la iniciativa.

Pero el núcleo más disruptivo está en dos figuras que no existen en el derecho argentino vigente. La primera son las “Sociedades Automatizadas”: estructuras que pueden operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario. La segunda son las DAO —Organizaciones Autónomas Descentralizadas—, entidades digitales con participaciones representadas en tokens, registros en blockchain y reglas de funcionamiento programadas en contratos inteligentes, sin directorios ni gerencias tradicionales. Ambas figuras tendrían personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.

El modelo de referencia que citó Sturzenegger fue Irlanda: su marco legal y fiscal favorable atrajo a las principales multinacionales tecnológicas del mundo. El argumento es que la Argentina tiene condiciones para hacer algo equivalente en el universo de la inteligencia artificial y la economía del conocimiento. “Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo. Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, afirmó el ministro.

El Estado que aprende

No toda la agenda de apertura está orientada al capital privado externo. El 22 de mayo, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello anunció el lanzamiento del “Gemelo Digital Social”, una herramienta de inteligencia artificial que busca transformar la forma en que el Estado diseña y evalúa políticas públicas.

La idea es técnicamente precisa: un gemelo digital es una réplica virtual alimentada con datos reales que permite simular comportamientos y evaluar escenarios posibles antes de implementar medidas concretas. Aplicado a política social, significa que el Estado podría calcular el impacto real de una intervención —sobre empleo, pobreza, educación, territorio— antes de ejecutarla, y reemplazar la lógica reactiva y clientelar que históricamente dominó esa área del Estado argentino. La herramienta procesa datos estatales de manera innominada —sin identificación de personas— para generar inteligencia de política pública. “Durante décadas, el Estado reaccionó sin poder anticipar. Estamos entrando en una nueva era”, afirmó el video institucional del ministerio.

Leída desde la perspectiva del inversor, la señal es relevante: un Estado que gestiona con datos es un Estado más predecible, con menor margen para la discrecionalidad y más rendición de cuentas sobre sus propias decisiones. También es un Estado que puede demostrar el impacto de sus políticas con pruebas, no con relato.

El pasaporte como intención

El cuarto componente de la agenda todavía no existe como programa concreto, pero su sola discusión dice algo sobre el clima que el Gobierno busca instalar. La idea de un “Golden Passport” —ciudadanía argentina a cambio de una inversión significativa, sin necesidad de residencia previa— circula en los despachos oficiales desde hace meses, aunque todavía no tuvo avances concretos. El modelo existe en Malta, Portugal, Grecia y los Emiratos Árabes Unidos, y en todos esos casos funcionó como imán para capital y talento emprendedor de alto valor.

En la Argentina, la iniciativa no se implementó. No hay programa lanzado, ni montos definidos por ley, ni agencia operativa. Lo que hay es una señal política que llegó a las páginas de The New York Times, que lo mencionó en su reportaje sobre Peter Thiel y la Argentina como parte del clima de incentivos del Gobierno para ese perfil de capital. En un contexto donde el pasaporte argentino da acceso a más de 170 países y el ecosistema de reformas empieza a tomar forma, esa posibilidad tiene peso propio aunque todavía no tenga reglamento.

El ruido de fondo

Toda esa agenda convive, en el mismo Congreso y en las mismas semanas, con una política de otra temperatura. Mientras Sturzenegger negocia dictámenes y los inversores globales leen los proyectos sobre DAO y propiedad privada, el Gobierno quedó enredado en tres discusiones que consumen tiempo legislativo y capital político sin generar valor agregado para el país que busca construir.

La primera es la reforma electoral. El oficialismo quiere eliminar las PASO —las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias— para simplificar el calendario electoral de 2027. Pero los gobernadores no quieren ceder ese instrumento, y el PRO de Mauricio Macri lo usa como palanca de negociación. El resultado concreto de ese bloqueo es que los argentinos podrían votar hasta seis veces el año que viene: tres para cargos provinciales —primarias, generales y eventual balotaje— y tres para los nacionales. La paradoja es que los mismos gobernadores que se resisten a eliminar las PASO son quienes insisten en desdoblar sus elecciones locales de las nacionales, precisamente para no quedar expuestos a la lógica de una elección presidencial que podría fortalecer a Milei y comprometer sus liderazgos territoriales. Es una discusión sobre poder, no sobre ciudadanos.

La segunda es la pelea por los subsidios energéticos. El proyecto de “ley de zona fría”, que obtuvo media sanción en Diputados, llegó al Senado con el respaldo de los gobernadores patagónicos y de varias provincias del interior que quieren que el Estado nacional siga financiando una porción significativa de las boletas de gas y electricidad de sus jurisdicciones. Es el segundo round de una negociación que el Gobierno busca resolver sin resignar el equilibrio fiscal que es, junto con la seguridad jurídica, la única credencial macroeconómica que tiene para mostrar ante los inversores que miran con atención la agenda de reformas.

La tercera es la disputa por los pliegos judiciales. Con casi un tercio de los cargos vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías de todo el país, el debate que debería girar en torno a cómo cubrir esas vacantes con la mayor celeridad posible terminó convertido en una discusión sobre pertenencias, lealtades y alineamientos políticos de los candidatos. El resultado es una Justicia estructuralmente debilitada en su capacidad operativa, que es exactamente lo contrario de lo que necesita un país que promete a los inversores externos que sus disputas serán resueltas con celeridad e independencia.

Ninguna de esas tres peleas es nueva. Lo nuevo es que ocurren mientras el país intenta, en paralelo, hacer algo completamente distinto.

La señal Thiel

El miércoles 28 de mayo, The New York Times publicó un extenso reportaje sobre Peter Thiel y la Argentina. No era una nota de negocios ni de tecnología: era una pieza de análisis político internacional sobre por qué uno de los empresarios más influyentes del mundo decidió mirar hacia el sur. El diario reveló que Thiel —cofundador de PayPal, presidente de Palantir, uno de los primeros inversores de Facebook y referencia ideológica de la derecha libertaria del Silicon Valley— trasladó temporalmente a su familia a Buenos Aires, matriculó a sus hijos en una escuela local y adquirió propiedades en la Argentina y Uruguay. En ese mismo reportaje apareció mencionado el Golden Passport como parte del menú de incentivos que el Gobierno argentino tiene en carpeta para atraer ese perfil de inversor: alguien que no solo busca rentabilidad, sino opcionalidad jurídica y geográfica en un mundo que se fragmenta. Que el diario haya elegido contar esa historia en ese momento no es un detalle menor: es el tipo de cobertura que los fondos globales leen antes de tomar decisiones.

Thiel se reunió con el presidente Milei, con el ministro de Economía Luis Caputo y con Sturzenegger. Milei definió el encuentro como el de “un anarcocapitalista que encuentra a otro anarcocapitalista llevando esas ideas a la práctica”.

Thiel no es un empresario convencional. Es el arquitecto intelectual y financiero de algunas de las apuestas más audaces del capitalismo tecnológico de las últimas décadas: cofundó PayPal, fue el primer inversor externo de Facebook, fundó Palantir —la empresa de análisis de datos que trabaja para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la comunidad de inteligencia y gobiernos de todo el mundo— y es uno de los principales impulsores globales de las DAO y de nuevas formas de organización empresarial basadas en blockchain. Es, también, uno de los pocos intelectuales del ecosistema tecnológico que convirtió su apuesta por la innovación radical en una posición política coherente: el escepticismo ante el Estado como organización suficiente para gestionar la complejidad del siglo XXI.

Que Thiel haya elegido la Argentina como residencia no es un dato anecdótico. En el ecosistema del venture capital global, los movimientos de los grandes inversores funcionan como señales. Cuando una figura de esa envergadura decide mover patrimonio, residencia y vínculos políticos, el empresariado global suele leer algo más profundo: que hay un proceso en marcha que vale la pena seguir de cerca. La afinidad ideológica es real —Thiel y Milei comparten una visión sobre desregulación, propiedad privada y límites del Estado—, pero lo que vuelve el dato estructuralmente relevante es que llegó en el momento exacto en que la Argentina construye el marco legal que hace que esa afinidad también sea una apuesta económica racional.

Las DAO que reconoce la nueva Ley de Sociedades son el tipo de estructura que Thiel financió e impulsó durante años. La propiedad privada con garantías legales sólidas es la condición de base que cualquier inversor de su perfil exige antes de comprometer capital. Y el Golden Passport es el tipo de incentivo que captura a empresarios que buscan no solo rendimiento financiero, sino también opcionalidad geográfica y jurídica en un mundo que se fragmenta políticamente.

No se trata de afirmar que la Argentina ya resolvió el problema de la atracción de inversiones. Los datos de la OCDE sobre 2025 son demasiado contundentes para el triunfalismo fácil, y la cautela que muestran muchos fondos internacionales frente a las elecciones de 2027 es un dato político que el Gobierno no puede ignorar. Pero sí se puede afirmar algo distinto: por primera vez en décadas, la Argentina construye simultáneamente los cuatro pilares que cualquier inversor sofisticado necesita ver antes de comprometer capital de largo plazo. Garantías de propiedad. Marco societario moderno. Estado predecible. E incentivos concretos para radicarse.

Eso no es poco. Durante mucho tiempo, fue exactamente lo que no había.