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Política Nacional

Otro dolor de cabeza para Dietrich

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Esta vez no es el puerto local ni su presidente Donadío. El diario Perfil lo cuenta esta mañana en su artìculo Autopistas: Otra vez, el presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno están en la mira judicial por un posible conflicto de intereses que podría haber derivado en una defraudación al Estado. El Caso Autopistas está a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli. PERFIL obtuvo y analizó durante las últimas dos semanas documentos oficiales y dialogó con los protagonistas. En este artículo redacta el detrás de escena de un negocio millonario: peajes. El caso se centra en la renegociación de contratos con las concesionarias de dos autopistas: Acceso Norte y Ausol (acceso oeste). Los contratos de concesión de las accesos vencían en 2023 pero en 2018 se extendieron hasta 2030. Además, el Estado le reconoció a la empresa una deuda de US$ 747 millones (US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones a Acceso Norte), de acuerdo con el Ministerio de Transporte. La empresa se comprometió a realizar inversiones y el Ejecutivo aumentó las tarifas de los peajes. La principal empresa involucrada es Abertis. En Ausol era socia de Sideco, empresa emblema de la familia Macri. Ninguna de las dos compañías quiso responder las consultas de este medio. El conflicto con las concesionarias nació tras la crisis de 2001 por la pesificación y el congelamiento de las tarifas de peaje. Pero Abertis recién se presentó ante el tribunal internacional cuando supo que Macri había ganado las elecciones.

Con Balbín afuera de la Procuración, Vialidad solicitó al organismo que opine sobre la renegociación del contrato de Abertis en el Acceso Oeste. Saravia Frías emitió dos dictámenes sobre el caso, a los que accedió PERFIL. De allí surge que Vialidad se encontraba negociando con las concesionarias desde julio de 2016, amparada por un decreto del Presidente que autorizó la renegociación de este tipo de contratos. Entonces, los Macri todavía tenían el 7% de las acciones de la compañía y la empresa Abertis había iniciado una demanda multimillonaria ante el Ciadi. Javier Iguacel era entonces el director nacional de Vialidad y estuvo al mando de las primeras negociaciones con las concesionarias, según consta en los escritos oficiales. Iguacel dijo a este medio: “Una de mis preocupaciones era asegurarme de no caer en un conflicto de intereses. Es cierto que se venía hablando con la empresa pero la renegociación del contrato se dio después de que los Macri vendieran sus acciones”. “Fue un proceso largo –agregó Iguacel–, con recomendaciones de la Sigen, la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro. Todos nos dijeron que convenía hacer el acuerdo con la empresa. Se evaluó que siga el juicio pero se decidió que era más conveniente para el Estado cerrar el acuerdo. Abertis ponía la cara en la negociación y mucha oposición y pretensiones”.

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El Senado convocó al plenario de comisiones para debatir la ley de ludopatía el próximo miércoles

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La Libertad Avanza habilitó el tratamiento de la ley de Ludopatía en el Senado de la Nación.

Después de más de 700 días en los que los libertarios bloquearon el tratamiento del proyecto de ley que ya tiene media sanción, a pocos días de que la norma pierda su estado parlamentario, y luego del impulso que ayer mostró la oposición, finalmente citó al plenario de comisiones para la semana próxima.

En este contexto, y tal como había adelantado la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se conoció que el Senado convocó al plenario para debatir los proyectos vinculados a la Prevención de la Ludopatía. El encuentro quedó fijado para el próximo miércoles 25 de noviembre a las 10.00.

La reunión estará compuesta por las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, todas presididas por La Libertad Avanza. El temario tiene 14 expedientes y se destaca el texto aprobado por la Cámara de Diputados del 27 de noviembre del 2024.

El argumento que presentó el oficialismo para no tratar el tema sobre tablas es que tenían ideas para mejorar el proyecto y por eso querían ir al plenario de comisión.

“Nosotros vamos a trabajar en un dictamen propio”, dijo una fuente libertaria. “Creemos que se puede mejorar y poner más restricciones”, agregó.

El cambio de posicionamiento es total respecto del momento en que se debatió en Diputados en donde el oficialismo quiso avanzar con un proyecto mucho más laxo y no acompañó en el recinto el que finalmente obtuvo media sanción.

Ahora, el bloque libertario avanza en un nuevo texto en manos del senador Agustín Coto que asegura será “más restrictivo. La idea es ir mucho más a fondo con la protección de los menores de 18”.

“Básicamente, plantea que la publicidad de apuestas tenga restricciones como las del cigarrillo y que no haya nada que le pueda llegar a un menor.” Además, que no exista ninguna forma de que un chico o una chica pueda jugar, y para eso propone un mayor control biométrico para validar la identidad y la edad. La verificación de los datos biométricos y del DNI en tiempo real con el RENAPER, explicaron.

Otro punto que quiere introducir, y sí lo adelantó Bullrich, es que vía Enacom se pueda dar de baja los sitios webs de apuestas on line que no respeten los lineamientos que establezca la norma.

Sin embargo, en la oposición no creen en esto que hace circular el oficialismo ya que entienden que “después de casi dos años de negarse a tratarlo ¿por qué ahora se volverían más restrictivos?” si ellos sólo habían planteado un proyecto sobre el juego ilegal, que ya es ilegal”, señaló a Infobae un senador peronista.

Pero además de los expedientes en los que trabaja un sector del bloque de La Libertad Avanza y el que ya tiene media sanción del diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, hay otros 12 expedientes impulsados por Unión por la Patria, Moveré por Santa Cruz, la Unión Cívica Radical, Independencia y La Libertad Avanza.

El proyecto de ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online, la iniciativa avalada por la Cámara baja, si no es aprobado la próxima semana perderá estado parlamentario a finales de febrero del 2027, en la previa a que comience el período ordinario, si el Gobierno no lo incorpora en sesiones extraordinarias.

Es en este contexto que el diputado autor del proyecto, Maximiliano Ferraro, se mostró ofuscado con la negativa de los senadores de tratarlo sobre tablas. “La desfachatez y complicidad de algunos senadores frente a la Ley de Prevención de la Ludopatía es una vergüenza. Tuvieron más de 700 días para tratarla y no hicieron absolutamente nada. Voten ahora mismo, dejen de especular”.

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AySA deberá esperar 60 días antes de cortar el agua por falta de pago

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El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó un nuevo Reglamento del Usuario para los servicios de agua potable y desagües cloacales de AySA, que establece nuevas condiciones para los cortespor falta de pago, amplía las instancias de atención y fija plazos para responder reclamos.

La normativa también incorpora mecanismos de protección para hogares con dificultades económicas y reconoce la intervención del organismo regulador ante incumplimientos de la empresa que brinda servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en 26 partidos del conurbano bonaerense, alcanzando a unos 14 millones de habitantes.

Uno de los principales cambios está relacionado con la deuda de los usuarios residenciales. Antes de avanzar con el corte del suministro, AySA deberá aplicar una restricción temporal del servicio de agua potable durante un plazo mínimo de 60 días corridos. Esta medida consiste en limitar el caudal entregado a cada unidad funcional y busca darles tiempo a los hogares para gestionar su incorporación al Programa de Tarifa Social o acordar un plan de pagos con la empresa.

El reglamento también establece que AySA no podrá cortar el servicio de desagües cloacales a un usuario residencial sin la intervención previa del ERAS. Además, no podrá aplicar restricciones ni cortes cuando exista un acuerdo de pago vigente o una orden expresa del organismo regulador.

La protección alcanza también a hospitales, sanatorios y cárceles, considerados usuarios sensibles, y a quienes tengan vigente el beneficio de la Tarifa Social. En los casos en que se compruebe que una restricción o corte fue improcedente, la empresa deberá restablecer el servicio dentro de las 48 horas y compensar al usuario con una suma equivalente al 3% del importe de la última factura por cada día de demora.

Tarifa Social y atención al público

El nuevo reglamento incorpora expresamente el Programa de Tarifa Social, que contempla tres modalidades: Tarifa Social, Caso Social y Tarifa Comunitaria. Entre sus beneficios incluye descuentos en las facturas, planes de regularización de deudas sin intereses ni recargos y facilidades para pagar los cargos de conexión. La duración del beneficio será de 12 meses, con posibilidad de renovación.

En materia de atención, AySA deberá mantener su sede central y contar, como mínimo, con una oficina fija de atención presencial y una unidad móvil de rotación diaria en cada región y subdivisión operativa de la concesión: Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En los casos de facturación incorrecta, el usuario tendrá garantizada la continuidad del servicio mientras se resuelve el reclamo, siempre que haya abonado la última factura consentida. Si se comprueba que pagó de más, AySA deberá ajustar la factura o compensar los importes, con los intereses correspondientes. Además, no podrá cobrar recargos ni intereses durante el período en que haya excedido el plazo establecido para responder.

Calidad y continuidad del servicio de AySA

En cuanto a la prestación, se establecen metas para atender problemas de infraestructura y funcionamiento. Entre ellas, se fija un plazo de 24 horas para resolver desbordes cloacales en la vía pública en tiempo seco y taponamientos cloacales. Para las interrupciones no programadas del servicio de agua potable, la concesionaria deberá alcanzar la resolución dentro de las 48 horas en al menos el 95% de los casos.

Cuando una interrupción del suministro de agua potable supere las 18 horas continuas desde que la empresa tomó conocimiento o recibió la denuncia de un usuario, deberá garantizar el abastecimiento de emergencia, con prioridad para los usuarios sensibles.

La aprobación del reglamento se produjo luego de un proceso de revisión que incluyó observaciones de la Sindicatura de Usuarios, la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Defensoría del Pueblo de la Nación y asociaciones de consumidores. La Sindicatura había cuestionado 23 artículos del proyecto original presentado por AySA por considerar que algunas disposiciones podían representar un retroceso en los derechos de los usuarios.

Fuente: Agencia DIB

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Martín Lousteau defendió el rol de los impuestos y advirtió: “Todos los derechos cuestan y alguien los tiene que pagar”

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Martín Lousteau cuestionó la idea de que pagar impuestos sea equivalente a un robo y planteó que los tributos son necesarios para sostener los derechos y servicios de los que se beneficia una sociedad. Para explicar su posición, comparó el sistema tributario con la cuota de un club: un aporte que permite financiar instalaciones y servicios que utilizan todos sus integrantes, aunque no hayan participado de su construcción.

Durante su columna en Infobae a la Tarde, el economista puso en discusión el argumento que identifica a los impuestos con una pérdida individual y propuso centrar el debate en qué se financia con esos recursos, quién debe pagarlos y cómo los administra el Estado.

“Me gusta pensar que el impuesto es como la cuota de un club. Vos pagás una cuota porque pertenecés a un lugar, pertenecés a una comunidad, pero estás usando cosas de ese club”, explicó.

Como ejemplo, enumeró las instalaciones que utilizan los socios sin haberlas construido: “Vos no hiciste la pileta, no hiciste la cancha de fútbol, no hiciste la cancha de rugby, no hiciste el gimnasio. Estás usando algo que construyó otro en otro momento”.

A partir de esa comparación, sostuvo que la discusión no debería limitarse a cuestionar el pago de impuestos, sino incluir el costo de los servicios y la calidad de su administración. “Cuando alguien va a la asamblea de un club, no dice: ‘La cuota es un robo’. En todo caso, discutirá si es cara o no, si se puede administrar mejor o si hay que arreglar tal o cual cosa”, señaló.

La reflexión surgió después de que en el programa se reprodujeran declaraciones del presidente Javier Milei, quien había definido al Estado como una “organización criminal” y a los impuestos como “un robo” y “una rémora de la esclavitud”. Lousteau cuestionó esa concepción y advirtió que el debate también debe contemplar los servicios y las instituciones que se sostienen mediante la recaudación.

El costo de garantizar los derechos individuales y sociales

Lousteau cuestionó la distinción entre los derechos individuales y los derechos sociales. Según explicó, las libertades vinculadas con la propiedad, la vida y la expresión también requieren recursos públicos para poder ejercerse.

“Para que vos puedas tener derecho a la vida tiene que haber policía, un sistema jurídico, un sistema penitenciario e infraestructura”, afirmó.

El economista extendió el argumento al derecho de propiedad. “Para que tengas derecho a la propiedad tiene que haber jueces y leyes. Para que tu propiedad valga lo que vale, tiene que haber iluminación pública, una calle y gas”, enumeró.

También señaló que la libertad de expresión necesita instituciones que protejan a quienes la ejercen y que la libertad religiosa requiere mecanismos para evitar persecuciones y agresiones.

Para ilustrar su planteo, recordó el incendio de Westhampton, ocurrido en agosto de 1995 en el estado de Nueva York. Según relató, el fuego permaneció fuera de control durante 36 horas y demandó un operativo que involucró a fuerzas locales, estaduales y federales, además de bomberos voluntarios y equipos militares y civiles.

“Fuerzas locales, estaduales, federales, 1.500 bomberos voluntarios, equipos militares y civiles gastaron millones y millones de dólares. No se murió nadie y no se perdieron propiedades”, recordó.

Para Lousteau, el episodio demuestra el costo que implica proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de las personas. También comparó esa respuesta con la actuación ante catástrofes en la Argentina y mencionó el caso de Bahía Blanca.

Su cuestionamiento apuntó a lo que considera una contradicción: mientras se discute cuánto cuestan las jubilaciones, la educación o las pensiones por discapacidad, no suele ponerse el mismo énfasis en los recursos necesarios para garantizar la seguridad, la justicia y la propiedad privada.

“Parece que lo otro no cuesta, pero los derechos sociales sí cuestan”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que reducir impuestos no elimina el costo de las prestaciones públicas, sino que puede trasladarlo a otros sectores de la sociedad. “Cuando vos lo que hacés es bajarle impuestos al que más tiene, no es que el costo de proveer derechos desaparece, sino que empieza a haber desfinanciamiento”, planteó.

El economista también cuestionó algunas decisiones tributarias del Gobierno. Como ejemplo, mencionó el aumento del impuesto a las Ganancias y lo contrastó con las reducciones aplicadas a los vehículos de alta gama, los yates y Bienes Personales, además del blanqueo de capitales.

De todos modos, aclaró que su posición no implica defender cualquier impuesto ni cualquier nivel de recaudación. Para Lousteau, también es necesario discutir cómo se distribuyen los recursos y qué gastos deben tener prioridad.

La gestión del Estado y las prioridades del gasto público

Otro de los puntos de la columna estuvo centrado en la administración de los recursos. Lousteau sostuvo que el Estado no solo necesita financiamiento, sino también capacidad para prestar servicios de calidad.

Para explicar el problema, recuperó una comparación atribuida al jurista Carlos Nino: si una institución debe entregar leche a diez niños y de repente tiene que atender a cien, necesita producir las 90 porciones adicionales. Si no consigue los recursos para hacerlo, la alternativa es diluir la leche y reducir su calidad.

El economista utilizó ese ejemplo para cuestionar el funcionamiento de los servicios públicos y la falta de planificación para responder a una mayor demanda.

“Nuestro Estado parece que, en lugar de gestionarse bien y garantizar esos derechos, diluyó la calidad de los bienes que brindamos”, sostuvo.

También recordó un discurso del expresidente uruguayo José Mujica, quien al asumir había señalado que la educación sería la primera, segunda y tercera prioridad de su administración. Lousteau destacó especialmente otra parte de aquella intervención: la necesidad de definir a qué políticas se les debe decir que no para poder financiar las que se consideran prioritarias.

El planteo apuntó a que la discusión presupuestaria no puede limitarse a enumerar derechos o prometer prestaciones. También requiere establecer prioridades y garantizar los recursos necesarios para cumplirlas.

En ese contexto, cuestionó la interpretación del superávit fiscal como un resultado que necesariamente representa una mejora para todos los sectores. “Cuando el Estado dice que pasó a superávit, en el fondo le pasó el déficit a las familias”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó a los hogares que deben endeudarse cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos y a las pequeñas y medianas empresas que recurren al crédito cuando caen sus ventas.

La informalidad laboral y el financiamiento de las jubilaciones

Lousteau también advirtió sobre las consecuencias de la pérdida de empleo registrado para el sistema previsional. Al referirse a la discusión sobre cómo incrementar los recursos destinados a las jubilaciones, explicó que los trabajadores en relación de dependencia realizan aportes diferentes de los correspondientes al monotributo.

“El trabajo en relación de dependencia es el que más aporta a la jubilación”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo que la reducción de los puestos registrados compromete los ingresos futuros del sistema. “A medida que perdés trabajadores en relación de dependencia, más problemas vas a tener a futuro para pagar las jubilaciones”, advirtió.

El economista remarcó que el traslado de trabajadores hacia modalidades de menor contribución o directamente hacia la informalidad representa un problema fiscal. “Estás generando un problema fiscal muy grande con el principal gasto que tiene cualquier Estado moderno, que es el sistema previsional”, afirmó.

También rechazó que ese cambio responda necesariamente a una elección de los trabajadores. “No es que hay un deseo profundo de decir: ‘Quiero ir a ser Rappi’”, sostuvo.

Para ilustrar esa situación, contó el caso de una persona que evaluaba cerrar su emprendimiento de venta de ropa y debía buscar otra actividad para sostener sus ingresos. Según planteó, la pérdida de empleos y el cierre de pequeños negocios pueden empujar a más personas hacia ocupaciones informales, con consecuencias sobre los aportes al sistema jubilatorio.

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