La semana pasada el oficialismo consiguió una clara victoria política al dejar sin quórum la sesión convocada por la oposición. Su objetivo principal era salvar el DNU 70/23, que Javier Milei firmó al inicio de su gestión para desregular amplios sectores de la economía, pero para poder “blindar” el decreto tuvieron que hacer varias concesiones a los aliados, como volver a poner límites a la venta de tierras a extranjeros y comprometerse a debatir dos temas incómodos para la Casa Rosada: la situación de los endeudados y la emergencia en Discapacidad.

Con un claro giro pragmático, los libertarios acordaron con sus aliados (PRO, UCR y provinciales) restituir la Ley de Tierras del kirchnerismo (2011) y también dejaron de lado el feroz recorte en Discapacidad -que la Casa Rosada incluyó en el borrador del Presupuesto 2027- para avanzar con un proyecto “superador” que retoma gran parte del sistema vigente. Todo esto para conseguir que los aliados y partidos provinciales no se sumen a las propuestas de la oposición dura. “Fue perder lo menos para ganar lo más”, explicó uno de los principales referentes libertarios en la Cámara de Diputados.

En el caso del endeudamiento familiar, el oficialismo aceptó tratar el tema pero se mantuvo firme en el plano discursivo: repitieron hasta el cansancio que se trata de un problema “entre privados” y que cualquier intervención sobre las tasas de interés o eventuales quitas de capital de las deudas tendrían un efecto muy negativo sobre el mercado del crédito. Por eso presentaron un proyecto propio que se limita a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento.

Hasta el momento la estrategia del oficialismo fue exitosa, porque no solo logró “vaciar” la sesión que impulsaba la oposición, sino que durante los debates en comisión se quedó con el dictamen de mayoría tanto en discapacidad como en endeudamiento. Esto quiere decir que sumó más apoyos que la oposición y también que los textos de La Libertad Avanza se tratarán primero en el recinto.

Por otro lado, para mejorar la sintonía con los aliados, los libertarios incluyeron en el temario otros proyectos como el de vandalismo rural, del PRO, que aumenta las penas de prisión para la intrusión en establecimientos rurales y el daño a insumos o infraestructura. También la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras a la provincia del Chaco.

Además, en un claro gesto de buena voluntad hacia las provincias, el día anterior a la sesión comenzó a tratarse en comisión el proyecto de ley de biocombustibles que viene con media sanción del Senado. La iniciativa, que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil, beneficia directamente a los distritos productores de bioetanol, como Salta, Jujuy y Tucumán, y de biodiesel, como Córdoba y Santa Fe. Por lo tanto, podría influir directamente sobre alrededor de 15 diputados que responden directamente a gobernadores de estos distritos.

Por último, el temario incluye el proyecto de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, presentado para aumentar los controles sobre sustancias como el fentanilo, que el año pasado se cobró más de un centenar de vidas por unas partidas contaminadas con bacterias.

Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el primer punto del temario

El miércoles de la semana pasada, apenas un día antes de la sesión opositora, La Libertad Avanza acordó con sus aliados la restitución de límites a la venta de tierras a extranjeros. El objetivo detrás de esta maniobra fue facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazaban la venta de tierras sin límites pero no querían derogar por completo el DNU 70/23, como proponía la oposición dura.

El mega decreto 70/23, además de eliminar la ley de tierras del kirchnerismo, derogó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advertían que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal.

Por eso, a pedido de la UCR, se incluyeron en el dictamen dos nuevos artículos: el 38, que deja sin efecto al artículo 134 del DNU 70 (que derogaba la ley de tierras), y el 39, que restituye la vigencia de la ley 26.737.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto, incluye además restricciones para las expropiaciones (el Estado debe justificar de forma expresa y estricta la declaración de utilidad pública), modifica la forma de calcular el pago por expropiaciones (según valor de mercado y contemplando el lucro cesante), regula la restitución sumaria de inmuebles ocupados (72 horas si el dueño acredita con la documentación correspondiente) y contempla desalojos por falta de pago (el locador debe intimar al inquilino y darle 10 días para cancelar la deuda).

Por su parte, la ley de tierras aprobada en diciembre de 2011, que quedaría vigente si se aprueba el proyecto, establece que una persona física o jurídica extranjera no puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, la misma nacionalidad no puede no puede concentrar más del 30% del cupo de tierras habilitado para extranjeros. También restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.

Emergencia en Discapacidad

Durante el debate en comisión, los libertarios se comprometieron con los aliados a eliminar de raíz el capítulo del Presupuesto que contenía una reforma total del sistema, que eliminaba las pensiones no contributivas por discapacidad, y contemplaba un fuerte ajuste de gastos en el sector.

En cambio avanzaron con un texto propio, consensuado con la UCR y el PRO, que mantienen la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. Además, por pedido de los aliados, establece que la pensión sea compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles.

Sin embargo, los aliados de Argentina Federal firmaron en disidencia y pidieron más cambios al texto y una serie de aclaraciones. Asegurar estos votos será vital para el oficialismo si quiere aprobar su propuesta.

En ese sentido, las declaraciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, la semana pasada despertaron todo tipo de sospechas porque reconoció que el Poder Ejecutivo “quería otra cosa” y evitó confirmar si retirarán el capítulo en cuestión del Presupuesto 2027. De esta forma dejó abierta la posibilidad de un eventual veto de Milei.

Desde el peronismo denuncian que tal como está redactado el proyecto divide las pensiones en dos: una por invalidez laboral y otra por discapacidad, pero con diferente acceso al programa Incluir Salud.

Por su parte, las instituciones y organizaciones del campo de la discapacidad plantearon en un comunicado que la Ley 27.793 “no se cumplió y la emergencia no está superada”. Por eso reclaman prorrogarla hasta el 31 de diciembre de 2027, con todos sus efectos.

Endeudamiento familiar y morosidad

El último punto de la sesión será el proyecto oficialista sobre endeudamiento familiar y mora. La propuesta del oficialismo apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses.

El proyecto de los libertarios también incorpora requisitos para el otorgamiento de créditos a través de plataformas digitales. Exige doble validación de identidad y aceptación, impide que el silencio o las opciones preseleccionadas se consideren consentimiento y ordena entregar de inmediato las condiciones contractuales en soporte digital.

En contraposición, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas proponen declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.

La jurista rosarina Frida María Armas Pfirter ocupa desde el 1 de octubre la vicepresidencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés), el órgano judicial con sede en Hamburgo que deberá decidir si frena la explotación petrolera británica en las aguas de Malvinas y que programó las audiencias orales sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina para el próximo 10 y 11 de noviembre.

Las vistas se celebrarán en la sala principal del tribunal, serán públicas y se transmitirán en vivo por la web del organismo. El caso, registrado con el número 37, plantea una controversia entre Argentina y el Reino Unido por actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sudoccidental, en un área vinculada con la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas.

La decisión llega una semana después de que el gobierno de Javier Milei formalizara, el 13 de octubre, su solicitud de medidas provisionales. El canciller Pablo Quirno presentó el pedido apoyado en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que habilita a solicitar medidas cautelares mientras se constituye el tribunal arbitral que tratará el fondo de la controversia.

La jueza argentina en el tribunal

Armas Pfirter nació en Rosario, Santa Fe, el 30 de septiembre de 1957. Se recibió de abogada en la Universidad Católica Argentina en 1983 y obtuvo su doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1992. A lo largo de su carrera acumuló becas de posgrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en Ginebra y la Universidad de las Naciones Unidas.

Su nombre está ligado de manera inseparable a la plataforma continental argentina. Durante más de 25 años —entre 1997 y 2023— dirigió la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), el equipo interdisciplinario que logró extender un 35% los espacios marítimos del país. Ese trabajo, que combinó análisis jurídico, científico y técnico, fue reconocido como una política de Estado que trascendió gobiernos de distinto signo.

En 2023, fue declarada Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas por el proyecto del diputado Claudio Romero (VJ), en la Legislatura porteña. “Para los que hemos dedicado nuestra vida al derecho, tomándolo con pasión y como vocación, esta distinción que me han otorgado es un honor pero también es una responsabilidad inmensa”, señaló Armas Pfirter en la entrega de diplomas.

Antes de llegar al tribunal, se desempeñó como conciliadora y árbitra de Argentina en el sistema de solución de controversias de la Convemar, como experta en el área de pesquerías bajo el Anexo VIII de la convención, y como miembro de la Comisión Jurídica y Técnica y del Comité de Finanzas de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Es profesora titular de Derecho Internacional Público en la UBA y en la Universidad Austral, y autora de tres libros y numerosos artículos especializados. Además, es miembro del Comité Ejecutivo del CARI.

En junio de 2023, durante la 33° Reunión de Estados Parte de la Convemar, fue elegida jueza del ITLOS con 154 votos para un mandato de nueve años (2023-2032). Asumió el 1 de octubre de ese año. Tres años después, el 1 de octubre de este año, sus pares la eligieron vicepresidenta del tribunal junto con Kamga como presidente, para el período 2026-2029.

Cómo está integrado el Tribunal del Mar

El ITLOS fue creado por la Convemar, firmada en 1982, como el órgano judicial independiente encargado de resolver controversias sobre la interpretación y aplicación del tratado. Tiene competencia en disputas sobre delimitación de zonas marítimas, navegación, conservación de recursos vivos, protección del medio marino e investigación científica.

Está compuesto por 21 jueces independientes elegidos por los Estados Parte de la Convemar entre personas de reconocida reputación por su imparcialidad, integridad y competencia en derecho del mar. Los miembros cumplen mandatos de nueve años y pueden ser reelegidos. La composición garantiza la representación de los principales sistemas jurídicos del mundo y una distribución geográfica equitativa: no puede haber dos jueces de un mismo país.

La composición actual del tribunal, tras la jura de cinco nuevos miembros el 1 de octubre de 2026, incluye jueces de Camerún, Argentina, Malta, Ucrania, Islandia, Rusia, Países Bajos, Chile, China, Jamaica, Italia, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur, Sierra Leona, Polonia, Túnez, Ghana, India, Vietnam y Brasil.

El Reino Unido no cuenta con un juez propio en el tribunal. Mientras Argentina tiene a Armas Pfirter como vicepresidenta del organismo, Londres carece de representación directa en el cuerpo, aunque el Estatuto del tribunal le permite designar un juez ad hoc para intervenir en la controversia, una figura prevista para garantizar que ambas partes cuenten con representación en el cuerpo que resuelve el caso.

Qué pide Argentina y por qué eligió la vía ambiental

El escrito de 49 páginas presentado ante el ITLOS, firmado por el embajador Mario Oyarzábal como agente ante el tribunal, solicita cuatro medidas provisionales: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en la cuenca norte de Malvinas; que se abstenga de usar información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos; que cese de impedir el cumplimiento de obligaciones ambientales de Argentina; y que no otorgue nuevos permisos que puedan agravar la disputa.

La estrategia jurídica descansa sobre un eje ambiental que permite al tribunal actuar sin pronunciarse sobre la soberanía del archipiélago. La presentación cita el fallo del arbitraje del Mar del Sur de China para sostener que las obligaciones de protección del medio marino “se aplican a todos los Estados respecto del medio marino en todas las áreas marítimas” y que, por lo tanto, las cuestiones de soberanía son irrelevantes para la aplicación de esas normas.

El argumento se apoya en documentación de las propias empresas involucradas. El Plan de Contingencia para Derrame de Petróleo presentado por Premier Oil ante las autoridades de facto de las islas establece que “existe un 30% de probabilidad de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 30 días”. Para un crudo más liviano, el mismo plan proyecta “una probabilidad del 100% de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 14 días”.

El proyecto Sea Lion y las empresas sin experiencia offshore

El yacimiento en disputa se ubica a 107 millas náuticas (unos 198 kilómetros) al norte de Malvinas, sobre un área de 541,40 km² dentro de la licencia PL032. La operación está liderada por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. El campo contiene un estimado de 1.700 millones de barriles de petróleo, según las evaluaciones de los operadores.

Ambas compañías tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y fijaron como meta el inicio de la producción en el primer trimestre de 2028. Según el reporte trimestral de Navitas del 24 de agosto de 2026, la campaña de perforación de la fase 1 “se espera que comience a principios de 2027”. El desarrollo completo contempla 23 pozos distribuidos en seis centros de producción, una unidad de perforación submarina y un buque de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

En un pasaje poco habitual para una presentación ante un tribunal internacional, el escrito argentino dedica un capítulo a cuestionar la capacidad técnica de las operadoras: ni Navitas ni Rockhopper tienen experiencia previa como operadoras de un campo offshore en producción, lo que —según la argumentación— amplifica el riesgo de un incidente ambiental en una zona donde un derrame alcanzaría aguas argentinas en cuestión de días.

La respuesta británica y el antecedente de la fragata Libertad

El Reino Unido rechazó las pretensiones argentinas por múltiples vías. Ante la Cámara de los Comunes, la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que la solicitud ante el tribunal “no invalida las licencias emitidas por el gobierno de las islas, no altera la autoridad regulatoria de las islas, y no exige que las actividades legales de desarrollo de hidrocarburos cesen”. Sin embargo, confirmó que el Reino Unido participará del proceso y que, si el ITLOS dictara una orden, el país “cumple con sus obligaciones internacionales”.

En paralelo, Londres activó la legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a empresas británicas de regulaciones extraterritoriales argentinas. El canciller Ed Miliband calificó de “inaceptables” los intentos argentinos de “intimidar a empresas e individuos”.

La arquitectura procesal elegida por Argentina tiene antecedentes en el propio tribunal. En la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, el ITLOS ordenó en 2015 que Ghana no realizara nuevas perforaciones en el área marítima disputada. Otro referente es el caso de la fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012: entre el pedido de medidas provisionales y la resolución del tribunal transcurrió aproximadamente un mes, y el ITLOS ordenó la liberación inmediata e incondicional del buque.

Con las audiencias fijadas para el 10 y 11 de noviembre, los 21 jueces del tribunal —entre ellos la vicepresidenta Armas Pfirter— deberán evaluar si tienen jurisdicción prima facie, si la urgencia justifica intervenir y si las medidas solicitadas son proporcionales. Una decisión favorable a Argentina sería de cumplimiento obligatorio para el Reino Unido.

Como hace menos de una semana, el Gobierno enfrenta hoy otra jornada de incertidumbre política. Tras los nervios en el oficialismo por el DNU y la marcha por los fondos universitarios, hoy varios alfiles de LLA no saben si tienen los votos para salir airosos en el debate que tendrá como temas centrales los sensibles proyectos sobre endeudamiento familiar, Discapacidad y Ley de Tierras.

Son temas polémicos, que la oposición había forzado en la agenda y que el oficialismo, para defenderse, incorporó a otra (“su propia”) sesión, convocada para hoy al mediodía.

El panorama de perspectivas al menos dudosas en la Cámara baja se agrava por los ruidos económicos, principalmente la suba del riesgo país. Y en un sector del Gobierno asocian esas dificultades con tropiezos legislativos (o amenazas, como hoy) y demoras para avanzar con el gran tema político para los libertarios: la discusión por la PASO.

El riesgo país tocó los 710 puntos, su nivel más alto desde octubre del año pasado, y los temas en discusión desde este mediodía mantienen un vínculo directo entre la economía y el ánimo social. La semana pasada, de cara a la sesión por el DNU y universidades, el oficialismo también sufrió hasta último momento. En Diputados, los violetas esperaron respuestas claras de aliados fijos y circunstanciales. Al final lograron evitar el quórum, que quedó en 121 presentes, a cambio de ofrecer la sesión de hoy con modificaciones en el capítulo sobre tierras. A la par de la sesión para dar de baja el DNU 70, hubo una marcha multitudinaria: la universitaria. Aunque no hubo debate en el recinto, los incidentes en la calle dejaron una marca en el Gobierno (que, sin embargo, le resta importancia a cualquier eventual consecuencia política o electoral de las escenas de represión contra manifestantes).

Ayer, hubo dos eventos políticos relacionados con la discusión legislativa de hoy, en la Casa Rosada. Uno fue la mesa política, donde Martín Menem expuso el panorama complejo que enfrentan hoy. El otro fue la cumbre entre LLA y el PRO, postergada por problemas de agenda (entre ellos, justamente; el caos político en el Congreso, la semana pasada). El PRO aseguró que acompañará lo que se trate hoy, pero todavía no confirmó sus respaldos para la suspensión de la PASO. A la tarde, hubo además una reunión de presidentes de bloque para acordar el nivel de apoyo en estos temas sensibles.

En ese clima, el lunes por la noche el Presidente arengó en Neuquén, en la cumbre de Oil & Gas, contra quienes dicen que la gente no llega a fin de mes. Lo calificó de “pelotudez” y preguntó cómo harían para vivir diez días “sin comer ni beber” quienes se quedan sin plata el día 20. Ayer, redobló la apuesta desde X contra los periodistas que “repitieron la frase”. En el Gobierno algunos hacen una suerte de mea culpa y crece la inquietud por las burlas del Presidente a las alarmas sobre los efectos del modelo de Luis Caputo en la microeconomía. De todas formas, nadie tiene la expectativa de que deje de emitir ese tipo de comentarios. “Javier es así y la gente lo entiendes”, dicen.

La sesión de hoy tiene lugar mientras Milei está en España, adonde viajó para apoyar a la derecha frente a Pedro Sánchez, a cinco semanas de las elecciones del 29 de noviembre.

Hay miradas disímiles en el oficialismo. En la Casa Rosada están convencidos de que llegan al quórum y de que los dictámenes se aprobarán sin cambios. En el bloque de Diputados no ponen las manos en el fuego. “Estamos bien”, deslizan los primeros. “Los números están muy finos”, deslizan los segundos. Y tratan de separar la discusión de hoy de otros proyectos pendientes el Presupuesto 2027, la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la de biocombustibles, además de la Reforma Electoral.

Karina Milei no acompañó al Presidente a España para su viaje de tres días para respaldar a la derecha contra Pedro Sánchez. En cambio, se quedó en Buenos Aires para seguir la sesión. La semana pasada tampoco iba a viajar a Estados Unidos, pero Milei le pidió específicamente que lo acompañara. Esta vez sumó a Adrián Ravier, que lo secunda por primera vez en un viaje internacional, por la cita con la Escuela Austríaca de Economía.

Mientras no se convoca a sesionar para intentar suspender las elecciones primarias, los plazos previstos por los estrategas violetas se desplazan, y en la Casa Rosada abren el paraguas. También, como la semana pasada, frente al debate por los temas que la oposición los obligó a debatir.