El Gobierno se prepara para anunciar en estos días una fuerte reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que actualmente atraviesa fuertes dificultades para funcionar debido a una deuda millonaria que arrastra desde hace años.

La iniciativa la está llevando adelante el flamante ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, que tomó la resolución de este conflicto como uno de los primeros objetivos para su gestión.

Poco después de haber asumido en el cargo, el funcionario ordenó una exhaustiva auditoria sobre el organismo que ya tenía en mente hacer su antecesor, Luis Petri.

Es que las autoridades nacionales consideran que hubo irregularidades severas en el manejo de la entidad en las administraciones anteriores que terminaron en los problemas operativos que enfrenta en la actualidad.

Con más de 600 mil afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del Estado, pero tiene un pasivo estimado en unos 200.000 millones de pesos que provocó demoras y cancelaciones en los tratamientos más caros.

Uno de los casos más emblemáticos se da en la localidad bonaerense de Punta Alta, donde, de acuerdo con cifras aportadas por la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de sus 77.000 habitantes, 42.000 tienen IOSFA y sufren “meses de atraso en todas las prestaciones”.

“Es un atropello de gran magnitud porque si deja de existir cientos de trabajadores se quedan sin cobertura, con salarios que no pueden pagar una prepaga. Como siempre decimos, la salud es un derecho para todos y todas, no una mercancía”, sostuvo en un comunicado Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta del gremio.

Frente a este escenario, Presti viene teniendo reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para tratar de acordar una solución.

La decisión fue, por un lado, dividir al organismo en dos para que uno se haga cargo, en principio, de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el otro, de las Fuerzas Armadas.

Resta saber qué va a suceder con los afiliados correspondientes a la Gendarmería y a la Prefectura, que podrían quedar dentro de cualquiera de esas dos obras sociales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del sector, de esta manera se comenzaría a ordenar el instituto, ya que el área que atiende a los efectivos policiales “es la más complicada”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, es la que se haría cargo de manejo de los recursos para los uniformados que están bajo su órbita.

La obra social de los militares, en tanto, que podría ser una totalmente nueva e independiente, quería al mando de un oficial en actividad con pasado como director del Hospital Militar.

Por su parte, hay un acuerdo avanzado con Caputo para que el Palacio de Hacienda le brinde a IOSFA una ayuda para hacer frente a la deuda de 200 mil millones de pesos.

De acuerdo con lo que pudo saber este medio, Presti le llevará este viernes la propuesta final al jefe de Gabinete, que tendrá la última palabra para decidir si avanza o no con la medida.

En caso de que acepte la iniciativa, los cambios se harán oficiales con un decreto que firmará el presidente Javier Milei y que se anunciaría el próximo martes en conferencia de prensa.

El encuentro entre el teniente general y el ministro coordinador iba a ser, en realidad, el martes pasado, pero no pudo realizarse por problemas de agenda y en el medio estuvieron los feriados por Navidad.

Por otra parte, la reestructuración llega en medio de críticas por los recientes suicidios de cuatro militares en pocos días, uno de ellos perteneciente al cuerpo de granaderos que trabaja en la Quinta de Olivos.

“Nos preocupa muy de hondo porque es personal propio. Humanamente nos duele profundamente perder hombres en estas situaciones. Ya hemos activado todos los sistemas y protocolos de prevención para evitar que esto vuelva a suceder”, sostuvo Presti al respecto, durante una entrevista televisiva.

Asimismo, la próxima semana se harían efectivas las bajas de los militares que dejarán de estar en actividad, incluidos aquellos que formaban parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas.

De esta forma, pasarán a retiro, por ejemplo, el brigadier general Xavier Isaac, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, y el almirante Carlos Allievi, ex jefe de la Armada.

Por su parte, Presti se encuentra en estado de “disponibilidad” y cuando pasen los seis meses que establece la ley, solicitará quedar en una situación similar para no tener que dejar el rango mientras participa del Gabinete.

El Gobierno tiene puesto el foco en su plan legislativo, que no arrancó como esperaba -sobre todo por costos autogenerados-, pero marca el clima político en medio de las fiestas de fin de año y se proyecta como principal renglón del temario de verano. Así y todo, el oficialismo se dio tiempo para repetir un clásico de la política cuando un presidente encara la segunda mitad de su mandato: se trata de instalar el tema de la reelección. Es un movimiento que mezcla ambiciones y necesidades. Y en el caso de Javier Milei, con particularidades propias, como acaba de ocurrir en el Congreso.

La primera señal estuvo a cargo de Karina Milei, en el momento de mayor entusiasmo poselectoral y en el territorio elegido, por peso propio, para estrenar el término reelección en el discurso violeta. Lo planteó como consigna en la provincia de Buenos Aires, afirmada como principal armadora política del oficialismo, después de que la lista de LLA revirtiera en el turno nacional de octubre la amargura de la derrota en la elección provincial de septiembre.

Karina Milei lo dijo sin vueltas: el principal proyecto es la reelección. Después, circularon versiones -algunas disparatadas- sobre los planes del Gobierno, pero quedó en claro que la apuesta a la aprobación de las “reformas estructurales” juega en el mismo paño, para darle aire definitivo al objetivo mayor. En tren de acelerar los pasos en el Congreso, surgieron síntomas de confusión sobre el impacto práctico de las elecciones. Se esperó un resultado de arrastre mecánico con el fortalecimiento de sus bancas y las negociaciones se concentraron casi exclusivamente en los gobernadores, convertidos en la llave para los acuerdos legislativos frente al cuadro de fragmentación y crisis de partidos y coaliciones.

El mensaje de Olivos con sus proyectos -especialmente, la ahora demorada reforma laboral- está orientado a los mercados y al frente externo. No es un dato menor como señal de concepción política y económica. Y en el mismos sentido opera el objetivo reeleccionista.

En ese cuadro, se mezclan entonces cuestiones políticas de siempre y trazos propios. Y los dos pintan el ideal de un “mileismo” sino eterno, al menos muy duradero. Y fuera del deseo político, asoman las necesidades. En primer lugar, mantener la expectativa social, es decir, instalar la idea de continuidad. También, reafirmar la condición de único líder del espacio y candidato sin discusión para el 2027, como mensaje a la interna y a los socios.

El objetivo escaló incluso a la categoría de imaginario en ámbitos de segunda línea violeta, que sobreactúa alineamiento con Karina Milei. Ya no se trataría de emparentar la experiencia libertaria con el menemismo, sino de mirarse en el espejo del kirchnerismo originario, cuando Néstor Kirchner era celebrado por la jugada “estratégica” resumida en el impulso a CFK como presidenta para alternarse en el poder, sin límites.

Lo que quedó a la vista en estas horas es que la línea reeleccionista es impulsada en primer lugar desde el círculo de la secretaría General de la Presidencia. El mensaje fue retomado por Martín Menem en las últimas horas. “Ya estamos en marcha, trabajando por la reelección”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, que viene de días complicados en este breve tramo inicial de sesiones extraordinarias. Otro que abordó el tema, pero ante una pregunta concreta, fue Diego Santilli. Amagó con dar una vuelta con aquello de que “no es el momento” para hablar del tema, pero redondeó diciendo que le gustaría. Dejó otro concepto nada nuevo pero útil para el discurso: el planteo sobre la imposibilidad de consolidar un rumbo en sólo cuatro años de gestión.

Milei, también esta semana, dejó abierta esa puerta en una entrevista. No rechazó hablar del tema y lo manejó como indica la fórmula tradicional: remitió su futuro a lo que “la gente quiera”. Sería apenas una frase de ocasión, ineludible frente a una consulta concreta, sino fuera porque el tema empieza a ser colocado en el temario, alimentado por las declaraciones referidas y la conveniente circulación de encuestas.

Todos los movimientos están teñidos por las disputas internas, de momento contenidas pero no saldadas, como fue notorio en el traspié sufrido en Diputados con artículos gravitantes del Presupuesto, que resultaron forzados, insostenibles desde el primer minuto y sepultados en el recinto. La caída de la emergencia en el área de discapacidad y el financiamiento universitario puso en crisis la relación tejida con gobernadores y precipitó la decisión de postergar la reforma laboral hasta febrero. Los malestares domésticos superan la interna del ala “política” y alcanzan, según el caso, a Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

De todos modos, Milei cuida los gestos. Karina Milei es claramente número uno, por encima del resto del círculo de Olivos, y a pesar del esmerilamiento sufrido, Santiago Caputo ratificó sus líneas en áreas sensibles como los servicios de inteligencia y ARCA. Algunas de las últimas declaraciones presidenciales fueron destinadas a respaldar el ascenso de Andrés Vázquez en el organismo impositivo.

Fue un dato fuerte, aunque poco ruidoso. Casi en el mismo registro quedó el aval al acuerdo con el peronismo/kirchnerismo para repartirse los sillones de diputados en la AGN. Milei rechazó que haya sido un pacto y prefirió hablar de una expresión de “la lógica de la política”. Esa movida en el organismo de control alimentó de inmediato especulaciones sobre tratativas para designar integrantes de la Corte y jueces federales.

La instalación del proyecto reeleccionista es un proceso. Está atado a la marcha de la gestión, con la economía como prueba central, pero también pueden influir manejos y operaciones políticas como los que sacudieron al Congreso cuando todo parecía un camino sin sobresaltos para Olivos.

En medio de los preparativos y las cuentas que el oficialismo hace para la sesión extraordinaria de mañana en el Senado, donde se intentará sancionar el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal, apareció -en el primero de los proyectos- otro artículo que preocupa a potenciales aliados del Gobierno libertario. Apunta a un tema que generó fuertes roces y una masiva marcha en el pasado: universidades.

Días atrás, Infobae contó la preocupación en un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Cámara alta por el artículo 30, el cual habla de derogar ítems sobre el Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. Este medio también informó, a inicios del corriente mes, las quejas que aterrizaron en el Congreso desde el interior por estas cuestiones. Es decir, se sabía.

Si bien genera urticaria en algunos legisladores dialoguistas, hay otros que bajan la tensión. Por caso, uno de ellos reconoció: “El problema que se tiene cuando se imponen pisos, en relación con el PBI, se deja sin herramientas al Ejecutivo. Recordemos que gran parte del Presupuesto está con cerrojo para todas las administraciones. Esto es, jubilaciones y otros gastos sociales. Si a ello le sumás un mínimo para esto y para lo otro, fuiste. Además, seamos honestos y digamos que casi nunca o nunca se cumplieron esos objetivos”.

Desde un despacho de distinto signo político, pero con ganas de ayudar a la Casa Rosada, sentenciaron a Infobae: “Entiendo la bronca por el 30, pero peor es el 12. Hay que revisar bien eso. Básicamente, te dice que si un funcionario híper mileísta considera que una universidad no le da la información que considera pertinente, cierra la canilla. Me parece demasiado. Y pasó, como pasaron otras cosas”.

Qué plantea el texto

“Fíjase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de pesos cuatro billones setecientos ochenta y cinco mil ciento diecisiete millones seiscientos setenta y dos mil setecientos sesenta y cinco ($4.785.117.662.765), de acuerdo con el detalle de la planilla anexa al presente artículo. Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación -que comanda Carlos Torrendell- del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”, comienza.

Y sigue: “El presupuesto aprobado por cada universidad para el ejercicio fiscal deberá indicar la clasificación funcional de educación y cultura; salud y ciencia, tecnología e innovación. La ejecución presupuestaria y contable, así como la cuenta de inversión deberán considerar asimismo el clasificador funcional. Las plantas de personal docente y no docente sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en el año 2026 serán las vigentes a las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2025, salvo los aumentos de las plantas aprobadas y autorizadas por la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación, según lo establezca el Ministerio de Capital Humano”.

En definitiva, será interesante ver el viernes los diferentes movimientos a la hora de votar la ley en general y, sobre todo, en particular. Es que, a los potenciales acompañantes que uno estima para el convite mañana, se sumaría un puñado menor del interbloque peronista -“Popular”, se llama ahora el kirchnerismo reinante-, vía Convicción Federal, que rechaza el método cristinista. Toda una novedad, aunque serían menos de los promocionados. En el recinto, un paso en falso puede ser traumático para La Libertad Avanza. Se busca terminar en paz el período extraordinario, aunque nada está regalado ni cae del cielo en la Cámara alta.