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Milei y la batalla por el relato: señales cruzadas y la pelea por sostener la convicción del cambio

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Javier Milei cerró una semana en la que casi ningún dato importante vino solo. La inflación de agosto bajó al 1,7% y volvió a darle al Gobierno una señal potente para sostener que el programa económico avanza en la dirección prevista. Casi al mismo tiempo, la industria y la construcción retrocedieron y encendieron luces amarillas sobre la actividad y el empleo. La política ofreció una secuencia parecida: el oficialismo atravesó una sesión compleja en Diputados sin resignar algunos de sus límites fiscales, pero la oposición celebró haberlo obligado a convivir con una agenda que incluye morosidad y discapacidad. Buenas y malas noticias. Señales cruzadas.

Ese contraste puede convertirse en una clave del próximo tramo de Milei. La discusión ya no pasa por demostrar que el cambio era necesario. El desafío es más político: conseguir que las señales favorables alcancen para preservar la convicción de que el cambio avanza mientras espera que el resto de los indicadores empiece a alinearse.

En el seno del oficialismo predomina una mirada optimista sobre el presente y, sobre todo, sobre el futuro. La baja de la inflación es el argumento principal. Milei todavía no ganó esa batalla, pero mostró que puede ganarla. Para su electorado, ese resultado se convirtió en un activo difícil de subestimar: ofrece una prueba de que algunas de las promesas más audaces del programa pueden transformarse en resultados.

La convicción dominante en la Casa Rosada es que, si el rumbo no se altera, la estabilización terminará trasladándose a salarios, inversión, actividad y empleo. No hay una discusión interna relevante sobre preservar el equilibrio fiscal ni sobre la orientación general del programa. Sin embargo, esa lectura no es absolutamente unánime. En algunos sectores empiezan a aparecer, en voz baja, advertencias sobre la velocidad con la que esos resultados deben llegar.

Las diferencias no son sobre el rumbo. Son sobre el reloj.

Los indicadores económicos y el costo político

Los datos de actividad conocidos esta semana alimentaron esas prevenciones. La producción industrial manufacturera cayó en julio un 4,9% interanual y un 5% frente al mes anterior, mientras que la construcción retrocedió un 4,5% contra un año atrás y un 4,6% en la comparación mensual desestacionalizada. Son dos sectores sensibles porque detrás de sus estadísticas hay empleo, proveedores y pequeñas y medianas empresas.

Pero la inflación de agosto fue de 1,7%. Y ese número cuenta otra historia.

La coexistencia de ambos fenómenos explica por qué sería apresurado sacar una conclusión definitiva. Los datos todavía no cuentan una única historia. Por eso, la batalla política se desplaza hacia la capacidad de convertir algunos resultados favorables en tendencia antes de que los negativos formen un relato de desgaste.

Fernando Marull, un economista con fuerte llegada al círculo rojo, aportó otro elemento que conecta economía y política. Según su cálculo, los salarios privados perdieron alrededor de 5% entre agosto de 2025 y marzo de este año, pero recuperaron aproximadamente tres puntos entre abril y agosto, acompañando la desaceleración inflacionaria. Todavía están unos dos puntos por debajo de octubre de 2025.

Marull observó además que el apoyo al Gobierno siguió un recorrido parecido: cayó mientras retrocedían los salarios y frenó su deterioro cuando empezó la recuperación. La conclusión no es que el oficialismo tenga asegurada una recomposición política. Sí muestra que la baja de la inflación puede convertirse en algo más que un éxito macroeconómico si termina trasladándose al poder adquisitivo.

Durante buena parte del gobierno de Milei, la inflación concentró una porción enorme de la conversación económica. Su reducción modifica también las demandas sociales. Si los precios dejan de ser la preocupación dominante, la atención se desplaza hacia el empleo, el salario, los servicios, el consumo y la posibilidad de ahorrar.

La última encuesta de la Universidad de San Andrés muestra ese movimiento con nitidez. La falta de trabajo aparece como el principal problema del país, con 39%, seguida por los bajos salarios, con 36%. La inflación queda bastante más atrás, con 17%.

La misma medición muestra la estrechez con la que se mueve buena parte de las familias. Al 40% de los consultados los ingresos les alcanzan justo para cubrir los gastos mensuales, sin capacidad de ahorro. Otro 37% dice que no le alcanza: 18% utiliza ahorros o recorta gastos y 19% tuvo que endeudarse.

Son datos que el Gobierno observa sin abandonar su tesis principal: la solución no consiste en alterar el programa, sino en darle tiempo. Pero explican por qué algunos funcionarios empiezan a prestar más atención a sectores medios, jóvenes y adultos jóvenes que pueden reconocer el descenso de la inflación y, simultáneamente, sentir que todavía viven con poco margen.

AtlasIntel registró otra señal: la percepción sobre el mercado laboral es ampliamente negativa y el desempleo ya aparece entre las preocupaciones principales. La Universidad de San Andrés, por su parte, muestra una aprobación oficialista de 35% y una insatisfacción general elevada. Pero cuando la pregunta se traslada directamente a 2027 aparece una paradoja políticamente más importante: La Libertad Avanza registra 24% y el peronismo, 23%, con una cantidad muy importante de electores todavía sin definición.

El malestar existe. Lo que todavía no existe es una traducción automática de ese malestar en una alternativa electoral.

Ese es uno de los activos de Milei. La oposición puede complicar al Gobierno, pero todavía no consiguió construir una opción nacional que concentre el descontento. Entre quienes desaprueban la gestión, según la Universidad de San Andrés, 36% elegiría hoy al peronismo; entre quienes aprueban al Gobierno, 65% votaría a La Libertad Avanza.

La política parlamentaria también entregó una escena de interpretaciones contrapuestas.

En Diputados, oficialismo y oposición terminaron votando juntos, por 249 votos contra uno, el envío a comisión de iniciativas vinculadas con morosidad y discapacidad. Para los bloques opositores fue una victoria: sostienen que consiguieron doblegar la resistencia oficial y obligar al Gobierno a discutir dos asuntos con fuerte sensibilidad social.

La lectura en la Casa Rosada es diferente. Allí afirman que el cronograma ya estaba encaminado, que la votación terminó de formalizar un esquema conocido y que, además, consiguieron evitar que el proyecto sobre morosidad fuera enviado a la Comisión de Presupuesto. Ese detalle es importante: impide que la discusión nazca necesariamente asociada a una solución con costo fiscal.

La oposición consiguió instalar una agenda. El Gobierno consiguió procesarla sin abandonar uno de sus límites centrales. El episodio anticipa un problema que probablemente se repetirá: cómo responder a nuevas demandas sin desarmar el equilibrio fiscal que Milei considera una condición indispensable para sostener la estabilización.

El gran escenario de esa discusión será el Presupuesto 2027.

Los gobernadores llegarán a esa negociación pensando en un año electoral. Reclamarán obras, recursos y compromisos que puedan mostrar en sus provincias. La Casa Rosada tendrá que conciliar esas demandas con su disciplina fiscal y contará, además, con una herramienta para administrar políticamente la relación con mandatarios aliados, dialoguistas y opositores.

Los gobernadores saben que el Presupuesto será una de las últimas grandes oportunidades para asegurar recursos antes de entrar plenamente en la carrera de 2027. El Gobierno necesita votos para aprobar la ley de leyes y allí puede ordenar parte de su futura arquitectura política.

La reforma electoral completa ese tablero. La eliminación o una nueva suspensión de las PASO sigue entre los objetivos de la Casa Rosada y existe un límite temporal exigente. La Cámara Nacional Electoral advirtió que las reformas relevantes deben resolverse con suficiente anticipación. En los hechos, la discusión tiene que definirse este año si se pretende que las nuevas reglas rijan en 2027.

El calendario político empieza así a correr más rápido que el calendario económico.

Mientras el Gobierno espera que la estabilización termine de consolidar salarios, inversión y actividad, tiene unos meses para resolver el Presupuesto, las reglas electorales y los acuerdos con gobernadores. El año próximo ya será, inevitablemente, un año presidencial.

Malvinas y la disputa por el rumbo

Hay otro terreno en el que Milei buscó ampliar su agenda: Malvinas.

El Presidente habló extensamente del tema en la última reunión de Gabinete. El Gobierno avanzó con decisiones políticas y judiciales frente a las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas, mientras Pablo Quirno y Carlos Presti viajaron a Tierra del Fuego para avanzar en las obras de la Base Naval Integrada.

La nueva definición de Donald Trump, que dejó abierta la posibilidad de participar de una eventual negociación, agregó un elemento inesperado. Falta saber hasta dónde puede llegar, pero la Casa Rosada considera que existe una oportunidad para mover un escenario diplomático históricamente rígido.

Malvinas permite, además, a Milei ampliar el registro de su Presidencia: Defensa, soberanía, recursos estratégicos y política exterior ofrecen una agenda distinta de la discusión económica cotidiana.

En medio de esas señales cruzadas aparece una convicción que Santiago Caputo sintetizó algunos días atrás. “Reminiscencias de mediados de ‘22. Falta un año para las elecciones. Diagnósticos apresurados y conclusiones atemporales. La paciencia es una virtud. Para variar, no la ven. Todo marcha acorde al plan”, escribió el estratega presidencial.

La frase resume la visión mayoritaria del núcleo de poder. El oficialismo cree que muchos diagnósticos vuelven a cometer el mismo error: convertir cada dificultad coyuntural en una tendencia definitiva. Confía en que el tiempo terminará confirmando la dirección del programa.

Pero esa batalla no se libra solamente con estadísticas.

Según pudo saber Infobae, en las últimas reuniones Milei volvió a expresarse con particular dureza contra el periodismo. En una de esas conversaciones llegó a definir a los periodistas como “el enemigo”. La intensidad no es novedosa, pero adquiere otro significado en esta etapa. Cuanto más contradictorias sean las señales económicas y políticas, más importante será para el Presidente la disputa sobre cómo deben ser interpretadas.

Milei nunca concibió esa discusión como neutral. Cree que una parte del sistema político, económico y mediático intenta erosionar la confianza sobre el rumbo y que esa pérdida de confianza puede convertirse en una profecía autocumplida: menos inversión, menos actividad y más dudas.

La búsqueda de adversarios cumple, además, una función conocida en el mileísmo: ordena a los propios. Cuando el escenario ofrece datos contradictorios, la confrontación ayuda a organizar una explicación y preservar la cohesión de quienes todavía creen en el proyecto.

Eso no significa que el Gobierno pueda resolver con discurso aquello que la economía no resuelva. En el propio oficialismo saben que la variable decisiva seguirá siendo material. El salario tendrá que recuperarse, el empleo deberá mostrar mayor fortaleza y la inversión tendrá que pasar de los anuncios a la economía real.

Milei no necesita que todos los datos sean buenos. Ningún gobierno puede lograrlo. Necesita algo más difícil: que suficientes datos empiecen a contar la misma historia.

Que la baja de la inflación termine acompañada por una recuperación sostenida del salario. Que esa mejora se traduzca en consumo. Que industria y construcción recuperen actividad. Que la estabilidad atraiga inversión y genere empleo. Y que, en política, el Presupuesto, la reforma electoral y los acuerdos con los gobernadores permitan transformar la estabilización en una coalición capaz de llegar competitiva a 2027.

La semana que terminó no ofreció una respuesta definitiva. Ofreció señales cruzadas.

La pelea de Milei será conseguir que esas señales no erosionen la convicción de que el cambio sigue avanzando antes de que los resultados empiecen a converger. En ese tránsito se jugará buena parte de la próxima etapa de su Gobierno.

Porque el Presidente todavía conserva algo decisivo entre quienes lo acompañan: la certeza de que la Argentina está intentando un camino diferente. El desafío ahora es que esa certeza pueda apoyarse cada vez menos en la promesa y cada vez más en una secuencia de resultados.

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Nuevos operativos de documentación

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El Registro Provincial de las Personas realizará esta semana nuevos operativos de documentación en distintos puntos de la ciudad.

Será desde hoy martes 13 al viernes 16 de octubre. El horario de atención de 10 a 15 horas.

 ¿Qué trámites se pueden realizar?

  • DNI (Documento Nacional de Identidad)
  • Solicitud de partidas
  • Certificados de domicilio y extravío
  • Certificado de Pre Identificación (CPI)
  • Empadronamiento de extranjeros
  • Cambio de género
  • Inicio de expediente de inscripción tardía

Fuente: Frente al cano.

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Se oficializó la salida de Bahía Blanca del régimen de Zona Fría

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El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes la modificación del Régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios de distintas regiones del país. La medida quedó formalizada con la publicación de la Ley 27.828 y del Decreto 1161/2026 en el Boletín Oficial.

La reforma, sancionada por el Congreso el 24 de septiembre y promulgada por el Presidente el 9 de octubre, establece nuevas condiciones para acceder al beneficio y una bonificación adicional para los hogares que cumplan determinados requisitos socioeconómicos y geográficos.

La nueva legislación modifica el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga distintos artículos de la Ley 27.637, que había ampliado el alcance territorial del régimen.

El principal cambio es que residir en una zona alcanzada por la ampliación anterior ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento. Los hogares deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir las condiciones establecidas por la nueva normativa.

Además, la bonificación adicional se aplicará sobre los denominados Consumos Base, por lo que no necesariamente alcanzará a la totalidad del gas utilizado por cada hogar.

La reforma mantiene un tratamiento diferenciado para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región conocida como Puna, donde continuarán los beneficios previstos en el régimen.

Quiénes podrán mantener el subsidio de Zona Fría con la nueva ley

La Ley 27.828 establece una bonificación adicional por Zona Fría para determinados usuarios residenciales de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes.

El beneficio estará destinado a hogares ubicados en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, contempladas en la normativa utilizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Para acceder, los usuarios deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados, encontrarse dentro de las áreas geográficas previstas y cumplir alguno de los criterios socioeconómicos establecidos por la ley.

Los requisitos contemplados son:

  • Ingresos familiares: hogares cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el INDEC.
  • Certificado de Vivienda Familiar: hogares con al menos un integrante que posea este documento del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
  • Veteranos de Malvinas: hogares con un integrante que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
  • Personas con discapacidad: hogares con al menos un integrante que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estos casos, la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera esa condición implica una necesidad de asistencia económica para pagar los servicios energéticos.

La ley no establece un límite de ingresos fijo en pesos, sino que lo vincula al valor de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo con las mediciones del INDEC.

La legislación también determina que la bonificación adicional estará limitada a los consumos base reconocidos por el régimen de subsidios.

Por otra parte, la Región Patagónica, Malargüe y la Puna conservarán un régimen específico. Para esas zonas continuarán los beneficios destinados a usuarios residenciales de gas natural y gas propano por redes, así como a determinados usuarios del Servicio General P.

El Poder Ejecutivo, por sí o mediante la autoridad de aplicación, tendrá la facultad de determinar las modalidades de esos beneficios.

Qué cambia en las facturas de gas y hasta cuándo estará vigente el régimen

La modificación introduce un cambio en las condiciones de acceso a los descuentos para los usuarios de las zonas comprendidas en la ampliación anterior.

La bonificación adicional dejará de depender únicamente de la ubicación geográfica y quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos del régimen focalizado.

Esto significa que los hogares que no reúnan las nuevas condiciones podrían dejar de recibir el descuento territorial anterior, aunque su situación frente a otros subsidios energéticos deberá evaluarse por separado.

Además, el nuevo beneficio se aplicará sobre los consumos base establecidos por el régimen, por lo que no necesariamente cubrirá la totalidad del gas utilizado en una casa.

Sin embargo, la Ley 27.828 no establece un porcentaje específico para la nueva bonificación adicional ni determina cuánto aumentarán las facturas de los usuarios que dejen de recibir el descuento anterior.

Tampoco precisa cuántos hogares podrán conservar el beneficio ni cuántos quedarán excluidos.

En cuanto al financiamiento, la normativa establece que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se constituirá con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con las excepciones previstas en la ley.

El Poder Ejecutivo podrá aumentar o disminuir el nivel de ese recargo hasta en un 50%, de acuerdo con las modalidades que considere pertinentes.

La reforma también incorpora disposiciones sobre el mercado eléctrico, las condiciones de contratación de gas, las fuentes renovables de energía y la actividad hidrocarburífera.

El Régimen de Zona Fría tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031, según establece la Ley 27.828, que entró en vigor este martes con su publicación en el Boletín Oficial.

Fuente: TN

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Se profundiza la crisis en PAMI: arrancó el paro de médicos de cabecera y odontólogos

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Comenzó hoy el paro por 96 horas de médicos de cabecera y odontólogos de PAMI en todo el país. La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), que denuncia un fuerte deterioro de los honorarios y dificultades para afrontar los costos de funcionamiento de los consultorios.

“Los médicos de cabecera, la única forma que tienen de expresar su descontento, es parando su actividad, como cualquier otro asalariado. Y la gente es la que se perjudica, pero no tienen otra arma para hacer escuchar su reclamo”, expresó esta mañana en diálogo con Radio Altos el Dr. Esteban Costazos, quien aclaró que los médicos auditores no se suman a la huelga.

Indicó que el médico de cabecera cobra por cápita por paciente $2.100 mensuales, mientras que en el caso del odontólogo esa suma se ubica cerca de los $400.

“Eso es lo que para PAMI vale la cápita de un afiliado. O sea, un médico que tiene 500 pacientes anotados cobra un millón de pesos por mes. Es una locura. Y de los odontólogos ni hablemos”, aseveró sobre los bajos salarios.

En el caso de los auditores, aclaró que están analizando posibles medidas de fuerza y remarcó que desde que expuso la grave situación que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en todo el país, no hubo ningún cambio.

Si bien afirmó que el diálogo con las autoridades locales del PAMI es muy bueno, no tienen poder de decisión. “Soluciones no hubo ninguna porque tienen que venir de Capital”, remarcó.

Costazos advirtió que la situación actual de PAMI es “muy mala” y que la preocupación va en aumento porque “no hay vistas de que vaya a mejorar”.

Frente a las dificultades que encuentran las y los jubilados para obtener turno, una receta u orden médica y acceder a las prestaciones, describió que es muy frustrante para el médico, en su caso en el rol de auditor, no poder dar respuestas.

“Es muy frustrante no poder ayudar de la manera que uno sabe que se puede porque el instituto ya ha tenido la capacidad de tratar mejor a sus beneficiarios. Vuelvo a mi casa muy cansado, no por un cansancio físico sino mental. Es mucha la presión y mucha la frustración. Sería mejor que las condiciones laborales fueran mucho más agradables”, enfatizó.

Fuente: Frente al cano.

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