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Por qué hay que votar a Massa

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“Hay dos clases de dolor: el dolor que te hace fuerte y el dolor inútil, ese dolor que solo provoca sufrimiento. No tengo paciencia por las cosas inútiles”, así lo dijo Frank Underwood en la serie norteamericana ‘House of Cards’. Hoy los argentinos ya no tienen tiempo para los inútiles, ni para las cosas inútiles. Por eso no es Javier Milei.

Hace apenas una semana, más de 100 economistas internacionales reconocidos advirtieron que una victoria del candidato de Libertad Avanza el próximo fin de semana sería, en pocas palabras, un salto al infierno para los argentinos. “Si bien las soluciones simples pueden ser atractivas, es probable que causen una devastación en el mundo real a corto plazo”, señalaron en su carta afamados intelectuales de los números, como lo son Thomas Piketty, Jayati Ghosh, Branko Milanović y José Antonio Ocampo, entre otros.

Durante el debate, Milei sostuvo nuevamente la necesidad de dolarizar la economía. Esto significa el reemplazo del peso argentino por el dólar estadounidense como moneda de curso legal. Esto implica que una persona que gana 200 mil pesos a un valor actual de dólar libre -tomamos esa referencia porque el candidato libertario asegura que eliminaría los cepos- de 925, cobraría 216 dólares. ¿Qué alquiler en la actualidad es menor a ese sueldo promedio? ¿Ignorancia, irrealidad o delirio? Cualquiera de las formas deja a 40 millones de argentinos afuera. No hay tiempo para cosas sin sentido.

En la misma noche, Milei hizo agua en relaciones internacionales. No pudo desarrollar, por un profundo desconocimiento, cómo funciona el comercio entre países y privados. Una ineptitud preocupante para un candidato a presidente. El embajador argentino en Suiza, Gustavo Martínez Pandiani, en referencia a los planteos del candidato, alertó: “La diplomacia no es un buen lugar para hacer amateurismo. No se puede jugar como si fuera el TEG. Todos los Estados del mundo, y especialmente los más ricos, invierten enormes recursos en agregados comerciales para abrir mercados para sus empresas. Sin ese trabajo sería prácticamente imposible llegar a exportar para las pymes”.

La incapacidad del libertario fue tan grosera que se olvidó de la existencia de la Organización Mundial del Comercio, creada en 1995, que brinda el soporte jurídico e institucional que explica el 98% del comercio mundial. Es decir, ningún país decidió renunciar a su política comercial externa, o más bien, a la posibilidad de incidir en las operaciones comerciales entre privados mediante la fijación de aranceles, la utilización de medidas de defensa comercial o la determinación de requisitos técnicos o sanitarios. Es imposible pensar las relaciones comerciales sin presencia del Estado. No existe en el mundo real.

El 28 de agosto pasado, los gobiernos de Estados Unidos y China acordaron, ese lunes, la conformación de un grupo de trabajo con el objetivo de “buscar soluciones a cuestiones comerciales y de inversiones”, de acuerdo con el reporte del Departamento de Comercio estadounidense. De esta manera, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, y su par chino, Wang Wentao, sellaron el acuerdo en el marco de una reunión en Beijing en la que ambas potencias participaron con sus delegaciones. Según el comunicado, la secretaria de Comercio estadounidense expresó que ambos países comparten “700.000 millones de dólares en intercambios comerciales”, por lo que resulta “extremadamente importante que tengamos relaciones estables”. También afirmó que se encuentran “por supuesto, en desacuerdo sobre varias cuestiones”, pero Raimondo consideró que es posible “avanzar si somos directos, abiertos y pragmáticos”. Las dos economías más importantes del mundo se sientan a negociar porque se necesitan. Estados Unidos comercializa con China. Uno de los países más importantes de la historia moderna precisa, pese a sus diferencias, de China. Este es el mundo real. Según Milei, Argentina puede prescindir de su relación con el país asiático. Hoy, ni los argentinos ni el mundo tienen más tiempo para discusiones inútiles.

Milei y el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, han hecho pública su relación y apoyo infinidad de veces. Han coincidido en varios temas y el candidato de Libertad Avanza ha adelantado que varias de las políticas aplicadas por Bolsonaro las pretende experimentar en Argentina, tales como políticas internacionales, ambientales, económicas y sociales, entre otras. ¿Cómo le fue a Brasil con Bolsonaro? El hambre y el empobrecimiento de una parte de la población son el legado que deja el presidente Jair Bolsonaro tras cuatro años de gobierno, junto a la deforestación descontrolada. Además, los incendios dolosos se intensificaron, situándose en el nivel más crítico desde 2010. La economía también se vio duramente impactada durante la gestión de Bolsonaro, situación que el mandatario atribuye a la pandemia, a la política de aislamiento social implementada por los gobernadores y a la crisis energética agudizada a nivel mundial. Lo cierto es que la deuda pública de Brasil creció exponencialmente durante su gestión y terminó siendo el 78% del PIB.

El aumento exponencial de armas y municiones entre los coleccionistas brasileños es otro resultado de su gestión. Su obsesión por “armar al pueblo para que no sea esclavo” es más que conocida. En la presentación de su candidatura, en julio de 2018, Bolsonaro prometió que su primera iniciativa como presidente sería liberalizar la posesión de armas para civiles. Lo intentó en varias ocasiones, pero el Congreso y la Corte Suprema tumbaron todos los decretos. No obstante, encontró otro camino para armar a la población. En tres años, el número de armas registradas por cazadores, coleccionistas y tiradores se triplicó, alcanzando el millón, según datos de los institutos Igarapé y Sou da Paz. La región amazónica experimentó un aumento del 700%, con un aumento consecuente de homicidios. ¿Esto es lo que se quiere repetir en Argentina? ¿Estos son los ejemplos para salir adelante?

Los argentinos no tienen más tiempo para discusiones que no representan su sentido y composición histórica. Argentina no es un país armado. Su tasa de 7,4 armas de fuego en manos de civiles cada 100 habitantes se encuentra, según Small Arms Survey, por debajo de la mayoría de los países de la región. Una reciente encuesta realizada en mayo de 2023 a nivel nacional reflejó que el 77% de las personas encuestadas se mostró en contra de “la libre portación de armas de fuego”. La participación de la sociedad en el plan de desarme permitió retirar de circulación más de 200.000 armas de fuego entre 2007 y 2022. Por los resultados alcanzados durante sus primeros años, en 2013, ese programa fue premiado a nivel internacional como una política modelo.

Las leyes sobre restricción de armas de fuego aprobadas en el Congreso de la Nación en los últimos años también reflejan ese consenso, con votaciones afirmativas al control de armas y al desarme prácticamente unánimes. Diversos estudios confirman que la mayor presencia de armas de fuego en una sociedad, lejos de disminuir el delito, contribuye al aumento de la violencia, el delito y las muertes. Y, a la inversa, las políticas de control se relacionan con una reducción de esos problemas. El caso de Estados Unidos, el país con más armas de fuego en manos de civiles del mundo —120 armas por cada 100 personas—, es paradigmático. Su tasa de homicidios fue 7,5 veces mayor que la tasa de otros países de altos ingresos, lo cual suele atribuirse a su tasa de homicidios con armas de fuego, que es casi 25 veces mayor. Desde matanzas masivas, algunas de ellas en escuelas, hasta un mayor número de suicidios y feminicidios, los efectos de la libre circulación de armas de fuego han sido ampliamente verificados en otros países.

Volvamos a la elección “más importante de los últimos 100 años”.

La lógica de los encuestadores siempre indicó lo contrario a lo que sentía el metro cuadrado que habita la gente. Algunos ejemplos contemporáneos: hace apenas unos meses, todas las consultoras vaticinaban la imposibilidad del oficialismo de llegar al balotaje. La fragilidad de un frente que tenía un candidato poco competitivo que quedaba cinco puntos debajo del candidato mediático y sin experiencia, Javier Milei. “La gente no come vidrio”, decía mi abuela.

Esto que pasaba arriba de la pirámide también sucedió abajo. En la provincia de Buenos Aires, tras las PASO, los estudiosos de las estadísticas vaticinaban una elección cerrada y Axel Kicillof terminó ganando con una diferencia de 20 puntos con respecto al segundo. Otro caso podría ser el distrito de Lanús: el candidato que presentaba el oficialismo era un seguramente perdedor, pero los vecinos de la ciudad no quisieron que esto fuera así y eligieron a Julián Álvarez, quien se quedó con un amplio triunfo que lo llevó a recolectar el 44,6%.

Para seguir con la provincia más poblada, deseada y complicada de Argentina: las consultoras se equivocaron en Quilmes; Mayra Mendoza fue reelegida con un 51%; no acertaron en Hurlingham, donde el candidato de Unión por la Patria, Damián Selci, se consolidó con un 45%, superando por más de 13 puntos a su competidor de Juntos por el Cambio.

Para la próxima, hay otros datos a los cuales habría que prestar mayor atención. El consumo de medios en tiempos de híperconectividad parecería resultar menos azaroso. Veamos qué dice IBOPE, que se especializa en la medición del rating en Argentina. En lo que va del año, el promedio del canal de noticias LN+ es de 1,73, claramente una pantalla crítica del candidato a presidente, Sergio Massa. El segundo canal de noticias más importante del país, TN, también opositor al oficialismo, acumula hasta esta parte un promedio de 2 puntos de rating. Mientras que, del otro lado, C5N ha logrado un promedio anual de 2,10 y Crónica, otro grupo mediático más oficialista en esta arbitraria separación, acumula 1,63. ¿Sumamos a los opositores con los opositores y a los oficialistas con los oficialistas? No. Los argentinos ya no tienen más tiempo para sumas que no les sumen.

Massa tendrá una gran labor: la de reconstruir una falta de representatividad que dejó a los argentinos faltos de tiempo y, sobre todo, de paciencia. Así se explica Milei. Incluso el candidato de Unión por la Patria deberá darle valor a los símbolos que le dan vida al ejercicio cotidiano del poder. Un profesional como el actual ministro de Economía no desconoce que todo aquello que tocó el actual presidente Alberto Fernández carece de atributo. Solo un dedicado, obsesivo del detalle y los rincones del Estado, puede encarar la tarea.

Argentina necesita volver a tener un jefe de Estado, uno con temple, firmeza y humildad, que pueda velar por los intereses de las mayorías, con una burguesía criolla que comprenda las necesidades actuales y aproveche la coyuntura histórica. La unidad necesita la conducción de un sacerdote de este oficio. Massa ha macerado su sabiduría, sobre todo su momento justo y exacto. Lo ha creado. Ha tenido la ayuda de la sacerdotisa, su método, su brújula y su descanso. Ese lugar donde puede volver cada vez que se pierde y necesita la lectura de un oráculo confiable. Eso es un líder.

Los argentinos ya no tienen tiempo para experimentos televisivos sin conocimientos que no ubiquen al país en el lugar que le corresponde en el mundo. Los argentinos ya no tienen tiempo para frágiles emocionales que no comprendan las oportunidades y las capacidades de quienes habitan este suelo. Los argentinos ya no tienen tiempo para las promesas incumplidas. Los argentinos ya no tienen tiempo para no hacerse cargo de la responsabilidad de la Argentina que se viene, porque el contexto los obliga. Porque ya no tienen tiempo es que no es Milei. Porque ya no hay tiempo es que es Massa. Y porque la respuesta siempre fue la política. Porque es su tiempo.

Según la teoría hegeliana, el pensamiento va avanzando desde una afirmación inicial o tesis, a la que se opone una segunda idea o antítesis, y con ello se llega a una afirmación nueva o síntesis, que es la combinación superadora de las otras dos ideas y así sucesivamente. Como dijo el periodista Carlos Pagni: “Menem fue la tesis, Néstor fue la antítesis y Massa es la síntesis”.

Fuente: Infobae

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Las áreas clave a cargo de Luis Caputo que serán determinantes para las negociaciones que enfrenta el Gobierno

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En la estructura interna del gobierno argentino, Luis “Toto” Caputo ha logrado consolidar una red de funcionarios estratégicos, situando a personas de su confianza en posiciones clave vinculadas con la política económica y energética. Este armado silencioso tiene como horizonte eliminar en 2026 gran parte de los subsidios, en línea con los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional, y busca evitar obstáculos internos que puedan demorar la toma de decisiones.

Uno de los movimientos más recientes fue la incorporación de Diego Luis Adúriz, primo segundo del ministro, como director de Yacyretá. A este nombramiento le siguieron el de Carlos Frugoni al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y el de José Luis Pérsico como director del Banco de la Nación Argentina. Este banco, cuya máxima autoridad, Darío Wasserman, responde políticamente a Karina Milei, hermana del presidente, forma parte del delicado entramado de poder que el ministro de Economía debe administrar.

El armado de esta red de influencia no siempre fue sencillo para Caputo. En su paso anterior por la gestión durante el gobierno de Cambiemos, las decisiones económicas estaban diluidas en diferentes áreas de poder, lo que complicó su tarea. Ahora, evitó la exposición mediática y las internas públicas, y avanzó en imponer figuras cercanas tanto en la política financiera como en la energética, logrando un margen de maniobra que antes no tenía.

En el Banco Central colocó a su socio y amigo Santiago Bausili, asegurando la conducción conjunta de la política monetaria. El caso de Pablo Quirno, hoy canciller y de extrema confianza de Caputo, es particular: algunas versiones atribuyen su llegada al cargo a su buena relación con Karina Milei, otras al impulso directo del ministro de Economía para situar a un hombre leal en un puesto estratégico para la negociación de acuerdos comerciales y aperturas de mercado.

El caso de Pérsico en el Nación redunda en importancia en la política que quiere implementar respecto del uso de los “dólares del colchón”. Así, mientras la banca privada señala las dudas que tiene respecto de la ley, desde el Palacio de Hacienda empujaron al banco más grande y con mayor capilaridad del país a llevarla adelante.

Otro punto fundamental en medio de las negociaciones por las leyes con los gobernadores es la designación de Frugoni. Los jefes de los estados provinciales piden obras a cambio de votos, y el hombre que tiene su terminal política en Caputo es el indicado para habilitar o no la obra pública nacional.

Tanto es así que los gobernadores le están pidiendo al ministro del Interior, Diego Santilli, que “Toto” participe de las reuniones. “Es él o personas que le responden a él quien habilita o no abrir la billetera”, dijo un gobernador.

El sector energético, que será central para el futuro cumplimiento de metas fiscales, también quedó bajo la influencia del entorno de CaputoDaniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, maneja el análisis de proyectos que buscan acceder al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), y responde políticamente al ministro de Economía. En la Secretaría de Minería, Luis Lucero también fue elegido por Caputo y es otra de sus cartas en la toma de decisiones sobre los flujos de inversión que demandará el sector.

No todas las áreas energéticas, no obstante, están alineadas directamente con el Ministerio de Economía. Cristian Zoca, líder en Enarsa, responde íntegramente al asesor presidencial Santiago Caputo y, según fuentes del sector, mantiene cierta independencia respecto a las directrices económicas del ministro. En contraste, el subsecretario de energía eléctrica, Damián Sanfiullipo, también responde a Santiago Caputo, pero se encuentra “alineado” con la estrategia de Toto Caputo.

En el segmento de empresas energéticas, el gerente general de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA)Eduardo Hollidge, se identifica plenamente con el Palacio de Hacienda, reforzando el anclaje de poder del ministro de Economía en áreas críticas.

Este sistema de funcionarios leales agrupados en áreas clave permite a Luis Caputo mantener un control centralizado de las políticas económicas, sobre todo en un contexto donde la administración tiene previsto avanzar hacia el retiro progresivo de subsidios. De cumplirse el plan, 2026 marcará un hito con la virtual eliminación de los aportes estatales al sector energético, movimiento acordado previamente con el Fondo Monetario Internacional.

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El Gobierno se concentra en la reforma laboral y relega la baja de impuestos y los cambios en el Código Penal

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La sesión para darle media sanción al proyecto de modernización laboral en el Senado ya tiene fecha. Los libertarios confían en que el 11 de febrero podrán dar una señal política contundente que ayude a bajar el riesgo país para luego completar el trámite parlamentario en Diputados una semana después. Si bien el Poder Ejecutivo no aún convocó formalmente al segundo tramo de sesiones extraordinarias, las espadas legislativas libertarias reconocen que todos los esfuerzos se concentrarán en aprobar la modernización laboral: las -más de una vez- anunciadas reformas penal y tributarias quedarán para más adelante.

Cuando Milei firmó el llamado a sesiones extraordinarias durante diciembre, incluyó en el temario seis proyectos: el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria (prohibir el déficit), la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal.

Antes de que terminara el 2025 La Libertad Avanza logró sancionar los dos primeros y también pudo dictaminar la reforma laboral en el Senado y la regla fiscal en Diputados. Sin embargo, durante el receso sólo hubo contactos con la oposición y con los gobernadores en relación a los cambios en la legislación del trabajo. Y tangencialmente se dejó trascender que la ley de glaciares podría ser moneda de cambio para sumar votos entre las provincias mineras.

La reforma penal fue anunciada en varias oportunidades durante el año pasado. En conferencia de prensa la por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich detalló que se endurecerían las penas para los delitos de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También incluiría la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado. Bullrich sostuvo que la reforma apuntaría a “dejar atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Significaría el fin de la “puerta giratoria”.

Sin embargo, el texto nunca llegó al Congreso y difícilmente comience a debatirse durante febrero ya que los proyectos para endurecer penas suelen traer aparejados intensos debates. En el Gobierno, al parecer, parecen entender que la reforma laboral por sí sóla generará suficiente ruido político para sumar nuevas batallas.

En cambio, la reforma tributaria, también anunciada en más de una oportunidad por el Gobierno, se vio afectada por el trámite del Presupuesto 2026. El Gobierno esperaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, para tener mayor margen fiscal. Pero la caída del capítulo XI no estaba en sus planes y dejó en evidencia cierta mala praxis a la hora de contar los votos.

Si bien no está en carpeta una reforma integral del régimen tributario. El proyecto de modernización laboral incluye un capítulo con varios cambios sustanciales. De hecho, sobre ese punto se concentraron las críticas de los gobernadores, que reclaman algún tipo de compensación por la merma en los fondos coparticipables que se reparten entre las provincias.

Entre las propuestas se destacan la reducción de impuestos internos a algunos sectores, una baja de Ganancias para las sociedades, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a promover inversiones productivas de empresas que califiquen como micro, pequeñas o medianas, y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se conformará con el 3% de las contribuciones patronales, que dejarán de ir al sistema previsional para constituir un fondo individual por empresa destinado a futuras indemnizaciones.

Este viernes se reunió en la Casa Rosada la mesa política del Gobierno de la que participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Allí comenzó a delinearse la estrategia parlamentaria pero no hubo consenso respecto a qué tipo y cuántas concesiones deberían otorgarse a las provincias para garantizar su apoyo a la reforma laboral.

Por su parte, la oposición se enfoca en juntar votos para derogar el DNU que reformó la SIDE. El decreto fue enviado este jueves a la comisión bicameral de trámite parlamentario pero como no está constituida, difícilmente pueda comenzar a analizarlo. Pasados diez días hábiles, el 29 de enero, cualquiera de las Cámaras podrá llevarlo al recinto para votar sobre su validez.

En Diputados la oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda y algunos “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.

En tanto, en las filas libertarias confían en que no tendrán problemas en blindar el decreto en el Senado, con eso bastará para que siga vigente.

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El Gobierno se esperanza con blindar el DNU de la SIDE en el Senado y cree contar con los votos necesarios

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En paralelo a las negociaciones por la Reforma Laboral, el Gobierno desestima las críticas de la oposición contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma la Secretaría de Inteligencia (SIDE), que ingresó en las últimas horas al Congreso Nacional. Según reveló a Infobae una importante fuente al tanto de la negociación legislativa, el oficialismo confía en poder blindar el decreto en la Cámara de Senadores, aunque se juega a estirar el tratamiento al mes de marzo.

“No veo que pueda tratarse estos días. No tienen el número. Sin embargo, técnicamente contamos con los votos para respaldarlo en el Senado”, admitió una importante voz con acceso al despacho presidencial a este medio.

Es que en la administración libertaria descansan en la cintura de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien -según los cálculos de los propios- contaría con un piso de 40 respaldos en la Cámara Alta, que surgen del número que acompañó el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre. Sin embargo, la exministra debe trabajar para efectivamente extrapolar el numero al tratamiento del decreto.

El pasado jueves, el Poder Ejecutivo envió la iniciativa que lleva la firma del presidente Javier Milei y del Gabinete al Senado, luego de haber ingresado primero por Diputados. De esta manera, regiría un plazo de diez días para que la Comisión Bilateral de Trámite Legislativo, que aún no está conformada, lo trate. Es decir, recién el 29 de enero las dos Cámaras podrán debatir su validez en el recinto.

En paralelo, por los pasillos de Balcarce 50 destacan la decisión de la Justicia de no habilitar la feria judicial para tratar los amparos que presentó la oposición contra el decreto 941/25, y justifican la determinación. “No representan a nadie. La falta de legitimación es clara. Nadie pueden probar daño e ir contra el decreto”, precisaron. Sin embargo, los equipos legales trabajan en la estrategia judicial que les permita hacer frente en caso de que, durante el mes de febrero, la justicia haga lugar a los planteos.

Si bien la oposición cuestiona el caracter de “necesidad y urgencia” de la reforma que habilita al personal de Inteligencia a ejectura aprehensiones de personas, en la administración libertaria descartan que esté el número necesario para tratar el tema en los próximos días.

Pese a los pedidos por las bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo, en La Libertad Avanza se juegan a no conformarlas para estirar el debate hasta marzo. De tratarse en sesiones ordinarias, el tema perdería visibilizadad e impacto al tiempo que permanecería vigente hasta que el Congreso se expida.

En cualquiera de los escenarios posibles, cobra fuerza el rol Patricia Bullrich, en quien reposan para que articule y replique los números que dieron lugar a la sanción de la Ley de Leyes en diciembre. “Patricia (Bullrich) cuenta una especie de bloque de 40″, calculó ante este medio un integrante de la mesa política, que confía en que la exministra logre abroquelar a los aliados detrás del DNU.

En sintonía, un legislador de La Libertad Avanza admitió ante este medio que la situación se presenta algo más compleja en Diputados a raíz de la presión de la oposición, pero se mostró optimista con las chances en el Senado con la mira en los bloques de la UCR, el PRO y algunos provinciales. “La oposición sabe que solo necesitamos la aprobación de una sola cámara. Todo lo que hacen lo hacen para perjudicarnos”, remarcó.

Al mismo cálculo llegan los opositores que, luego de la performance legislativa del oficialismo el pasado fin de año, ven un escenario más favorable en la Cámara Alta. “Hoy está más fácil Diputados que el Senado. Si vemos la foto de lo que fue el Presupuesto, aunque puede tener algunos cambios, hay un apoyo bastante consolidado de algunos bloques. De todos modos, hay que ver qué hace el radicalismo”, planteó uno de los diputados que se resiste al decreto.

Asimismo, trabajan para alcanzar los 129 votos que les permita habilitar el quórum para dar tratamiento en los próximos días. “Debemos estar en 123, 124. Pero de acá a febrero, pueden cambiar las condiciones, sin lugar a dudas. Nosotros vamos a empujar todo lo que podamos”, reafirmó un legislador esperanzado.

Lo que esperanza a la administración liberatria, en especial al asesor presidencial, Santiago Caputo, que fue el artífice de la redefinición de competencias de la SIDE, es la Ley 26.122, que establece que para convalidar el DNU deberá conquistar el aval de una sóla Cámara, mientras que su rechazo deberá ser de parte de las dos cámaras del Congreso por mayoría simple.

Mientras tanto, el consultor trabaja en una tercera Reforma de la Ley de Ingelicencia Nacional con revisión de la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Seguridad Nacional que podría enviar al Congreso una vez iniciado el año legislativo, aunque desde su entorno evitan dar precisiones temporales.

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