Existe un debate muy apasionado en el corazón del establishment industrial acerca del modelo productivo del Gobierno, su impacto en ese sector y su sostenibilidad. Ese debate volvió al centro de la escena pública esta semana, en el marco del evento anual que la Unión Industrial Argentina organizó el miércoles en la sede del laboratorio ELEA y que no tuvo participación del Poder Ejecutivo, con la sola excepción de Pablo Lavigne, a cargo de la secretaría de Coordinación Productiva.

Martín Rappallini, jefe de la UIA, cuidó quirúrgicamente sus palabras: consensuó el discurso con el resto de los miembros del comité, pero dejó algunas definiciones que Lavigne escuchó sin pestañar desde el auditorio. Remarcó que la producción está un 10% por debajo de los niveles del 2022, con caídas en algunos sectores en torno al 25 y el 30%, y destacó la caída en el empleo registrado: según el último relevamiento a mayo de este año, la industria, que concentre el 20% de la ocupación formal del país, perdió 93.760 puestos de trabajo en tres años. El 44,8% pertenece a la provincia de Buenos Aires. “La industria le está poniendo el hombro a la estabilización”, remarcó Rappallini, y agregó: “La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación, tenemos que mirar la actividad, hay sectores muy golpeados, empresas trabajando por debajo de su capacidad”. Habló también de la contribución del sector con la recaudación -en torno al 30%-, y la preocupación por los altos niveles de contrabando, justo en momentos de definiciones irresueltas en la cúpula de la Aduana: hasta este viernes aún no se había formalizado la renuncia presentada por José Velis, jefe de ese organismo.

El Gobierno sabía que Rappallini expondría las dificultades del sector. Por eso ninguno de los ministros invitados confirmó su presencia. Ni siquiera Diego Santilli. La más llamativa fue sin embargo la ausencia de Mario Lugones, que hasta la mañana del mismo miércoles seguía ratificado entre la lista de invitados a la sede de ELEA en el conurbano: algunos de los organizadores se enteraron que finalmente no iría mientras viajaban esa mañana hacia el Gran Buenos Aires.

Luis Caputo, “Toto”, conoce de primera mano esas demandas. En su momento, la cúpula de la central empresaria le había reclamado una solución a los bienes transables, que produce un 25% de la industria y que sufre el impacto de la competencia con el exterior, en especial con China. El ministro quedó en contestar. Una demanda similar recibió el mes pasado, cuando visitó Catamarca y la licenciataria que fabrica ropa y calzado de seguridad de la marca Ombú le reprochó por la apertura excesiva de la economía.

Caputo oscila en sus respuestas. “La mayoría de los empresarios entiende que tiene que haber un cambio, que es difícil para algunos, que implica que hay que reconvertirse e invertir, algo que no estaban acostumbrados a hacer”, abundó en medio del evento industrial y tras las declaraciones del vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, que lo llamó “un trader que no sabe lo que es un torno”. Moretti no participó del agasajo y rara vez va a las reuniones del comité industrial. Por el contrario, desde esa central aseguran que tanto Rappallini como el resto de los directivos principales apoyan el rumbo del modelo de Javier Milei.

El Presidente es consciente de ese apoyo, más allá de las críticas y el impacto en el sector. Eso explica, tal vez, por qué ha sido hasta ahora una de las variables de su programa que no se permitió modificar. “Voy a redoblar la ortodoxia”, dijo el viernes en Misiones. Satisfecho, todavía, por la repercusión de la cadena nacional del jueves -la grabó en tres oportunidades hasta que se conformó finalmente con el tono del discurso, mientras los ministros esperaban con masitas y Santiago Caputo se encargaba de que trascendiera su sello detrás del éxito de la estrategia comunicacional-, que le permitió copar la agenda mediática con las medidas anunciadas en favor del reclamo de soberanía sobre las Malvinas.

El Gobierno está dividido. Milei es la cabeza de una propuesta de apertura regulada por el mercado y beneficios fiscales para grandes inversiones sin ningún salvavidas para aquellos que no se adapten a las nuevas reglas del modelo. También Federico Sturzenegger, cada vez más resistido puertas adentro. Caputo podría embanderarse en ese bando, pero sabe, íntimamente, que habría que promover algunas concesiones para que el 2027 sea, en términos electorales, “un paseo por el parque”. El ala política, con Santilli y Patricia Bullrich como puntas de lanza, es la que propicia medidas más heterodoxas para paliar el impacto del programa libertario en la industria o en otros rubros castigados como la construcción y el comercio. Una encuesta que se analizó en despachos oficiales arrojó que la “preocupación” en la sociedad por el empleo creció de julio del 2025 a julio último del 30% al 51%. Esa inquietud es transversal a casi todas las provincias, con mayor permeabilidad en territorio bonaerense: cerraron 1.306 fábricas industriales desde mayo del 2023. Dieciocho meses consecutivos de caída.

En ese contexto, el debate en el Senado por el Súper RIGI, que tiene media sanción de Diputados, volvió a colocar a la industria bajo la lupa, y se espera que este martes, en la reunión de la mesa política encabezada por Karina Milei, se analicen los cambios que los senadores aliados propusieron después de una serie de conversaciones con sectores de la industria, en particular la metalmecánica.

El Gobierno llamó a un cuarto intermedio después de que en las reuniones de comisión la senadora Bullrich no pudiera garantizar una respuesta favorable de la Casa Rosada. En especial al pedido para llevar a un piso mínimo del 20% de contratación de proveedores locales respecto de los bienes para el desarrollo de los proyectos de inversión. Y que exista un diferencial del 15% en el precio respecto a los bienes importados para que las empresas argentinas compitan en igualdad de condiciones con los proveedores del exterior, una política aplica, por ejemplo, Brasil, que integra incluso el bloque BRICS junto a China. Hasta ahora, el proyecto de Diputados estipula que ese piso contemple, además de los bienes, obras y servicios, lo que llevaría a que se diluya ese porcentaje en rubros, como gastronomía, logística u hotelería, que se desarrollan de manera natural en el país.

Para la mesa política, ese stand-by en las negociaciones fue una mala noticia porque los reclamos fueron presentados por senadores aliados como Carlos Espínola, Flavia Royón, Maxi Abad o Martín Goerling Lara, que trabajaron con empresarios y en sintonía con el peronismo, con legisladores como Jorge Capitanich, que diseña un plan de gobierno para ofrecerle al peronismo en 2027. “Se van a hacer modificaciones, no se sabe si todas las que están pidiendo, pero eso va a salir”, reconoció una fuente oficial. La letra chica de esas tratativas está en manos de Bullrich, y existieron algunos pedidos al presidente de la Cámara baja, Martín Menem: Santilli recién empezaría a hablar en el tramo final con los gobernadores.

Lo cierto es que el Gobierno sigue con alguna preocupación ese proyecto, también los jefes provinciales, porque existieron episodios en el marco del RIGI ya sancionado que prendieron luces de alerta en un tema de altísima sensibilidad como el empleo local y la industria. El caso más resonante es el de la minería, particularmente en dos proyectos: Río Tinto, en Salta, y Vicuña, en San Juan. La multinacional minera, en su obra de litio en territorio salteño, fue la primera en encender las alarmas con la importación directa de china de galpones metálicos y estructuras para el proyecto Rincón, con precios muy por debajo de la industria nacional, sin aranceles, y por un volumen similar a la capacidad local. Ese debate se trasladó después a San Juan, con el mega proyecto minero que ya se comprometió a desembolsar USD250 millones para la provincia pero que generó un malestar, especialmente dentro de la empresa, por las repercusiones que generó, cuando se adjudicó, según explicaron fuentes locales, un 25% del montaje del campamento Batidero a una UTE liderada por PowerChina. Se trata de 2.500 plazas que el proyecto necesita para este año. Según fuentes provinciales, el 90% de la mano de obra utilizada para el montaje corresponde a trabajo local, algo que desde la industria ya dan por descontado: por eso insisten con incluir entre las modificaciones esenciales al Súper RIGI que el piso mínimo del 20% quede exclusivo para “bienes”.

Ese revuelo hizo que el gobernador Marcelo Orrego apurara una ley de “compre local” enfocada en el desarrollo minero que había comenzado a trabajarse mucho antes de la polémica con Vicuña.

El debate por la importación de bienes chinos y el impacto en la industria local alcanzó incluso a la industria minera, una de las actividades centrales que motorizaron el crecimiento de la economía en estos años. “No nos podemos pasar de rosca”, admitieron fuentes del sector. Franco Mignacco, de la minera Exar, con proyectos en Jujuy, a cargo del departamento alusivo en la UIA, es consciente de esa discusión interna que llegó a oídos del Gobierno. Incluso surgieron versiones de alguna discrepancia del ministro Caputo con José Morea, el country manager de Vicuña Corp, un egresado del cardenal Newman muy vinculado al canciller Pablo Quirno que quedó en el ojo de la tormenta.

¿Ilusión u optimismo? Ese debate en el establishment industrial animó a un sector a pensar en una serie de alternativas al proyecto de reelección de Milei que llegaron a poner incluso otra vez como candidato a Mauricio Macri -un intento fugaz, por cierto- o a Bullrich, que todavía aparece como opción de parte del círculo rojo.

Pero el deterioro del empleo formal, la inestabilidad del repunte económico y el bajo consumo son algunas de las variables que entusiasman al peronismo, que se debate entre la ilusión de volver al poder y el optimismo por una derrota de La Libertad Avanza el próximo año. “Creemos que el Gobierno puede perder, el problema es que no sabemos si nosotros podemos ganar”, resumió un dirigente bonaerense que trabaja en una alternativa.

Ese optimismo peronista está alimentado, en buena medida, por el impacto del programa económico en la provincia de Buenos Aires, que suele registrar, desde que asumió Milei, los peores indicadores. Un intendente de un municipio populoso del conurbano asegura que, en estos meses, el Presidente alcanzó su nivel más bajo en imagen desde que desembarcó en el gobierno. Dicen, además, que los vecinos le demandan cada vez más trabajo, y que el cierre de empresas, medianas y pequeñas, es cada vez más notorio.

Esa fotografía de la actualidad coincidió en las últimas semanas con la reaparición, pública y privada, de Sergio Massa, cuyos movimientos recientes empezaron a ser seguidos con lupa por el círculo rojo empresario, sindical y político. Es más: en parte de la dirección de la UIA están convencidos de que la elección del próximo año volverá a dirimirse, otra vez, entre Milei y el ex ministro de Economía. “La estructura y los movimientos de Sergio son los de un candidato presidencial: es el único con relación directa e influencia en algunos gobernadores”, reconoció un intendente del conurbano de la nueva liga de jefes comunales del peronismo que podrían reunirse con él en estos días. Entre esos gobernadores alistan, por ejemplo, al salteño Gustavo Sáenz.

El futuro de Massa es una incógnita para un peronismo que sigue enfrascado en una guerra a cielo abierto entre el cristinismo y Axel Kicillof, otra vez agravada tras un muy tímido acercamiento reciente por la puesta en escena de estos días que Máximo Kirchner organizó frente al departamento de su madre, en San José 1111, por el aniversario del intento de asesinato, que incluyó al cancionero de La Cámpora contra aquella declaración del gobernador, cuando pidió “nuevas canciones”.

Esas nuevas canciones parecen haber surtido efecto, al menos en el plano judicial por algunos movimientos recientes que tuvieron como mojón principal los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para la estratégica Cámara Federal de la capital, dos camaristas que pasaron las audiencias y la votación del Senado sin que el kirchnerismo planteara ni una sola discrepancia, ni siquiera en la voz del lenguaraz Martín Soria, y que juraron a mediados de semana rodeados de una muy concurrida tribuna. Ese repliegue táctico del cristinismo despertó un revuelo en redes sociales, con acusaciones cruzadas. El jefe de La Cámpora enfureció con esas especulaciones. Tiene motivos para enfurecerse, también para inquietarse, junto a su madre, por el juicio oral que podría iniciarse hacia fin de año por la investigación de Hotesur-Los Sauces que lo tiene en el banquillo de los acusados. Se trata, tal vez, del expediente más sensible para la familia, ahora en manos del Tribunal Oral Federal 5, que tiene una vacante -subrogada- que debe ser nominada y remitida al Senado por el ministro Juan Bautista Mahiques.

No es, de todos modos, el único fuero que despierta el interés del círculo rojo judicial y político. En el contencioso administrativo federal, donde se resuelven, por ejemplo, los actos administrativos de la gestión del gobierno, hay cuatro vacantes en la cámara. Es una zona de gran influencia por parte de Sergio Fernández, que dejó atrás una enemistad de mucho tiempo con su hermano Javier. Uno de los candidatos que quiere uno de esos sillones es el juez Martín Cormick, vinculado a Kicillof.

En el entorno del gobernador, que tiene un vínculo distante con el Poder Judicial, siguen de costado esos procesos. No figura entre sus prioridades. En julio, designó como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura provincial a Santiago Pérez Teruel, uno de sus asesores cercanos en la materia que empezó hace tiempo a fatigar algunos despachos relevantes. Pero sigue sin resolver las cuatro vacantes en la Corte Suprema.

Esa definición se encamina a quedar bajo la órbita de la próxima administración provincial, el objetivo principal de Santilli, el jefe de Gabinete de Milei que amplía su zona de influencia puertas adentro. El viernes, designó oficialmente a Adrián González al frente del Correo Argentino. La llegada de González coincidió con la salida de Aimé Vázquez, “Meme”, ex mano derecha de Manuel Adorni, que la había elevado al directorio de esa empresa estatal, clave para el desarrollo del proceso electoral del 2027. Santilli tiene en su poder otros asuntos más sensibles, como la licitación del predio de Tecnópolis, que arrastra una puja empresaria muy caliente y que el ministro coordinador lleva en persona.

Pero hay dirigentes de LLA y del PRO que todavía quieren que el jefe de Gabinete decline sus aspiraciones bonaerenses y compita el año que viene por la Jefatura de la ciudad de Buenos Aires. Según supo este medio, hay conversaciones entre figuras muy importantes del Gobierno y del entorno de Mauricio Macri detrás de esa pretensión. El expresidente aún deja trascender que no está seguro de querer que su primo Jorge Macri busque la reelección, a pesar de que las encuestas marcan una mejora en la gestión local. En ese plano, existieron hasta conversaciones entre Fernando de Andreis y Horacio Rodríguez Larreta. “Hay que volver al PRO histórico”, le habría transmitido el diputado al ex jefe de gobierno.

“Así se manejan los primos hasta que siempre terminan juntos”, opinó una fuente del PRO. Es una hipótesis que tiene cada vez más adeptos: que el jefe del PRO negocia su cuota de poder pero que, al final del camino, terminará por apoyar al jefe de gobierno. Por las dudas, Karina Milei sigue con su propio proyecto, e incorporó hace algún tiempo a una asesora de Patricia Bullrich: María Oneto, a cargo del fondeo de la campaña presidencial de la ex ministra del 2023. Todos desconfían de todos. “En el 2023 les dimos los votos gratis, esta vez los vamos a hacer valer”, explicaron cerca del ex presidente.

El exprimer ministro británico Boris Johnson pidió refuerzos militares en las Islas Malvinas después de la cadena nacional en la que Javier Milei anunció nuevas medidas sobre la soberanía del archipiélago. El reclamo surgió en medio de las dudas que Donald Trump planteó sobre la continuidad del apoyo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa.

Johnson publicó una columna de opinión en el Daily Mail tras el mensaje del presidente argentino y sostuvo que Washington es “técnicamente neutral” en la cuestión. A partir de ese punto, interpretó que Milei aprovechó el momento para endurecer su discurso sobre el reclamo argentino.

El impacto del mensaje argentino también se coló en la política interna británica. Por otro lado, el líder de Reform UK, Nigel Farage, afirmó que Milei “vio una grieta” a partir del caso de las islas Chagos y usó ese argumento para cuestionar al gobierno laborista de Andy Burnham, que asumió hace menos de dos meses.

Johnson vinculó el discurso de Milei con un riesgo de provocación

Johnson tituló su columna con un reclamo directo al primer ministro británico, el que le pide “tomar el control y enviar refuerzos a las Malvinas”. Más adelante reforzó esa exigencia con otra definición: el Reino Unido debía afirmar que las islas son británicas y demostrar ese compromiso con el envío inmediato de más aviones, tropas o barcos.

En la columna, el exjefe del Ejecutivo británico describió a Milei como “anglófilo y admirador de Thatcher”. Añadió que no cree “ni por un segundo” que el mandatario argentino busque una confrontación con el Reino Unido por esta cuestión.

Más de cinco millones de personas viven en los 6.467 barrios populares relevados en la Argentina. Sobre esa base, la Iglesia, la fundación TECHO y organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron un proyecto de ley acompañado por 11 bloques legislativos de 10 provincias para garantizar por ley el financiamiento de obras de integración socio-urbana hasta 2036. “Para eso es necesario el diálogo”, resumió Gustavo Carrara, Arzobispo de La Plata, al reclamar que los recursos dejen de depender de la voluntad política de cada gestión.

La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Grabois, busca fijar un piso presupuestario vinculado al Producto Bruto Interno (PBI) y responde a un fallo judicial que exhortó al Congreso a garantizar recursos tras la disolución del fondo que sostenía esas obras.

Monseñor Gustavo Carrara reclamó protagonismo

Carrara destacó la necesidad de comprender a los barrios populares desde la organización de quienes los habitan. “El concepto de integración socio urbana busca destacar el protagonismo de las vecinas y vecinos; que no solo dan que pensar, sino que piensan; no solo despiertan sentimientos, sino que sienten; y no solo padecen las injusticias, sino que se organizan de modo creativo en la lucha por vivir mejor”, sostuvo el religioso.

“Los vecinos trabajan con laboriosidad con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para después poder cobijar a sus hijos y nietos; para eso es necesario el diálogo”, agregó el Arzobispo de La Plata.

Los razones del proyecto de ley

Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa tiene por objeto “dotar de un financiamiento adecuado, sostenible y permanente a la política de integración socio urbana de los barrios populares de la República Argentina, conforme a lo establecido por la ley 27.453, sus modificatorias y normas complementarias”. Esa norma, sancionada en 2018 con amplio consenso legislativo, reconoce la vulnerabilidad habitacional de millones de argentinos y establece el marco legal para su integración socio-urbana.

El texto sostiene que el derecho a la integración sociourbana, consagrado en el artículo 1° de la Ley 27.453, “es un derecho cuya efectividad depende de la existencia de recursos concretos que le otorguen previsibilidad presupuestaria”. En ese sentido, los fundamentos citan a los tratados internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), que imponen al Estado “el deber de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales” y le prohíben “retroceder sin una justificación estricta y debidamente fundada en los niveles de protección ya alcanzados”.

Un fallo judicial que exhorta al Congreso a garantizar el financiamiento

“La iniciativa legislativa responde de manera directa a una decisión judicial”, le recuerda a este medio el diputado Juan Grabois. En mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó, en el marco de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones, hizo lugar a una medida cautelar interina que suspendió el Decreto 312/2025 —que disponía la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)— por considerar que la ausencia de financiamiento implicaba “una regresividad inadmisible en términos constitucionales”, que comprometía “el goce efectivo de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, el hábitat y el ambiente sano”.

El juez Andrés Heim, a cargo del juzgado, exhortó de manera expresa al Congreso de la Nación a arbitrar los mecanismos necesarios para establecer un financiamiento adecuado y sostenible. El proyecto que hoy impulsan los 11 bloques constituye la respuesta directa a ese exhorto.

El FISU fue creado por el Decreto 819/2019 como instrumento clave para financiar obras de infraestructura en los barrios registrados en el Renabap. Fue dotado de recursos provenientes, entre otras fuentes, del 9% de la recaudación del Impuesto PAIS, conforme a la ley 27.541 y el decreto 184/2020, lo que le permitió desplegar, según los fundamentos, “una de las políticas de infraestructura social más importantes de las últimas décadas”.

Entre los logros de esa política, el proyecto destaca más de 1.300 obras aprobadas de infraestructura urbana —apertura y mejoramiento de calles, equipamiento urbano, redes de agua, cloaca y electricidad, y lotes con servicios— y más de 250.000 mujeres beneficiadas a través del programa Mi Pieza, orientado a mejoras habitacionales.

Ese esquema se derrumbó con el Decreto 193/2024, que redujo la participación del FISU en el Impuesto PAIS del 9% al 0,3%, “impuesto que luego dejó de existir a fines del año 2024”.

Los fundamentos precisan que esa primera decisión implicó una caída del 96,7% en los recursos disponibles para continuar con las obras en marcha o iniciar nuevas, y que tras la eliminación del impuesto “los recursos para esta política pública se extinguieron”. Como consecuencia, según el informe 145 de la Jefatura de Gabinete, la ejecución de obras se desplomó un 98% entre 2023 y 2026, de 171.863 millones de pesos a apenas 3.336 millones de pesos, y 671 de las 1.322 obras en curso —el 84,3%— quedaron paralizadas en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

La fórmula para el financiamiento

El artículo 3° del proyecto establece la fórmula que sostiene el financiamiento: un piso presupuestario equivalente al 0,0375% del PBI para el período 2027-2029, con incrementos progresivos hasta alcanzar el 0,1125% en el tramo 2034-2036. Los fundamentos aclaran que la iniciativa no crea un nuevo impuesto ni una fuente de financiamiento adicional, sino que establece, dentro del conjunto de los recursos públicos de renta general, una prioridad presupuestaria para la integración socio-urbana.

“El monto inicial de 0,0375% del PBI es equivalente al nivel de inversión efectiva alcanzado por el FISU durante el año 2021 —año en que la política dio comienzo a su despliegue territorial e impacto social— y representa el mínimo necesario para garantizar la sostenibilidad de las obras en ejecución, evitar su paralización y planificar con horizonte estratégico la integración de los más de 6.000 barrios populares registrados en el ReNaBap”, según el texto presentado ante la Cámara de Diputados.

La iniciativa agrega que los recursos destinados a esta política no podrán ser inferiores a los del año anterior, incluso en caso de una eventual prórroga del Presupuesto Nacional, y propone prorrogar por diez años la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares.

Gisella Gazzotti, directora nacional de Incidencia en TECHO-Argentina, explicó los alcances de la iniciativa. “Impulsamos este proyecto que busca garantizar fondos del Presupuesto para los sectores más pobres de Argentina. Hoy en los barrios populares viven cerca de 1,7 millones de niños y niñas que se inundan cuando llueve, que crecen sobre un piso de tierra y que no hay manera de que puedan progresar sin invertir en su futuro. Buscamos que este proyecto de ley permita transformar la vida de todos ellos”, afirmó.

El último relevamiento del ReNaBap

La Mesa Nacional de Barrios Populares —integrada por Cáritas, TECHO y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)— retoma con este proyecto el espíritu de consenso transversal que en 2018 permitió sancionar la Ley de Barrios Populares.

Según el ReNaBap, con datos actualizados a diciembre de 2025, existen 6.467 barrios populares identificados en todo el país, que ocupan una superficie de 684.201.855 metros cuadrados y donde viven aproximadamente 1.287.942 familias, en 1.170.397 viviendas.

El relevamiento del organismo, dependiente de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, clasifica al 81,24% de esos barrios como asentamientos, al 17,41% como villas y al 1,35% como conjuntos habitacionales unifamiliares. En cuanto a su antigüedad, el 26,83% se conformó durante la década de 2010 y el 24,80% durante la de 2000, mientras que un 3,74% de los barrios populares corresponde mayoritariamente a comunidades originarias, entre las que predominan las etnias qom, wichí y guaraní.

Con financiamiento sostenido, la política llegó a ejecutar 1.322 obras en 1.164 barrios populares de las 23 provincias, generó 23.909 lotes con servicios y alcanzó a más de 1.300.000 personas. Casi 859.000 familias cuentan hoy con Certificado de Vivienda Familiar, y el programa Mi Pieza redujo el hacinamiento del 43% al 21% en los hogares beneficiados. La política fue auditada sin observaciones por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

El relevamiento del Instituto Periferias exhibe la magnitud de la crisis social

Un informe elaborado por el Instituto Periferias, que conduce Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, aporta datos sobre la situación social en las zonas más vulnerables de la provincia de Buenos Aires durante 2026. Según ese relevamiento, el 57,5% de los consultados mencionó al hambre y la pobreza como el principal problema del país, con un 32,2% que citó específicamente el hambre y un 25,3% la pobreza.

El estudio también registró que el 44,1% de los hogares sufrió la pérdida del trabajo principal, propio o de algún integrante de la familia, y que el 74,4% de los hogares no llega a cubrir los gastos mínimos con sus ingresos; solo el 11,1% respondió que sí le alcanzan. Un 52,3% de los consultados dijo sentir ansiedad o tristeza por la situación económica de manera frecuente o permanente.

En materia alimentaria, el 68,3% no pudo acceder a alimentos saludables y nutritivos, y el 49,2% se quedó sin alimentos en el hogar en algún momento. El relevamiento detectó además que el 42,3% de los hogares tuvo que pedir dinero prestado o endeudarse para comprar comida, que el 59,8% tiene algún tipo de deuda financiera y que el tipo de deuda más mencionado, con el 37,8%, corresponde a la tarjeta de crédito.

¿Quiénes firmaron el proyecto?

El proyecto lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Martín Lousteau, Sebastián Nóblega, Fernanda Miño, Javier Noguera, Natalia De la Sota, Diógenes Ignacio González, Yolanda Vega, Esteban Paulón, Oscar Zago, Claudio Álvarez y Marcela Marina Pagano. Como cofirmantes figuran Lourdes Arrieta, Itai Hagman, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Pablo Juliano y Jorge Fernández.

Entre los espacios políticos que acompañan la iniciativa se encuentran Coalición Cívica, Argentina Federal, Encuentro Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Independencia, Defendamos Córdoba, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Coherencia.

Falta de servicios básicos

A menos de 15 días de que el Gobierno nacional presente el Presupuesto 2027, los datos del ReNaBap dimensionan el problema que busca resolver el proyecto de ley. Según el organismo, el 91,57% de los barrios populares no tiene acceso formal al agua corriente, el 66,18% carece de acceso formal a la energía eléctrica, el 97,42% no cuenta con conexión formal a la red cloacal, el 98,56% no tiene acceso formal a la red de gas y el 98,89% no dispone de un sistema de calefacción formal. El 100% de los barrios relevados está amparado por la Ley 27.453, que otorga seguridad en la tenencia de la tierra, de acuerdo con el mismo registro.