La relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel se mantiene distante y eso se traslada a las actividades protocolares luego de que, una vez más, ambos referentes de La Libertad Avanza afronten compromisos diferenciados, en esta oportunidad, por el Día de la Bandera.

A contramano de la tradición, el mandatario no viajará a Rosario para conmemorar el 20 de junio, como hizo el año pasado, y en su lugar celebrará su propio acto en la Ciudad de Buenos Aires. A las 11, el libertario protagonizará una actividad en el Campo Argentino de Polo, donde además tendrá lugar el tradicional acto de juramento a la bandera nacional con participación de los integrantes de su Gabinete.

Pese a haber cursado la invitación para participar del acto frente al Monumento a la Bandera, la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe reveló que este año el Presidente rechazó la invitación por “problemas de agenda”.

Desde Presidencia evitaron precisar los motivos del faltazo, pero podrían atribuirse a que el próximo domingo 29 de junio, los santafesinos volverán a las urnas a elegir diputados, senadores e intendentes en las elecciones provinciales.

Sin embargo, este viernes desde las 10, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente local, Pablo Javkin, conmemorarán el 205 aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, en el marco del feriado, que contará con la presencia de una representante del Gobierno Nacional.

La vicepresidenta Victoria Villarruel viaja a Rosario y aunque no está previsto que tome la palabra, participará del izamiento de la bandera y la jura de más de ocho mil alumnos de diez provincias que realizarán la promesa a la bandera.

A partir del mediodía, el Parque Nacional a la Bandera celebrará un festival con bandas, números artísticos, comida y una feria de emprendedores cuya entrada será libre y gratuita.

Desde el entorno del mandatario revelaron a la agencia Noticias Argentinas que el vínculo con Villarruel está roto y no hay posibilidades, en el corto plazo, de retomar la relación.

La última vez que se cruzaron, durante el Te Deum del 25 de mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el mandatario evitó saludarse con su compañera de fórmula. “Roma no paga traidores”, argumentó algunas horas más tarde en sus redes sociales, cuando las imágenes del fracasado saludo tomaron viralidad.

A principios de junio, Milei recibió en su despacho a Pedrito, un niño de 10 años fanático de su figura, quien le consultó los motivos que lo llevaron a desairar a su compañera, y ante quien el Presidente se sinceró. “¿Vos saludarías a un enemigo?”, le repreguntó.

Tras el desplante, la prensa abordó a la titular del Senado para preguntarle si consideraba que el episodio había sido grave, y ella se limitó a señalar: “No sé, hay que preguntárselo a él. Yo siempre saludo”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un nuevo giro en la causa “Correo Argentino”, al rechazar un recurso de queja presentado por la defensa de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, ambos vinculados al Grupo Macri.

La Agencia Noticias Argentinas accedió a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, un tribunal que tras su decisión acaba de confirmar la prisión de otro ex presidente, como el caso de Cristina Kirchner. La decisión, firmada digitalmente por los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, no solo reactiva la causa, sino que también impone un depósito económico a los recurrentes, bajo apercibimiento de ejecución.

El expediente, que investiga irregularidades en el acuerdo entre el Estado Nacional y una firma de la familia del ex presidente Mauricio Macri por la deuda de Correo Argentino S.A., vuelve a ganar relevancia tras el fallo de la Corte. El máximo tribunal desestimó la presentación directa de la defensa, argumentando que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)”.

Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y Jaime Kleidermacher, su representante legal, imputados en la causa que tramita el juez federal Ariel Lijo desde 2017, habían intentado recusar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña, alegando “temor de parcialidad”. La defensa argumentó que ambos jueces tienen una “enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri y por lo tanto hacia” ellos, y que la causa poseía “un claro contenido político” buscando “poner de rodillas” al ex jefe de Estado.

Correo Argentina S.A

Los directivos de Correo Argentino S.A., controlada por SOCMA (la empresa de la familia Macri), cuestionaron la imparcialidad de Farah por haber denunciado supuestas presiones del gobierno macrista. En cuanto a Boico, se señaló que, antes de ser juez, defendió a funcionarios kirchneristas, incluyendo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (el tribunal de origen del recurso de hecho) ratificaron el rechazo a la recusación. El juez Javier Carbajo, en un fallo unipersonal, aseguró que “más allá de la señalada disparidad entre la pretensión incoada y la decisión en jaque, la defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado”.

Recursos recurrentes del Correo Argentino S.A

Finalmente, el reclamo llegó a la Corte Suprema a través de un recurso de queja. La Corte, en su fallo, fue categórica: “Por ello, se desestima la presentación directa. Intímese a cada uno de los recurrentes a que, dentro del quinto día de notificados, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución”.

En la causa, además de Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, también fueron imputados e indagados el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Los cuatro están acusados por el acuerdo de 2016 que preveía la cancelación de una deuda, incluyendo la aceptación por parte del Estado de licuar el 98,87 por ciento de la misma. La fiscal Gabriela Boquin fue quien detectó la maniobra y la denunció como “ruinosa” y “abusiva”, logrando frenar el pacto.

La decisión de la Corte, al desestimar el recurso de queja y exigir el depósito, confirma la continuidad de la investigación, manteniendo a los directivos de Correo Argentino y, por extensión, al Grupo Macri, bajo el escrutinio judicial en esta compleja causa.

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La Corte Suprema rechazó un planteo de directivos en la causa Correo

Buenos Aires, 20 junio (NA) — La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por la defensa de dos directivos del Grupo Macri, quienes pretendían apartar a dos jueces de la Cámara Federal porteña en el marco de la causa penal conocida como “Correo Argentino”, que investiga presuntas irregularidades en un acuerdo firmado entre el Estado Nacional y la empresa controlada por la familia del ex presidente Mauricio Macri.

Los directivos Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y su abogado Jaime Kleidermacher, ambos imputados, habían recusado a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico por “temor de parcialidad”. Argumentaron que ambos magistrados tendrían “enemistad manifiesta” con el ex mandatario, lo cual, según los acusados, se extendería hacia ellos.

La recusación fue rechazada en primera instancia por la Cámara Federal y luego ratificada por el juez de la Cámara de Casación Penal, Javier Carbajo, quien sostuvo que la defensa no logró demostrar objetivamente el temor alegado. Finalmente, el máximo tribunal desestimó la queja por no dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable.

La causa penal, que tramita desde 2017 en el juzgado del juez federal Ariel Lijo, también involucra al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Los cuatro están acusados por un acuerdo celebrado en 2016 entre el gobierno de Macri y Correo Argentino S.A., que preveía condonaciones que, según la fiscal Gabriela Boquin, licuaban el 98,87% de la deuda de la empresa con el Estado.

La fiscalía calificó el acuerdo como “ruinoso” y “abusivo”, y logró frenar su ejecución. La causa sigue en etapa de instrucción.

La expresidenta Cristina Fernández volvió a utilizar ayer el balcón del departamento donde se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria para saludar a la militancia. Es que horas antes la Justicia le había permitido salir al mismo en su casa de San José al 1111, en el barrio de Constitución. Sin embargo, los jueces le pidieron que actúe con “prudencia y sentido común” para evitar que se altere la tranquilidad del barrio.

Después de que durante la tarde le fuera colocada también la tobillera electrónica, la exmandataria reiteró su saludo a las personas presentes en las inmediaciones del edificio. Fernández había pedido que se aclare si dentro de las reglas de conducta que debe cumplir se le permitía salir al balcón. Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu dijeron: “Debemos recordar (aunque resulte ocioso) que el tribunal no ha vedado a la señora Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”.

“Se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes (única y exclusiva situación que se pretende proteger con la regla de conducta en cuestión)”, señaló el tribunal.

Así, durante la tarde el TOF 2 autorizó el uso del balcón y ordenó además la colocación de la tobillera electrónica. Los jueces incorporaron a la resolución del balcón la nota remitida por la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad Nacional, como así también los informes técnicos acompañados y, en virtud de ellos, dispusieron la colocación del dispositivo electrónico que habían ordenado.

Diligencia

Más temprano, el Personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se había presentado en el departamento de la expresidenta para revisar las condiciones de la prisión domiciliaria y poder definir si era viable o no colocarle la tobillera electrónica.

La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del SPF y bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, inició de esa manera los informes técnicos de viabilidad. Se trató de un procedimiento habitual que se lleva a cabo ante requerimientos judiciales para casos en que se solicite la colocación de un dispositivo de señal inalámbrica para el control de presos.

La tobillera se conecta a una “unidad domiciliaria”, similar a un teléfono celular, que se instala dentro del departamento de la persona condenada y funciona como un localizador o GPS. Se encarga de enviar una señal constante al dispositivo que permite mantenerlo enlazado. Cuenta con un margen de cinco metros de distancia del domicilio. Pasado ese rango, se activa una alarma en la dependencia federal. (DIB) GML