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Nuevo golpe para el PJ: la unidad no alcanzó para frenar la reforma laboral y quedó expuesta la falta de poder

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En esta oportunidad no hubo unidad política suficiente para frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El peronismo padeció un fuerte golpe en el Senado, donde el oficialismo logró darle media sanción al proyecto ideado en la Casa Rosada y sostenido por la red de acuerdos que Santiago Caputo, Diego Santilli y Patricia Bullrich gestionaron en las últimas semanas.

El PJ sumó un revés que afecta las estructuras internas del esquema político y deja en evidencia la disminución del poder de fuego que siempre tuvo en el Congreso. La derrota en las elecciones legislativas de octubre de 2025 empieza a mostrar sus consecuencias más concretas.

No bastó la unidad del bloque justicialista encabezado por José Mayans, ni el acompañamiento del santiagueño Gerardo Zamora y su compañera de bancada, que integran un interbloque con el espacio mayoritario donde se agrupan kirchnerismo y peronismo federal. En los últimos comicios el justicialismo pasó de tener 34 legisladores a 28. Son manos que faltaron y se hicieron notar.

A esa caída histórica en la Cámara, se sumó el desgaste que fue atravesando el bloque, al que a lo largo del último año se le alejaron los cinco legisladores que conforman el bloque de Convicción Federal, que responde a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Ricardo Quintela (La Rioja).

El caso del riojano Quintela es particular. El “Gitano” no se apartó en las votaciones claves. Fernando Rejal, senador que integra el bloque y responde políticamente a él, ayer no dio quórum ni apoyó el proyecto libertario. Los bloques separados son parte de una película con final anunciado. Aun así conviven en un delicado equilibrio.

Los conflictos entre un sector del peronismo del interior y el espacio de Cristina Kirchner crecieron con el correr de los años. Incluso cuando todos estaban bajo el mismo techo del oficialismo, durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández. Esos enfrentamientos derivaron en la conformación de distintas listas en las provincias y en la construcción de una identidad disgregada, que ya no logra mostrarse como principal opción frente al gobierno libertario.

Tampoco fue suficiente que los cinco legisladores de Convicción Federal votaran en contra del proyecto. “Esta ley no le resuelve un solo problema a los laburantes. Es una ley destructiva. Pero este interbloque no ha tenido una propuesta superadora para este debate. Es una pena que el peronismo no haya podido estar a la altura de las circunstancias en estos años”, expresó la jujeña Carolina Moisés.

La bancada que integran Moisés, Fernando Rejal, Sandra Mendoza, Fernando Salino y Guillermo Andrada votó en contra. De esa manera, todo el interbloque se unificó contra la reforma laboral, pero aun así no logró frenarla. Las alianzas tácticas con el radicalismo o bloques provinciales no prosperaron como en otras ocasiones. El futuro de ese esquema legislativo es incierto.

Al peronismo tampoco le alcanzó con la presencia de la CGT en la calle, que recibió un guiño al mantenerse dentro del proyecto los aportes sindicales y las cargas para las obras sociales. Tampoco fue suficiente la figura de Axel Kicillof, el único gobernador peronista que estuvo en la puerta del Congreso manifestando su desacuerdo con la reforma laboral.

“Esta reforma laboral la armaron con una serie de amenazas y extorsiones a diferentes sectores. Fueron sacando lo que le quita recursos a las provincias para conseguir el voto. Fueron por la extorsión. Están generando un estado muy difícil en lo financiero”, sostuvo el gobernador bonaerense durante una entrevista con Radio con Vos.

El apoyo callejero de algunas organizaciones sociales y políticas tampoco alcanzó. La fuerza que supo tener el año pasado para frenar leyes como la del financiamiento universitario o la emergencia en discapacidad, se diluyó entre los resultados electorales, el recambio de las cámaras y la caída en desgracia de algunos aliados que no renovaron sus bancas.

El intento de resistencia ahora se trasladará a la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza (LLA) se constituyó como la primera minoría, aunque enfrenta un escenario más complejo que en la Cámara alta. Podría obtener la aprobación general de la ley, pero tendrá mayores dificultades en el tratamiento particular de varios artículos.

En los días previos a la sesión, en el peronismo daban por perdida la batalla legislativa. Paralelamente, varios legisladores reconocen la necesidad de reactivar el espacio político y debatir el fondo de la representación. La oposición justicialista requiere una identidad renovada para poder saltar el ciclo de la interna y comenzar a construir un nuevo proyecto político.

Otra muestra de debilidad se evidenció en la calle. Las movilizaciones sindicales y políticas han perdido volumen con el paso de los años. El debate sobre el tema en cuestión se traslada cada vez menos al espacio público, donde el peronismo queda atrapado por los incidentes que generan grupos violentos o infiltrados, presentes en las manifestaciones frente al Congreso.

El triunfo de Milei expuso su efectividad para construir un poder más sólido en el último tiempo y la fragilidad del peronismo, que sigue enfrascado en un sinfín de internas y en una disputa por los liderazgos que, si pretende ser competitivo en 2027, deberá resolver este año.

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Citan a declarar a la escribana que certificó la compra del departamento de Adorni en Caballito

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Manuel Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que certificó la compra del departamento de Caballito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La escribana, que habría intervenido además en la escritura de una propiedad registrada a nombre de la esposa del vocero presidencial en un country en Exaltación de la Cruz, deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py el miércoles 8 de abril.

La citación se da en el marco de la investigación judicial que analiza la compra del inmueble ubicado en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada el 18 de noviembre de 2025, fue declarada por un valor de 230 mil dólares y quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada para concretarla.

De acuerdo con los registros inmobiliarios, la vivienda tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y a Claudia Sbabo. Ambas no solo figuraron como vendedoras del departamento, sino también como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares que permitió completar la operación. Cada una aportó el 50% del préstamo, que quedó asentado en partes iguales a su nombre.

La intervención de la escribana Nechevenko fue clave en esa transacción y también en otra operación inmobiliaria vinculada al funcionario. La profesional habría participado además en la escritura de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, adquirida en noviembre de 2025 y que figura a nombre de Julieta Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete.

En la causa, el fiscal Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la información declarada ante organismos oficiales. Entre los pedidos se incluyeron oficios a registros de la propiedad, de vehículos y requerimientos vinculados con movimientos financieros.

La fiscalía sostuvo en el expediente que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario. La investigación tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien delegó el impulso de la causa en el fiscal.

En ese contexto, Pollicita también requirió a la escribana la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino. La citación como testigo está prevista luego de que el fiscal reúna los documentos disponibles en los registros correspondientes.

Fuente: TN

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Nación creó un registro para unificar los datos de beneficiarios de planes sociales

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El Gobierno nacional dispuso este martes la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una base destinada a ordenar y unificar la información de personas que acceden a programas y prestaciones en todo el país.

La iniciativa fue formalizada mediante la resolución 23/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial, y funcionará bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

El nuevo registro operará dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), que actúa como repositorio central de datos provenientes de distintas áreas del Estado.

Según lo dispuesto, el objetivo es contar con una única base administrativa que permita identificar con precisión a los beneficiarios, sus características y el tipo de asistencia que reciben.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales será el encargado de la administración, actualización y resguardo de la información, además de realizar cruces de datos, elaborar estadísticas y evaluar políticas públicas.

Desde el Ejecutivo señalaron que la herramienta permitirá tener un diagnóstico más preciso sobre el alcance de las políticas sociales y optimizar la gestión de los recursos públicos.

En términos operativos, el registro integrará información que hasta ahora se encontraba dispersa en distintos organismos, con el objetivo de evitar duplicaciones, superposiciones y vacíos de datos, y garantizar la trazabilidad de la información.

El sistema se nutrirá exclusivamente de datos aportados por organismos oficiales y funcionará bajo estrictos criterios de seguridad y confidencialidad. Además, se estableció que su implementación será financiada con partidas del propio Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, sin asignaciones adicionales.

Fuente: Agencia DIB

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Confirman las nuevas tarifas de luz que regirán desde abril en la Provincia

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El Gobierno nacional aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio eléctrico que comenzarán a regir desde abril, con subas diferenciadas según la empresa distribuidora y la zona. La decisión se formalizó este martes a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial, y alcanza a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Paralelamente, la administración de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad que comenzará a regir desde abril, con un impacto promedio del 1,3% en las facturas de los usuarios residenciales, tanto con subsidios como sin ellos.

La suba, que se da un día después del ajuste de los cuadros tarifarios de gas, será en el caso de Edesur del 1,98% respecto de marzo, y se da en el contexto de la emergencia energética dispuesta por el Gobierno en diciembre de 2023, momento en que se consideró “imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía”, entre los que incluyó a “las tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica”.

En este sentido es que “las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de energía eléctrica son incrementadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por el Enargas”.

El nuevo cuadro tarifario de la empresa que brinda el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del sur del conurbano bonaerense surge a partir del aumento previsto en la revisión quinquenal en cuestión, más el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en febrero fueron de 0,99% y 2,90% respectivamente.

“El objetivo del mecanismo de actualización establecido es que el valor de la remuneración que percibe la distribuidora se mantenga durante todo el período tarifario de cinco años en términos reales”, señala la normativa.

En cuanto a Edenor, que da cobertura a 20 municipios del noroeste del Gran Buenos Aires y la zona noroeste de la Capital Federal, la suba a partir de abril será del 2,04%, según lo indica la resolución 198/2026 del ENRE.

En los dos casos, los aumentos recaerán sobre los usuarios residenciales con y sin subsidio y para “los Clubes de Barrio y de Pueblo (CdByP) que integran el listado que confeccionó a tales efectos el Ministerio de Turismo y Deportes” en 2022.

Aumento de la luz en el interior bonaerense

Por otra parte, el Gobierno de Axel Kicillof oficializó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad que comenzará a regir desde abril, con un impacto promedio del 1,3% en las facturas de los usuarios residenciales, tanto con subsidios como sin ellos.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 173/2026 del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada este martes en el Boletín Oficial y se enmarca en la actualización de los cuadros tarifarios del servicio eléctrico.

El ajuste incluye una modificación del valor agregado de distribución (VAD), uno de los componentes centrales de la tarifa, junto con la incorporación de variaciones en los precios mayoristas de la energía y el transporte definidos a nivel nacional.

Según datos oficiales, un usuario residencial sin subsidios con consumo medio pasará de pagar unos $52.000 mensuales a cerca de $52.650, mientras que un usuario con subsidios verá su factura incrementarse de $33.300 a aproximadamente $33.700, valores que incluyen impuestos.

El nuevo cuadro tarifario se aplicará a partir de los consumos de abril, por lo que el impacto se reflejará en las facturas que llegarán entre ese mes y mayo.

La resolución aprueba el recálculo de tarifas para las distribuidoras Edelap, Edea, Eden y Edes, en sus respectivas áreas de concesión dentro de la provincia, tomando como base los precios estacionales definidos por la Secretaría de Energía del ministerio de Economía de la Nación.

Fuente: Agencia DIB

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