Tras años de virulentas disputas y enemistad eterna casi jurada para alimentar la “grieta”, algunos senadores cristinistas y macristas se acercan y ahora empujan, juntos, una jornada nacional obligatoria sobre bullying en establecimientos educativos públicos y privados. Al menos eso es lo que impulsan el kirchnerista Eduardo De Pedro (Buenos Aires) y Victoria Huala (Pro-La Pampa).

Lo que hicieron los legisladores fue replicar un dictamen de mayoría que se firmó el año pasado y, con el recambio en las Cámaras alta y baja de diciembre último, perdió estado parlamentario. Para llegar a ese despacho, se habían juntado textos de ambos y se arribó a un consenso que no sólo involucró a ellos, sino también a radicales, a silvestres provinciales e, incluso, a la libertaria Vilma Bedia (Jujuy), pastora evangélica y una férrea defensora de la carne de burro como fuente proteica.

En concreto, en la norma propuesta se plantea “que, en todos los establecimientos educativos del país de gestión pública y privada, en los niveles obligatorios, se realice al menos una (1) vez por ciclo lectivo la jornada ‘Argentina contra el Bullying: Por una escuela libre de acoso y discriminación’, que tiene por objeto que los y las estudiantes, docentes, personal no docente, y la comunidad educativa en su conjunto, desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a abordar la conflictividad social, el acoso escolar, la discriminación y la violencia entre pares en las instituciones educativas”.

Al revisar los fundamentos, el cristinista y la macrista no dudaron en afirmar que “en tiempos en los que la agresión aparece en los discursos oficiales, cuando el desprecio y el insulto al otro parecen moneda corriente, es necesario trabajar por una sociedad más empática, que acepte a cada uno y a cada una como es y que sea capaz de aislar y neutralizar los discursos de odio, y la escuela es el espacio privilegiado para comenzar ese proceso”. ¿Qué pensará Bedia?

Huala y de Pedro aseveran que la orden del día obtenida en 2025 “fue suscripta por trece senadoras y senadores de distintas provincias y espacios políticos, lo que habla de la amplitud del consenso alcanzado”. Y agregan: “Es antes que nada, un acto de respeto hacia el trabajo legislativo realizado y una invitación a retomar ese camino de acuerdo sin dilaciones innecesarias”.

El último punto es curioso, ya que se sugiere -con posibilidad de definición en cada provincia- que la jornada se realice el 2 de mayo de cada año. El proyecto fue presentado el pasado 28 de abril. Las sesiones ordinarias comenzaron el 1 de marzo, lo que demuestra la rapidez de ambos legisladores para evitar nuevos frenos a un tema delicado.

Uñac y la contaminación lumínica

El senador -kirchnerista o peronista, según la época- y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se asomó a la grilla de eventuales precandidatos nacionales para 2027 y presentó, días atrás, una iniciativa que “establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, en los términos de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a efectos de proteger la calidad del cielo nocturno, y de prevenir y mitigar los efectos negativos de la contaminación lumínica”. Todo un mensaje de poder en la siempre feroz interna justicialista.

Uñac manifestó que “el cielo nocturno oscuro es un bien común, parte del patrimonio natural y cultural de la Nación, cuyo cuidado y preservación incide en la investigación científica, el ambiente, la biodiversidad, la salud y las actividades educativas, turísticas y recreativas”.

Pocas reuniones

La agenda de la Cámara alta solo contempla, hasta la mañana de hoy, las audiencias públicas que se consumarán entre miércoles y jueves para continuar con la tanda de pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada. Se analizan en la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja). Nada aparece aún sobre propiedad privada, salud mental y reforma electoral, entre otras cuestiones. Tampoco, la activación de bicamerales que se suspendieron la semana pasada.

Luego de varios intentos por dejar atrás la polémica abierta por los viajes y las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que dio lugar a una investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, el Gobierno nacional trabaja para relanzar la gestión, que en la práctica implica reimpulsar la actividad y recuperar finalmente la agenda mediática marcada por los movimientos en la causa.

“Es hora de retomar la normalidad”, sintetizó ante Infobae un importante funcionario del Gabinete, que considera que la mediatización del tema que involucra al ex vocero presidencial se agotó.

Para eso, luego de haber ensayado ante la oposición que no dudó en solicitar explicaciones detalladas sobre su situación patrimonial y las salidas al exterior en la Cámara de Diputados, el ministro coordinador -que estuvo en el centro de la escena- volverá a las conferencias de prensa en un nuevo intento por volver a la dinámica que antecedió a las semanas más complejas del Poder Ejecutivo.

En los últimos días, al conflicto que involucra a Adorni, se sumó la abrupta salida de Carlos María Frugoni, ex funcionario de Economía que fue eyectado cuando admitió que evitó declarar siete propiedades en Miami, y los llamativos gastos registrados en la cuenta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Con la idea de dar vuelta la página de una vez por todas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habilitó el retorno de la prensa acreditada a la Casa Rosada, impedida de ingresar desde el jueves 23 de abril por orden directa del presidente Javier Milei en un accionar inédito desde su creación en 1944.

Si bien, al cierre del domingo, la fecha para el nuevo cruce -prevista para principios de semana- entre periodistas y el ex vocero no estaba cerrada, desde el entorno del funcionario anticipaban que la idea era concretarlo este lunes. El objetivo expuesto, además de retomar la comunicación de gestión, era “darle la bienvenida” a los acreditados que tras su vuelta se verán limitados en sus movimientos. Según fuentes de Casa Rosada, el regreso parece estar condicionado al cumplimiento de nuevas restricciones en la dinámica diaria.

“Hasta ahora vivimos una especie de transición en la que Manuel (Adorni) fue el blanco de todo tipo de ataques. Eso se terminó”, definió un integrante de la mesa política que celebró el regreso de la comunicación de gestión.

En la previa, Adorni rompió el silencio en lo que configuró su reaparición en medios de comunicación luego de dos meses de blindaje y reafirmó que no renunciará al cargo. Ante la posibilidad de nuevas preguntas en torno a su situación judicial, en su equipo aseguran que se ajustará a la línea que planteó en el Congreso el pasado miércoles ante la atenta mirada de los Milei y del Gabinete. Además, adelantan que a diferencia de la última conferencia fallida del 25 de marzo, no se espera la asistencia de ministros ni legisladores en apoyo.

La semana estará marcada además por un nuevo viaje exprés del presidente Javier Milei que partirá el martes a Estados Unidos, en compañía del canciller, Pablo Quirno, en lo que configura su visita número cuatro en lo que va del 2026. El libertario aceptó una invitación del Instituto Milken para disertar el próximo miércoles en la 29ª Conferencia Global, que reunirá personalidades de todo el mundo. Sin más actividades en la agenda, se espera su regreso al país para el jueves al mediodía.

En plena coordinación de un nuevo encuentro de la mesa política, el Poder Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa para motorizar el Congreso con intención de cumplir con la apuesta del mandatario, quien el 1° de marzo vaticinó “nueve meses ininterrumpidos de reformas”. Hasta ahora, desde la apertura de sesiones ordinarias a la fecha, el oficialismo solo conquistó la media sanción restante para habilitar los cambios en la Ley de Glaciares.

Luego de que la Justicia fallara a favor de la reforma laboral, el Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales durante cuatro años para empleadores que contraten trabajadores sin empleo registrado.

La implementación del capítulo se hizo efectiva mediante la publicación del decreto 315/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Andrés Caputo.

De acuerdo con lo dispuesto, los empleadores comprendidos en este régimen gozarán de ciertos beneficios por cada nueva incorporación de trabajadores. Para ello, los empleados deberán cumplir con una serie de requisitos.

El régimen apunta a cuatro perfiles de trabajadores. El primero es el de quienes no contaban con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025. El segundo, quienes estuvieron desempleados durante los seis meses previos al alta laboral. Los otros dos perfiles son los ex inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes —monotributistas— que no hayan ejercido actividades en relación de dependencia en el sector privado en los últimos seis meses, y aquellos cuyo último empleo bajo dependencia fue en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El decreto aclara que la obtención de ingresos adicionales por parte del trabajador —ya sea bajo el régimen general o como monotributista— luego de iniciada la relación laboral no afecta los beneficios que le correspondan al empleador.

Para quedar comprendidos en el RIFL, los empleadores deben haber adquirido el carácter de inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del 10 de diciembre de 2025. Las relaciones laborales que habilitan el beneficio son aquellas que se inicien y registren ante ARCA entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, ambas fechas inclusive. La norma fija además un tope: las incorporaciones bajo este régimen no pueden superar el 80 % de la nómina total de trabajadores del empleador.

El beneficio consiste en una reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses contados desde el mes de alta de cada nueva relación laboral. Las alícuotas diferenciales son dos: 2 % y 3 %, según el subsistema de destino. Las calculadas sobre el 2 % se distribuyen entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, en la misma proporción que hubiera correspondido sin el RIFL. Las calculadas sobre el 3 % tienen destino exclusivo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), regido por la Ley N° 19.032. ARCA fijará el procedimiento de liquidación e ingreso de ambos componentes.

En caso de que el empleador no cumpla con los requisitos correspondientes, deberá recomponer las contribuciones no abonadas más los intereses y sanciones que correspondan. ARCA tiene a su cargo instrumentar los controles sistémicos para hacer operativas las exclusiones automáticas.

La norma también establece que la contribución mensual al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) sigue siendo obligatoria para las relaciones laborales incluidas en el RIFL, y que la reducción prevista en el artículo 76 de la ley no se aplica mientras el régimen esté vigente para esa relación. Los empleadores deben ejercer la opción de adhesión mediante los mecanismos que determine ARCA; la falta de ese ejercicio impide el goce retroactivo del beneficio por los períodos en que no se hubiera aplicado.

Para la articulación con planes y programas sociales, ARCA deberá coordinar con el Ministerio de Capital Humano los mecanismos de intercambio de información necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones correspondientes. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y ARCA quedan facultadas para dictar las normas aclaratorias y complementarias que requiera la aplicación del régimen.

Esta reglamentación llega luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocara al cautelar que frenaba la reforma laboral y reestableciera la validez de 83 artículos. Tras esto, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en los juzgados del trabajo.

De esta manera, el Gobierno consideró que la legislación está plenamente vigente, por lo que avanzó rapidamente con su implementación.