Luego de las 155.000 suspensiones en el Potenciar Trabajo que instrumentó el Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Victoria Tolosa Paz, piqueteros pertenecientes a partidos de izquierda anunciaron que saldrán a las calle este martes, para revertir los duros recortes en el programa.
Además, los piqueteros le habían pedido a Tolosa Paz que los reciba en su despacho para debatir las bajas en el Potenciar Trabajo, y presentarle a la funcionaria los cientos de testimonios que adjudican las irregularidades en la página del Ministerio para validar la identidad, trámite clave para continuar dentro del padrón de cobro del plan social.
Luego de que Tolosa Paz se negara a recibir a los piqueteros en su despacho, bajo la premisa de que “no se trata de bajas en el Potenciar Trabajo, sino de suspensiones”, los militantes de izquierda decidieron accionar el plan de lucha ya planificado, y salir a las calles este martes para reclamarle a la Ministra la reincorporación de las familias al programa.
De esta manera, los movimientos no oficialistas y las organizaciones sociales agrupadas en la Unidad Piquetera, cortarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Puente Pueyrredón, La Noria, Acceso Oeste y Panamericana. Además, sus pares replicarán la medida de fuerza en distintos puntos centrales del interior del país.
De esta manera, los piqueteros reclaman una serie de puntos que “resultan irregulares” a la hora de determinar las bajas en el Potenciar Trabajo, principalmente denuncian que muchas beneficiarios realizaron el trámite de validación de identidad “en tiempo y forma” y aun así quedaron por fuera del pago que debía ingresar el pasado viernes tres de febrero.
En ese mismo sentido, los piqueteros advirtieron que hay muchas familias que no pudieron validad su identidad por dificultades técnicas, falta de conectividad o imposibilidad de acercarse a los centros de referencia dispuestos por el Ministerio de Desarrollo Social para asistir a las personas que necesitaran ayuda, y reclamaron la extensión del plazo para realizar el trámite.
Asimismo, los militantes de izquierda le exigieron a la ministra Tolosa Paz que no se descuente el 50% del pago del Potenciar Trabajo, tal como lo habían anunciado desde la cartera de desarrollo social, y pidieron que cada organización pueda colaborar con las personas que tuvieron dificultades para validar sus datos
“Ya se han producido casi 160.000 suspensiones del Potenciar Trabajo, por lo que hay muchas familias que se quedarán sin la mitad de sus ingresos, y en marzo les bajarán la totalidad del monto”, expresaron los dirigentes de la Unidad Piquetera luego de criticar el ajuste en “las jubilaciones, los hospitales y las escuelas públicas de todo el país”.
Además, los piqueteros apuntaron contra las organizaciones sociales oficialistas, como el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, al acusarlos de adaptarse “a este ajustazo sin abrir la boca para defender a sus compañeros afectados, creyendo que la plata ‘ahorrada’ irá para sus cooperativas, pero el FMI ha reclamado en diciembre que se ajusten las cuentas porque quieren la plata para ellos”.
Por último, los piqueteros y militantes de izquierda, advirtieron que el “ajuste no terminará en las 160.000 bajas del Potenciar Trabajo de febrero, ni se va a detener por la campaña de cara a las elecciones 2023, van a seguir recortando el presupuesto porque así lo demanda el FMI”.
El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo este jueves un encuentro en el Departamento de Estado, Washington DC, con el subsecretario de Desarrollo Económico, Energía y Medio Ambiente, José W. Fernández, en el que se suscribió el convenio particular con los Estados Unidos para la refinanciación de la deuda que la Argentina mantiene con el grupo de países acreedores.
“Con el objetivo de seguir ordenando y regularizando las relaciones financieras internacionales y continuando el camino que iniciamos en octubre del año pasado cuando firmamos el acuerdo general con El Club de París, hoy firmamos un acuerdo específico bilateral con Estados Unidos”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda tras la reunión.
En este sentido, Massa destacó que “en el 2019 la Argentina dejó de pagarle a los países miembros del Club de París y ahora lo estamos regularizando, por lo que estos avances permiten abrir la puerta a la búsqueda de nuevos proyectos estratégicos de inversión con financiamiento internacional”.
El convenio firmado forma parte de la implementación del entendimiento con el Club de París, contribuyendo a sostener la recuperación de la estabilidad económica y abriendo posibilidades para el financiamiento bilateral de los proyectos de infraestructura y la promoción de exportaciones.
La presidenta del HCD, Fabiola Buosi, presentó en las últimas horas un proyecto de resolución solicitándole al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, “la urgente implementación de los beneficios del régimen de zona fría para usuarios y consumidores de gas envasado”.
Según le comentó Buosi a Bahía Política, actualmente no hay beneficios de Zona Fría para usuarios de gas envasado en Bahía Blanca porque “falta la regulación de la provincia, que tiene que hacer lo que prevé la Ley Nacional de Zona Fría, como conformar listados y otros trámites administrativos para que el beneficio pueda ponerse en marcha”.
Es por esto que en el proyecto también se le solicita al Coordinador Seccional de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires “que interceda ante las autoridades provinciales competentes para la inmediata implementación de los beneficios”.
La presidenta del HCD le comentó a esta redacción que la iniciativa también fue presentada el año pasado y no obtuvieron respuestas. “Teniendo en cuenta que se aproxima el tiempo frio, que hubo incrementos en el valor del gas envasado y la necesidad de los vecinos con mayor vulnerabilidad, volvemos a hacer este pedido para que la provincia realice los trámites necesarios”, aseguró.
Además, a través de la iniciativa presentada por la concejala, también se requiere a la Dirección Provincial de Energía que informe a la Oficina Municipal de Información del Consumidor (OMIC) de Bahía Blanca, de manera clara y detallada, la modalidad de aplicación de la normativa, porcentaje asignado, trámites, requisitos a cumplir y todo detalle que considere de interés para el cumplimiento de lo establecido por la Ley Nº 27.637.
Tras cuatro meses sin actividad, el Senado volvió a sesionar este jueves, pero la jornada se frustró rápidamente en medio de cuestionamientos de Juntos por el Cambio al oficialismo por la supuesta pretensión de querer imponer un “temario antirreglamentario”.
Con la presencia de 70 legisladores, la Cámara alta pudo retomar su actividad pasado el mediodía. El debate se calentó cuando la presidencia del cuerpo, a cargo de la oficialista Claudia Ledesma, exigió una mayoría calificada para aprobar el cambio de orden del temario que había pedido unos minutos antes la oposición.
En medio de esa discusión, los integrantes de Juntos por el Cambio tomaron la decisión de retirarse del recinto, al igual que los miembros del peronismo disidente agrupado en Unidad Federal.
Luego de que la salida de la oposición, el oficialismo se quedó en sus bancas y sesionó en minoría con críticas a la actitud de JxC.
“Venir acá a pedir la votación del cambio, alterar el plan de labor, violando el reglamento, la decisión que ha tomado la Presidencia, demuestra que es todo una farsa y que no les importa nada lo que está pasando en Santa Fe, ni alcohol cero”, lanzó el jefe del bloque del Frente Nacional y Popular, José Mayans.
“Quedó de manifiesto que cuando Cristina Kirchner y el FdT pierde la mayoría en el Senado, la pudre, como se dice popularmente. Lo que hicieron fue querer tratar los temas que se les da la gana y no los que había pedido el bloque de Unidad Federal y el de Juntos por el Cambio, que eran concordantes exceptuando un solo tema”, se quejó Alfredo Cornejo fuera del recinto.
En el temario de la sesión estaban incluidos los proyectos de Alcohol cero y la Ley Lucio. El primero establece tolerancia cero en alcohol para conductores de automóviles en todo el país. El segundo es una ley que se construyó en base al asesinato del niño Lucio Dupuy a manos de su madre y la pareja de ésta, con el objetivo de que los resortes estatales puedan detectar situaciones de peligro para las infancias.