Luego de las 155.000 suspensiones en el Potenciar Trabajo que instrumentó el Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Victoria Tolosa Paz, piqueteros pertenecientes a partidos de izquierda anunciaron que saldrán a las calle este martes, para revertir los duros recortes en el programa.
Además, los piqueteros le habían pedido a Tolosa Paz que los reciba en su despacho para debatir las bajas en el Potenciar Trabajo, y presentarle a la funcionaria los cientos de testimonios que adjudican las irregularidades en la página del Ministerio para validar la identidad, trámite clave para continuar dentro del padrón de cobro del plan social.
Luego de que Tolosa Paz se negara a recibir a los piqueteros en su despacho, bajo la premisa de que “no se trata de bajas en el Potenciar Trabajo, sino de suspensiones”, los militantes de izquierda decidieron accionar el plan de lucha ya planificado, y salir a las calles este martes para reclamarle a la Ministra la reincorporación de las familias al programa.
De esta manera, los movimientos no oficialistas y las organizaciones sociales agrupadas en la Unidad Piquetera, cortarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Puente Pueyrredón, La Noria, Acceso Oeste y Panamericana. Además, sus pares replicarán la medida de fuerza en distintos puntos centrales del interior del país.
De esta manera, los piqueteros reclaman una serie de puntos que “resultan irregulares” a la hora de determinar las bajas en el Potenciar Trabajo, principalmente denuncian que muchas beneficiarios realizaron el trámite de validación de identidad “en tiempo y forma” y aun así quedaron por fuera del pago que debía ingresar el pasado viernes tres de febrero.
En ese mismo sentido, los piqueteros advirtieron que hay muchas familias que no pudieron validad su identidad por dificultades técnicas, falta de conectividad o imposibilidad de acercarse a los centros de referencia dispuestos por el Ministerio de Desarrollo Social para asistir a las personas que necesitaran ayuda, y reclamaron la extensión del plazo para realizar el trámite.
Asimismo, los militantes de izquierda le exigieron a la ministra Tolosa Paz que no se descuente el 50% del pago del Potenciar Trabajo, tal como lo habían anunciado desde la cartera de desarrollo social, y pidieron que cada organización pueda colaborar con las personas que tuvieron dificultades para validar sus datos
“Ya se han producido casi 160.000 suspensiones del Potenciar Trabajo, por lo que hay muchas familias que se quedarán sin la mitad de sus ingresos, y en marzo les bajarán la totalidad del monto”, expresaron los dirigentes de la Unidad Piquetera luego de criticar el ajuste en “las jubilaciones, los hospitales y las escuelas públicas de todo el país”.
Además, los piqueteros apuntaron contra las organizaciones sociales oficialistas, como el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, al acusarlos de adaptarse “a este ajustazo sin abrir la boca para defender a sus compañeros afectados, creyendo que la plata ‘ahorrada’ irá para sus cooperativas, pero el FMI ha reclamado en diciembre que se ajusten las cuentas porque quieren la plata para ellos”.
Por último, los piqueteros y militantes de izquierda, advirtieron que el “ajuste no terminará en las 160.000 bajas del Potenciar Trabajo de febrero, ni se va a detener por la campaña de cara a las elecciones 2023, van a seguir recortando el presupuesto porque así lo demanda el FMI”.
El Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley los proyectos de Presupuesto 2026 y Ley Fiscal Impositiva, garantizando así la hoja de ruta financiera para el próximo año. La “ley de leyes” proyecta una inversión total de más de 43 billones de pesos y prioriza el gasto social y la infraestructura.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto busca garantizar la sostenibilidad fiscal, proteger a los sectores vulnerables y continuar con las inversiones clave. Se contemplan asignaciones de recursos esenciales como Promoción y Asistencia social ($1.7 billones), Salud ($1.7 billones), y Seguridad ($1.4 billones).
Un punto político central del Presupuesto es la creación de un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, destinado a reclamar recursos adeudados por el gobierno federal.
Alivio fiscal: rebaja de la Patente
En materia de recaudación, el proyecto Fiscal se enfocó en la progresividad y la reducción de distorsiones, sin incrementar la presión tributaria general.
Automotores: se proyecta una rebaja nominal en la patente que beneficiará al 75% de los contribuyentes de la provincia (aproximadamente 1,5 millones de automotores).
Impuesto Inmobiliario: se eliminan cuotas adicionales para el cien por ciento de los propietarios y se estima una reducción de impuestos a pagar en términos reales debido a las actualizaciones nominales.
El senador Marcelo Feliú destacó que la aprobación del Financiamiento garantiza “la viabilidad de la ejecución del plan de Gobierno” e incluye fondos necesarios para los 135 municipios. En la misma sesión, se aprobó la designación de Flavia Terigi como nueva Directora General de Cultura y Educación.
La Legislatura bonaerense se disponía este jueves a la madrugada a aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal que envió el gobernador Axel Kicillof, mientras que se propuso un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10 por el proyecto de financiamiento.
Los diputados provinciales le dieron media sanción a la norma y ahora se esperaba idéntica respuesta en la Cámara alta bonaerense.
Según indicaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, la ley de leyes y la impositiva están en condiciones de ser aprobadas con mayoría simple, aunque sectores de la oposición, como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, votarán en contra.
Con esta postergación, el oficialismo busca estirar los plazos de la negociación con la oposición por lugares en el directorio del Banco Provincia y otros organismos públicos.
El aplazamiento también abre una ventana de tiempo para continuar las tratativas con los intendentes por los fondos para realizar obra pública en los municipios, que buscan recibir el 8% de los USD 3.685 millones del endeudamiento.
De acuerdo a lo que pudo saber NA de fuentes legislativas, el Senado bonaerense podría tratar en espejo las iniciativas que envió el gobernador.
La convocatoria en la Cámara Alta bonaerense era a las 19, pero el horario se atrasó hasta la aprobación de este miércoles por la noche en Diputados.
Paralelamente, el titular del bloque del PRO en Diputados bonaerenses, Matías Ranzini ya anticipó que el bloque amarillo va a votar en contra la Ley Fiscal que envió Kicillof a la Legislatura.
Ranzini acusó al kirchnerismo de “imponer” la eliminación de la exención a ingresos brutos a operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables en su Ley Impositiva en la provincia de Buenos Aires.
“Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva el bolsillo de los que quieren invertir”, sostuvo Razini en redes sociales, al tiempo que adelantó que su espacio rechaza la ley impositiva del gobernador.
La Lista Bordó del Consejo de la Magistratura expresó este miércoles su “creciente preocupación” por resoluciones adoptadas en las Comisiones de Disciplina y Acusación que, según afirmó, habilitaron la recepción de testimonios de cargo en expedientes sin haber dado previamente traslado de las denuncias a las juezas involucradas, situación que -advirtió- vulnera el derecho de defensa y el debido proceso.
Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas el pronunciamiento se difundió pocas horas después de una votación ajustada en la Comisión de Disciplina, que resolvió -con el voto doble del presidente César Grau– rechazar el planteo de nulidad presentado por la jueza María Eugenia Capuchetti en el sumario disciplinario que impulsó en su contra el kirchnerismo.
La magistrada había denunciado que se había avanzado en la investigación, incluso con la convocatoria de testigos, sin haber sido notificada conforme al artículo 11 del reglamento, que obliga a informar al juez investigado para que pueda ejercer su defensa.
En ese expediente, los consejeros Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y María Alejandra Provítola -los tres jueces-, junto con Eduardo Vischi y Hugo Galderisi, votaron a favor de Capuchetti.
Sin embargo, fueron derrotados por la postura de Luis Juez, Alberto Lugones, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y el propio Grau, cuyo voto de desempate definió la resolución.
La Lista Bordó remarcó que tanto en el caso de Capuchetti como en el de la jueza Sandra Arroyo Salgado -investigada por su actuación en la causa de la agresión al diputado José Luis Espert- se verificó la recepción de declaraciones testimoniales en procesos donde aún no se les había dado vista de las denuncias, lo que, según la agrupación, “priva a las magistradas de ejercer su defensa y controlar la prueba”.
El sector advirtió además que en ambos expedientes se tomaron testimonios a personas imputadas en causas penales radicadas en los juzgados donde las juezas investigadas ejercen su función, lo que crea “escenarios propicios para que los acusados intenten mejorar su situación procesal mediante testimonios falaces brindados ante un órgano administrativo”.
La agrupación afirmó que seguirá de cerca el desarrollo de ambos procesos disciplinarios y que sus representantes, Barroetaveña y Díaz Cordero, continuarán reclamando que se respeten las garantías constitucionales y el debido proceso de las magistradas involucradas.
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