“Nada es más perturbador que los movimientos incesantes de lo que parece inmóvil”, escribió cuatro décadas atrás el filósofo francés Gilles Deleuze en su obra El Pliegue. Después de lo que fueron las elecciones legislativas del año pasado, la cúpula del Gobierno quedó exhausta de las operaciones y contraoperaciones sufridas producto de las disputas de poder. Con mayor o menor informalidad, entre diferentes sectores se arribó al consenso de que se había configurado un nuevo equilibrio con la salida y entrada de nuevos funcionarios: ya no ameritaba seguir disputando espacios, o al menos no por el momento. Una tregua temporal que ahora comenzó a tener movimientos subterráneos.

Había asuntos más urgentes por resolver. En particular, aquellos que hacen al núcleo y a la base de sustentación del Gobierno: los económicos. Al Fondo Monetario Internacional (FMI) se le había garantizado un Presupuesto aprobado por el Congreso para el 2026; a los mercados, la salida de las reformas de segunda generación como la laboral y la tributaria. La dinámica de funcionamiento de la mesa política se reordenó y logró un esquema más fluido: la Ley de Leyes pudo sancionarse antes de ese fin de año y al menos tres importantes funcionarios de la Casa Rosada ratificaron ante Infobae que no hay forma de que no salga la Modernización Laboral.

Mientras se tejen las estrategias políticas para poder conseguir los votos para este último proyecto, en estos primeros días del año ya comenzaron a verse estos incipientes movimientos que coquetean con el quiebre de esta “tregua temporal”. No se revelan porque nadie quiere sacar los pies del plato y quedar expuesto.

“Diría que prestes mucha atención a lo que pueda llegar a pasar a partir de marzo”, dijo una fuente inobjetable a Infobae. Es una fecha que meses atrás también habían arrojado una voz del karinismo. Esto respondería a que para entonces ya habrá terminado el período de sesiones extraordinarias, en donde se supone que se tratan asuntos de especial importancia para el presidente Javier Milei.

¿Qué pasará a partir de ese mes? Una fuente que mira las internas desde afuera sugiere que podrían volver las disputas por cargos. “Puede ser una carnicería”, marca. Otros funcionarios que consultó este medio relativizan la cuestión y señalan que podrían ser provocaciones para que otros sectores respondan.

Lo cierto es que tampoco hay demasiados sitios vacantes. Milei está en uno de los momentos de mayor confianza en la marcha de la gestión. En el ámbito ministerial, todos los que están son inamovibles.

El Ministerio de Justicia es donde siempre se puso en duda la continuidad de su titular, Mariano Cúneo Libarona. “Javier le pide que siga expresamente”, indicó una fuente que conoce muy bien lo que sucede adentro. Otras marcan lo opuesto. En octubre pasado, el ministro le confesó a Infobae que estaba planeando irse definitivamente de la gestión luego de las elecciones. Un llamado de los hermanos Milei lo convenció de quedarse al menos por un tiempo más. Luego verían.

Quien comanda las gestiones políticas del ministerio no es Cúneo, sino el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde directamente al asesor presidencial Santiago Caputo. La estructura de su área tiene injerencia en todos los aspectos relevantes del ministerio. Incluso en el último tiempo comenzaron a tener una injerencia casi total en la Secretaría de Derechos Humanos, que antes comandaba Alberto Baños, alguien ligado al actual ministro.

Habrá novedades al respecto en el corto plazo. El Gobierno tiene previsto avanzar con el envío de 153 vacantes de jueces federales para el inicio de las sesiones ordinarias de marzo. También tienen planeado que se envíen los pliegos de 37 fiscales y 45 defensores públicos. Los negociadores políticos de La Libertad Avanza dicen que hablarán con “senadores serios que quieran realmente colaborar en cubrir las vacancias”. A priori, pareciera que la puerta estaría cerrada para unas tratativas mano a mano con el kirchnerismo.

La cobertura de las vacancias es la principal demanda que baja desde el Poder Judicial. Incluso desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Gobierno no tiene previsto avanzar con esas negociaciones el mes próximo, pero sí que estas sean los próximos lugares que se discutirán al terminar las votaciones por los jueces federales. “Todo está sujeto a cambios y es cuestión de que el Presidente decida cuándo, cómo y quiénes”, avisa una alta fuente del Gobierno.

Va a quedar para más adelante la disputa por quién será el candidato de la Casa Rosada para ingresar a la Procuración General de la Nación, cargo que hoy en día tiene interinamente Eduardo Casal. Pese a que consideran deseable que no exista un interinato, creen que esa área funciona con relativa normalidad y que hay asuntos más urgentes. Además, dado que el Sistema Acusatorio empodera a los fiscales por sobre los jueces, el poder político de este cargo sumó muchísima más trascendencia en el último año. Aún hay una gran deuda pendiente: que el Código Procesal Penal Federal logre prosperar en Comodoro Py.

Una parte del karinismo mira el Ministerio de Justicia con especial interés. Consideran que podrían haber movilizado con mayor rapidez las candidaturas de los jueces y que, a sus ojos, “no cumplieron con las expectativas”. Aunque hay quienes candidatean al apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, marcan que lo que debe suceder es que crezcan la cantidad de interlocutores con la Justicia. El sector de Santiago Caputo no contestó a las consultas de Infobae.

El interés del sector ligado a Karina Milei sobre el ámbito judicial pudo verse con la designación del diputado nacional de La Libertad Avanza por Córdoba, Gonzalo Roca, en el Consejo de la Magistratura. En diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convalidó los nombramientos de los tres integrantes por la Cámara Baja a la Auditoría General de la Nación (AGN). Faltan los tres que son votados en el Senado. En teoría, están planeando comenzar negociaciones a partir del próximo mes. El puesto que corresponde a LLA le debería corresponder a alguien de Patricia Bullrich por ser del Senado, explicó una fuente calificada.

En el plano de la gestión, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, va a retomar las reuniones mano a mano con cada uno de los ministros. “Quiere resetear el seguimiento de la agenda ministerial después del receso de las vacaciones”, indicaron desde su entorno.

El viernes trascendió que Karina Milei le solicitó quedarse en Buenos Aires y no viajar porque necesitaba una persona “de confianza” en la gestión. En una primera lectura, se atribuyó esto a la desconfianza que genera en el Ejecutivo que la vicepresidenta Victoria Villarruel se convierta en jefa de Estado producto del viaje del Presidente a Davos. Otros le dieron una segunda lectura e interpretaron que el funcionario estaba tratando de demostrar poder. “Acá tiene el poder el que tiene el aval de Karina”, indica una fuente presidencial.

En las oficinas de Las Fuerzas del Cielo guardan un prudente silencio en los últimos días y buscan atenerse a la gestión. El Salón Martín Fierro de la Casa Rosada recibió en los últimos días a diferentes ministros, al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y hasta al presidente de YPF, Horacio Marín. En rigor, el equipo del asesor también mantiene un seguimiento de gestión mucho más fuerte de lo que suelen dejar trascender.

Caputo está particularmente involucrado en todo lo referido a la situación exterior. Está compenetrado con el caso Venezuela y trabaja con el Presidente al respecto de las alianzas regionales que puede llegar a tener con su bloque derechista. El discurso de 25 páginas que Milei estaría moldeando para Davos podría dar algunas pistas sobre qué se imagina en términos de alianzas geopolíticas bajo esta reconfiguración global. “Queremos educar al soberano”, dicen en el caputismo.

En la estructura interna del gobierno argentino, Luis “Toto” Caputo ha logrado consolidar una red de funcionarios estratégicos, situando a personas de su confianza en posiciones clave vinculadas con la política económica y energética. Este armado silencioso tiene como horizonte eliminar en 2026 gran parte de los subsidios, en línea con los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional, y busca evitar obstáculos internos que puedan demorar la toma de decisiones.

Uno de los movimientos más recientes fue la incorporación de Diego Luis Adúriz, primo segundo del ministro, como director de Yacyretá. A este nombramiento le siguieron el de Carlos Frugoni al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y el de José Luis Pérsico como director del Banco de la Nación Argentina. Este banco, cuya máxima autoridad, Darío Wasserman, responde políticamente a Karina Milei, hermana del presidente, forma parte del delicado entramado de poder que el ministro de Economía debe administrar.

El armado de esta red de influencia no siempre fue sencillo para Caputo. En su paso anterior por la gestión durante el gobierno de Cambiemos, las decisiones económicas estaban diluidas en diferentes áreas de poder, lo que complicó su tarea. Ahora, evitó la exposición mediática y las internas públicas, y avanzó en imponer figuras cercanas tanto en la política financiera como en la energética, logrando un margen de maniobra que antes no tenía.

En el Banco Central colocó a su socio y amigo Santiago Bausili, asegurando la conducción conjunta de la política monetaria. El caso de Pablo Quirno, hoy canciller y de extrema confianza de Caputo, es particular: algunas versiones atribuyen su llegada al cargo a su buena relación con Karina Milei, otras al impulso directo del ministro de Economía para situar a un hombre leal en un puesto estratégico para la negociación de acuerdos comerciales y aperturas de mercado.

El caso de Pérsico en el Nación redunda en importancia en la política que quiere implementar respecto del uso de los “dólares del colchón”. Así, mientras la banca privada señala las dudas que tiene respecto de la ley, desde el Palacio de Hacienda empujaron al banco más grande y con mayor capilaridad del país a llevarla adelante.

Otro punto fundamental en medio de las negociaciones por las leyes con los gobernadores es la designación de Frugoni. Los jefes de los estados provinciales piden obras a cambio de votos, y el hombre que tiene su terminal política en Caputo es el indicado para habilitar o no la obra pública nacional.

Tanto es así que los gobernadores le están pidiendo al ministro del Interior, Diego Santilli, que “Toto” participe de las reuniones. “Es él o personas que le responden a él quien habilita o no abrir la billetera”, dijo un gobernador.

El sector energético, que será central para el futuro cumplimiento de metas fiscales, también quedó bajo la influencia del entorno de Caputo. Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, maneja el análisis de proyectos que buscan acceder al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), y responde políticamente al ministro de Economía. En la Secretaría de Minería, Luis Lucero también fue elegido por Caputo y es otra de sus cartas en la toma de decisiones sobre los flujos de inversión que demandará el sector.

No todas las áreas energéticas, no obstante, están alineadas directamente con el Ministerio de Economía. Cristian Zoca, líder en Enarsa, responde íntegramente al asesor presidencial Santiago Caputo y, según fuentes del sector, mantiene cierta independencia respecto a las directrices económicas del ministro. En contraste, el subsecretario de energía eléctrica, Damián Sanfiullipo, también responde a Santiago Caputo, pero se encuentra “alineado” con la estrategia de Toto Caputo.

En el segmento de empresas energéticas, el gerente general de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA), Eduardo Hollidge, se identifica plenamente con el Palacio de Hacienda, reforzando el anclaje de poder del ministro de Economía en áreas críticas.

Este sistema de funcionarios leales agrupados en áreas clave permite a Luis Caputo mantener un control centralizado de las políticas económicas, sobre todo en un contexto donde la administración tiene previsto avanzar hacia el retiro progresivo de subsidios. De cumplirse el plan, 2026 marcará un hito con la virtual eliminación de los aportes estatales al sector energético, movimiento acordado previamente con el Fondo Monetario Internacional.

La sesión para darle media sanción al proyecto de modernización laboral en el Senado ya tiene fecha. Los libertarios confían en que el 11 de febrero podrán dar una señal política contundente que ayude a bajar el riesgo país para luego completar el trámite parlamentario en Diputados una semana después. Si bien el Poder Ejecutivo no aún convocó formalmente al segundo tramo de sesiones extraordinarias, las espadas legislativas libertarias reconocen que todos los esfuerzos se concentrarán en aprobar la modernización laboral: las -más de una vez- anunciadas reformas penal y tributarias quedarán para más adelante.

Cuando Milei firmó el llamado a sesiones extraordinarias durante diciembre, incluyó en el temario seis proyectos: el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria (prohibir el déficit), la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal.

Antes de que terminara el 2025 La Libertad Avanza logró sancionar los dos primeros y también pudo dictaminar la reforma laboral en el Senado y la regla fiscal en Diputados. Sin embargo, durante el receso sólo hubo contactos con la oposición y con los gobernadores en relación a los cambios en la legislación del trabajo. Y tangencialmente se dejó trascender que la ley de glaciares podría ser moneda de cambio para sumar votos entre las provincias mineras.

La reforma penal fue anunciada en varias oportunidades durante el año pasado. En conferencia de prensa la por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich detalló que se endurecerían las penas para los delitos de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También incluiría la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado. Bullrich sostuvo que la reforma apuntaría a “dejar atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Significaría el fin de la “puerta giratoria”.

Sin embargo, el texto nunca llegó al Congreso y difícilmente comience a debatirse durante febrero ya que los proyectos para endurecer penas suelen traer aparejados intensos debates. En el Gobierno, al parecer, parecen entender que la reforma laboral por sí sóla generará suficiente ruido político para sumar nuevas batallas.

En cambio, la reforma tributaria, también anunciada en más de una oportunidad por el Gobierno, se vio afectada por el trámite del Presupuesto 2026. El Gobierno esperaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, para tener mayor margen fiscal. Pero la caída del capítulo XI no estaba en sus planes y dejó en evidencia cierta mala praxis a la hora de contar los votos.

Si bien no está en carpeta una reforma integral del régimen tributario. El proyecto de modernización laboral incluye un capítulo con varios cambios sustanciales. De hecho, sobre ese punto se concentraron las críticas de los gobernadores, que reclaman algún tipo de compensación por la merma en los fondos coparticipables que se reparten entre las provincias.

Entre las propuestas se destacan la reducción de impuestos internos a algunos sectores, una baja de Ganancias para las sociedades, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a promover inversiones productivas de empresas que califiquen como micro, pequeñas o medianas, y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se conformará con el 3% de las contribuciones patronales, que dejarán de ir al sistema previsional para constituir un fondo individual por empresa destinado a futuras indemnizaciones.

Este viernes se reunió en la Casa Rosada la mesa política del Gobierno de la que participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Allí comenzó a delinearse la estrategia parlamentaria pero no hubo consenso respecto a qué tipo y cuántas concesiones deberían otorgarse a las provincias para garantizar su apoyo a la reforma laboral.

Por su parte, la oposición se enfoca en juntar votos para derogar el DNU que reformó la SIDE. El decreto fue enviado este jueves a la comisión bicameral de trámite parlamentario pero como no está constituida, difícilmente pueda comenzar a analizarlo. Pasados diez días hábiles, el 29 de enero, cualquiera de las Cámaras podrá llevarlo al recinto para votar sobre su validez.

En Diputados la oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda y algunos “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.

En tanto, en las filas libertarias confían en que no tendrán problemas en blindar el decreto en el Senado, con eso bastará para que siga vigente.