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Política Nacional

Otro dolor de cabeza para Dietrich

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Esta vez no es el puerto local ni su presidente Donadío. El diario Perfil lo cuenta esta mañana en su artìculo Autopistas: Otra vez, el presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno están en la mira judicial por un posible conflicto de intereses que podría haber derivado en una defraudación al Estado. El Caso Autopistas está a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli. PERFIL obtuvo y analizó durante las últimas dos semanas documentos oficiales y dialogó con los protagonistas. En este artículo redacta el detrás de escena de un negocio millonario: peajes. El caso se centra en la renegociación de contratos con las concesionarias de dos autopistas: Acceso Norte y Ausol (acceso oeste). Los contratos de concesión de las accesos vencían en 2023 pero en 2018 se extendieron hasta 2030. Además, el Estado le reconoció a la empresa una deuda de US$ 747 millones (US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones a Acceso Norte), de acuerdo con el Ministerio de Transporte. La empresa se comprometió a realizar inversiones y el Ejecutivo aumentó las tarifas de los peajes. La principal empresa involucrada es Abertis. En Ausol era socia de Sideco, empresa emblema de la familia Macri. Ninguna de las dos compañías quiso responder las consultas de este medio. El conflicto con las concesionarias nació tras la crisis de 2001 por la pesificación y el congelamiento de las tarifas de peaje. Pero Abertis recién se presentó ante el tribunal internacional cuando supo que Macri había ganado las elecciones.

Con Balbín afuera de la Procuración, Vialidad solicitó al organismo que opine sobre la renegociación del contrato de Abertis en el Acceso Oeste. Saravia Frías emitió dos dictámenes sobre el caso, a los que accedió PERFIL. De allí surge que Vialidad se encontraba negociando con las concesionarias desde julio de 2016, amparada por un decreto del Presidente que autorizó la renegociación de este tipo de contratos. Entonces, los Macri todavía tenían el 7% de las acciones de la compañía y la empresa Abertis había iniciado una demanda multimillonaria ante el Ciadi. Javier Iguacel era entonces el director nacional de Vialidad y estuvo al mando de las primeras negociaciones con las concesionarias, según consta en los escritos oficiales. Iguacel dijo a este medio: “Una de mis preocupaciones era asegurarme de no caer en un conflicto de intereses. Es cierto que se venía hablando con la empresa pero la renegociación del contrato se dio después de que los Macri vendieran sus acciones”. “Fue un proceso largo –agregó Iguacel–, con recomendaciones de la Sigen, la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro. Todos nos dijeron que convenía hacer el acuerdo con la empresa. Se evaluó que siga el juicio pero se decidió que era más conveniente para el Estado cerrar el acuerdo. Abertis ponía la cara en la negociación y mucha oposición y pretensiones”.

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Negociaciones finales entre Karina Milei y Caputo por el esquema de comunicación que estrenará el Gobierno

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Créase o no, en una parte del Gobierno están convencidos de que la erosión de la imagen de Javier Milei en los últimos meses no se debió tanto al caso de corrupción en torno a Manuel Adorni, sino a una mala estrategia de comunicación para lidiar con la cobertura de ese escándalo en los medios. Por eso, en la Casa Rosada están ávidos por acelerar los cambios en el área encargada de distribuir los mensajes oficiales, tanto en declaraciones públicas como en off the record.

De ese diagnóstico surgió la decisión de nombrar a Adrián Ravier como nuevo Vocero, echar al histórico número dos de Adorni, el secretario de Prensa Javier Lanari, e incorporar a Fabián Fernández, profesional de la comunicación política proveniente de YPF y surgido de las filas de la consultora de Santiago Caputo junto a Guillermo Garat.

El último paso del operativo fue ayer, cuando aceleraron el anuncio sobre la vuelta de las conferencias de prensa, que dejaron de estar en manos del complicado Manuel Adorni. Y apuraron la renuncia de Ravier de su banca de diputado (si bien tuvieron que esperar, a regañadientes, a que diera quórum en Diputados y se pudiera votar el super RIGI y los holdouts.

Pero aún se negocia, en la Casa Rosada, cómo quedará el organigrama.

Hay una pelea interna por quién maneja la comunicación, si Santiago Caputo con sus credenciales de consultor, o Karina Milei junto a Adorni y los Menem. Se sopesó la posibilidad de que el vocero y el responsable de Prensa tengan un lugar independiente de ambos y no dependan de la Jefatura de Gabinete. Pero los deseos de Karina Milei de cuidar a Adorni prevalecieron, y lo más probable es que esos “ravioles”, como se llama a los cargos en el Estado, se ubiquen en la estructura del propio Adorni, el protegido de la hermana presidencial.

Sería un mensaje fatal para Manuel sacar eso de ahí. No hay necesidad”, dijeron en Gobierno los adeptos al caputismo. El plan, al menos hasta hoy, es dividir en dos partes la Secretaría que manejaba Lanari; y aprovechar la movida de recambios para hacer un nuevo alarde de la “motosierra”, con un recorte de la estructura que funcionaba en el área de comunicación.

Pero por ahora sigue siendo un misterio si las áreas de Ravier y Fernández van a depender de la Jefatura o van a ser independientes. Los detalles del sensible área comunicacional no se conocerán hasta el martes, cuando Ravier brinde su primera rueda de prensa a las 11 de la mañana en la Sala de Conferencias del segundo piso de la sede del Gobierno, y no este viernes, cuando se presentará oficialmente ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada y hablará on the record, pero sin el formato de conferencia.

En Gobierno niegan que haya un conflicto en torno al organigrama definitivo. Pero admiten que “no está cerrado aún”. Algunos alegan que el problema para terminar de definirlo es que Milei viaja hoy y se quedan sin firma.

“Nadie está vaciando a nadie. [Ravier y Fernández] solo quieren trabajar. Ninguno de los dos vino con otra pretensión que laburar. Cero ego, cero obsesión por los ravioles, cargos, nada”, juraron en Balcarce 50. Están deseosos de mostrar mejor predisposición a la prensa después de dos años de fuerte agresividad de parte del propio Presidente, entre otros gestos, acciones y omisiones que provocaron una serie de llamados de atención y repudios de las sociedades de prensa.

Por caso, los libertarios, hasta ahora, no informaron qué van a hacer con la sala de periodistas, que este año se cerró por primera vez desde la vuelta de la democracia por orden de Javier y Karina Milei en medio del estallido del caso Adorni. Si bien se volvió a habilitar, aún persisten importantes restricciones para los periodistas acreditados en la sede del Gobierno.

En principio, en el Gobierno prepararán a Ravier para que no se sienta “acribillado” con cuestiones vinculadas a Manuel Adorni. El nuevo vocero tratará de enfocarse en temas económicos y mostrar mejor predisposición ante la prensa, lo cual representaría una novedad total en el gobierno de Milei.

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El Gobierno ofreció asistencia sanitaria a Venezuela luego de que se registraran los dos terremotos

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Javier Milei

Luego de que se registraran dos terremotos de magnitudes de 7,2 y 7,5, el presidente Javier Milei manifestó su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras confirmarse que los fenómenos provocaron daños estructurales y derrumbes en varias ciudades, incluida la capital de Caracas.

Por medio de un comunicado emitido desde la Oficina del Presidente de la República Argentina, las autoridades indicaron que seguirán de cerca la evolución de la emergencia y de ofrecer colaboración humanitaria en caso de que las autoridades venezolanas lo requieran, siempre en coordinación con organismos internacionales.

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”, señalaron.

La comunicación oficial, firmada por Milei, subraya el compromiso de la República Argentina de seguir de cerca la evolución de la emergencia y de ofrecer colaboración humanitaria en caso de que las autoridades venezolanas lo requieran, siempre en coordinación con organismos internacionales. el comunicado.

El mensaje difundido por la presidencia argentina destaca la disposición de Buenos Aires a contribuir con equipos y recursos de rescate, así como con personal de protección civil, ante la magnitud del desastre. “En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población”, indica el texto.

Las autoridades argentinas recalcaron su voluntad de apoyar toda gestión de ayuda humanitaria coordinada por organismos multilaterales. El presidente Milei enfatizó que la solidaridad debe prevalecer ante desastres que afectan a pueblos hermanos, e instó a la comunidad internacional a responder de manera conjunta ante la emergencia desatada por los sismos en Venezuela.

“La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”, afirmó el comunicado firmado por el mandatario.

Horas después del anuncio de Javier Milei, María Corina Machado le agradeció el apoyo al expresar a atraves de sus redes sociales: “gracias por estar con los millones de venezolanos que atraviesan horas de enorme angustia. Toda muestra de solidaridad fortalece los esfuerzos para asistir a nuestra gente y salvar vidas. Contamos con la ayuda urgente del pueblo argentino”.

Ante la magnitud de los daños generados, la presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia en Venezuela. Los terremotos de 7,2 y 7,5 que se produjeron con 39 segundos de diferencia en el estado de Yaracuy, sacudieron con fuerza Caracas, dejaron daños estructurales en edificios y viviendas y activaron alertas de tsunami en el Caribe, en un episodio que el Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó entre los movimientos sísmicos más intensos registrados en el país en más de un siglo.

El organismo estadounidense estimó de forma preliminar que podría haber “un gran número de víctimas y grandes daños” y proyectó una cifra probable de muertos de entre 1.000 y 10.000. Hasta el momento, según los reportes citados por Infobae, no había información confirmada sobre heridos.

De acuerdo con el USGS, el primer sismo ocurrió a las 22:04 GMT a una profundidad de 21 kilómetros, cerca de San Felipe, en Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas. El segundo, de mayor magnitud, se registró a las 22:05 GMT en la misma zona y a 10 kilómetros de profundidad.

“Este terremoto fue el primero de un doblete; este sismo precursor de magnitud 7,2 fue seguido tan solo 39 segundos después por un sismo principal mayor, de magnitud 7,5”, informó el organismo.

Caracas reportó derrumbes, cortes de electricidad y despliegue de equipos de emergencia

El ministro de Interior de Venezuela Diosdado Cabello informó que las primeras evaluaciones apuntan a daños estructurales en distintos sectores de la capital y confirmó el despliegue de equipos de emergencia en las áreas más afectadas. También señaló que el movimiento telúrico se sintió con intensidad en varios estados del país.

“Todo indica que es muy superior a siete puntos, según las mediciones. Estamos esperando los informes definitivos y correspondientes”, afirmó el funcionario en una declaración difundida poco después del sismo.

Cabello precisó que los mayores reportes de daños se concentraban en el este de Caracas. “La zona de Los Palos Grandes, Altamira, que ha sido la zona sísmica por naturaleza de Caracas. Y ahí tenemos situaciones muy, muy alarmantes desde el punto de vista gráfico”, dijo.

“Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado”, declaró el ministro al confirmar que organismos de rescate y seguridad fueron movilizados de inmediato para atender la emergencia.

En algunas zonas de la capital se registraron cortes de electricidad a causa del movimiento telúrico. Tras el evento principal también hubo varias réplicas en la zona, lo que aumentó la preocupación entre la población en los minutos posteriores.

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Los movimientos sociales y piqueteros amenazan con cortes de rutas y otras medidas de fuerza contra el Gobierno

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La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, aprobó en asambleas realizadas en todo el país un plan de medidas de fuerza escalonadas contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Javier Milei, que incluye cortes de ruta por tiempo indeterminado si el Poder Ejecutivo incumple la medida cautelar que sostiene el programa Volver al Trabajo, y una marcha federal que culminaría en un paro general antes de fin de año.

La resolución surgió de las asambleas del 9 de junio, convocadas frente a las sedes de las secretarías de Trabajo de todo el país. En esos encuentros, la UTEP confluyó con expresiones de izquierda como Territorios en Lucha y el Bloque Nacional Piquetero bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. El secretario general de la UTEP, y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, ha evaluado la situación como “una emergencia social desbordante”.

La estrategia aprobada opera en dos planos simultáneos. El primero gira en torno al programa Volver al Trabajo, uno de los continuadores del Potenciar Trabajo, que desde hace dos meses se sostiene por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La medida obliga al Gobierno a mantener los pagos de ese programa social mientras se resuelve la cuestión de fondo. El gobierno apeló ese fallo y la causa ya es analizada por la Cámara Federal de San Martín.

La resolución judicial frenó el intento del Gobierno de cerrar el programa y obligó al Ministerio de Capital Humano a continuar los pagos a más de 926.000 beneficiarios, quienes perciben $78.000 mensuales —monto congelado desde el inicio de la gestión libertaria—.

En el caso de incumplir esta cautelar —desde la cartera de Sandra Pettovello afirman que no lo harán—, la UTEP activará cortes de ruta en todo el país, en algunos casos por tiempo indeterminado. El reclamo incluye además un aumento del salario atado al salario mínimo vital y móvil. Si el Gobierno mantiene el cumplimiento judicial, la organización definirá en los primeros días de julio el tenor de una jornada de protesta cuyas características dependerán de esa realidad.

El segundo plano articula una coordinación más amplia con el movimiento sindical. El 18 de junio, en la sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Azopardo al 800, el triunvirato cegetista conformado por Jorge SolaCristian Jerónimo y Octavio Argüello recibió a Gramajo y luego a los titulares de las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)Hugo Yasky y Hugo Godoy. Del encuentro también participaron confederaciones como la COSITMECOS, la CATT, la CASIA, la CSIRA y la CATHEDA, además de gremios docentes universitarios. El diagnóstico fue compartido: el rumbo económico profundiza el debilitamiento del entramado industrial, genera pérdida de puestos de trabajo y deterioro del poder adquisitivo.

De ese encuentro, surgió la coincidencia en construir un plan de lucha sostenido y escalonado, con capacidad de involucrar a todas las organizaciones confederadas.

La CGT moderó las expectativas sobre una huelga general inmediata y optó por un esquema gradual en el que cada sector presente sus demandas de forma coordinada, aunque voces como las de Roberto Baradel y Daniel Catalano, junto a Yasky y Godoy, insisten en acelerar las manifestaciones en la vía pública.

Desde la UTEP, la proyección de ese plan apunta a una marcha federal que recorra las provincias durante semanas y culmine en un lugar emblemático de las luchas populares, para desembocar en un nuevo paro general antes de fin de año. “La idea es hacer la mayor cantidad de acciones posibles que confluyan en un plan de lucha común de todos los sectores afectados por la crisis económica”, sostienen desde la UTEP.

La agenda de movilizaciones inmediatas incluye el 26 de junio, cuando las organizaciones sociales participarán del acto por los asesinatos de los militantes sociales el aniversario de los asesinatos el 26 de junio de 2002 por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el Puente Pueyrredón.

En los próximos días, además, algunas organizaciones recorrerán comercios y supermercados para solicitar alimentos ante la escasez que registran los barrios populares.

Un relevamiento realizado por la organización Libres del Sur en barrios populares de la provincia de Buenos Aires revela que el 86% de los hogares está en situación de estrés económico, el 77% de las familias se privó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero, y 4 de cada 10 familias comen menos para poder pagar deudas. El informe también indica que 8 de cada 10 jubilados afirman que su jubilación no alcanza para alimentarse y que el 66% de las familias suprime comidas.

El 7 de agosto, día del Patrono del Trabajo, la UTEP conmemora los 10 años de la primera marcha de San Cayetano realizada bajo el gobierno de Mauricio Macri y que contó con el apoyo del fallecido Papa Francisco. La organización trabaja en una gran jornada multisectorial que convoque a sectores gremiales, estudiantiles, del feminismo y del movimiento de Derechos Humanos, y mantiene diálogo con la Iglesia, que históricamente ha acompañado la marcha de los trabajadores de la economía popular desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo.

“La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”.

Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y uno de los dirigentes que realizó una semana de ayuno frente a la Casa Rosada realizó el siguiente diagnóstico ante una consulta de Infobae: “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”. Castro señaló también el impacto del aumento de tarifas y el encarecimiento de los productos básicos: “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”. Y resumió el alcance de la precarización: “Tenes que hacer dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir”.

La coordinación entre las centrales obreras también tuvo proyección internacional. En la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, las delegaciones argentinas actuaron de común acuerdo y alzaron la voz contra lo que señalan como intentos del Gobierno por desmantelar el sistema de relaciones laborales vigente.

Las movilizaciones de la UTEP se inscriben en un cuadro social que un informe técnico sobre situación de calle en Argentina, publicado este mes por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral retrata con datos precisos.

El informe advierte que el perfil de quienes llegan a la calle se transformó de manera estructural. Si bien históricamente predominaban los varones adultos solos, los referentes territoriales consultados reportan una diversificación que incluye familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos familiares. La causa más frecuente es la incapacidad de pagar alquileres ante la desocupación y la falta de oportunidades laborales.

La radiografía del trabajo indica que: solo el 14,75% de las personas en situación de calle terminó el secundario, el 61,5% no recibe asistencia económica estatal y cerca del 54% sufrió violencia desde que está en la calle. A ese cuadro se suma que 1 de cada 2 hogares en Argentina presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% con déficit compuesto, cuantitativo y cualitativo.

El documento señala que la Ley Nacional 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo”, sancionada por el Congreso de la Nación el 9 de diciembre de 2021 representó un avance al reconocer a estas personas como sujetos de derecho, pero advierte que su implementación es débil por la falta de lineamientos operativos homogéneos y de financiamiento. Por su parte, el Decreto 373/2025, que trasladó a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gran parte de las responsabilidades de ejecución, generó, según el informe, mayores riesgos de profundizar desigualdades territoriales.

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