Axel Kicillof tiene el pie sobre el acelerador de su proyecto político. Esta vez no habrá un Clio negro, como el que aún tiene Carlos Bianco, para unir las rutas argentinas del mapa electoral. El desafío es más grande que en el 2018, cuando la mesa chica del kicillofismo empezó a girar, dándole un tono épico y colorido a las recorridas, por toda la provincia de Buenos Aires con la candidatura a gobernador como bandera. Esta vez el proyecto es nacional y necesitará de una logística más grande y compleja.

A través de un puñado de dirigentes de su círculo más cercano, el gobernador bonaerense empezó a construir en los últimos tres meses pequeñas centrales del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en algunas provincias del país, con el fin de darle volumen a su armado político y expandir la iniciativa electoral que lo tiene como actor principal.

En esa estructura laboral que articula, desde la provincia de Buenos Aires hacia el interior del país, están los ministros bonaerenses Carlos Bianco, Gabriel Katopodis, Cristina Álvarez Rodríguez y Andrés “Cuervo” Larroque; los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fernando Espinoza (La Matanza); y el ex jefe comunal de Florencio Varela e histórico dirigente del peronismo provincial, Julio Pereyra.

Aún no hay fecha definida para que Kicillof desembarque en persona en alguna provincia. Lo que sería el primer gran paso para darle forma a su construcción nacional. Ese movimiento es el que esperan algunos dirigentes del interior del país, que no ven a ningún otro nombre tan decidido como el economista a edificar un proyecto nacional.

En el kicillofismo creen que hay muchos nombres propios del interior que están en un lugar de demasiada comodidad y que no empujan desde sus provincias la reactivación de un debate nacional del peronismo. “Están a la espera de que Axel se mueva. Ellos también se tienen que mover. Y después veremos cómo se acoplan ellos o como nos acoplamos nosotros”, indicaron cerca del gobernador bonaerense.

En ese sentido, en La Plata creen que el freno que muchos dirigentes se autoimponen, advirtiendo que no se puede hacer ningún movimiento político hasta tanto no se resuelva la interna bonaerense, es “una excusa berreta”. Una traba que generan para “no activar” un plan de acción de cara a la construcción de un proyecto político opositor que enfrente a Javier Milei el año que viene.

Uno de los grandes desafíos que tiene Kicillof por delante es desembarcar en las cuatro provincias del centro del país, que son muy importantes en términos electorales, ya que concentran el 24% del padrón electoral. Sumado a la provincia de Buenos Aires, que tiene el 37%, en total aglutinan más de la mitad de los electores del país. Se trata de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Cuatro lugares donde el kirchnerismo tiene una fuerte resistencia.

“Es real que el electorado de esas provincias es refractario al kirchnerismo, pero en especial a CFK y La Cámpora. El desafío es quebrar esa lógica y plantear algo nuevo. Sin renegar de dónde venís, pero que proponga un diálogo nuevo con los cordobeses, los mendocinos, los entrerrianos y los santafesinos”, precisaron en el entorno más chico de Kicillof.

En La Plata apuestan a que Kicillof “puede hablarle a los ciudadanos de cada provincia sobre lo que les interesa”, y de esa forma “romper barreras y mitos”, respecto al posicionamiento del peronismo bonaerense sobre las matrices productivas del interior. “No tenemos que quedar presos de ninguna definición, más allá de las ideas de las que estamos convencidos”, le planteó a Infobae un funcionario de estrecha relación con el Gobernador.

Tal vez el primer paso para romper esos muros que dividen posturas ideológicas sea mantener el diálogo abierto con algunos gobernadores en base a la gestión. En los últimos meses Kicillof ha mantenido comunicaciones con el cordobés Martín Llaryora por la reforma laboral, con el santafesino Maximiliano Pullaro por el conflicto policial en su provincia y con el chubutense Ignacio Torres por los incendios forestales del sur.

Esos diálogos son fluidos y en buenos términos, pero son todos vinculados a la gestión. No hay, por ahora, rosca política que cruce los encuentros telefónicos. Pero es posible que, con el correr del año, las propuestas para converger en un armado opositor comiencen a aparecer con mayor definición.

Kicillof también tiene conversaciones abiertas con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), dos peronistas que han funcionado como aliados estratégicos de Milei en los dos primeros años de su mandato. Son dos mandatarios que el año pasado, cuando se acercó el momento de los comicios, se desmarcaron del Presidente y la buena relación que los une, para reafirmar la identidad peronista local que los ha distinguido a lo largo de los años. El proyecto peronista necesita de todos, aseguran en el kicillofismo.

Existe una idea que sobrevuela al peronismo bonaerense y a algunas terminales de Provincias Unidas, y tiene que ver con la posibilidad de construir, en un unidad, una coalición amplia y consistente que pueda ser una alternativa a la expresión libertaria de Javier Milei. Que de acá a mitad del año que viene haya una articulación de voluntades y tribus que tengan como objetivo principal combinar posturas sobre políticas públicas y armar un esquema político amplio y nacional.

En el peor de los casos, en el kicillofismo apuestan a que esos sectores provinciales no jueguen en contra de proyecto a nivel país que tenga como eje al peronismo. Imaginan una suerte de acuerdo táctico que contribuya, indirectamente, a la propuesta que hoy encarna Kicillof.

“Si en esas provincias no podemos ganar, tenemos que tratar de perder por menos que antes”, reflexionó un funcionario del gabinete bonaerense respecto al centro del país. Es una estrategia que al peronismo le sirvió en el 2019, cuando el Frente de Todos, liderado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, abrió las puertas de la Casa Rosada.

En La Plata están convencidos que el armado en el centro del país llevará más tiempo que en otros lugares, pero que Kicillof tiene una buena base para crecer. “Tenemos mucho espacio para construir la identidad del nuevo proyecto político que queremos encarnar”, precisaron cerca del gobernador bonaerense. Es un desafío complejo y el tiempo corre cada vez más rápido, pero el mandatario provincial se tiene confianza.

En paralelo, el mandatario provincial debe resolver algunas tensiones con La Cámpora que aún están vigentes. Después de acordar la renovación de autoridades del PJ Bonaerense, el próximo escollo en el camino es llegar a un acuerdo por tres lugares del Senado bonaerense: la vicepresidencia primera, la secretaría administrativa del cuerpo y la presidencia del bloque peronista.

El lugar que en La Plata no están dispuestos a ceder es la vicepresidencia primera, espacio que quieren que ocupe la bahiense Ayelén Durand. En los hechos, es la sucesión directa de Verónica Magario que, al mismo tiempo, es quien debe suceder a Kicillof en caso de licencia. En el kicillofismo quieren toda la línea sucesoria ordenada y alineada a la conducción del Gobernador. Esa es una discusión latente con el sector de CFK.

La relación entre Kicillof y el cristinismo siguen igual de mal que siempre. Hay una tensión permanente en el vínculo político. Con Cristina y Máximo Kirchner no se habla. Con el paso de los meses, cada uno de esos actores tendrán que decidir en qué lugar jugar dentro de la partida electoral. A partir de ese momento empezará a quedar más claro si existe la posibilidad de un proyecto en unidad o si en el futuro los espera un divorcio traumático.

Un artículo agregado por Patricia Bullrich que probó el famoso “si pasa, pasa”; un vídeo donde la misma senadora sobreactuó personalismo tras la aprobación y una respuesta con tono canchero por parte del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Todo eso tuvo el inesperado error del Gobierno con el artículo 44 de la reforma laboral.

A partir de hoy a las 14, las comisiones de la Cámara de Diputados lo tendrán que subsanar. El dictamen está asegurado. El Gobierno decidió sacar el artículo. No redactarlo de nuevo ni buscar una alternativa. “No sale”, le dijeron sus aliados. “Ellos quieren dejar el pago reducido por algunas enfermedades. Eso sigue trabando algunas cuestiones”, había dicho una diputada de bloque dialoguista a este medio entrada la tarde. Luego se confirmó la novedad. “Es increíble que estemos discutiendo esto en lugar de una gran reforma”, se quejó ante Infobae un funcionario de Casa Rosada.

El mayor error, que aún hoy Karina Milei le reprocha a Bullrich, es que el paso en falso generó críticas envalentonadas y una oposición que estaba dormida, con ganas de despertarse. Hasta el PRO aprovechó para jugar a ser opositor a cambio de una modificación. Lo cierto es que cambios el mismo día de la sesión hubo por todos lados. Uno fue, por ejemplo, el cambio de fechas para modificar el financiamiento del INCAA. Se pasó para el 2028. ¿Su titular, Carlos Pirovano, estaba al tanto? El funcionario reconoció ante Infobae que se enteró “al leerlo” en el proyecto presentado.

Pirovano es uno de los administradores del ajuste que cumplió con creces la política de Milei. Redujo al INCAA de 850 a 250 empleados. Y con la mitad de los edificios (8 a 4). Es decir, echó al 30% de la plantilla. Quienes manejan el poroteo oficialista saben que, si bien los números están, las idas y vueltas de los últimos días generaron un dolor de cabeza extra para el titular de la Cámara, Martín Menem. Una legisladora con experiencia parlamentaria no quiso aventurar un número: “Nos sobran para abrir. Y tenemos los votos para todos los capítulos. Pero nos quedamos ahí”, planteó mientras le mostraba a este cronista el “sistema de poroteo” con promedio de las últimas votaciones y hasta cuando cada legislador se paró o se sentó de acuerdo al proyecto en cuestión. Mañana jueves, mientras se debata en el recinto, habrá un paro general de la CGT que, presionada por las bases, debió salir a anunciar la medida de fuerza que hoy a las 11 será comunicada con mayores detalles.

La conversación pública también giró. La consultora Analogías puso la lupa sobre la cobertura mediática y la conversación en redes sociales sobre la reforma durante febrero de este año. Respecto a diciembre de 2025, el Gobierno perdió el control de la narrativa. El estudio concluyó que la reforma ya no se discute, principalmente, como una “modernización”, sino como una disputa de poder (43,6%). Además, explicaron, con los detalles de los cambios para el asalariado, pasó a predominar una postura neutral (40,1%) respecto del apoyo explícito al Gobierno, con apenas el 8,6%. En redes sociales (X), la estructura de la conversación pasó de ser binaria (Gobierno vs. Sindicatos) a tripolar: Apareció una comunidad de “Desconfianza Generalizada” (23,4%) que rechaza tanto al Gobierno de Milei como a la CGT.

“Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”, disparó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Quizás el último informe del INDEC sobre la utilización de la capacidad instalada pueda acercarle una respuesta. Por encima del promedio general estuvieron la refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%). Por debajo, en clara retracción (con despidos incluidos), estuvo la industria automotriz (31,2%), más de diez puntos menos (44,2%) que diciembre de 2024. Caucho y plástico se derrumbaron al 33,4% y textiles al 35,2%.

El centro CEPA marcó, en base a datos oficiales, la retracción de empresas y empleados registrados. La comparación entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 marcó una disminución de empresas de 512.357 a 490.419. Es una contracción de 21.938 empresas. Son 30 empresas por día. ¿Y los trabajadores? En ese mismo lapso se redujo en 272.607 puestos de trabajo. Un empresario del rubro de la zinguería lo ejemplificó ante Infobae: “La caída en mi sector hizo que todos los que compiten conmigo despidieran gente. Nadie escapó a esa situación”. Ante la pregunta de qué espera de la reforma laboral, reconoció: “Que despedir no sea tan caro. Porque si no cierro”. Un clima de época.

En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se prepara para un año intenso en materia de gestión. Con el tema del Presupuesto como eje principal y conflictos que se pueden suceder antes del comienzo de clases. Los gremios docentes aún no aceptaron la paritaria propuesta por el Poder Ejecutivo. Por un lado, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó el aumento del 3% para el mes de febrero y ya anunció una medida de fuerza. El otro de los gremios, SUTEBA tampoco aceptó la propuesta, con una salvedad. El sector que conduce Roberto Baradel no llamó a un paro. ¿Comienzan las clases? “No es momento de sacar los pies del plato”, dijo a Infobae un funcionario de la mesa chica de Kicillof.

La respuesta de los gremios salió de la política partidaria: “Las bases nos reclaman. La inflación empieza a ser un problema de nuevo y al docente -con razón- le importa poco de quién es la culpa. El salario no alcanza”, sentenciaron. El dato que publica la provincia es que la Nación tiene una deuda de 14,7 billones de pesos. “Así y todo no cortamos nunca la asistencia”, afirmaron. Hay un ejemplo concreto. La provincia compra, en materia alimentaria, 7 millones de toneladas por mes. Para comparar la cantidad, vale ir al dato que dejó Mauricio Macri. En ese entonces, Nación compraba 8 millones del total país. El ajuste de Javier Milei sumado al problema social bonaerense generaron esta cifra. “Milei ajusta y nosotros contenemos. Encima nos apuntan a nosotros”, agregó un intendente del conurbano.

Aunque más allá de la gestión, el otro problema del gobernador es la desconfianza reinante en cada ministro y funcionario que juega entre el Ejecutivo y La Cámpora. A esta hora aún no se sabe quién conducirá el bloque en el Senado. El entorno de Máximo Kirchner cree que Kicillof ya obtuvo su premio con el PJ bonaerense y que no le dan los números dentro de la bancada para imponer uno propio. Pero el gobernador no quiere saber nada con el liderazgo de un K. Cree que puede jugarle en contra en algún proyecto oficialista. Hace bien en desconfiar.

Luego de que el Gobierno evaluara sumar al temario una nueva norma que buscaría compensar lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, se oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Así, el plazo se extenderá hasta el 28 de febrero.

Por medio de la publicación del Decreto 103/2026 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei autorizó extender el plazo previsto para el príodo extraordinario. Así, se dictaminó: “Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026″.

En este sentido, se sumará un día extra al cronograma previsto. El cambio busca satisfacer la norma interna de la Cámara de Diputados, que determina que, si restan diez días o menos para el fin de sesiones, la emisión de un dictamen particularmente carecería de efectos prácticos.

De la misma manera, el jefe de Estado confirmó que se sumará a la lista de asuntos a tratar “la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 sobre Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”. Se trata de una propuesta que el Poder Ejecutivo Nacional enviará al recinto legislativo.

La decisión de incluir la cuestión de la actualización presupuestaria para universidades surgió después de que el Gobierno apelara la medida cautelar que los obligaba a aplicar el proyecto que fue aprobado a mediados de 2025.

Desde Balcarce 50, los funcionarios mostraron a Infobae optimismo respecto a los objetivos legislativos previstos para el receso de verano, pese a que el reglamento parlamentario formalmente exige que toda ampliación del temario se vote en el recinto. A pesar de esto, existen precedentes de proyectos incorporados por decreto, sin necesidad de acuerdo explícito en el Congreso, lo que allanaría el camino para instrumentar la nueva adecuación legal.

La crisis por el financiamiento universitario, que se registró entre 2024 y 2025, tuvo una escalada significativa, con protestas masivas y una segunda convocatoria federal en septiembre de 2025, tras el veto presidencial a la ley sancionada para el sector. Esta presión motivó al oficialismo a buscar una salida política que evite una profundización judicial del conflicto.

A raíz de esto, los altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron recientemente con Carlos Greco, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y miembro de su Comité Ejecutivo.

Según informó una fuente calificada a este medio, los encuentros apuntaron a consensuar una actualización del financiamiento universitario, con previsibilidad y resguardo jurídico para las casas de estudio. Asimismo, se buscaría impulsar una medida que no comprometa el equilibrio fiscal, que es defendido a capa y espada por el Gobierno nacional.

Desde el inicio del debate, la administración libertaria enfatizó que toda modificación del esquema financiero universitario debe enmarcarse en su política fiscal. En ese sentido, la intención sería consensuar una norma que reemplace la anterior y logre el respaldo necesario en el Congreso. “Trabajamos para implementar los cambios en la ley que nos permita hacerla implementable”, explicó una fuente referenciada por este medio.

Por este motivo, la Procuración del Tesoro presentó un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde el Ejecutivo solicitó que la apelación sobre la ley votada en 2024 tenga efecto suspensivo, permitiendo la discusión de una ley adaptada a las nuevas reglas fiscales, mientras se resuelve en la instancia judicial.

En línea con esto, el Presidente espera que la reforma laboral se sancione durante febrero, antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, prevista para el 1 de marzo, donde presentará la hoja de ruta anual en su tradicional discurso.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo ya obtuvo media sanción de la reforma laboral y avances en la Ley Penal Juvenil y el acuerdo con Mercosur. No obstante, consideraron crucial el tratamiento de un nuevo marco legal a medida para las universidades, con el objetivo de enfrentar el año con los temas centrales redefinidos en el Congreso.