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Por qué hay que votar a Massa

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“Hay dos clases de dolor: el dolor que te hace fuerte y el dolor inútil, ese dolor que solo provoca sufrimiento. No tengo paciencia por las cosas inútiles”, así lo dijo Frank Underwood en la serie norteamericana ‘House of Cards’. Hoy los argentinos ya no tienen tiempo para los inútiles, ni para las cosas inútiles. Por eso no es Javier Milei.

Hace apenas una semana, más de 100 economistas internacionales reconocidos advirtieron que una victoria del candidato de Libertad Avanza el próximo fin de semana sería, en pocas palabras, un salto al infierno para los argentinos. “Si bien las soluciones simples pueden ser atractivas, es probable que causen una devastación en el mundo real a corto plazo”, señalaron en su carta afamados intelectuales de los números, como lo son Thomas Piketty, Jayati Ghosh, Branko Milanović y José Antonio Ocampo, entre otros.

Durante el debate, Milei sostuvo nuevamente la necesidad de dolarizar la economía. Esto significa el reemplazo del peso argentino por el dólar estadounidense como moneda de curso legal. Esto implica que una persona que gana 200 mil pesos a un valor actual de dólar libre -tomamos esa referencia porque el candidato libertario asegura que eliminaría los cepos- de 925, cobraría 216 dólares. ¿Qué alquiler en la actualidad es menor a ese sueldo promedio? ¿Ignorancia, irrealidad o delirio? Cualquiera de las formas deja a 40 millones de argentinos afuera. No hay tiempo para cosas sin sentido.

En la misma noche, Milei hizo agua en relaciones internacionales. No pudo desarrollar, por un profundo desconocimiento, cómo funciona el comercio entre países y privados. Una ineptitud preocupante para un candidato a presidente. El embajador argentino en Suiza, Gustavo Martínez Pandiani, en referencia a los planteos del candidato, alertó: “La diplomacia no es un buen lugar para hacer amateurismo. No se puede jugar como si fuera el TEG. Todos los Estados del mundo, y especialmente los más ricos, invierten enormes recursos en agregados comerciales para abrir mercados para sus empresas. Sin ese trabajo sería prácticamente imposible llegar a exportar para las pymes”.

La incapacidad del libertario fue tan grosera que se olvidó de la existencia de la Organización Mundial del Comercio, creada en 1995, que brinda el soporte jurídico e institucional que explica el 98% del comercio mundial. Es decir, ningún país decidió renunciar a su política comercial externa, o más bien, a la posibilidad de incidir en las operaciones comerciales entre privados mediante la fijación de aranceles, la utilización de medidas de defensa comercial o la determinación de requisitos técnicos o sanitarios. Es imposible pensar las relaciones comerciales sin presencia del Estado. No existe en el mundo real.

El 28 de agosto pasado, los gobiernos de Estados Unidos y China acordaron, ese lunes, la conformación de un grupo de trabajo con el objetivo de “buscar soluciones a cuestiones comerciales y de inversiones”, de acuerdo con el reporte del Departamento de Comercio estadounidense. De esta manera, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, y su par chino, Wang Wentao, sellaron el acuerdo en el marco de una reunión en Beijing en la que ambas potencias participaron con sus delegaciones. Según el comunicado, la secretaria de Comercio estadounidense expresó que ambos países comparten “700.000 millones de dólares en intercambios comerciales”, por lo que resulta “extremadamente importante que tengamos relaciones estables”. También afirmó que se encuentran “por supuesto, en desacuerdo sobre varias cuestiones”, pero Raimondo consideró que es posible “avanzar si somos directos, abiertos y pragmáticos”. Las dos economías más importantes del mundo se sientan a negociar porque se necesitan. Estados Unidos comercializa con China. Uno de los países más importantes de la historia moderna precisa, pese a sus diferencias, de China. Este es el mundo real. Según Milei, Argentina puede prescindir de su relación con el país asiático. Hoy, ni los argentinos ni el mundo tienen más tiempo para discusiones inútiles.

Milei y el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, han hecho pública su relación y apoyo infinidad de veces. Han coincidido en varios temas y el candidato de Libertad Avanza ha adelantado que varias de las políticas aplicadas por Bolsonaro las pretende experimentar en Argentina, tales como políticas internacionales, ambientales, económicas y sociales, entre otras. ¿Cómo le fue a Brasil con Bolsonaro? El hambre y el empobrecimiento de una parte de la población son el legado que deja el presidente Jair Bolsonaro tras cuatro años de gobierno, junto a la deforestación descontrolada. Además, los incendios dolosos se intensificaron, situándose en el nivel más crítico desde 2010. La economía también se vio duramente impactada durante la gestión de Bolsonaro, situación que el mandatario atribuye a la pandemia, a la política de aislamiento social implementada por los gobernadores y a la crisis energética agudizada a nivel mundial. Lo cierto es que la deuda pública de Brasil creció exponencialmente durante su gestión y terminó siendo el 78% del PIB.

El aumento exponencial de armas y municiones entre los coleccionistas brasileños es otro resultado de su gestión. Su obsesión por “armar al pueblo para que no sea esclavo” es más que conocida. En la presentación de su candidatura, en julio de 2018, Bolsonaro prometió que su primera iniciativa como presidente sería liberalizar la posesión de armas para civiles. Lo intentó en varias ocasiones, pero el Congreso y la Corte Suprema tumbaron todos los decretos. No obstante, encontró otro camino para armar a la población. En tres años, el número de armas registradas por cazadores, coleccionistas y tiradores se triplicó, alcanzando el millón, según datos de los institutos Igarapé y Sou da Paz. La región amazónica experimentó un aumento del 700%, con un aumento consecuente de homicidios. ¿Esto es lo que se quiere repetir en Argentina? ¿Estos son los ejemplos para salir adelante?

Los argentinos no tienen más tiempo para discusiones que no representan su sentido y composición histórica. Argentina no es un país armado. Su tasa de 7,4 armas de fuego en manos de civiles cada 100 habitantes se encuentra, según Small Arms Survey, por debajo de la mayoría de los países de la región. Una reciente encuesta realizada en mayo de 2023 a nivel nacional reflejó que el 77% de las personas encuestadas se mostró en contra de “la libre portación de armas de fuego”. La participación de la sociedad en el plan de desarme permitió retirar de circulación más de 200.000 armas de fuego entre 2007 y 2022. Por los resultados alcanzados durante sus primeros años, en 2013, ese programa fue premiado a nivel internacional como una política modelo.

Las leyes sobre restricción de armas de fuego aprobadas en el Congreso de la Nación en los últimos años también reflejan ese consenso, con votaciones afirmativas al control de armas y al desarme prácticamente unánimes. Diversos estudios confirman que la mayor presencia de armas de fuego en una sociedad, lejos de disminuir el delito, contribuye al aumento de la violencia, el delito y las muertes. Y, a la inversa, las políticas de control se relacionan con una reducción de esos problemas. El caso de Estados Unidos, el país con más armas de fuego en manos de civiles del mundo —120 armas por cada 100 personas—, es paradigmático. Su tasa de homicidios fue 7,5 veces mayor que la tasa de otros países de altos ingresos, lo cual suele atribuirse a su tasa de homicidios con armas de fuego, que es casi 25 veces mayor. Desde matanzas masivas, algunas de ellas en escuelas, hasta un mayor número de suicidios y feminicidios, los efectos de la libre circulación de armas de fuego han sido ampliamente verificados en otros países.

Volvamos a la elección “más importante de los últimos 100 años”.

La lógica de los encuestadores siempre indicó lo contrario a lo que sentía el metro cuadrado que habita la gente. Algunos ejemplos contemporáneos: hace apenas unos meses, todas las consultoras vaticinaban la imposibilidad del oficialismo de llegar al balotaje. La fragilidad de un frente que tenía un candidato poco competitivo que quedaba cinco puntos debajo del candidato mediático y sin experiencia, Javier Milei. “La gente no come vidrio”, decía mi abuela.

Esto que pasaba arriba de la pirámide también sucedió abajo. En la provincia de Buenos Aires, tras las PASO, los estudiosos de las estadísticas vaticinaban una elección cerrada y Axel Kicillof terminó ganando con una diferencia de 20 puntos con respecto al segundo. Otro caso podría ser el distrito de Lanús: el candidato que presentaba el oficialismo era un seguramente perdedor, pero los vecinos de la ciudad no quisieron que esto fuera así y eligieron a Julián Álvarez, quien se quedó con un amplio triunfo que lo llevó a recolectar el 44,6%.

Para seguir con la provincia más poblada, deseada y complicada de Argentina: las consultoras se equivocaron en Quilmes; Mayra Mendoza fue reelegida con un 51%; no acertaron en Hurlingham, donde el candidato de Unión por la Patria, Damián Selci, se consolidó con un 45%, superando por más de 13 puntos a su competidor de Juntos por el Cambio.

Para la próxima, hay otros datos a los cuales habría que prestar mayor atención. El consumo de medios en tiempos de híperconectividad parecería resultar menos azaroso. Veamos qué dice IBOPE, que se especializa en la medición del rating en Argentina. En lo que va del año, el promedio del canal de noticias LN+ es de 1,73, claramente una pantalla crítica del candidato a presidente, Sergio Massa. El segundo canal de noticias más importante del país, TN, también opositor al oficialismo, acumula hasta esta parte un promedio de 2 puntos de rating. Mientras que, del otro lado, C5N ha logrado un promedio anual de 2,10 y Crónica, otro grupo mediático más oficialista en esta arbitraria separación, acumula 1,63. ¿Sumamos a los opositores con los opositores y a los oficialistas con los oficialistas? No. Los argentinos ya no tienen más tiempo para sumas que no les sumen.

Massa tendrá una gran labor: la de reconstruir una falta de representatividad que dejó a los argentinos faltos de tiempo y, sobre todo, de paciencia. Así se explica Milei. Incluso el candidato de Unión por la Patria deberá darle valor a los símbolos que le dan vida al ejercicio cotidiano del poder. Un profesional como el actual ministro de Economía no desconoce que todo aquello que tocó el actual presidente Alberto Fernández carece de atributo. Solo un dedicado, obsesivo del detalle y los rincones del Estado, puede encarar la tarea.

Argentina necesita volver a tener un jefe de Estado, uno con temple, firmeza y humildad, que pueda velar por los intereses de las mayorías, con una burguesía criolla que comprenda las necesidades actuales y aproveche la coyuntura histórica. La unidad necesita la conducción de un sacerdote de este oficio. Massa ha macerado su sabiduría, sobre todo su momento justo y exacto. Lo ha creado. Ha tenido la ayuda de la sacerdotisa, su método, su brújula y su descanso. Ese lugar donde puede volver cada vez que se pierde y necesita la lectura de un oráculo confiable. Eso es un líder.

Los argentinos ya no tienen tiempo para experimentos televisivos sin conocimientos que no ubiquen al país en el lugar que le corresponde en el mundo. Los argentinos ya no tienen tiempo para frágiles emocionales que no comprendan las oportunidades y las capacidades de quienes habitan este suelo. Los argentinos ya no tienen tiempo para las promesas incumplidas. Los argentinos ya no tienen tiempo para no hacerse cargo de la responsabilidad de la Argentina que se viene, porque el contexto los obliga. Porque ya no tienen tiempo es que no es Milei. Porque ya no hay tiempo es que es Massa. Y porque la respuesta siempre fue la política. Porque es su tiempo.

Según la teoría hegeliana, el pensamiento va avanzando desde una afirmación inicial o tesis, a la que se opone una segunda idea o antítesis, y con ello se llega a una afirmación nueva o síntesis, que es la combinación superadora de las otras dos ideas y así sucesivamente. Como dijo el periodista Carlos Pagni: “Menem fue la tesis, Néstor fue la antítesis y Massa es la síntesis”.

Fuente: Infobae

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A un mes del límite para definir las candidaturas, el PJ Bonaerense convocó a la junta electoral

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El Partido Justicialista bonaerense, que preside el diputado nacional, Máximo Kirchner, sigue delineado el proceso de renovación de autoridades fechado para el próximo 15 de marzo. En este marco, este viernes se reunirá nuevamente la junta electoral partidaria. Es el segundo encuentro de estas características desde que se acordó el mes de marzo como instancia para actualizar la integración del consejo partidario.

La reunión será modalidad mixta y atada a cuestiones procedimentales. El pasado 26 de diciembre, la junta partidaria —que está presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini— acordó el reglamento en caso de que se lleve adelante la elección interna. Entre otros puntos, allí se estableció que las candidaturas deberán respetar la Ley de Paridad de Género y estar acompañadas por avales de afiliados, que también tendrán un procedimiento específico y un tope en la cantidad de listas que pueden acompañar.

También, se asegurará que todas las listas presentadas serán exhibidas y, en caso de impugnaciones, la Junta resolverá de manera rápida. Si solo una lista se presenta, los afiliados tendrán 48 horas para impugnarla si encuentran irregularidades. Además, en caso de que se lleve adelante el acto eleccionario, el sistema asegura que no solo la lista más votada tenga representación. Si una segunda lista consigue al menos el 25% de los votos, se le asignará el 25% de los cargos, en cumplimiento también con la Ley de Paridad de Género.

Además de Nardini, al momento de su constitución en 2021, la junta electoral quedó integrada también por la vicegobernadora, Verónica Magario; la Jefa de Asesores de ministros, Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti; los diputados provinciales, Mariano Cascallares, Avelino Zurro, Juan Pablo De Jesús, el senador Adrián Santarelli; el ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; la concejal de Olavarría, Liliana Schwindt; la secretaria de Desarrollo Humano y Social de Monte Hermoso, Rosana Sotelo —alineada con el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alejandro Dichiara; Carolina Correge del espacio de Florencia Saintout.

En la última reunión del consejo del partido que se llevó adelante el 19 de diciembre en el distrito de Malvinas Argentinas, Kirchner anunció que habrá internas o renovación de autoridades partidarias el 15 de marzo. Aunque sugiere toda una novedad, son pocos —o al menos los interesados— en vaticinar que efectivamente habrá una elección interna entre dos o más opciones.

Como dio cuenta Infobae, hay muchos nombres dando vueltas, tanto si hay un esquema de unidad o si efectivamente se llevan adelante los comicios. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca tener un partido que lo respalde plenamente en lo que será su carrera hacia el 2027. Por eso, este 2026 será clave para ordenar al peronismo en la provincia que gobierna.

En La Plata hay algunos nombres para proponer. La vicegobernadora, Verónica Magario, es una de las más activas en esta discusión. También sumó un rol importante en las últimas negociaciones el intendente de La Plata, Julio Alak; otro kicillofista.

Si bien es del espacio político del mandatario provincial, también tiene diálogo con otros sectores del peronismo y su figura podría presentar cierto consenso. En la reunión del consejo partidario en Malvinas Argentinas, el jefe comunal de la capital bonaerense formó parte de la comitiva que negoció la ampliación de los apoderados del partido, dándole así participación al Movimiento Derecho al Futuro. Una de las nuevas apoderadas -Ana Laura Ramos- está en el alakismo.

También hay intendentes de distritos de peso en la danza de nombres. El propio Nardini; el jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Moreno, Mariel Fernández, son algunos de ellos. Fernández fue explícita. En tanto que el lomense es otra figura que podría reunir cierto consenso. Si bien en el entorno de Kicillof reconocen el diálogo con Otermín, también le endilgan que en última instancia su terminal política es Cristina Kirchner.

En los últimos días, otros dos nombres que también empezaron a repetirse cercanos al gobernador, pero con puentes hacia el kirchnerismo, son el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, que actualmente es consejero por la Primera sección electoral.

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Continúa la motosierra: el Gobierno quiere recortar un 10% de la dotación estatal en el primer trimestre

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El Gobierno tiene previsto continuar este año con su política de reducción de la dotación en diversas áreas de la Administración Pública Nacional (APN). Se trata de una de las tantas variables de ajuste que el presidente Javier Milei considera precisas para avanzar con el objetivo de desescalar el tamaño del Estado, así como el gasto público.
Se trata de un pedido que fue realizado en una de las últimas reuniones de Gabinete realizadas en Casa Rosada por el mes de diciembre. Con la venia de Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, instruyó a los nueve ministros y secretarios presidenciales a continuar con reducciones significativas en sus respectivas dotaciones.

“Deberíamos poder avanzar con el 10% en el cortísimo plazo”, habría sido la tarea solicitada, según indicó a Infobae un importante miembro del Gabinete. La evaluación de objetivos sería hacia finales del primer trimestre de este 2026.
El último informe del INDEC sobre dotación estatal dio que, hasta noviembre de 2025, la cantidad de empleados públicos era de 281.785. El objetivo de la reducción más urgente del 10% no cabría directamente sobre esa cifra total, la cual se puede desmembrar de la siguiente manera:

Administración Pública Nacional: 192.219 empleados
Empresas y sociedades: 89.566 empleados
Miembros del Gabinete consideran que el 10% podrá ser concretado con mayor facilitad en la denominada administración centralizada, que tiene 39.011 empleados directamente empleados por la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete y los nueve ministerios.
El resto forman parte de organismos descentralizados (tienen presupuesto y autonomía), desconcentrados (son una extensión más de los ministerios) y otras entidades. Estas tres últimas también tendrían la tarea de reducirse, así como las empresas y sociedades. Pero el procedimiento debería ser menos automático que con los ministerios.
Adorni le solicitó a sus seis secretarios que debían reducir su dotación de personal en un 20%. Por caso, tal y como lo contó Infobae un mes atrás, Adorni le solicitó a sus seis secretarios (Coordinación Legal, Asuntos Estratégicos, Ejecutiva, Innovación, Comunicación y Turismo y Ambiente) que debían reducir su dotación de personal en un 20%. Es muy probable que no se consiga ese número final porque hay algunos de ellos que lo consideran difícil en términos de supervivencia operativa. Pero prevén que se supere el 10% antes de terminar el primer trimestre.

El mes pasado se publicó el decreto que oficializó el organigrama de la estructura superior de la órbita de Adorni. Es decir, qué Secretarías y Subsecretarías existen a partir de la separación de la Jefatura de Gabinete con el Ministerio del Interior. Todavía queda publicarse el decreto que determine la estructura inferior: aseguran que habrá un proceso de “simplificación” y de “recortes” de direcciones y coordinaciones.

Así como sucedió esta esfera, en la cúpula del Gobierno afirman que esperan una réplica de aquello en los ministerios y secretarías presidenciales. “Sabemos que cada ministerio después va a hacer su propio criterio. Qué subsecretarías, direcciones o áreas estamos con capacidad de reducir o eliminar”, indica una figura del gabinete ministerial.

Milei asumió en diciembre del 2023 con 341.473 empleados. 231.305 de ellos corresponden a la administración pública, de los cuales 54.791 son de la administración centralizada; y 110.168 de empresas y sociedades del Estado. Para llevar a cabo los desplazamientos se realizaron desde despidos directos, pases a disponibilidad hasta retiros voluntarios.
Las carteras que más cantidad de empleados tienen en la actualidad son el Ministerio de Economía (8.348), el Ministerio de Capital Humano (8.231) y el Ministerio de Salud (5.954). Las de menores dimensiones son Desregulación y Transformación del Estado (384), Interior (953) y Defensa (983). Los dos organismos más grandes son el CONICET (25.686) y el ARCA (18.939).

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había alertado el mes pasado de un intento de recorte del 10% de la planta estatal en organismos descentralizados como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), entre otros.

“Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata”, señaló el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, durante la convocatoria al Paro Nacional realizado en diciembre.

El ajuste fiscal emprendido por el mileismo supuso una reducción real del 27% en el gasto público nacional entre 2023 y 2025, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Esa disminución, que equivale a $50 billones a precios de noviembre de 2025 (unos USD 38.000 millones), se ha concretado, en buena medida, a través de recortes enfocados en jubilaciones, programas sociales y salarios públicos.

Asimismo, los salarios de los fondos destinados a empleados públicos nacionales experimentaron una retracción real del 25,8%, es decir, 6,3 billones de pesos menos, por efecto tanto de la disminución de la planta laboral como de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

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Los próximos pasos del Gobierno para blindar en el Congreso el DNU que reformó la SIDE

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El gobierno de Javier Milei reformó por decreto el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al término de las sesiones extraordinarias y ahora afina su estrategia para blindar el decreto en el Congreso.
El decreto 941/25, que introduce modificaciones sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional, fue publicado el último día hábil del año pasado: redefine competencias, reorganiza estructuras, crea nuevos ámbitos de coordinación interinstitucional y establece un marco más preciso para la producción de inteligencia estratégica por parte del Estado.
Entre los puntos más cuestionados por la oposición se destaca la habilitación para que el personal de Inteligencia ejecute aprehensiones de personas, bajo supuestos expresamente delimitados.
Desde la oposición cuestionaron que una reforma tan sensible haya sido realizada por decreto y plantearon que no existió un contexto de “necesidad y urgencia”, por lo que reclaman que el DNU sea tratado inmediatamente en el Congreso. Al mismo tiempo, se hicieron diferentes presentaciones ante la Justicia para suspender su aplicación.

En ese contexto, diputados de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron notas ante el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su par del Senado, Victoria Villarruel, para que conforme dos comisiones clave: la bicameral de Inteligencia y la bicameral de Trámite Legislativo.
La primera tiene 14 miembros, siete por cada Cámara, y se encarga de monitorear las actividades de los organismos de inteligencia. La segunda, con 16 miembros, se encarga de determinar si los decretos presidenciales son válidos.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del oficialismo dieron a entender que parte de la estrategia será no conformar esas bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios para estirar su debate hasta marzo. Por lo tanto, la oposición no tendrá más alternativa que esperar a que se venzan los plazos mínimos estipulados en la ley que regula los DNU.

El Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para enviar el texto del decreto al Congreso, es decir, tiene margen hasta el jueves 15 de enero. Desde ese momento deberán correr otros 10 días hábiles para que el decreto sea analizado por la comisión bicameral. Pero como no está conformada, recién el 29 de enero las dos Cámaras podrán debatir la validez del DNU en el recinto.

La ley marca que para hacer caer un DNU ambas Cámaras deben rechazarlo por mayoría simple, como ocurrió el año pasado con el decreto que aumentaba los fondos de la SIDE. En ese sentido, el Gobierno puede concentrarse solo en una de las Cámaras para blindar la reforma de Milei, tal como hizo con el DNU 70/2023 de reforma del Estado, que fue rechazado en el Senado pero nunca llegó al recinto en Diputados por falta de votos opositores.

La oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda y algunos “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.

Al igual que con la discusión del Presupuesto, la posición de los gobernadores y del radicalismo terminará de inclinar la balanza. Estos últimos, hasta el momento guardaron un silencio absoluto sobre el tema. “Lo están estudiando y consultando con los gobernadores”, se limitaron a decir desde el bloque UCR. Y las provincias aliadas cerraron el año pasado en buenos términos con la Casa Rosada luego de las negociaciones por el Presupuesto 2026, hasta el momento no hubo señales que indiquen cambios en las relaciones de fuerza parlamentarias.

Por su parte, el PRO hizo algunas salvedades pero anunció su apoyo a la reforma a través de un comunicado: “Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”.

Los legisladores libertarios consultados por Infobae coincidieron en que el Senado a priori muestra un escenario más favorable para poder blindar el veto de Milei. Aunque aclararon que ven difícil que la oposición logre avanzar en Diputados también. “Es un tema poco sexi para la ciudadanía y un tema muy áspero para voltearlo”, razonaron.

Por otro lado, primero se suscitará una discusión parlamentaria que podría embarrar más el terreno. Los libertarios aseguran que la oposición no podrá tratar el tema durante febrero porque Milei no lo incluirá en la lista del Poder Ejecutivo, junto con la reforma laboral y la ley de glaciares, por ejemplo.

En cambio, la oposición argumenta que el procedimiento de control de los DNU tiene un régimen propio, autónomo y obligatorio para el Congreso, que no depende de la agenda establecida por el Ejecutivo. Plantean que es una atribución indelegable del Congreso y no puede quedar supeditada a la voluntad del Poder Ejecutivo.

Como suele suceder con casi todas las polémicas reglamentarias, su resolución dependerá del número de voluntades que reúna cada parte, ya que el “recinto es soberano” y tiene la interpretación última.

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