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Milei habló sobre el megaproyecto de GNL

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El presidente Javier Milei tomó distancia de la posible instalación en Bahía Blanca de la planta de licuefacción de gas que plantea construir en Argentina la estatal malaya Petronas junto con YPF. Lo atribuyó al hecho de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires es “Axel Kicillof”.

“Obvio que se va a ir a otro lado, vos vas a confiar en el comunista” para esa inversión -del orden de los 50 mil millones de dólares-, dijo Milei en alusión directa a Kicillof. Fue durante una entrevista con Alejandro Fantino, en respuesta a una pregunta sobre si cabe a la posibilidad de que la planta no se radique en Bahía Blanca.

De esa manera, el Presidente pareció acercar su posición para radicar la inversión –se habla de entre 30 y 50 mil millones de dólares en diez años- a Punta Colorada, Río Negro. En Buenos Aires “tenés el lastre de tenerlo a Kicillof” de Gobernador, apuntó el Presidente respecto a lo que podría condicionar a Petronas en cuanto a la toma de decisiones.

Milei intervino de ese modo en la disputa entre las dos provincias, luego de que el presidente de YFP Horacio Marin pusiera como una condición necesaria para que una plaza sea elegible la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobado por el Congreso, al que Río Negro se acopló a través de su Legislatura hace una semana.

Kicillof busca que Petronas radique la planta en la Buenos Aires, pero no considera la adhesión al RIGI una condición necesaria. El lunes pasado respondió a una intimación de YPF para definir si adhiere o no con una carta en la que pide precisiones sobre la reglamentación de la ley correspondiente, que el Ejecutivo nacional aún no realizó.

Al mismo tiempo, el Gobernador de la Provincia anunció el envío a la Legislatura bonaerense de un proyecto de ley para crear un régimen de incentivo provincial, con el que busca otorgar beneficios a la petrolera malaya para que opte por Buenos Aires.

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Malestar entre los aliados porque el Gobierno no incluye a Diputados en las negociaciones de la reforma laboral

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“Una coma que le cambien y tiene que volver al Senado, y eso sería una señal malísima para los mercados”. A pocos días de que el Senado trate el proyecto de modernización laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, entre los diputados de la oposición dialoguista crecía la preocupación por la ausencia de contactos y negociaciones con el oficialismo.

Tras la reunión que mantuvieron el miércoles pasado el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y todos los jefes de bloque para acordar la convocatoria a sesión para debatir el nuevo Régimen Penal Juvenil, algunos referentes dejaron trascender que no compartían la estrategia legislativa de los libertarios respecto a la reforma laboral.

“Leyes de esta magnitud tienen que tener un tratamiento integral, donde se converse en simultáneo con los senadores y diputados. Pero el Gobierno decidió concentrar las negociaciones con los gobernadores relegando a los bloques en Diputados”, explicó un referente del PRO que respalda casi todos los puntos de la reforma laboral.

En esa línea, advierten que los acuerdos con los gobernadores no se trasladan de forma lineal a la Cámara de Diputados, donde los bloques son más heterogéneos y la disciplina de los legisladores es más laxa. A modo de ejemplo, explicaron que sectores que podrían reforzar los números para aprobar el proyecto no fueron contactados. “¿Quién está hablando con Encuentro Federal (Miguel Pichetto y Nicolás Massot) o con la Coalición Cívica, que no responden a gobernadores y no tienen bloque en el Senado? Además la mayoría de los gobernadores de Provincias Unidas tampoco está negociando. Los números están muy justos en Diputados”, ejemplificaron.

Ante la consulta de Infobae, un diputado de la UCR reconoció que no existía un trabajo conjunto con la bancada del Senado. De hecho, aseguró que a título personal se había puesto en contacto con uno de sus pares de la Cámara alta para asegurarse “que algunas cuestiones estén resueltas cuando lleguen a Diputados”.

“Nosotros ya estamos trabajando para cambiar algunas cosas en el Senado, como la derogación del estatuto del periodista. Pero no hay nada orgánico”, sintetizaron.

Sin embargo, también hay radicales que señalan que la discusión por la reforma laboral ya lleva “más de 15 años” y por lo tanto sus puntos principales ya fueron ampliamente debatidos a nivel social.

Los cuestionamientos a la estrategia parlamentaria se enmarcan en un cronograma que prácticamente no tiene margen de error. Las sesiones extraordinarias terminan el 27 de febrero y según el reglamento (artículo 106) el dictamen de comisión se puede firmar hasta diez días. Es decir, el martes 17. Pero dado que es feriado por carnaval, al igual que el lunes 16, el plenario solo podrá reunirse y dictaminar el viernes 13, por lo que no habrá reuniones informativas y las exposiciones de expertos deberán ser muy limitadas.

Ante este panorama, los libertarios analizaban extender por decreto las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28, lo que permitiría dictaminar el miércoles 18, después de los feriados.

Si bien Patricia Bullrich -principal espada de Milei en el Senado- aseguró días atrás que la negociación está “95% cerrada”, también reconoció que aún hay puntos pendientes que “tienen que ver con lo que discuten gobernadores, senadores, y los ministros de Economía e Interior”.

Bullrich se refería al capítulo fiscal del proyecto, en particular a los artículos 190 y 191 que reducen alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, y afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias (una merma de aproximadamente $1 billón).

Desde la Casa Rosada argumentan que la rebaja de Ganancias tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaerá en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advierten que esta caída se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.

No obstante, varios gobernadores dejaron trascender que apoyarían la reforma laboral al momento de votar el proyecto en general, pero adelantaron que rechazarían el capítulo fiscal en la votación en particular. Esa negociación sigue abierta a pocos días de la sesión en el Senado.

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Javier Milei fue invitado por Donald Trump a Washington para participar de una sesión de la Junta de la Paz que tratará la reconstrucción de Gaza

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(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei fue invitado por Donald Trump a participar en la primera sesión formal de la Junta de la Paz que tratará la reconstrucción de Gaza.

La Casa Rosada ya ha sido informada de la invitación cursada por el presidente de los Estados Unidos, y es muy probable que Milei participe de las deliberaciones que fueron convocadas para el 19 de febrero.

Además de Milei, Trump remitió invitaciones a otros 26 líderes mundiales que integran el board de la Junta. Si finalmente ratifica su presencia, Milei compartirá idéntico escenario con el emir de Qatar, el presidente de Paraguay y el primer ministro de Turquía, entre otros jefes de Estado.

Los países más poderosos de Europa -Alemania, Francia, Reino Unido- rechazaron la creación de este organismo alegando que sus intenciones geopolíticas se solapan con las facultades institucionales del Consejo de Seguridad de la ONU.

Benjamín Netanyahu -primer ministro de Israel- aceptó integrar la Junta pese a la presencia de Turquía y Qatar, dos países que actúan en tándem para proteger a Hamas y condenar al gobierno de Jerusalén.

El 18 de febrero, Netanyahu tiene una cita con Trump en la Casa Blanca para tratar un eventual acuerdo con Irán. En Israel aseguraron a Infobae que “no habría que descartar” una reunión entre Milei y Netanyahu, si finalmente coinciden sus agendas en DC.

Los dos jefes de Estado fueron invitados a la reunión de la Junta de la Paz, que sesionará el 19 de febrero.

La invitación de Milei a la primera sesión de la Junta ratifica la fortaleza de la alianza geopolítica que une a la Argentina con Estados Unidos.

En menos de una semana, el canciller Pablo Quirno firmó el tratado bilateral de minerales críticos y el acuerdo comercial con la administración republicana. Y ahora se suma la posible visita de Milei en respuesta al gesto político de Trump.

El Presidente siempre ha defendido a Israel frente a las constantes críticas globales por su decisión de entrar a Gaza como consecuencia del ataque terrorista perpetrado por Hamas en octubre de 2023.

Esta línea de acción diplomática, reconocida por Trump y Netanyahu, decantó en la incorporación de la Argentina en la Junta de Paz.

El 19 de febrero, Trump iniciará una discusión a fondo para definir la hoja de ruta que permita reconstruir Gaza y terminar con las operaciones terroristas de Hamas.

El plan para Gaza que aprobó Trump es liderado por Jared Kushner –yerno del Presidente de Estados Unidos- y el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff.

Kushner y Witkoff negociaron con Israel y Qatar -representante de Hamas- un plan de paz de 20 puntos que iniciaba con la liberación de todos los rehenes secuestrados en la Franja -vivos y muertos-, y continuaba con la reconstrucción de Gaza.

El proyecto Kushner-Witkoff se articula en torno a cuatro ejes principales: transformación económicareconstrucción por fasesgobernanza y seguridad. Todas las etapas serán supervisadas por la Junta de la Paz.

Entre las metas financieras, el plan aspira a elevar el Producto Interno Bruto (PIB) de Gaza a más de USD10.000 millones y aumentar el ingreso promedio anual por hogar a USD13.000, en la próxima década.

Para lograrlo, la Junta estima una inversión inicial de USD25.000 millones destinados a infraestructura y servicios públicos modernos, así como la conversión de Gaza en un centro económico regional para el año 2035.

El proyecto para Gaza enfrenta ciertos obstáculos: la resistencia de Hamas a abandonar la Franja y el cuestionamiento de Israel respecto a la presencia de representantes de Turquía y Qatar en el subcomité de la Junta que controlará todas las etapas de la reconstrucción.

En la reunión que mantendrán en el Salón Oval, Trump intentará aplacar los reparos de Netanyahu, que considera a Turquía y Qatar sus principales enemigos en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos asume que el cónclave del 19 de febrero será exploratorio para acercar a las partes y avanzar en la hoja de ruta. Cada mandatario invitado fijará su posición sobre el tema, y al cierre habrá una declaración final.

El formato previsto se parecerá a una cumbre del G20, y es poco probable que Trump conceda entrevistas individuales a cada uno de los mandatarios invitados a la primera reunión formal de la Junta de la Paz.

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Milei se juega su mayor desafío político mientras la microeconomía gana la agenda

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Javier Milei

Nadie lo echó. Se fue solo. Las diferencias las arrastraban hace más de un mes. Javier Milei temió una emboscada y no aceptó los cambiosMarco Lavagna ya no tenía nada más que hacer. Habló con el Presidente el domingo y el lunes renunció. Se resguardó en su casa, sin hacer declaraciones. Por ahora seguirá así, sin hablar. Pidió descansar un poco y esperar. A sus allegados les dijo que hizo su trabajo lo más seriamente posible y que pretendía pasar de etapa.

La abrupta salida de Lavagna del Indec dejó descontentos a todos los actores políticos y una mancha con expansión difícil de dimensionar aún en la reputación estadística del gobierno libertario. De alguna manera, esa sensación térmica del bolsillo, discutible siempre por carecer de datos, se terminó imponiendo al número oficial en la batalla pública.

Quienes conocen y ven al Presidente sostienen que lo ganó su impulso en el manejo de la situación. “Cuando se convence de algo, acelera”, lo describe un allegado. Hablan de una “emboscada” que nadie puede probar. La salida terminó concretándose en buenos términos, con Luis Caputo al mando de la comunicación. Sin eufemismos, el ministro de Economía contó su desacuerdo y el del Presidente con la metodología que hasta hacía días nada más defendían desde el Gobierno y confesó que decidieron no modificarlo para evitar que un sobresalto inflacionario arruinara el plan. Contó incluso que Lavagna lo llamó para salir a desmentir lo que se estaba diciendo, aunque en la intimidad, el ex funcionario se guardó.

A partir de ahora, todas las cifras que difunda el organismo quedarán empantanadas en discusiones sin árbitros en momentos en que comenzó a crecer la conflictividad social. Esta semana, el Gobierno debió decretar la conciliación obligatoria en el conflicto con los trabajadores ferroviarios por la negociación salarial. Los líderes sindicales pusieron en duda los números de inflación para mantener la amenaza de paro.

La falta de actualización de la canasta de medición de precios reabre el debate respecto del resto de las estadísticas oficiales. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) pone la lupa en cuatro indicadores debatidos. Uno es el crecimiento exponencial del salario no registrado; otro, la medición de la pobreza, en la que la Canasta Básica Total subestima el peso de los servicios y el transporte; también quedaron bajo sospecha las estadísticas de turismo al discontinuarse la Encuesta de Turismo Internacional y la Encuesta de Ocupación Hotelera; y la actividad económica (EMAE), a partir de que en septiembre de 2025 el Indec aplicó revisiones inusualmente grandes en la serie desestacionalizada que evitaron el diagnóstico de recesión.

¿Credibilidad por ahorro?

A esto se suma un informe del Banco Provincia que alertó sobre el impacto en el gasto público que derivaría en un ahorro de “casi 5 billones de pesos por la menor actualización de prestaciones sociales y los menores pagos asociados a los títulos públicos capitalizables por CER”. Según este informe, representa “poco menos de 0,5% del PBI y más que el total de los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central al cierre de enero: 4,3 billones de pesos”. Además, establece que como contrapartida, el “aumento de la recaudación depende de la evolución ‘real’ del nivel de precios, ya que los ingresos por IVA y débitos y créditos, entre otros, se ajustan de manera automática por valores de venta”. La conclusión a la que llegan es que “la marcha atrás del cambio de la metodología del IPC le daría cierta holgura a las cuentas públicas: los gastos subirían menos que los ingresos sólo por razones estadísticas”. Nada mal para la obsesión fiscal del Presidente.

Con la canasta sin actualizar, la Argentina queda muy rezagada respecto de la región. En Uruguay se usan consumos de 2022 y en Chile, de 2023.

El otro impacto estadístico fuerte se da en el poder adquisitivo. Según el informe del Banco Provincia, “la caída del salario real privado registrado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 pasa de -1,2% a -7,7% con la actualización de canastas”.

El Gobierno pretende pasar rápidamente de página, pero el caso ya tiene un proyecto en el Congreso que podría enhebrar los deshilachados hilos de la oposición. Es para darle autarquía al Indec. Lo presentó el Frente Renovador. Otro dato que toman en Olivos para insistir en la teoría del complot. Además, ya se presentó una denuncia en Tribunales contra Luis Caputo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su raid televisivo de las últimas horas, con el debate textil de por medio, el ministro confesó conocer de antemano el número de inflación que se difundirá esta semana, lo que le valió la presentación judicial por revelar un dato estadístico.

Se discute plata

El debate de la reforma laboral se llevará la marca esta semana. Mañana será un día clave. Se define hasta dónde la Casa Rosada está dispuesta a aceptar los reclamos de los gobernadores. No se está discutiendo sobre técnica laboral. Se discute plata. El peronismo en el Senado reza para que Milei se radicalice y no quite el capítulo fiscal que baja el impuesto a las Ganancias para las empresas que afecta el reparto de fondos vía coparticipación. Si eso sucede, hasta el quórum se le podría complicar. “Si no sacan el tema impositivo no votamos nada”, reflejó a Infobae una de las senadoras aliadas. La reunión clave está citada para el lunes a la tarde. Es el deadline para que Patricia Bullrich responda cuáles de los cambios pedidos fueron aceptados por Milei.

A pesar de que la jefa de bloque dijo que está guardado bajo “cuatro llaves”, Infobae pudo saber que en ese listado figura como primera modificación el financiamiento de cámaras empresariales y de los sindicatos. La sospecha de un acuerdo sindical crece sobre todo por la no convocatoria a un paro. También figura ampliar los plazos de revisión de los convenios colectivos vencidos; dejar sin efecto la caída del estatuto del periodista; y los dos artículos con los que se elimina el Fondo de Fomento del Incaa.

El Gobierno consiguió un respaldo contundente para la convocatoria a la sesión especial que, traspolado, ya le daría el número para la aprobación. A eso se suma que dos de los gobernadores menos afines a Milei no se quisieron reunir con los dirigentes sindicales. El encuentro iba a hacerse en Córdoba el martes pasado. El sábado se bajó Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. El lunes canceló el propio anfitrión, Martín Llaryora. “Problemas de agenda”, reflejaron. Tampoco se pudo concretar una reunión presencial con los peronistas en el CFI, pensada para mostrar fortaleza política. Terminaron en un zoom. Sólo cosecharon debilidad. La CGT se queja de que los gobernadores no conocen el proyecto. Dicen que tampoco lo conocen muchos senadores. “¿Vos sabés que la cuenta sueldo deja de ser gratuita?”, apuró un senador peronista a un colega de la UCR dispuesto a apoyar la reforma a libro cerrado. La respuesta fue negativa.

El anzuelo que circula por estas horas en el Gobierno es que la baja tributaria se haga de manera gradual, para moderar el impacto en las arcas provinciales. De esa manera, Caputo se sale con la suya y el impacto en las cuentas provinciales no es brutal. La otra alternativa era la coparticipación del impuesto al cheque, para compensar. En Córdoba se pusieron a hacer los cálculos y la diferencia es abismal.

La Casa Rosada ya puso en marcha el operativo de fondos inmediatos. Es paradójico, pero los gobernadores apoyan al Presidente a pesar del ahogo sostenido desde el centro del poder. Según datos de Politikon Chaco, en enero las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias totalizaron $39.491 millones, lo que representa una caída de 65,4% en términos reales respecto de enero de 2025. Pero este enero hubo una llamativa particularidad. La mayor parte de esos fondos son transferidos a las cajas previsionales provinciales. Se pagan mensualmente. Lo novedoso es que tres distritos recibieron el equivalente a dos cuotas juntas. La primera fue Entre Ríos con $12.000 millones; le siguió Córdoba con $10.000 millones por flujo previsional y otros $10 millones por el programa Conducción y Docencia; y La Pampa con $10.004 millones y otro $4 millones por asistencia a Provincias. Quedan fuera del análisis Chubut y Corrientes que recibieron ATN por incendios e inundaciones.

La CGT tiene sólo garantizados 28 votos. El jueves los jefes gremiales se reunieron con los cinco senadores de Convicción Federal, el espacio que tiene terminal en las provincias díscolas de la conducción de Cristina Kirchner. “Nos dijeron que no dan quórum ni votan”, anticipó un referente sindical. Sin apoyos, la CGT apenas logró activar una movilización para el miércoles. El paro podría quedar para la discusión en la Cámara de Diputados. Allí el peronismo presentará un dictamen de minoría. No lo hicieron en el Senado. Tampoco tienen plan B. La posibilidad de desguazar el proyecto ni siquiera tiene forma. No hay nadie que se haya sentado a escribir una reforma light. La CGT trazó sus “líneas rojas” y espera. Son los gobernadores los que hablan con el Gobierno. Sus senadores, con Patricia Bullrich. “Para nosotros hay que eliminar todo el proyecto y dejar solo la parte de promoción de empleo y blanqueo laboral”, focalizan en Azopardo, algo que no va a pasar. Lo que está en discusión y se define mañana son cambios en las cajas, no en los derechos colectivos que afecta la reforma. En esas líneas rojas figura eliminar la limitación al derecho a huelga, la ultraactividad de los convenios; la cuota sindical y el aporte solidario, la baja de aportes patronales a las obras sociales del 6 al 5% o la creación del Fondo de Cese Laboral (FAL), que financia con fondos de la Anses los despidos.

El Gobierno buscará evitar el debate en particular. La oposición se ilusiona con que pierda el quórum o que varios artículos vayan quedando en el camino. Por eso la Casa Rosada propondrá votar por capítulos para evitar sobresaltos. Sabe que con la presión en la calle deberán reforzar al extremo las medidas de seguridad y acotar el tiempo de debate.

El mes arrancó con una visible conflictividad. El mapa de reclamos tuvo en el centro a los trabajadores ferroviarios, y el viernes reapareció Pablo Moyano para decretar un paro por tiempo indeterminado en la planta de Coca Cola del partido de Tres de Febrero.

En ese escenario, al Presidente le llegó la hora de la micro. Un economista muy cercano a Milei describe que ya no se discute el déficit fiscal, y eso es un logro discursivo del Gobierno, pero que ahora se necesita dar una señal contundente al bolsillo. Más allá de las estadísticas oficiales, otra vez en duda, lo que se destruyó fue el salario disponible, sobre todo en el área metropolitana por la quita de subsidios en el transporte público y los servicios. Cómo reactivar la economía sigue siendo el desafío. El Gobierno confía en el crédito como motor y en la obra pública con fondos privados para la creación de empleo.

Esta semana podría llevarse dos triunfos parlamentarios de alto impacto político. Al debate de la reforma laboral el miércoles se sumó el proyecto del régimen penal juvenil, con sesión pedida para el jueves. No solo podrá llevarse otra victoria sino que abrirá una grieta en el bloque peronista. Pasado mañana se juntará la bancada que conduce Germán Martínez para definir los pasos a seguir en una discusión en la que no se ponen de acuerdo. A esta altura, la única herramienta que le queda a la oposición de ambas cámaras es evitar las sesiones.

Unidad peronista

Una de las mayores fortalezas del Gobierno se explica por la debilidad opositora, centrada desde el triunfo de Javier Milei en 2023 en la disputa bonaerense. Finalmente hubo acuerdo. Axel Kicillof presidirá el PJ provincial, secundado por su aliada Verónica Magario. Ese cargo fue la última resistencia de Máximo Kirchner, que aceptó dejar el control pero vetaba la vicepresidencia. Finalmente, Axel se impuso en la elección de su sucesión. El trato incluyó a Federico Otermin en la vice primera y Mariano Cascallares en la segunda. Máximo Kirchner quedó al frente del congreso del partido y su alfil Leonardo Nardini en la junta electoral. El gobernador pasó buen parte de la mañana en la rosca bonaerense, desde la residencia de La Plata. Pasado el mediodía llegó la fórmula. El kicillofismo se mostró conforme. Sostienen que se garantizaron el control, en un reparto más bien equitativo, pero con una ajustada mayoría en el congreso para ellos.

En La Cámpora transmiten un mensaje pacificador. “Será en unidad y todos conformes. Equitativo. Lo bueno es que una vez más queda claro que más allá de algunos roces siempre llegamos a acordar. Ahora a mirar para adelante”, envían como mensaje en modo zen allegados a Máximo. Todavía quedan disputas distritales como Mar del Plata, Tandil, Necochea, San Nicolás o Zárate, y alguna controversia en el conurbano, como Tres de Febrero y San Isidro, pero desde ambos campamentos le bajan el tono a la disputa.

En definitiva, es sólo el puntapié inicial para empezar a ordenarse.

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