El Gobierno publicó este jueves el Decreto 85/2026 en el Boletín Oficial, a través del cual se produce una reestructuración integral del Ministerio del Interior. La medida, ordenada por el presidente Javier Milei y refrendada por el ministro Diego Santilli, modifica de fondo cómo se organiza y gestiona uno de los órganos clave de la administración pública.

La decisión central de este decreto es ajustar el “organigrama” del Ministerio del Interior. En otras palabras, se redefine cuántas subsecretarías, secretarías y unidades asesoras tendrá el organismo que maneja varios temas críticos para el funcionamiento del Estado, desde las relaciones con las provincias hasta la atención de asuntos indígenas y deportivos.

Entre los cambios principales, el decreto formaliza varias subsecretarías que antes no existían o funcionaban bajo otra dependencia.

Por ejemplo, la nueva estructura describe la existencia de una Subsecretaría de Enlace Legislativo, una Subsecretaría de Deportes y una Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas bajo el paraguas de la Secretaría de Interior.

De hecho, las actualización llega luego de que se aprobara la estrcutura organizativa del entonces Instituo de Asuntos Indígenas, antes actuante dentro de la órbita del Minsiterio de Justicia.

El decreto también incorpora objetivos específicos para cada sector. Uno de los puntos destacados es que la Subsecretaría Legal deberá ahora garantizar que el Ministerio cumpla con la Ley N.° 27.275, que regula el acceso a la información pública.

Por otro lado, la Subsecretaría de Gestión Administrativa tendrá el mandato de fortalecer las políticas de transparencia y cooperación con la Oficina Anticorrupción. Esta línea apunta a prevenir y controlar irregularidades dentro de la gestión pública nacional.

Otra de las decisiones es actualizar el “nomenclador” de funciones ejecutivas en el Ministerio del Interior. En términos simples, esto significa que ciertos cargos serán eliminados, otros homologados y algunos reubicados. Las nuevas funciones y sus titulares fueron publicados en los anexos del decreto.

Además, derogaron normas y estructuras previas, lo que supone la eliminación de algunas divisiones y regulaciones antiguas. Por ejemplo, quedaron anulados el artículo 5.° del decreto de diciembre de 2024 y una decisión administrativa vinculada al área de Asuntos Indígenas de 2018.

Hasta que finalice la transición organizativa, las áreas con rangos inferiores a los recién aprobados seguirán funcionando como lo hacían. Es decir, continuarán con sus equipos y tareas habituales “con sus respectivos niveles, grados de revista y suplementos vigentes a la fecha”. Esto busca evitar vacíos de gestión mientras se terminan de implementar los cambios.

El documento deja claro que la modificación estructural no aumentará la cantidad de áreas de la administración pública nacional. Según intervenciones de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto, el nuevo armado no requerirá más cargos ni partidas extra fuera de las ya establecidas.

La medida responde, además, a la necesidad de actualizar y modernizar el funcionamiento del Ministerio del Interior para adaptarlo a los lineamientos de gobierno actuales. Tanto la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública como la Subsecretaría de Presupuesto participaron de la evaluación.

A finales del año pasado, se descartó el traspaso del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) al Ministerio de Seguridad Nacional y se estableció que permanezca bajo la órbita de Interior. La marcha atrás en la decisión responde al malestar generado por un acuerdo previo entre la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizado sin consulta a Santilli tras su entrada al Ejecutivo.

Cambios clave dentro del RENAPER

Una serie de nuevos nombramientos en la administración pública fueron oficializados en la madrugada del viernes pasado mediante la publicación en el Boletín Oficial de unos decretos firmados por el presidente Javier Milei.

Entre los cambios más relevantes, designaron a Damián Andrés Selem como subdirector de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a partir del 1 de febrero, de acuerdo con lo establecido mediante el Decreto 76/2026.

Esta designación se produce tras la aceptación de la renuncia de Benito Mario Molver al mismo cargo. Asimismo, el Gobierno le agradeció al funcionario saliente por los servicios prestados durante su gestión.

En los días previos, el Gobierno había aceptado la renuncia de quien se desempeñaba como director nacional del RENAPER, el organismo responsable de los documentos de identidad y registros civiles de la Argentina. En su lugar, informaron que asumió el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, a partir del 1° de febrero. El cambio quedó formalizado por el Decreto 33/2026, firmado tanto por el presidente Javier Milei como por el ministro Diego Santilli.

El próximo martes 24 de febrero, el Senado de la Nación celebrará su sesión preparatoria para definir las autoridades clave del cuerpo. Este encuentro se dará luego de que finalice el período de extraordinarias, en el que el oficialismo terminará de sondear el diálogo entre los diferentes sectores y la capacidad de acuerdos que puede tener de cara al año legislativo.

El proceso se activó tras la citación formal firmada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien instruyó que la sesión se realice a las 12 horas de ese día.

En esta instancia, se renovarán cargos como el presidente provisional, las vicepresidencias y las secretarías administrativa y parlamentaria, posiciones estratégicas tanto para la conducción parlamentaria como para el equilibrio de fuerzas, con la nueva conformación de la Cámara.

La sesión preparatoria responde al artículo 1° de su reglamento: “El 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior, en caso de que sea feriado, se reúne el Senado en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados por decisión de la Cámara”.

“Acto continuo, la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección de un presidente provisional para que la presida, en los casos determinados en el artículo 58 de la Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente 1º y un vicepresidente 2º”, reza el segundo.

En tanto, el tercero deja en claro que “en caso de no resultar mayoría, se votará por los candidatos que hayan obtenido mayor número de sufragios; y en caso de empate, decidirá el presidente”.

Fuentes del Gobierno y del Senado le expresaron hace unas semanas a Infobae que “no existe ninguna intención de terminar de quebrar el orden”, evitando así escalar la tensión entre el Ejecutivo y la Vicepresidenta, cuyas recientes estrategias políticas y comunicacionales no han mostrado resultados palpables.

La continuidad institucional parece inicialmente asegurada en ciertos puestos. La eventual confirmación de Alejandro Fitzgerald al frente de la secretaría administrativa —la oficina que gestiona todos los recursos del Senado— apunta a consolidar consensos entre bloques. Fitzgerald reemplazó a María Laura Izzo, cuya gestión fue considerada eficiente, y superó una serie de intentos fallidos, entre ellos el paso efímero de Emilio Viramonte Olmos.

En la secretaría parlamentaria, la eficaz labor de Agustín Giustinian también facilitaría la estabilidad, asegurando el funcionamiento del “alma legislativa” de la Cámara alta. Este sector resulta determinante para coordinar con los diferentes bloques, afrontar la presión opositora y mantener a la Casa Rosada informada de la correlación de fuerzas para cada ley. Las funciones principales de esta área incluyen el ida y vuelta con las bancadas, amortiguar la presión opositora, definir estrategias y avisar con exactitud a la Casa Rosada los votos que hay —o no— para leyes.

La Presidencia provisional, segundo lugar en la línea de sucesión presidencial tras Victoria Villarruel, permanece como uno de los puntos más sensibles a resolver. Actualmente ocupa ese puesto el libertario Bartolomé Abdala, quien permaneció en función pese a maniobras internas que intentaron desplazarlo, demostrando resiliencia en un contexto político de fuertes disputas. Abdala se destacó por asumir la conducción en momentos de máxima tensión en el recinto, respaldado por figuras como el ex jefe de la bancada, Ezequiel Atauche.

En cuanto a la Vicepresidencia del Senado, su asignación corresponde al peronismo, una costumbre que no ha sido cuestionada en esta ocasión. Restan definirse las vicepresidencias primera y segunda, actualmente en manos del radicalismo y del peronismo disidente, respectivamente, así como las prosecretarías parlamentaria y administrativa.

Un caso particular es el de Manuel Ignacio Chavarría, titular de la prosecretaría de coordinación operativa y recientemente designado en la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Su nuevo cargo fuera del Senado no generó impedimentos formales, pero su decisión de solicitar una licencia “ad honorem” —en lugar de renunciar— generó malestar. ¿Qué significaría esto? Continuar con contratos y personal a cargo en el Senado, además de un chofer.

Bajo el precepto de respetar la división de poderes, el Gobierno explicó que la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad responde directamente a la decisión del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó su puesta en vigencia inmediata, y garantizó que cumplirán con las determinaciones judiciales. “Si nos obligan vamos a reglamentar”, consignaron desde la administración libertaria a este medio.

Si bien desde entonces la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica se encuentran promulgadas, pero postergadas en su aplicación, en Casa Rosada admiten que un sector del Ejecutivo tiene planes para insistir en su derogación, pero aseguran que ante una eventual determinación de la Justicia similar avanzarán en su reglamentación. “Algo hay que hacer con esas dos leyes porque tenemos sino dos puntos del déficit fiscal comprometidos”, precisó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

“No cumplir un fallo es un delito. Es nada más y nada menos que incumplimiento de los deberes de funcionario público para empezar”, sintetizó ante Infobae una fuente libertaria para dar respuesta ante el accionar del Poder Ejecutivo ante un escenario similar al ordenado por el juez federal Adrián González Charvay, que declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, que promulgó la ley pero suspendió su ejecución.

Sin embargo, hasta entonces, la determinación oficial de posponer la aplicación de ambas leyes tras la sanción del Congreso en agosto, a raíz del impacto fiscal que, consideran, afectaría a las cuentas del Estado, solo dio lugar a una catarata de amparos y a una cautelar de la Justicia Federal para actualizar salarios docentes y becas estudiantiles en las universidades nacionales. “Nunca vamos a incumplir una orden judicial. Si la justicia falla, más allá de que estemos de acuerdo o no, vamos a acatar”, aclararon en Balcarce 50 a este medio.

Con la firma del presidente Javier Milei, el Gobierno avanzó durante la madrugada del miércoles en la reglamentación de la suspendida Ley de Emergencia en Discapacidad sobre la fecha límite establecida por González Charvay. “Lo que nos hizo avanzar fue la catarata de sentencias en contra”, ironizó a este medio un fuente con acceso al despacho presidencial.

Asimismo, se cuidaron de aclarar que la reglamentación no implica aceptar los fundamentos del fallo ni ceder en la disputa legal sino que responde a una decisión política de “respetar la división de poderes”. “En la explicación aclaramos que dábamos lugar ‘sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos, se propicia el dictado del decreto reglamentario’”, remarcaron tras la publicación del decreto 84/2026 que redactó la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal Murphy.

Lo cierto es que el camino de las leyes N°27.795 y N° 27.796, que establecen un nuevo régimen de financiamiento para las universidades y declaraban la emergencia sanitaria de la salud pediátrica, fue largo y sinuoso y parece no haber terminado. Tras su sanción a finales de agosto de 2025, el mandatario optó por vetarlas, pero el Congreso rechazó su accionar y ratificó los proyectos originales.

Poco más tarde, en octubre el Ejecutivo las promulgó y suspendió su aplicación sujetas a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento, y en diciembre insistió con la derogación de ambas normas al intentar incluirlas en el capítulo XI del Presupuesto 2026. Esto despertó la crítica de la oposición, pero también de los sectores aliados que opusieron resistencia y lograron sancionar la previsión presupuestaria sin el polémico capítulo rechazado en la votación particular.

Lo cierto es que el ala dura de la mesa política no da por perdida la posibilidad de cumplimentar la voluntad del mandatario y trabajan en la posibilidad de insistir con el contenido del frustrado capítulo durante las sesiones ordinarias.

No obstante, se cuidan de aclarar que ante un eventual escenario en el que la justicia dictamine la inmediata aplicación no habrá margen para desconocer la decisión. “No hay muchas posibilidades porque el responsable es el funcionario del área que debe dar cumplimiento a la decisión judicial”, aclararon.

El debate que parteaguas en el Gobierno

En la multiplicidad de voces que caracteriza al Gabinete, y que confluye además en la mesa política designada por el mandatario, más de uno considera poco estratégico insistir con la derogación de determinadas legislaciones de temas sensibles.

Los alfiles legislativos descuenta que, en el cálculo de respaldos fijos que acumulan en ámbas cámaras, varios sectores aliados como la Unión Cívica Radical (UCR) no apoyarían una nueva avanzada contra la puesta en pie de un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas que afecte los salarios del personal docente y no docente

“Es imposible avanzar con el tema. Simplemente no sale. Hasta los aliados estan en contra. Además, tampoco nos vamos a anotar una victoria política con este tema. Lo mejor es no meterse y dejar que pase el año que es un plazo corto”, confesaron al respecto de la idea de insistir con la derogación de las leyes.