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Milei filoso en Davos: apuntó contra “la ideología woke”, el progresismo y el feminismo

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El presidente Javier Milei habló en el Foro Económico Mundial de Davos, la cumbre que reúne cada enero a más de 3 mil líderes globales para analizar los retos estratégicos y fomentar la cooperación entre naciones. Al inicio de su discurso, el mandatario sostuvo: “El mundo ha abrazado a la Argentina, que se ha convertido en ejemplo mundial”.

El mandatario realizó un fuerte descargo contra la ideología woke, y consideró que “es la epidemia que hay que curar y el cáncer que hay que extirpar”. Además, apuntó contra el rol del Foro, los organismos multilaterales de crédito y las naciones de la Unión Europea por haber impulsado y defendido el progresismo internacional, y cuestionó a la ideología de género, el feminismo, el ecologismo radical y la bandera de cambio climático.

A su vez, Milei recordó su participación en la edición 2024 de este mismo Foro: “Les dije que era el comienzo de una nueva argentina que estaba infectada de socialismos durante mucho tiempo”, aseguró, y destacó: “Ya no me siento tan solo.“Lentamente, se ha ido formando una alianza internacional de todas las naciones que queremos ser libres y abrazar la ideas de la libertad”, planteó.

Y enumeró: “A lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea en todos los rincones del planeta, desde el maravilloso Elon Musk, hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni; desde Nayib Bukele en El Salvador a Viktor Orbán en Hungría; desde Benjamín Netanyahu en Israel, a Donald Trump en Estados Unidos”.

 

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El Gobierno envió al Congreso la “Ley de Hojarascas”, el proyecto para eliminar más de 70 normas

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El Poder Ejecutivo concretó este jueves el envío al Congreso de la denominada “Ley de Hojarascas”, un proyecto orientado a la derogación de 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con los principios constitucionales vigentes.

El proyecto es impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya había sido presentado en 2024, aunque concluyó aquel período legislativo sin ser sancionada por los legisladores nacionales. El objetivo es depurar el sistema legal eliminando un extenso listado de legislaciones que, según el funcionario, obstaculizan el funcionamiento contemporáneo del Estado y restringen innecesariamente derechos y actividades en la sociedad argentina.

Seis criterios para eliminar normativa

En este nuevo intento, el Poder Ejecutivo retoma los fundamentos expuestos en octubre de 2024, cuyo contenido perdió estado parlamentario. En los fundamentos se destaca que el análisis abarca la normativa vigente desde 1864 hasta la actualidad e identifica seis categorías que justifican la derogación o modificación, agrupando más de 80 leyes, decretos y artículos individuales.

El texto oficial subraya que la acumulación de legislación inútil o superada no solo genera burocracia y sobrecostos para los ciudadanos y las empresas, sino que, en algunos casos, ha sido aprovechada históricamente para bloquear actividades legítimas, restringir libertades fundamentales o establecer privilegios inaceptables en un Estado de derecho. Ejemplos incluyen regulaciones sobre la microfilmación de documentos oficiales, la obligación de poseer un “carnet de mochilero”, la criminalización de denuncias contra el Estado en organismos internacionales y el establecimiento de fondos, premios y organismos que dejaron de operar o nunca se constituyeron en la práctica.

Entre las motivaciones expuestas para la eliminación de normas, el Ejecutivo detalla:

  • Normas derogadas o superadas por otras más modernas, como la antigua ley sobre vacunación contra la viruela, que quedó sin efecto práctico tras la entrada en vigor de la Ley N° 27.491 sobre enfermedades prevenibles por vacunación, o la Ley N° 3.863 sobre seguros agrícolas, invalidada tras la derogación del antiguo Código Civil.
  • Leyes desfasadas por el avance tecnológico o los cambios económicos y sociales, como las que regulan la microfilmación de documentos en el Ejército y la Armada —consideradas ahora arcaicas frente a los sistemas digitales—, o la Ley N° 21.895, que autorizaba la televisión a color, una disposición que perdió todo valor en el contexto actual de redes sociales y comunicación digital.
  • Normas que limitan libertades individuales o vulneran principios constitucionales, como la Ley N° 14.034, que penalizaba a quienes propiciaban sanciones políticas o económicas contra el país —incluyendo, potencialmente, a quienes denuncien violaciones a derechos humanos ante organismos internacionales—, o la Ley N° 20.120, que autoriza la supervisión estatal sobre las reuniones privadas y públicas en lugares cerrados, una disposición calificada de abiertamente inconstitucional.
  • Leyes que suman cargas burocráticas o crean organismos inoperantes, como la obligación de informar al propio Estado Nacional sobre exploraciones estatales, la necesidad de registrar mapas oficiales para cualquier uso comercial (como su inclusión en etiquetas de vino), o la creación de comisiones y fondos repetidos en la estructura administrativa.

El proyecto afirma que el sorteo de premios entre espectadores de cine, regulado por la Ley N° 19.363, involucra apenas al 0,1 % del público, mientras que los costos de gestión superan el valor de los premios sorteados.

  • Normas que refieren a organismos o procesos extinguidos, como los relativos al “Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas”, Ediciones Culturales Argentinas o el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión —todos disueltos hace décadas—.
  • Leyes que crean organismos sectoriales con financiamiento del Estado nacional, como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, entidades que, tras la reforma propuesta, deberán subsistir con recursos propios o de asociados, sin aportes nacionales.

Ejemplos de leyes a derogar: del privilegio al absurdo administrativo

El detalle de disposiciones a eliminar incluye normas que aún prescriben penas de prisión por causas ya superadas por la reforma constitucional —como la pena de azotes prohibida en 1853—, beneficios para padrinazgos presidenciales hoy carentes de aplicación por la gratuidad general de la educación pública, y regulaciones que condicionan la creación o promoción de actividades culturales, artísticas, científicas o deportivas a trámites y autorizaciones sin justificación vigente.

Entre los casos paradigmáticos citados por el Poder Ejecutivo, destaca la anulación de la obligación de tramitar un carnet especial para viajar como mochilero, medida vigente desde 1974, que fue impulsada en contexto de represión antisubversiva. Igualmente, se propone suprimir permisos exclusivos de libre circulación y estacionamiento para legisladores, la imposición de contenidos mínimos para la transmisión televisiva o radial, o la declaratoria como “de interés nacional” de actividades u organismos que nunca tuvieron operatividad o cuya utilidad desapareció con el tiempo.

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Kicillof les prometió a los intendentes que va a coparticipar lo que recupere del recorte de fondos nacionales

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunió a más de 60 intendentes para anunciar una nueva demanda contra el gobierno nacional por el recorte de fondos del Pacto Fiscal del 2017 y su actualización del 2023. Además, también aseguró —y fue lo más atractivo para los intendentes— que coparticipará el 16% de los fondos que lleguen a recuperar de las ocho demandas que Buenos Aires inició desde 2024 a esta parte contra la administración de Javier Milei y que por ahora se encuentran en estudio en la Corte Suprema de Justicia.

La decisión es una respuesta política que planteó el mandatario provincial, acaso como respuesta a la batería de proyectos de ordenanzas que La Libertad Avanza presentó en los distintos concejos para intervenir en el esquema de tasas municipales. Al acto de este jueves fueron invitados los 135 intendentes. Asisiteron 62. Los del PRO -con la excepción de María José Gentile de Nueve de Julio- rechazaron el convite. Tampoco se hicieron presentes en La Plata distintos jefes comunales del peronismo de distritos de peso como Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achával (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gastón Granados (Ezeiza), Eva Mieri (Quilmes), Fernando Moreira (San Martín), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno). Algunos de ellos plantearon problemas de agenda como la quilmeña, Fernández y Menéndez. Los últimos dos transitan momentos de conmoción en sus distritos tras los incendios y explosiones en depósitos.

Sí fue una comitiva de intendentes de la UCR. Por el peronismo, referentes tanto del Frente Renovador como de La Cámpora, además de quienes reportan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), también se hicieron presentes.

Los intendentes aplaudieron con cierta efusividad cuando Kicillof anunció que iría a coparticipar los fondos que pueda llegar a recuperar y vayan al Fondo de Recupero creado en el Presupuesto bonaerense 2026. Se trata de fondos que no eran coparticipados, pero ahora -de aparecer- una parte irá a las cajas municipales. Sin embargo, todo está atado a la voluntad de la Corte Suprema; que el máximo tribunal falle favorablemente y que luego, efectivamente, la Nación termine por girar los recursos.

Por lo pronto, fuentes del Ejecutivo bonaerense, dejaron trascender que en las últimas horas la Nación habilitó un endeudamiento por $1 billón.

En su discurso, Kicillof volvió a confrontar contra la política económica de Javier Milei y caracterizó: “Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres situaciones: lo que el Estado nacional ha dejado de hacer; lo que nos ha quitado; y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste. El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora”.

Ahora, en caso de que obtener fallos favorables, los intendentes deberán adherir vía sus concejos deliberantes al Fondo de Recupero establecido en el Presupuesto bonaerense. Así lo anunció el mandatario provincial: “A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita coparticipar lo recaudado en el Fondo de Recupero de las Deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires. En este momento tenemos siete denuncias en la Corte Suprema, de las cuales solo se excluirá lo que corresponda al FONID, que es un derecho de los trabajadores de la educación”.

En lo procedimental, como contó Infobae, Buenos Aires cree que puede tener un fallo favorable en una de las demandas presentadas ante la Corte. Se trata del reclamo por la deuda previsional que mantiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La demanda provincial se articula como el cuestionamiento más fuerte y concreto al recorte dispuesto desde la Casa Rosada a partir del Decreto 280/2024, que derogó los artículos 92, 93 y 94 de la Ley 27.701. Esos artículos garantizaban la transferencia automática de fondos nacionales a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas al sistema nacional. El impacto presupuestario del recorte fue inmediato en Buenos Aires, que sostiene que la Nación no está cumpliendo con sus obligaciones legales. La gestión de Kicillof busca revertir esa decisión y restablecer el mecanismo, argumentando que el perjuicio “no es solamente fiscalmente para la provincia de Buenos Aires”, sino que compromete la sustentabilidad de su Caja de Jubilaciones.

La semana pasada hubo una audiencia entre las partes y el próximo 21 de abril se volverán a ver las caras los representantes bonaerenses y de la Nación. “Mientras hay un intento deliberado de parte del Gobierno nacional por transferir la crisis a provincias y municipios, quiero agradecer el enorme esfuerzo que hacen los intendentes de todos los partidos políticos para hacer frente a una situación tan compleja. Sabemos lo que estamos enfrentando y estamos convencidos de que hay que seguir por este camino: los municipios y la Provincia no les vamos a dar la espalda a los bonaerenses que sufren necesidades”, planteó Kicillof este miércoles.

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La Libertad Avanza impulsará a Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político

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La Libertad Avanza impulsará a Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, un movimiento que marca un giro en la estrategia parlamentaria del oficialismo tras más de dos años en los que ese órgano clave permaneció paralizado.

La decisión, que deberá ser convalidada por el pleno de la comisión para completar su constitución formal, fue adoptada en la cúpula del poder libertario, con aval de Karina Milei y el impulso político del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. No se trata de un nombramiento administrativo: implica ocupar un espacio institucional que el propio Gobierno había decidido mantener inactivo durante la etapa de mayor debilidad parlamentaria.

Durante los primeros meses de gestión, el kirchnerismo impulsó pedidos de juicio político contra el Presidente. En ese contexto, y con un bloque que no alcanzaba siquiera a un tercio propio, el oficialismo optó por no constituir la comisión. El riesgo era concreto: habilitar su funcionamiento implicaba poner en marcha el ámbito parlamentario por el que debía tramitar cualquier intento de remoción del jefe de Estado, en un escenario donde la oposición lograba construir mayorías circunstanciales.

Ese cálculo político se sostuvo en el tiempo. En esos dos años, La Libertad Avanza acumuló decenas de derrotas en el Congreso y enfrentó dificultades para sostener vetos presidenciales. La comisión, en ese marco, permaneció virtualmente clausurada como mecanismo de autoprotección.

El único intento por activarla terminó en un conflicto interno. La disputa por la presidencia, con la diputada Marcela Pagano como protagonista, derivó en un enfrentamiento abierto con la conducción del oficialismo y con el propio Presidente. Ese episodio no solo frustró la conformación del cuerpo, sino que dejó otra consecuencia política se convirtió en una de las primeras rupturas formales dentro del bloque libertario.

Con el paso del tiempo, esa fractura se profundizó. El episodio más reciente fue el caso de Agostina Páez -la abogada detenida en Brasil por gestos de violencia racial- donde Pagano intervino por fuera de los canales diplomáticos, se presentó como garante en el expediente y articuló gestiones con contactos paralelos, entre ellos los del ex presidente Alberto Fernández. Desde el Gobierno, la respuesta fue inmediata. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó esa intervención, denunció un intento de capitalización política y defendió la actuación del canciller Pablo Quirno y del consulado argentino.

En La Libertad Avanza, además, vinculan esa dinámica opositora a una red más amplia. Señalan a Franco Bindi, pareja de Pagano, como uno de los actores detrás de varios episodios que generaron costos políticos al Gobierno estos dos años. En ese contexto, la disputa dejó de ser un desacuerdo interno para transformarse en una confrontación abierta.

Una comisión clave

La decisión de poner en funciones la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja se da en un escenario nuevo, tras la elección de octubre. Con una base parlamentaria ampliada —más de 110 votos entre legisladores propios y aliados—, el oficialismo ya dejó atrás la etapa de mayor vulnerabilidad. Sin alcanzar mayoría propia, pero con capacidad para bloquear ofensivas, el Gobierno decidió impulsar a Lemoine, una diputada de alineamiento pleno con la conducción del espacio y con un perfil que contrasta con el de figuras de negociación parlamentaria.

En el oficialismo destacan su disposición a sostener posiciones sin concesiones, en un ámbito donde el conflicto institucional puede escalar rápidamente.

La Comisión de Juicio Político, en ese marco, cambia de lugar dentro de la estrategia oficial. Deja de ser un riesgo a evitar para convertirse en un espacio a controlar. La conducción del cuerpo ya no estará orientada a administrar tensiones, sino a garantizar la defensa del Gobierno frente a eventuales iniciativas opositoras.

Ese mismo criterio se replica en otra decisión clave dentro del Congreso. Según pudo confirmar Infobae, el oficialismo impulsará a Sebastián Pareja como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Se trata del titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y uno de los dirigentes de mayor confianza de Karina Milei dentro del armado partidario.

Su eventual designación implica ubicar a un referente karinista en un ámbito particularmente sensible: el control parlamentario sobre el sistema de inteligencia. En el oficialismo consideran que se trata de un movimiento lógico en una etapa donde buscan consolidar el control político sobre áreas estratégicas.

La decisión fue recibida sin resistencias dentro del núcleo de poder. Fuentes con acceso a ese círculo —que incluye al asesor presidencial Santiago Caputo— señalaron que la designación responde a la necesidad de garantizar conducción política en un espacio clave. “Es un hombre de mucha confianza de La Libertad Avanza para estar en un lugar sensible como ese”, dijeron a Infobae fuentes oficiales.

Repliegue, defensa y contraataque

El ordenamiento del Congreso se produjo en el tramo final de una semana en la que el Gobierno pasó del repliegue a la ofensiva política.

El jefe de Gabinete atravesó dos días consecutivos de respaldo explícito y cerrado de todo el oficialismo. Recibió en su despacho a los ministros Juan Bautista Mahiques, Sandra Pettovello y Diego Santilli; y a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Según pudo confirmar Infobae, esos encuentros formaron parte de una estrategia definida en la Casa Rosada para remover cualquier especulación sobre su continuidad en el cargo.

El respaldo se había iniciado el día anterior, cuando los otros ministros y Santiago Caputo lo acompañaron en la conferencia de prensa en la que brindó sus primeras explicaciones públicas, donde hubo fuertes cruces con los acreditados en Casa Rosada.

Adorni quedó bajo cuestionamiento tras la revelación de su viaje en avión privado junto a Marcelo Grandío, periodista y dueño de ImHouse, una productora que tenía contratos con la TV Pública, que no fueron renovados tras la irrupción del caso.

Mientras el Gobierno consolidaba su respaldo político, la investigación judicial avanzaba. Declaró el piloto que intervino en la contratación de los vuelos, el juez Ariel Lijo requirió los contratos con la productora y unificó en su juzgado la causa patrimonial que hasta entonces tramitaba María Servini. Anoche, Infobae pudo confirmar que Adorni prevé presentar en su declaración jurada y ante la Justicia, si así lo requiere, la documentación que acredita que la compra del departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, fue realizada mediante una hipoteca.

En ese mismo contexto, el asesor presidencial volvió a mostrar actividad en el núcleo de decisiones. Según pudo saber Infobae, Santiago Caputo estuvo en la Quinta de Olivos la mañana del jueves, donde presumiblemente mantuvo un encuentro con el Presidente, en una jornada en la que Javier Milei concentraba su agenda en recomponer la iniciativa política del Gobierno, sostener la defensa de su jefe de Gabinete y ordenar el frente interno tras el impacto del caso.

La señal política continuará este viernes, cuando el jefe de Gabinete acompañe al Presidente en un acto del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Pettovello. No habrá contacto con la prensa, pero la escena funcionará como una ratificación pública del respaldo presidencial.

Ese esquema de refuerzo del control político, sin embargo, no abarca la totalidad del sistema. Días atrás, según pudo confirmar Infobae, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo un diálogo reservado con su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, que activó un plan político para regresar al Ejecutivo de la Ciudad. Fue un primer contacto, aún embrionario, atravesado por diferencias sobre la relación del PRO con La Libertad Avanza.

La reactivación del partido, impulsada por Mauricio Macri, abrió una instancia de diálogo, sobre todo, porque ambos sectores comparten un objetivo: evitar que los libertarios conquisten electoralmente la Ciudad de Buenos Aires. Los últimos tropiezos del oficialismo —por ahora reversibles— alentaron a los emisarios.

Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel también se mueve con agenda propia. El 2 de abril volverá a Río Grande para el acto por Malvinas, en un contexto de creciente hostilidad con el Presidente. El mensaje publicado por Milei en Instagram, en el que aludió a la “traición”, se inscribe en ese marco.

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