A días de la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional dispuso la ampliación temporal de las Reglas de Protección Aeroespacial, un protocolo que habilita el uso de la fuerza como último recurso contra aeronaves de origen externo declaradas hostiles.

Por medio de la publicación del Decreto N° 1334/2026 en el Boletín Oficial, se confirmaron nuevas restricciones al tránsito aéreo y una coordinación reforzada entre autoridades civiles y militares. El objetivo declarado es proteger los actos papales que tendrán lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.

De esta manera, la norma amplía las reglas aprobadas en 2016 para las Zonas de Operaciones Restringidas TMA Baires y TMA CBA. Se trata de los espacios que comprenden sectores de alta circulación aérea alrededor de los aeropuertos y las ciudades de Buenos Aires y Córdoba.

Como punto central de las modificaciones, las autoridades habilitaron “el uso de la fuerza por parte de los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores de origen externo declarados ‘hostiles’”.

En este sentido, el uso de la fuerza implicará “el empleo del poder de fuego disponible por parte de la aeronave interceptora contra la estructura del vector incursor, con el objeto de anular su capacidad de vuelo impidiendo la continuidad de su trayectoria”. Asimismo, deberá contemplarse un plan para minimizar el riesgo de daños a la vida y/o bienes en la superficie.

Para que eso ocurra, el decreto exige la comprobación de un “acto hostil”. La definición abarca desde un ataque armado, el uso o la amenaza inminente de usar una aeronave como arma contra personas, intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos.

Entre los indicios que pueden ser evaluados como hostiles figuran la presencia de armamento o la persistencia, pese a las advertencias, de una trayectoria, una altura o una velocidad compatibles con un ataque contra un blanco determinado.

No obstante, la declaración de hostilidad corresponderá al comandante conjunto aeroespacial, una vez confirmada la situación. Pero la aplicación de la regla que habilita el empleo de armas deberá contar con la aprobación del ministro de Defensa, Carlos Presti, una atribución que el presidente Javier Milei delegó para este operativo y que no podrá ser transferida a otra autoridad.

También deberán intervenir medios militares que estén bajo el comando o control operacional de la autoridad de ejecución, que tendrán el objetivo de evitar la afectación de un interés vital o de un objetivo de valor estratégico.

Por otro lado, el decreto diferencia de manera expresa el tratamiento de las aeronaves civiles. Ante el incumplimiento de una instrucción, la respuesta prevista es la interceptación y la orden de aterrizaje en el lugar que se indique.

En línea con esto, establecieron que el Comando Conjunto Aeroespacial dirigirá la respuesta operativa y deberá coordinar con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) las restricciones que se apliquen a los vuelos. La ANAC, a su vez, deberá adoptar las medidas necesarias y aportar el apoyo requerido por el mando militar.

La norma no establece una prohibición general de vuelos, pero sí habilita a las autoridades a graduar las limitaciones según el escenario y a desviar aeronaves civiles fuera de un área afectada si fuera necesario para preservar la seguridad operacional.

En este sentido, remarcaron que “cada evento irregular configurará una degradación de la situación aeroespacial en la zona afectada, a los efectos de la aplicación de las Reglas de Protección Aeroespacial”.

Así, en caso de detectarse una irregularidad en una de las zonas restringidas, el Comando Conjunto Aeroespacial podrá asumir distintos niveles de conducción sobre el área y sobre los servicios de navegación aérea de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

El primer nivel será el control por coordinación. En ese escenario, el mando militar informará al supervisor del servicio de navegación aérea para que adopte medidas y, cuando sea posible, desvíe vuelos civiles de la zona involucrada.

En un segundo nivel, denominado control total bajo subordinación directa, los controladores continuarán con sus tareas habituales, aunque deberán aplicar las restricciones que ordene el Comando Conjunto.

El nivel más amplio es el control total integral, el cual permite despejar el área de aeronaves civiles para que operen exclusivamente medios militares y deja toda autorización de vuelo bajo control militar, según lo dispuesto previamente. La decisión sobre qué nivel aplicar quedará en manos del comandante conjunto aeroespacial y dependerá de cada situación.

Por último, las autoridades informaron que el gasto del operativo será cubierto con partidas asignadas al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto.

Luego de que se desatara una polémica por el artículo que proponía gravar con Ganancias las inversiones realizadas a través de CEDEARs, el Gobierno nacional resolvió retirar por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera. De esta manera, quedará trunco el tratamiento de la iniciativa en Diputados.

Tanto desde Casa Rosada como desde el bloque de diputados libertario confirmaron a Infobae que la totalidad del proyecto será retirada. Así, cada uno de los articulados volverá a ser revisado antes de que sea tratado por ambas cámaras.

Horas antes, se había confirmado que solo iba a ser eliminado el artículo que contenía la propuesta de modificar el tratamiento tributario de los certificados de depósito argentinos, conocidos como CEDEARs. Se trata de los instrumentos que se negocian en el mercado local, pero representan acciones, bonos y otros activos que cotizan fuera del país.

La decisión había sido confirmada por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. “Quedó de un borrador viejo. Se va a retirar”, escribió el funcionario en su cuenta de X sobre el traspié. Aunque en un comienzo se interpretó que iba a ser solo ese artículo, en la Casa Rosada se decidió de manera posterior el retiro de la totalidad de la iniciativa.

Este medio pudo confirmar de numerosas fuentes que hubo una intencionalidad de diferentes áreas del Gobierno de que se realizara esa medida. Afirman que no se trató de un error de revisión del proyecto: de hecho, la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, a cargo de María Ibarzábal Murphy, había advertido sobre las particularidades del artículo de los CEDEARs. Con el comentario hecho, el Ministerio de Economía dio el visto bueno de la iniciativa, la cual no pasó desapercibida.

Esto fue ampliamente debatido semanas atrás. Una de las reuniones más importantes se dio el mes pasado en una reunión de la Mesa Política a la que asistió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien es uno de los autores intelectuales de la integralidad del proyecto. En ese encuentro también hubo comunicaciones por videollamada con autoridades del Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“No es que se charló, se debatió bastante durante media hora. Cada cual tenía sus posiciones y después se dejó a merced de lo que decidieran las partes que estaban planificando el proyecto”, comentó una de las personas que está al tanto de lo que se conversó ese día. El presidente Javier Milei supo que eso estaba siendo debatido.

El objetivo del apartado era que las operaciones con esos certificados tuvieran el mismo régimen impositivo que la compra directa del activo extranjero al que representan. De esa forma, las ganancias obtenidas con inversiones en compañías o instrumentos del exterior habrían quedado alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias.

Según explicó el tributarista Sebastián Domínguez a este medio, la alícuota que podría haberse aplicado era de 15%. La medida contemplaba los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, siempre que el Congreso aprobara el proyecto.

El capítulo que generó controversia proponía reemplazar un inciso del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Bajo el criterio de “transparencia fiscal”, el tratamiento tributario habría dependido del activo subyacente y no del vehículo elegido para realizar la inversión.

En la práctica, una persona que invirtiera desde la Argentina en una empresa extranjera mediante un CEDEAR habría recibido el mismo trato fiscal que quien adquiriera esa acción de manera directa en el exterior.

Qué cambios buscaba impulsar el proyecto

El proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que había sido enviado este lunes a la Cámara de Diputados, reunía 240 artículos que buscaban introducir cambios en el mercado de capitales, los mecanismos de crédito, el sistema de garantías y determinadas disposiciones tributarias. La iniciativa retomaba medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en julio y apuntaba a flexibilizar regulaciones de distintas actividades del sector financiero.

Entre sus ejes figuraba la incorporación de tecnologías de registros distribuidos, como blockchain, para la emisión, guarda, transferencia y negociación de valores negociables. Además, el texto preveía que esos instrumentos pudieran operar fuera de los sistemas tradicionales de depósito centralizado, con exigencias de seguridad, trazabilidad, identificación del emisor y supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por otro lado, la propuesta contemplaba la creación de los “Otros Ámbitos de Negociación Autorizados”, una categoría que pretendía incluir plataformas digitales, aplicaciones y sistemas administrados por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales habilitados. Así, las transacciones efectuadas en esos espacios iban a tener la misma validez jurídica que las realizadas en mercados autorizados.

La reforma también delimitaba las atribuciones del Banco Central y de la CNV. La autoridad monetaria conservaría el control sobre pagos, liquidaciones y compensaciones que involucren pesos o moneda extranjera, mientras que el organismo regulador del mercado quedaría a cargo de la emisión, el registro y la negociación de valores negociables tokenizados.

Por otra parte, el Ejecutivo proponía ampliar el universo de activos que pueden respaldar un crédito. La lista incluía activos virtuales, derechos de propiedad intelectual, acciones, participaciones societarias, créditos contractuales, existencias, ingresos futuros y fondos depositados en cuentas bancarias o de proveedores de servicios de pago. Asimismo, para concentrar los datos de esas garantías, se proponía la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías.

También estaban en marcha modificaciones para pagarés, cheques, tarjetas, warrants, fideicomisos, fondos comunes de inversión y facturas de crédito electrónicas destinadas a pequeñas y medianas empresas. En este sentido, el proyecto buscaba habilitar cláusulas de actualización e indexación en pagarés, admitir títulos electrónicos para los cobros con tarjeta y permitir que los fondos comunes inviertan en activos virtuales, bajo las condiciones que establezca la CNV.

En la tarde de este martes hubo un encuentro inesperado en La Plata. Axel Kicillof y Máximo Kirchner se reunieron en la previa del encuentro del consejo del PJ Bonaerense para sellar la paz de cara a la reunión de este miércoles. También estuvieron Verónica Magario, Mariano Cascallares Facundo Tignanelli y Federico Otermin.

Según reconstruyó Infobae, en el encuentro “hubo buena predisposición ” y fue destacada por sus actores como “muy buena” y “positiva” En el cristinismo aseguraron que es “buen paso” de cara a lo que viene, respecto al tiempo electoral. La última vez que ambos se habían hablado había sido para coordinar el velorio del Indio Solari en Avellaneda. Por eso el encuentro se torna relevante dentro de un contexto de enojos y un alto porcentaje de desconfianza.

El cónclave justicialista será este miércoles, a las 17, en la sede del PJ Bonaerense, ubicado en La Plata, donde Kicillof va a presidir la reunión al frente del consejo, con el objetivo formal de cumplir con los requisitos que demanda la vida del partido, entre ellos la convocatoria al congreso para los próximos días. En el temario también consta, en los puntos 4 y 5, la autorización de obra “Gaspar Campos” y el análisis de la situación económica, social y política del país.

Detrás de lo formal se sellará, en términos formales, el final de una negociación que se comenzó en los primeros meses del año y que derivó, el 24 de abril, en la asunción de Kicillof como presidente del partido, en reemplazo de Máximo Kirchner. Justamente es el líder de La Cámpora el protagonista de esta última etapa del proceso de reorganización partidaria, porque, según el acuerdo que alcanzaron entre el kicillofismo y el cristinismo, será el próximo presidente del congreso del PJ Bonaerense.

“No deberían existir problemas. Es cumplir con el reglamento del partido y poner la fecha del Congreso”, dijo un intendente del conurbano muy cercano al Gobernador. No parece haber puntos de conflictos latentes. Y si había, ya se diluyeron en el encuentro entre Kicillof y Kirchner. El líder de La Cámpora terminará siendo el presidente del congreso y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la junta electoral del partido.

Los principales actores del encuentro de hoy coinciden en remarcar que, en términos formales, no hay motivos para despertar una rencilla impensada. El ruido está provocado por el contexto, por los últimos días donde el sector bonaerense de La Cámpora volvió a catalogar al Gobernador como ingrato y desagradecido, y en el que CFK avisó que si, en algún momento la Justicia se lo permite, tiene intenciones de ser candidata a presidenta nuevamente.

En principio, el congreso podría realizarse el 14 de noviembre, aunque la fecha aún no está confirmada. A lo largo de todo el proceso de negociación, Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, de un lado, y Federico Otermín y Facundo Tignanelli, del otro, han sido los que han intercambiado posiciones y consideraciones para edificar el acuerdo político entre Kicillof y los Kirchner.

En el kicillofismo saben que es probable que el camporismo haga algún pronunciamiento sobre la libertad de CFK o que pedirán que eso figure en el documento final. En la reunión no estará Máximo Kirchner, pero si se harán presentes dirigentes del cristinismo que son consejeros, como el caso de Fernanda Raverta, Santiago Revora, Iván Villagrán, Agustina Propato, Constanza Alonso, Alejandro Dichiara, y Florencia Saintout. La incomodidad atravesará ese vínculo político, muy deteriorado, entre los sectores.

La decisión en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) es evitar cualquier tipo de confrontación y que el encuentro pase rápido al olvido sin demasiados contratiempos. Es la línea que hace varios meses viene marcando Kicillof y que es parte de su estrategia de construcción política. El único al que apunta es Javier Milei. Intenta diluir el impacto de la interna con el silencio.

“A esta altura, el único acuerdo que se puede lograr es para instrumentar el proceso electoral. Si vamos a unas PASO o si hay que acordar. Pero esa discusión recién será el año que viene. El acuerdo político hoy es imposible”, blanqueó una de las principales figuras que tiene el armado de Kicillof. “Lo hay que discutir son reglas. Solo reglas”, se sinceró.

La reunión del consejo partidario será solo un mojón en una ruta muy extensa que el peronismo aún debe recorrer de cara al año electoral. Hay muchos dirigentes del universo bonaerense que están agotados de tantas peleas y reproches. La discusión se ha hecho larga y desgastante. Demasiado larga.

La reunión entre Kicillof y Kirchner sirvió para bajar la tensión y encarar la reunión del PJ Bonaerense con mayor predisposición entre las partes. Hay paz, al menos por un tiempo. Nadie sabe cuánto durará.