La Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional con la exposición de más de una decena de especialistas y representantes de organizaciones civiles. La semana pasada, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores había terminado en escándalo por un enfrentamiento entre el diputado Juan Grabois y algunos legisladores libertarios.

El oficialismo apuntaba a firmar el dictamen del proyecto esta semana pero el fallo de la Corte Suprema que eliminó los límites para que extranjeros compren tierras y la convocatoria de la oposición a una sesión especial para derogar el mega DNU 70/23 demoraron sus planes.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del bloque LLA aseguraron que de todas maneras apunta a incluir el proyecto en el temario de la sesión que pedirán para el miércoles 21, por lo que deberán firmar el dictamen la semana que viene. Pero el debate continuará este miércoles con la participación de la Secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en lo que se anticipa como una reunión de alto voltaje político.

Los expositores, en su mayoría convocados a instancias de la oposición, coincidieron en criticar algunos puntos centrales del proyecto, como la conformación del Consejo de Seguridad Nacional y algunas definiciones clave que, según su visión, dejan la puerta abierta para un accionar discrecional del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) planteó que el Gobierno “ya cuenta con las herramientas para frenar el saqueo de nuestros recursos en el Atlántico Sur”, solo debe aplicarlas. “El verdadero objetivo que persiguen es generar dispositivos de control social. La verdadera finalidad de este gobierno es perseguir a las disidencias y a la oposición política. Por eso pedimos que se rechace este proyecto de ley porque malversa la cuestión Malvinas”, continuó.

A su turno, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, aseguró que el proyecto tiene “serios problemas de constitucionalidad” porque propone darle “un amplio poder al Ejecutivo y a las áreas de Inteligencia” sin controles institucionales.

“Pretende abandonar la definición rigurosa de qué es una amenaza. No se pueden hacer definiciones vagas o nebulosas porque deja abierta la puerta a la discrecionalidad estatal. Por ejemplo, se amplían las hipótesis de riesgo, por ejemplo, por desinformar o intervenir en los procesos decisorios de las autoridades”, argumentó.

El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló que el Título 1, que reúne los artículos del 1 al 40, podría lograr un amplio nivel de consenso. “Si ponemos allí el foco, podría haber diferencias, pero es factible llegar a un acuerdo. Le estaríamos haciendo un gran favor al reclamo de Malvinas”, explicó.

Entre otros puntos, el Título 1 propone la ampliación de las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales. En ese sentido, extiende el alcance de la Ley 26.659: ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos naturales, renovables o no renovables, en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina, sin habilitación de una autoridad argentina.

También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores. Prevé multas, suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina e inhabilitaciones. También incorpora responsabilidad para proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.

Además, mantiene la responsabilidad administrativa y penal si una empresa intenta eludirla mediante fusiones, escisiones, transferencias de activos u otras reorganizaciones que encubran la continuidad de la actividad. Además, habilita juicios en ausencia para los delitos contemplados en la iniciativa.

Entre los puntos que cuestiona la oposición se destacan la creación del Sistema y del Consejo de Seguridad Nacional. Propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia. Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

Por otro lado, crea nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional. Considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones. Las sanciones pueden incluir multas, revocación de permisos y contratos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para operar en sectores vinculados con la seguridad nacional.

añana miércoles se desarrollará una jornada solidaria en distintas ciudades del país, entre ellas Bahía Blanca, a beneficio de merenderos y comedores organizada por la Fundación Sí.

Griselda Larsen informó en Radio Altos que mañana de 8 a 20 horas en San Martín 450 recepcionarán:

• Alimentos no perecederos
• Pañales para adultos y niños
• Artículos de higiene personal y para el hogar
• Ropa de blanco
• Calzado limpio y en buen estado

Recordó que la presencia de Fundación Sí en Bahía Blanca comenzó tras la emergencia provocada por el temporal y la inundación de marzo de 2025.

“Desde entonces, el vínculo construido con vecinas/os y voluntarias/os locales se transformó en un trabajo comunitario que continúa más allá de aquella emergencia”, destacaron desde la organización.

Y remarcaron que la Misión Solidaria propone seguir fortaleciendo esos vínculos y acompañar a quienes todos los días sostienen espacios comunitarios fundamentales para muchas familias de nuestra ciudad.

Fuente: Frente al cano.

El gobierno municipal comunicó que creó una nueva Agencia de Regulación, Control y Habilitaciones. La medida se da, precisaron, en el marco de un proceso de reordenamiento normativo general que en la etapa actual comprende la revisión de las normas y los procedimientos vinculados con las habilitaciones y la fiscalización municipal.

La iniciativa comprende la actualización de los códigos de Habilitaciones y de Edificación y la integración de áreas municipales en la flamante agencia.

Según se adelantó, una de las tareas a cargo será la revisión integral de la normativa vigente y el envío al Concejo Deliberante un proyecto de nuevo Código de Habilitaciones, en reemplazo del actual, vigente desde 1993, y una propuesta de nuevo Código de Edificación, para actualizar un marco normativo que tiene 58 años de antigüedad.

“Estas modificaciones buscan adecuar las reglas a las necesidades actuales de la ciudad y acompañar el desarrollo de las actividades comerciales, industriales y de servicios con procedimientos más claros, modernos y previsibles”, explicaron.

Así las facultades municipales de habilitación y control se unificarán en la mencionada agencia que estará a cargo del abogado Javier Prenassi, quien viene desempeñándose como subsecretario de Prevención, Enlace y Comunicación.

Esta nueva estructura tendrá a su cargo la gestión de las habilitaciones comerciales e industriales y la actualización de los procedimientos, además de las tareas de verificación, inspección y fiscalización.

Aclararon que la integración permitirá coordinar áreas que en la actualidad dependen de distintas estructuras municipales, ordenar los circuitos administrativos y fortalecer la capacidad de respuesta. A su vez, favorecerá una planificación conjunta de los controles para garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y salubridad exigidas para cada actividad.

“Integración, profesionalización y ordenamiento son los ejes de esta transformación, parte de una mirada más amplia: recuperar la capacidad del Municipio para orientar el desarrollo de Bahía Blanca. Un proceso que requiere revisar reglas y prácticas heredadas, construir acuerdos y tomar decisiones que respondan al presente y permitan proyectar el futuro de la ciudad”, enfatizaron desde la comuna.

Fuente: Frente al cano.