“No hay posibilidad de pensar en la representación de nuestro proyecto político si quien más votos tiene y más competitiva es para frenar a Milei y Macri, está presa. No voy a naturalizar buscar candidatos como reemplazo porque Cristina no puede. Cristina sí puede, debe y merece estar en libertad. A algunos les queda cómodo que Cristina esté presa. Creo que es muy injusto y el daño es enorme”.

Mayra Mendoza es, tal vez, la voz camporista que aparece con más regularidad en el debate público defendiendo la inocencia de Cristina Kirchner, reclamando que todas las vertientes del peronismo levanten la bandera de la proscripción y enviando mensajes entre líneas, indirectamente, a sectores que hoy no tienen su situación en el vértice de la agenda política. Axel Kicillof y su espacio, y el PJ Federal de los legisladores e intendentes del interior, aparecen primeros en esa lista. Son los apuntados.

La definición de la legisladora provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, durante una entrevista en el canal de streaming Gelatina, es un retrato perfecto del pensamiento del cristinismo por este tiempo y de lo que no piensan otras terminales justicialistas. Allí donde creen que el camporismo quedó atrapado en un monotema y que están exigiendo que respeten la conducción política de CFK cuando, a la luz de los hechos, su liderazgo es solo sobre un sector del peronismo, no sobre la totalidad.

En los últimos días los principales exponentes de La Cámpora salieron a marcar la cancha con el pedido de libertad de la ex presidenta y a reforzar, en conjunto, que el peronismo no puede desentenderse de ella, aunque así lo quisiera. Porque ella es la que más votos tiene y la que sigue conduciendo a un grupo grandes de dirigentes con peso específico en el territorio. Es decir que, aún presa, sigue teniendo una fuerte capacidad de influencia en el proceso electoral.

“Cuando pedimos Cristina libre, algunos nos tildan de fanáticos. Cristina libre significa volver a tener a una fuerza política competitiva. Hay algunos que no lo pueden decir, que no pueden tomar en un acto militante un panfleto o una bandera que exprese esa consigna. Eso habla de las personas”, señaló Mendoza, en clara alusión al resto de los sectores de la coalición opositora que no tienen entre sus prioridades el pedido sistemático sobre la situación de la ex presidenta.

En un tono más enérgico, y frente al ingreso del departamento ubicado en San José 1111, donde la ex presidenta cumple su condena, Eduardo “Wado” de Pedro, aseguró que “hay que militar hasta romper la proscripción de Cristina” porque en la actualidad “guste o no guste, Cristina es la conducción” y “guste o no guste, en el corazón de la gente, el recuerdo es Néstor y Cristina”.

El senador nacional fue tajante y explícito, cuando se refirió a los dirigentes del peronismo que no tienen entre sus prioridades el pedido de la libertad de CFK. “Hace un tiempo dije que me dolía que algunos compañeros de militancia no estén acá pidiendo por la libertad de Cristina. Ahora no me duele más, me da rabia. No hay que ser garca. Hay que reconocer. Este pueblo está reconociendo el esfuerzo y el amor de Cristina. No podemos permitir que en la dirigencia política se hagan los boludos”, sentenció.

El destinatario de ese mensaje es Axel Kicillof, al que De Pedro aprecia y lo une una larga relación personal. Y también es un mensaje para todos los dirigentes que están en el espacio del gobernador bonaerense y que no militan la libertad de la ex presidenta y el argumento de que está proscripta. Tanto en el MDF como en el PJ Federal, que son los sectores a los que apuntan los dirigentes cristinistas, no responden a la conducción política de la ex mandataria. Ni ahora ni en un futuro. Ese es un ciclo terminado.

El enojo del cristinismo va más allá de la provincia de Buenos Aires y de la interna en la que están involucrados hace varios años. Tiene que ver con que creen que hay un alto porcentaje de dirigentes del peronismo que son desleales a CFK, quien, entienden, encarnó los últimos logros de la fuerza política. Sienten que no hay reconocimiento sobre su figura y que la dejaron sola, condenada y presa.

La santafesina Florencia Carignano, que también es parte de la agrupación ultra K, aseguró en una entrevista con Futurock que “el próximo candidato tiene que entender que es una condición sine qua non que Cristina esté libre, porque es la única manera de poder gobernar hoy el país”. En ese sentido, sostuvo que si se quiere “negar o minimizar el hecho” de que esté presa, “no estamos entendiendo para que queremos gobernar la Argentina”.

Un par de días atrás la voz la alzó la diputada nacional Paula Penacca. “Hay una práctica política en el peronismo que tiene mucho que ver con la diferenciación del kirchnerismo. Diferenciarse del kirchnerismo es, muchas veces, negar al kirchnerismo. Y negar al kirchnerismo es ir por menos cuando podes ir por todo”, explicó la legisladora en diálogo con El Destape.

Cuando hizo hincapié en el rol de la ex presidenta para el tiempo que viene, agregó: “Si el enemigo entiende que tiene que encarcelar a Cristina, evidentemente en esa figura, esa trayectoria, y en esa probada capacidad de conducir y de gobernar, hay algo que ellos ven como peligroso. ¿Por qué lo negaríamos nosotros?“. Luego, rememorando la pelea por la conducción del partido, cuestionó a Kicillof elípticamente al asegurar: “¿Por qué no pudimos construir síntesis cuando Cristina quiso ser la presidenta del PJ Nacional?”. Rencillas del pasado que nunca se solucionaron.

El sector de la ex presidenta armó una serie de eventos en la puerta de San José 1111 para mantener el vivo el reclamo. Lo vienen haciendo desde hace poco más de una semana y lo continuarán hasta el 20 de junio, cuando se realice una movilización militante desde Parque Lezama al departamento donde la ex presidenta pasa sus días, para conmemorar el primer aniversario de su condena y detención domiciliaria, que se cumple el 10 de junio. Así intentan pelear contra el olvido de la consigna que impulsan.

Las voces del cristinismo se agolpan en las redes sociales y subsisten en los actos callejeros. Intentan moldear un mensaje anclado en los laureles del pasado para que haya un reconocimiento en el presente y se tome noción real de la influencia sobre el futuro. Pero sus voces no conmueven a una gran porción del peronismo, que cree que la ex presidenta debe ser parte del armado electoral, al igual que el sector que conduce, pero que está convencida que la gente de a pie está harta de que la política pase mucho tiempo hablando de la política.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentó un recurso ante la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para solicitar la nulidad de la intervención judicial dispuesta el 22 de mayo que afecta al gremio durante 180 días, impugnando la constitucionalidad de esa medida y pidiendo revisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

El fallo de los camaristas Víctor Pesino y María Dora González designó un interventor temporal e incluyó dos puntos centrales que el gremio busca anular. La presentación de la UOM sostiene que esa sentencia judicial no respetó su estatuto ni la jurisprudencia previa en materia de intervenciones sindicales.

El recurso fue presentado por Daniel Daporta, secretario adjunto de la UOM y delegado administrador del sindicato, como fue designado esta semana por el Consejo Directivo de la UOM, que resolvió las medidas internas orientadas a resolver la situación institucional “conforme a las facultades otorgadas por el estatuto” sindical.

En su planteo, la UOM argumenta que la intervención externa resulta improcedente porque el propio estatuto del gremio contiene los mecanismos previstos para resolver situaciones de acefalía. Se señala que, según los artículos 21 y 22, el Consejo Directivo tiene la atribución de designar delegados administradores tanto para las seccionales como para el Secretariado Nacional si es necesario. La organización enfatiza en el documento que la omisión de este punto por parte del fallo representa un “error grosero” y fundamenta la presentación extraordinaria ante la Cámara.

El martes pasado, el Consejo Directivo de la UOM integrado por representantes de seccionales de todo el país, exceptuando la de Zárate-Campana, cuyas elecciones fueron objetadas por la Justicia, emitió la Resolución Nº 5/2026 por la que designó delegados administradores para normalizar la entidad.

La UOM, en ese sentido, insiste en que el Consejo Directivo no está intervenido y que la solución basada en el estatuto ya se encuentra en proceso.

El sindicato afirma también que la sentencia judicial se aparta de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según la presentación, la Ley 27.802 de Modernización Laboral exige a los magistrados laborales ajustarse a los fallos de la Corte Suprema. Alude al “caso García” de 2023, en el cual —según la UOM— el máximo tribunal restringió las facultades de intervención sobre los gremios y ratificó el principio de autonomía sindical consagrado en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otro de los argumentos de la UOM es que en el momento del fallo aún no estaba firme la resolución del rechazo de recusación sobre dos de los jueces involucrados, lo que, según el gremio, impediría que el tribunal dictara sentencia con jurisdicción plena y comprometería las garantías del juez natural y el debido proceso.

El gremio dejó planteada, además, la reserva del caso federal y anticipó que agotará los demás recursos legales con el propósito de revertir la intervención.

Hace tres días, en desafío a la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el Consejo Directivo de la UOM rechazó la intervención judicial, impulsó el proceso interno de normalización estatutaria y declaró e estado de alerta y movilización en todo el país.

En ese sentido, se designó Delegado Administrador a Daniel Daporta, titular de la Seccional Avellaneda, y como Delegado Administrador de la seccional Zárate-Campana a Emiliano Gallo, de la UOM Vicente López.

Estas definiciones de la conducción metalúrgica se resolvieron el martes pasado al mediodía mientras ante la sede central de la UOM, en Alsina al 400, se realizó un “abrazo” en defensa de Furlán y el resto del secretariado del sindicato que fueron desplazados de sus cargos luego de la anulación de los comicios en la Seccional Zárate-Campana por la falta de garantías de una “elección confiable, segura ni transparente”.

En la calle, manifestantes de distintos gremios se concentraron en apoyo a los dirigentes afectados por el fallo judicial: estuvieron, sobre todo, miembros del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que integra la UOM, como las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Aceiteros, Papeleros, la Federación de Camioneros, SOMU, SUTNA, CONADU, Federación de la Carne y Metrodelegados, entre otros.

Aunque no hubo una columna de la CGT con una pancarta propia, concurrió el cotitular cegetista Octavio Argüello (Camioneros), quien se mostró al lado de Furlán cuando éste salió a la calle a hablar con los periodistas. Allí también estuvieron sindicalistas como Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Sergio Palazzo (bancarios), Roberto Baradel (CTERA), Claudio Marín (FOETRA), Clara Chevallier (CONADU) y Pablo Biró (APLA), además de los propios dirigentes de la UOM, entre quienes estuvo Horacio Otero, quien fue clave en la normalización de las regionales de la CGT en todo el país.

Furlán acusó a los jueces que ordenaron la intervención del sindicato de recibir “incentivos económicos y políticos”, en medio del conflicto entre el gremio y el Gobierno por la política de “desindustrialización”.

Durante una entrevista en el estudio de Infobae a las Nueve, el dirigente señaló que detrás del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo se esconde una intromisión política para presionar al sindicalismo.

Previo a la reunión con legisladores del PRO de todo el país, Mauricio Macri destacó la necesidad hoy de “lograr que esta vez el cambio sea indestructible, que el populismo no lo pueda volver a parar”. A su vez, se refirió a las declaraciones del exapoderado de la Fundación Madres Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, que ayer pidió ampliar su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, y reveló un supuesto subsidio a la Universidad de las Madres para hacer denuncias contra el PRO.

“Fueron muy duros en la Ciudad (de Buenos Aires) y después en la Nación. Ocho años de un ejército de demolición trabajando para que el cambio no avanzase”, planteó el exmandatario a los periodistas que lo esperaban en la puerta de las oficinas partidarias de la calle Balcarce.