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Milei se radicaliza y pone en riesgo sus débiles alianzas

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El Gobierno se consumió esta semana el último crédito político que le quedaba en la víspera electoral y se chocó de frente con un nuevo escenario, completamente adverso. Esta vez le costó caro. La oposición le desguazó el primer proyecto reformista que intentó Javier Milei de una tanda que incluía, según la promesa presidencial, 90 iniciativas este año. El Gobierno perdió en 24 horas la confianza de los gobernadores aliados, poniendo en serios riesgos su gobernabilidad. La radicalización lo llevó a un callejón sin salida. El todo o nada lo dejó expuesto para perder mucho más que varios capítulos de una ley. Perdió sobre todo la conexión popular.

En cuestión de horas, la mayoría de 44 senadores que ostentaba el oficialismo disparó una crisis política en sus siempre débiles alianzas que lo deja aislado hasta nuevo aviso. “Así no se puede seguir, no cumplen nada”, se quejaba el viernes, entre la bronca y la resignación, una senadora que supo tener buen diálogo con los libertarios. La Casa Rosada se vio obligada a repensar sus próximos pasos y cada proyecto que envíe tendrá que pasar la autopsia de los aliados. “La mayoría automática se terminó”, advierte otro senador.

La derrota oficialista con la caída de la mitad de la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que sufrió la baja de tres de sus seis capítulos originales, derivó en un futuro incierto para lo que sobrevivió. La oposición en Diputados se prepara para resistir mientras el Gobierno levanta el pie del acelerador. Lejos de los habituales apuros, esta vez ni se inmutó para comunicar la media sanción.

En paralelo, el peronismo se despartidizó y ganó. El desmembramiento de la ley tuvo a la Iglesia, sectores militares, científicos y artistas entre sus principales detractores. La política le dio paso a la sociedad. La mala praxis oficial terminó por coronar el fatal desenlace.

La agenda del Gobierno en el Congreso se reducirá a lo puramente indispensable. Lo más urgente será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ingresó por Diputados y que ya anticipan tendrá modificaciones. No la pasó bien Santiago Bausili en su primera defensa, al que acorralaron con la imposibilidad de blindar el cargo. La oposición instalará el debate de inocencia fiscal, con la imposibilidad de que los funcionarios se sumen al blanqueo permanente. El Presupuesto 2027 será otro de los temas de acá a diciembre, y se esperan definiciones sobre la reforma electoral. No hay ni un borrador de la propuesta. La desconfianza entre los gobernadores y los libertarios llega a tal punto que la opción que se analiza por estas horas es patear el debate para el próximo año. Sí. Una reforma electoral en medio de la campaña. Con este antecedente, los mandatarios no quieren darle los votos por anticipado a Milei ante el temor de que no cumpla el tácito acuerdo de dejarlos reelegir. “Si estiran el tema al año que viene los tiempos dan para la suspensión de las PASO y nada más”, vaticina un senador sobre el poco avance de las negociaciones.

Con la derrota, se terminó para el Gobierno la posibilidad de enviar leyes ómnibus. Tampoco aparece en el horizonte oficialista la idea de poder avanzar con el nuevo régimen de Zona Fría, aún sin acuerdo en el Senado.

Sin guión para la batalla cultural

La interna del Gobierno volvió a ser protagonista en el declive político de esta semana. El jefe de gabinete, Diego Santilli, se ausentó del debate. Solía instalarse en el Congreso para las sesiones clave. Esta vez nadie lo vio. Responde a Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia desconfía de Patricia Bullrich, a quien dejaron en soledad. La comunicación, que estaba centralizada en Santiago Caputo hasta el avance del karinismo, tampoco apareció. No hay guión para la batalla cultural. Ningún funcionario del Gobierno tomó como propio el proyecto al punto que el canciller Pablo Quirno dejó en evidencia la desconexión oficial cuando dio por cierta la posibilidad de que cualquier inversor extranjero podría comprarse una provincia entera. “Cuando lo escuché avisé que no acompañaba”, confesó una senadora, que se dio vuelta. Lo sacaron crudo a la cancha.

La suerte de la ley empezó a configurarse el fin de semana pasado. Bullrich sabía que no tenía los votos, pero simuló optimismo. Por eso redujo el porcentaje de extranjerización al 25%, cuando antes era ilimitado. A esa altura, el número no le daba. Fue una manera de resguardar al radicalismo, que cuando se debatió la ley de tierras en 2011 había propuesto ese tope. Entonces la ley salió con un solo voto en contra, de Juan Carlos Romero. No alcanzó. Para la conferencia se rodeó de karinistas, como Agustín Coto y Nadia Márquez, pero los senadores aliados denuncian que no había negociado los cambios con ellos. Eso precipitó la huida en masa.

Uno a uno, los gobernadores se fueron dando vuelta. Hubo rebelión de senadores. Pendientes del escenario social que se venía, avisaron a tiempo del malestar. La debilidad del Gobierno en las encuestas también juega su rol. Nadie quería quedar expuesto. Esta vez los mandatarios no se escondieron. Salieron casi de manera coordinada, el miércoles previo a la sesión, a exponer sus posturas. Primero fue Osvaldo Jaldo, de Tucumán, que sacó un comunicado para avisar por escrito y de manera oficial, que Beatriz Avila, la senadora que le responde, se había manifestado en contra. Después llegó el video de Rolando Figueroa, de Neuquén, con la confirmación de su oposición. La tarde anterior, la propia Bullrich había contado de su lado a la senadora por esa provincia, Julieta Corroza. A esa hora, la salteña Flavia Royón ya había avisado que en esas condiciones no iba a acompañar. Llamó al gobernador Gustavo Sáenz para comunicarle su decisión. Le avisó a Bullrich que tampoco contara con ella para la definición por capítulos.

La exposición que asumieron los gobernadores fue el tiro final para el debate y abrió la puerta a una nueva relación con la Casa Rosada. “Son unos prepotentes”, se le escuchó decir a uno de los senadores aliados, sobre los funcionarios. El estallido final se dio el mismo jueves de la sesión cuando en la madrugada, caía también el capítulo que modificaba el actual marco legal del manejo del fuego. Los últimos en abandonar al Gobierno fueron los senadores por Misiones, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce. Le avisaron a Bullrich. Todos tuvieron la gentileza de evitarle al Gobierno la derrota explícita. El Gobierno los convenció para que acompañaran en general, lo que cumplieron. Sin ellos dos, se daba el escenario de empate y cualquier abstención podía derivar en un fracaso total. “Es la última vez, la próxima les digo que voto a favor y les voto en contra”, mascullaba otro senador, a modo de advertencia. Es cierto que para salvarse del papelón, el oficialismo contaba con la información previa de la falta de acompañamiento.

El desguace del proyecto trajo además algunas señales de alarma para los negociadores oficiales. El bloque misionero se partió, en medio de la pelea del gobernador, Hugo Passalacqua, y el mandamás provincial, Carlos Rovira. El Gobierno, que antes negociaba una vez por dos votos, ahora tendrá que hacer un doble acuerdo. El otro espacio que expuso sus diferencias internas fue el de Alejandra Vigo y Carlos Espinola, ambos con posiciones contrapuestas.

En las horas cruciales, en el peronismo cuentan que medió un llamado de Sergio Massa a pedido de Eduardo Wado de Pedro para convencer a los misioneros. Fue cerca de las 23. La oposición ya había conseguido 36 votos para que cayera el cuarto capítulo, pero para entonces temían que Corroza y Edith Terenzi se dieran vuelta. “Fue para asegurar”, contaron en el bloque. Juliana Di Tullio publicó un mensaje encubierto hacia el ex candidato presidencial, cuando al otro día de la sesión escribió en mayúsculas las iniciales del tigrense. Dicen que fue una apuesta, de las que suele hacer pagar Massa.

El debate social y el encuadre moral

El peronismo, con todas sus diferencias, consiguió enhebrar una estrategia que emprendió De Pedro cuando en medio del escándalo por la salida de Manuel Adorni, convocó a la comisión de Ciencia y Tecnología, que poco tenía que ver con el tema, para reinstalar el debate. Sucede que el proyecto se dictaminó casi sin discusión el 20 de mayo. Ya entonces Royón y otros senadores habían quitado el capítulo que eliminaba el registro de barrios populares. En ese debate silvestre aparecieron actores anónimos que se viralizaron sin más, como el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Martín Paleo, o el obispo de Chascomús, Juan Liébana, que habló en nombre de la Iglesia y la Pastoral Social. La bandera con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, la actitud rebelde de los jugadores de una selección tan querida, y los artistas populares y menos politizados que se sumaron sobre el final dieron forma a un sentimiento nacional que apabulló al Gobierno. Desde aquel partido contra Inglaterra Milei ya no pudo hilvanar una idea nacionalista convincente.

La falta de estímulo de los propios libertarios quedó expuesta. Según un estudio de QSocial sobre la conversación digital, el Gobierno perdió la batalla hasta por el nombre: “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” generó solo el 0,9% de las interacciones. “Ley de tierras” dominó en el 100% de las provincias. La asimetría fue brutal: por cada interacción a favor, sólo hubo 76 en contra. El interés ciudadano explotó tarde: el 52% de las interacciones se dio en los últimos 7 días y tuvo 3 capas: la académica, con 21% de interacciones, la afectiva, donde se concentró en Malvinas, con 897 mil interacciones y cultural, con inclusión de famosos de por medio, con 787.000. Según esta consultora, el tema logró instalar un “encuadre moral de la soberanía”. Para Ad Hoc, el día de la sesión, las menciones a Milei registraron un 54,3% de negatividad contra un 34,2% de positividad. En este trabajo, el tema Ley de Tierras abarcó cerca del 95% de las publicaciones, lo que indica “el alto interés de la opinión pública”. Más de 82.000 usuarios hicieron mención en redes sociales a la “ley de tierras” o la “venta de tierras a extranjeros” en agosto, con pico de publicaciones el 5 y 6 de agosto, en la previa.

De Lula a China

El Gobierno llegó de capa caída. Había arrancado la semana con la disputa diplomática con Brasil, después de que Luiz Inacio Lula Da Silva anunciara que reducía su representación en la Argentina a un vínculo solo comercial. Lo hizo por las nuevas declaraciones de Milei, en las que insistió en tratarlo de “ladrón y presidiario”. La relación comercial podría verse resentida. “Los países no se mudan”, solía decir José Pepe Mujica cuando peleaba con la Argentina por las pasteras. Lo cierto es que experimentados funcionarios del Palacio San Martín ven poco probable que pueda retomarse el diálogo con los modos de Milei. Podría verse afectada la Argentina si las grandes inversiones eligen irse a Brasil, como ya está pasando. El país vecino recibió en 2025 diez veces más inversiones, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los que la Argentina registró el nivel más bajo entre las principales economías de América Latina. Brasil logró captar inversiones por USD 76.877 millones y el país apenas USD 3.134 millones netos. A eso se suman los últimos datos del Banco Central que muestran una cifra récord en salidas de dividendos. Se registraron salidas por USD 1.891 millones, el máximo nivel desde 2017, con apenas una inversión neta de utilidades de USD 852 millones. El flujo neto de Inversión Extranjera Directa (IED) fue positivo por USD 1.794 millones en el primer trimestre, pero representa un desplome de 62% en comparación con el mismo período de 2023, según el análisis de CEPA.

Desde Itamaraty sostienen que no van a profundizar las diferencias. El problema es que en el medio se mete la disputa entre Lula y Donald Trump, principal sostén de Milei. Estados Unidos declaró al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC) como terroristas globales. Si la Argentina sigue el lineamiento norteamericano, como ha hecho con otros grupos, podría agrietarse aún más la relación con el país vecino.

El Gobierno se juega dos elecciones extranjeras como propias. Primero la de Brasil, en octubre, y un mes después, la de Estados Unidos. Esta última será la más importante en función de la dependencia económica de la Casa Rosada con el Tesoro norteamericano. Por las dudas, esta semana, sin demasiado ruido, el Banco Central renovó el swap con China. Y no sólo eso, sino que amplió el plazo de vencimiento del nuevo acuerdo, de 3 a 5 años, “lo que permitirá brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta”, destacó la entidad monetaria en el anuncio. Está claro que el gigante asiático no va a abandonar su intento de influencia en la región, donde tiene una estrategia subnacional. Esta operación se dio en medio del silencio diplomático argentino por la denuncia de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), sobre la posibilidad de que EEUU le revoque las visas a las autoridades de la compañía por un contrato con la compañía china Huawei.

La otra derrota

A la pelea con Lula, el Gobierno sumó otra derrota política cuando debió dar marcha atrás con la decisión de “desregular” el servicio de practicaje y pilotaje que paralizó gran parte de la actividad portuaria y del comercio exterior. Fue insólito. Sturzenegger intentó regular una actividad entre privados. Hay sospechas de todo tipo respecto del accionar oficial sobre todo porque las grandes navieras se verían favorecidas por la medida. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que venía en baja por la frase “mapita” durante el Mundial, se peleó con el ministro de Modernización, y terminó dándole un cierre al asunto. En los ámbitos técnicos sostienen que el funcionario le mintió a sus colegas de gabinete. El avance que intentó y fracasó da por tierra ahora con su intención mayor, la de permitir que barcos con bandera extranjera puedan realizar transporte de cargas y pasajeros entre puertos de Argentina, es decir, transporte de cabotaje, que históricamente estuvo reservado de forma exclusiva para embarcaciones nacionales.

La pelea interna en Casa Rosada es que la mesa política le frena a Sturzenegger las iniciativas. No llama la atención que estos últimos proyectos, como la desregulación del mercado de libros o la venta de medicamentos, aparecieron “filtrados” a los medios, sin anuncio oficial. “Él los mandó a la prensa porque la mesa política se los bajaba”, sospecha un funcionario. La desconfianza avanza.

Bienvenida con emojis

La única noticia destacable que tuvo el Gobierno fue la confirmación de la visita del Papa. Milei lo celebró escuetamente, sin mostrar emociones, con dos emojis de leones, ajenos a la diplomacia. En el resumen que hace el portavoz Adrián Ravier, titulado “Una semana más cambiando la Argentina”, el hecho apareció mencionado recién en el quinto lugar. Cierra el listado de los 11 hitos destacados que el Gobierno declaró a la organización ecuatoriana Chone Killers como organización terrorista. El Vaticano venía trabajando desde el 2023 en un viaje de Francisco a la Argentina, que iba a realizarse en el 2024 y no se dio por su estado de salud. En círculos eclesiásticos aclaran que la decisión se tomó en Roma. “Por lo menos es exagerado pensar que es un triunfo diplomático del Gobierno”, refuerza una fuente al tanto de la agenda que emprenderá León XIV. La iglesia argentina ya anticipó que el mensaje que traerá podría no gustarle al Presidente. Marcelo Colombo, presidente del Episcopado, planteó en la previa que la misión es “dar cuenta de cuando algo no está bien, cuando algo daña el tejido social, cuando se vulneran los derechos fundamentales de las personas”. El Gobierno la dejará pasar. “No descarten algún simbolismo fuerte con los sectores marginados de la sociedad”, se anticipa en ámbitos eclesiásticos. Es un Papa que ha tenido fuertes diferencias con Trump. También será escenario para Axel Kicillof, Martín Llaryora y Jorge Macri, los otros tres anfitriones.

Caída en los jóvenes

La debilidad política que mostró el Gobierno esta semana tiene su correlato en la sostenida baja en la imagen presidencial. La última medición de Atlas Intel para Bloomberg vuelve a tocar su récord de desaprobación con el 62,4% (el máximo fue 63). Este sondeo refleja un problema entre los jóvenes. Entre los 16 y 24 años el rechazo alcanza el 76,9% y entre los de 25 a 34 años llega a 71,9%. El otro dato llamativo es la preocupación por el mercado de trabajo. Quienes evalúan como mala la gestión en este punto llegan al 73% y el desempleo aparece dentro de los principales problemas del país, solo superado por la corrupción. Para Management & Fit, la mirada negativa futura supera a la positiva en 8,7 puntos. Entre los principales problemas la muestra destaca los aumentos de precios y las tarifas y en el plano personal, la dificultad para llegar a fin de mes sigue en primer lugar con el 24%.

Ese declive popular de Milei pesa sobre todo a la hora de las alianzas circunstanciales en un Congreso que se le va cerrando.

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El nuevo dato de pobreza debilita la posición del Gobierno frente a la Iglesia antes de la llegada del Papa

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Para enfrentar los previsibles dardos de la oposición y de la Iglesia por la gestión social en la previa -o durante- la llegada del Papa, en la Casa Rosada estaban decididos a apelar al argumento de la disminución de la pobreza durante la administración de Javier Milei. Ayer, cuando se conoció la importante suba en la cifra oficial, más de un funcionario se lamentó.

El grave retroceso porcentual en la cifra más sensible que mide el INDEC debilita al Gobierno, en términos discursivos, en plena recta final antes de la visita de León XIV al país. Es la principal bandera que Milei esgrime ante las críticas por las repercusiones sociales de su política económica, junto con las erogaciones destinadas a los sectores más vulnerables a través del sostenimiento y la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El nuevo dato del INDEC le quita fuerza a ese argumento cuando cobran cada vez mayor relevancia las voces (usualmente críticas con el mileismo) de la jerarquía eclesiástica, a menos de siete semanas de que el Papa pise suelo argentino.

El INDEC confirmó que la pobreza alcanzó a 32,3% de la población —unos 15,5 millones de personas—, 4 puntos por encima del 28,2% del semestre anterior, cortando de manera definitiva la racha descendente que el índice venía mostrando desde el pico de 52,9% del primer semestre de 2024.

La indigencia también empeoró: subió 1,2 puntos porcentuales y afectó a unos 2,2 millones de personas en los aglomerados relevados —cerca de 3,6 millones si se proyecta al total del país—. El deterioro social se completó con otro dato oficial conocido el mismo día: la actividad económica (EMAE) cayó 2,9% en julio frente a junio, en términos desestacionalizados, y 1,4% en la comparación interanual.

La mayor parte de la plana principal del Gobierno evitó referirse puntualmente al número de pobreza, que quedó prácticamente de manera exclusiva en manos del ministro de Economía. A través de su cuenta de X, Luis Caputo reconoció la suba pero eligió relativizarla comparándola con el punto de partida de la gestión: “Ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024”, escribió, remarcando que la pobreza bajó de 52,9% a 32,3% y la indigencia de 18,1% a 7,5% en esa comparación de dos años.

Fue la misma lógica de “ciclo” con la que el ministro había explicado, horas antes, la caída de la actividad de julio, atribuida a “shocks transitorios” y a la menor cantidad de horas trabajadas por el Mundial.

Mientras la respuesta al dato social recaía en Caputo, Milei eligió resaltar, en primera persona, otra noticia del mismo día, la aprobación en el Senado de la su proyecto estrella, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Desde Estados Unidos, el Presidente celebró en redes: “Comienza el fin de la inflación. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Las críticas de la iglesia se arrastran desde el inicio del Gobierno, que arrancó la relación con el pie izquierdo, con las críticas de Milei a Francisco durante la campaña que lo llevó a la Presidencia. Y la cúpula eclesiástica le marca la cancha al oficialismo desde entonces con los ya clásicos, repetidos señalamientos públicos sobre la cuestión social, las formas y la necesidad de diálogo.

Sin ir más lejos, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Rossi, uno de los más críticos con el Gobierno, cuestionó semanas atrás los anuncios oficiales sobre la baja de la pobreza, con ironía. Rossi estuvo sentado junto al entonces cardenal Robert Prevost durante el cónclave que lo consagró como León XIV. Y Córdoba será una de las paradas de la gira papal.

La crítica se sumó al documento difundido por la Comisión Episcopal de Pastoral Social al cierre de la Semana Social 2026, bajo el lema “Puentes hacia el Bien Común”, que reivindicó el acceso al alimento, la vivienda, el trabajo digno, la educación y la salud como exigencias concretas de la dignidad humana. Meses antes, en el último tedeum con el Presidente presente, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, había advertido sobre “el camino de la crueldad hacia los más débiles”.

Hasta ahora, los libertarios respondieron a esos cuestionamientos apelando a la caída sostenida de la pobreza y a la asistencia social sostenida a través de la AUH. Pero el combo de pobreza en alza, indigencia en alza y actividad económica en baja le quita apoyo a ese argumento justo cuando más lo necesitaban: a las puertas de una visita papal que, reconocen en la propia Casa Rosada, tendrá un fuerte componente pastoral pero inevitablemente estará atravesada por la lectura social del país.

Con la visita confirmada para noviembre, cada dato social o económico que se conozca entre ahora y esa fecha se va a leer en la clave que fijó la propia Iglesia: la distancia entre los indicadores que exhibe el Gobierno y lo que, según los obispos, efectivamente llega “al plato” de las familias. La pregunta que queda abierta es si Balcarce 50 ajusta el tono de su discurso social antes de la llegada de León XIV, o si sostiene la apuesta a explicar los números como una excepción dentro de una tendencia que, aseguran, sigue siendo favorable. Por ahora parece que primara lo segundo. De hecho, el combo de datos del INDEC se conoció horas después de que Milei, ante empresarios e inversores en el Economic Club de Nueva York, afirmara que si es reelecto en 2027, “el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”.

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El Gobierno creó programas para combatir la ciberdelincuencia e implementar el régimen juvenil

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El Ministerio de Justicia de la Nación creó dos programas para combatir la ciberdelincuencia y coordinar la política criminal en materia de régimen penal juvenil, a través de las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

A partir de la Resolución N°483/2026, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). Asimismo, indicó que su implementación dependerá de la Subsecretaría de Política Criminal y que el asesor Mariano Tomás Rivas asumirá las funciones de la coordinación bajo modalidad ad honorem.

“Quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa, de conformidad con los objetivos y lineamientos establecidos”, aseguraron en el documento oficial.

Entre los desafíos a abordar, enumeraron la preservación y análisis de prueba digital, la ciberseguridad aplicada a investigaciones, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en las modalidades delictivas.

En este sentido, las autoridades advirtieron que “el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal”.

El programa podrá conformar mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores privados. También deberá adecuar el tratamiento de datos personales a la Ley 25.326 y promover la coordinación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con la Cancillería para los mecanismos de cooperación previstos en el Convenio de Budapest.

Con la creación del PRONACIB, el Ministerio derogó las resoluciones de 2016 que habían establecido y transferido el anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, además de la resolución de 2024 que creó una mesa de trabajo sobre ciberdelito. Ambas habían sido firmadas por Mahiques y publicadas en la edición del 25 de septiembre de 2026 del Boletín Oficial.

Por otro lado, en la Resolución 484/2026, se dispuso la puesta en marcha del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. De esta manera, el área actuará como instrumento marco para organizar sus tareas como autoridad de aplicación de la Ley 27.801, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente.

“El Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil estará a cargo de un coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco”, señalaron.

En línea con esto, comunicaron que la asesora Débora Eliana Di Girolamo fue nombrada coordinadora del programa sin remuneración. Entre sus funciones figuran la coordinación de la aplicación del régimen en la justicia nacional, ordinaria y federal; la capacitación de quienes intervienen en el fuero; la producción de estadísticas y la articulación con provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo.

Uno de los ejes será la administración del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Por esto, las autoridades aprobaron su reglamento y un Manual del Supervisor Juvenil. Así, esos profesionales deberán acompañar el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a adolescentes, bajo protocolos que el programa buscará unificar.

También se incorporaron normas de asistencia integral para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. De este modo, el programa coordinará esa tarea con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, con el objetivo de facilitar orientación, derivaciones, acceso a servicios y, cuando corresponda, patrocinio jurídico gratuito.

Por otro lado, el ministro Mahiques determinó que se deberá brindar apoyo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. Asimismo, prevé mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de medidas, el desempeño institucional y la reincidencia, junto con protocolos de reserva para la sección especial que llevará el Registro Nacional de Reincidencia.

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El kirchnerismo muestra encuestas que dan a CFK competitiva para condicionar a Kicillof en el armado del PJ

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“Queremos que Cristina sea candidata. Ya no hay encuesta, provenga de donde provenga, que no marque la preponderancia de la figura de Cristina. Pese a los ataques recibidos y después de once años de haber sido presidenta. Si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de ella, y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones, iríamos a una fusta democrática, que enfrente a Milei y Cristina para que los argentinos decidan”.

La explicación que Máximo Kirchner brindó ayer en una entrevista con la AM 750 expone dos ideas que transitan dentro kirchnerismo en esta etapa de internas profundas y dañinas: existe un sector del peronismo, especialmente referenciado en Axel Kicillof, que prefiere desprenderse de la figura de la ex presidenta, y hay algunas vertientes del justicialismo que no cerraron filas ni jugaron a fondo para llevar adelante la lucha por la libertad de la ex mandataria.

Además, surge una tercera idea que tiene que ver con las encuestas que llegan a la mesa de CFK, su aprobación en la sociedad y su rol en el tiempo que viene. Su valoración positiva crece en el electorado a nivel nacional. La mantiene lejos del piso y cerca del techo que nunca ha podido atravesar. Pero, sobre todo, la pone dentro de la discusión clave que se desarrollará el año que viene cuando haya que definir las candidaturas. Desde el presidente y los gobernadores, hasta los intendentes y los legisladores.

En el kirchnerismo volvió a sonar el lema que identificó el proceso de unificación del peronismo en el 2019. Sin Cristina no alcanza y con Cristina sola no se puede. Lo que tienen en claro en el sector más duro del mundo K es que la ex presidenta mantiene una influencia determinante de cara al proceso electoral. En la gran mayoría de las encuestas que se hicieron en las últimas semanas, la ex presidenta logra tener una intención de voto cercana al 40% en los escenarios de balotaje y una imagen positiva que ronda entre el 40 y el 45%.

Esos números marcan una tendencia clara respecto a la negociación que viene. Aquel que quiere ser candidato a presidente dentro del peronismo, va a tener que negociar, acordar y contener con la ex mandataria. Y si no, en el caso de que se mantengan las PASO, tendrán que ganarle al candidato que ella respalde. Que, a esta altura de la novela del PJ Bonaerense, no será Kicillof. Sea como sea, pese a estar presa e inhabilitada para ejercer cargos públicos, CFK va a tener influencia en la discusión electoral que se aproxima.

En esos números y en la estructura política que aún conserva, reside parte de su fortaleza para tener peso específico en la organización política y electoral del año que viene. Sin embargo, el poder para digitar la estrategia y los nombres propios que la encarnen ya no es el de antes. Hay limitaciones marcadas. Tal vez la cara de la principal limitación sea Axel Kicillof que, a esta altura, es el candidato mejor posicionado que tiene el peronismo para las elecciones del 2027. El Gobernador se desalineó de la conducción de su mentora y empezó a jugar su propio juego, lo que exasperó al universo cristinista.

Kicillof tiene en su hoja de ruta un plan bastante claro. Quiere acumular adhesiones y estructura política, moldear su perfil nacional y en el primer semestre del 2027, cuando llegue el momento de las definiciones, sentarse a negociar con todo lo que tenga sobre su espalda. Así, creen algunos, y en el caso de que no haya PASO, obligará al kirchnerismo a aceptar su candidatura – porque es el que mejor mide y puede competir – o los expondrá a que rompan el peronismo y acompañen a otro candidato. Hipótesis de este tiempo. Lecturas de una rosca de interpretaciones inagotables.

En el cristinismo mantienen firme la idea de que deben hacer todo lo posible para que Cristina Kirchner sea la candidata. Es, sobre todo, una declaración de principios. La posibilidad de que realmente lo sea son muy bajas. Tampoco es una posibilidad que vaya como candidata en una boleta a afrontar unas eventuales PASO. Esa teoría, que salió de la boca de uno de los abogados de la ex presidenta, no es considerada con seriedad adentro del esquema ultra K.

La potencial candidatura de CFK, repetida por los principales dirigentes del entorno de la ex presidenta, irrita a algunos nombres propios del peronismo, que ven en el cristinismo a un grupo de políticos enfrascados en sus necesidades y en sus visiones estratégicas. Lo único claro a esta altura del calendario es que CFK va a jugar electoralmente el año que viene. El silencio en el que está sumida no tiene que confundir a los que miran sus movimientos políticos. Cuando llegue la hora, va a poner sus cartas sobre la mesa. Como es de esperarse, nadie sabe cuáles son y cuándo las jugará.

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