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Por qué hay que votar a Massa

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“Hay dos clases de dolor: el dolor que te hace fuerte y el dolor inútil, ese dolor que solo provoca sufrimiento. No tengo paciencia por las cosas inútiles”, así lo dijo Frank Underwood en la serie norteamericana ‘House of Cards’. Hoy los argentinos ya no tienen tiempo para los inútiles, ni para las cosas inútiles. Por eso no es Javier Milei.

Hace apenas una semana, más de 100 economistas internacionales reconocidos advirtieron que una victoria del candidato de Libertad Avanza el próximo fin de semana sería, en pocas palabras, un salto al infierno para los argentinos. “Si bien las soluciones simples pueden ser atractivas, es probable que causen una devastación en el mundo real a corto plazo”, señalaron en su carta afamados intelectuales de los números, como lo son Thomas Piketty, Jayati Ghosh, Branko Milanović y José Antonio Ocampo, entre otros.

Durante el debate, Milei sostuvo nuevamente la necesidad de dolarizar la economía. Esto significa el reemplazo del peso argentino por el dólar estadounidense como moneda de curso legal. Esto implica que una persona que gana 200 mil pesos a un valor actual de dólar libre -tomamos esa referencia porque el candidato libertario asegura que eliminaría los cepos- de 925, cobraría 216 dólares. ¿Qué alquiler en la actualidad es menor a ese sueldo promedio? ¿Ignorancia, irrealidad o delirio? Cualquiera de las formas deja a 40 millones de argentinos afuera. No hay tiempo para cosas sin sentido.

En la misma noche, Milei hizo agua en relaciones internacionales. No pudo desarrollar, por un profundo desconocimiento, cómo funciona el comercio entre países y privados. Una ineptitud preocupante para un candidato a presidente. El embajador argentino en Suiza, Gustavo Martínez Pandiani, en referencia a los planteos del candidato, alertó: “La diplomacia no es un buen lugar para hacer amateurismo. No se puede jugar como si fuera el TEG. Todos los Estados del mundo, y especialmente los más ricos, invierten enormes recursos en agregados comerciales para abrir mercados para sus empresas. Sin ese trabajo sería prácticamente imposible llegar a exportar para las pymes”.

La incapacidad del libertario fue tan grosera que se olvidó de la existencia de la Organización Mundial del Comercio, creada en 1995, que brinda el soporte jurídico e institucional que explica el 98% del comercio mundial. Es decir, ningún país decidió renunciar a su política comercial externa, o más bien, a la posibilidad de incidir en las operaciones comerciales entre privados mediante la fijación de aranceles, la utilización de medidas de defensa comercial o la determinación de requisitos técnicos o sanitarios. Es imposible pensar las relaciones comerciales sin presencia del Estado. No existe en el mundo real.

El 28 de agosto pasado, los gobiernos de Estados Unidos y China acordaron, ese lunes, la conformación de un grupo de trabajo con el objetivo de “buscar soluciones a cuestiones comerciales y de inversiones”, de acuerdo con el reporte del Departamento de Comercio estadounidense. De esta manera, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, y su par chino, Wang Wentao, sellaron el acuerdo en el marco de una reunión en Beijing en la que ambas potencias participaron con sus delegaciones. Según el comunicado, la secretaria de Comercio estadounidense expresó que ambos países comparten “700.000 millones de dólares en intercambios comerciales”, por lo que resulta “extremadamente importante que tengamos relaciones estables”. También afirmó que se encuentran “por supuesto, en desacuerdo sobre varias cuestiones”, pero Raimondo consideró que es posible “avanzar si somos directos, abiertos y pragmáticos”. Las dos economías más importantes del mundo se sientan a negociar porque se necesitan. Estados Unidos comercializa con China. Uno de los países más importantes de la historia moderna precisa, pese a sus diferencias, de China. Este es el mundo real. Según Milei, Argentina puede prescindir de su relación con el país asiático. Hoy, ni los argentinos ni el mundo tienen más tiempo para discusiones inútiles.

Milei y el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, han hecho pública su relación y apoyo infinidad de veces. Han coincidido en varios temas y el candidato de Libertad Avanza ha adelantado que varias de las políticas aplicadas por Bolsonaro las pretende experimentar en Argentina, tales como políticas internacionales, ambientales, económicas y sociales, entre otras. ¿Cómo le fue a Brasil con Bolsonaro? El hambre y el empobrecimiento de una parte de la población son el legado que deja el presidente Jair Bolsonaro tras cuatro años de gobierno, junto a la deforestación descontrolada. Además, los incendios dolosos se intensificaron, situándose en el nivel más crítico desde 2010. La economía también se vio duramente impactada durante la gestión de Bolsonaro, situación que el mandatario atribuye a la pandemia, a la política de aislamiento social implementada por los gobernadores y a la crisis energética agudizada a nivel mundial. Lo cierto es que la deuda pública de Brasil creció exponencialmente durante su gestión y terminó siendo el 78% del PIB.

El aumento exponencial de armas y municiones entre los coleccionistas brasileños es otro resultado de su gestión. Su obsesión por “armar al pueblo para que no sea esclavo” es más que conocida. En la presentación de su candidatura, en julio de 2018, Bolsonaro prometió que su primera iniciativa como presidente sería liberalizar la posesión de armas para civiles. Lo intentó en varias ocasiones, pero el Congreso y la Corte Suprema tumbaron todos los decretos. No obstante, encontró otro camino para armar a la población. En tres años, el número de armas registradas por cazadores, coleccionistas y tiradores se triplicó, alcanzando el millón, según datos de los institutos Igarapé y Sou da Paz. La región amazónica experimentó un aumento del 700%, con un aumento consecuente de homicidios. ¿Esto es lo que se quiere repetir en Argentina? ¿Estos son los ejemplos para salir adelante?

Los argentinos no tienen más tiempo para discusiones que no representan su sentido y composición histórica. Argentina no es un país armado. Su tasa de 7,4 armas de fuego en manos de civiles cada 100 habitantes se encuentra, según Small Arms Survey, por debajo de la mayoría de los países de la región. Una reciente encuesta realizada en mayo de 2023 a nivel nacional reflejó que el 77% de las personas encuestadas se mostró en contra de “la libre portación de armas de fuego”. La participación de la sociedad en el plan de desarme permitió retirar de circulación más de 200.000 armas de fuego entre 2007 y 2022. Por los resultados alcanzados durante sus primeros años, en 2013, ese programa fue premiado a nivel internacional como una política modelo.

Las leyes sobre restricción de armas de fuego aprobadas en el Congreso de la Nación en los últimos años también reflejan ese consenso, con votaciones afirmativas al control de armas y al desarme prácticamente unánimes. Diversos estudios confirman que la mayor presencia de armas de fuego en una sociedad, lejos de disminuir el delito, contribuye al aumento de la violencia, el delito y las muertes. Y, a la inversa, las políticas de control se relacionan con una reducción de esos problemas. El caso de Estados Unidos, el país con más armas de fuego en manos de civiles del mundo —120 armas por cada 100 personas—, es paradigmático. Su tasa de homicidios fue 7,5 veces mayor que la tasa de otros países de altos ingresos, lo cual suele atribuirse a su tasa de homicidios con armas de fuego, que es casi 25 veces mayor. Desde matanzas masivas, algunas de ellas en escuelas, hasta un mayor número de suicidios y feminicidios, los efectos de la libre circulación de armas de fuego han sido ampliamente verificados en otros países.

Volvamos a la elección “más importante de los últimos 100 años”.

La lógica de los encuestadores siempre indicó lo contrario a lo que sentía el metro cuadrado que habita la gente. Algunos ejemplos contemporáneos: hace apenas unos meses, todas las consultoras vaticinaban la imposibilidad del oficialismo de llegar al balotaje. La fragilidad de un frente que tenía un candidato poco competitivo que quedaba cinco puntos debajo del candidato mediático y sin experiencia, Javier Milei. “La gente no come vidrio”, decía mi abuela.

Esto que pasaba arriba de la pirámide también sucedió abajo. En la provincia de Buenos Aires, tras las PASO, los estudiosos de las estadísticas vaticinaban una elección cerrada y Axel Kicillof terminó ganando con una diferencia de 20 puntos con respecto al segundo. Otro caso podría ser el distrito de Lanús: el candidato que presentaba el oficialismo era un seguramente perdedor, pero los vecinos de la ciudad no quisieron que esto fuera así y eligieron a Julián Álvarez, quien se quedó con un amplio triunfo que lo llevó a recolectar el 44,6%.

Para seguir con la provincia más poblada, deseada y complicada de Argentina: las consultoras se equivocaron en Quilmes; Mayra Mendoza fue reelegida con un 51%; no acertaron en Hurlingham, donde el candidato de Unión por la Patria, Damián Selci, se consolidó con un 45%, superando por más de 13 puntos a su competidor de Juntos por el Cambio.

Para la próxima, hay otros datos a los cuales habría que prestar mayor atención. El consumo de medios en tiempos de híperconectividad parecería resultar menos azaroso. Veamos qué dice IBOPE, que se especializa en la medición del rating en Argentina. En lo que va del año, el promedio del canal de noticias LN+ es de 1,73, claramente una pantalla crítica del candidato a presidente, Sergio Massa. El segundo canal de noticias más importante del país, TN, también opositor al oficialismo, acumula hasta esta parte un promedio de 2 puntos de rating. Mientras que, del otro lado, C5N ha logrado un promedio anual de 2,10 y Crónica, otro grupo mediático más oficialista en esta arbitraria separación, acumula 1,63. ¿Sumamos a los opositores con los opositores y a los oficialistas con los oficialistas? No. Los argentinos ya no tienen más tiempo para sumas que no les sumen.

Massa tendrá una gran labor: la de reconstruir una falta de representatividad que dejó a los argentinos faltos de tiempo y, sobre todo, de paciencia. Así se explica Milei. Incluso el candidato de Unión por la Patria deberá darle valor a los símbolos que le dan vida al ejercicio cotidiano del poder. Un profesional como el actual ministro de Economía no desconoce que todo aquello que tocó el actual presidente Alberto Fernández carece de atributo. Solo un dedicado, obsesivo del detalle y los rincones del Estado, puede encarar la tarea.

Argentina necesita volver a tener un jefe de Estado, uno con temple, firmeza y humildad, que pueda velar por los intereses de las mayorías, con una burguesía criolla que comprenda las necesidades actuales y aproveche la coyuntura histórica. La unidad necesita la conducción de un sacerdote de este oficio. Massa ha macerado su sabiduría, sobre todo su momento justo y exacto. Lo ha creado. Ha tenido la ayuda de la sacerdotisa, su método, su brújula y su descanso. Ese lugar donde puede volver cada vez que se pierde y necesita la lectura de un oráculo confiable. Eso es un líder.

Los argentinos ya no tienen tiempo para experimentos televisivos sin conocimientos que no ubiquen al país en el lugar que le corresponde en el mundo. Los argentinos ya no tienen tiempo para frágiles emocionales que no comprendan las oportunidades y las capacidades de quienes habitan este suelo. Los argentinos ya no tienen tiempo para las promesas incumplidas. Los argentinos ya no tienen tiempo para no hacerse cargo de la responsabilidad de la Argentina que se viene, porque el contexto los obliga. Porque ya no tienen tiempo es que no es Milei. Porque ya no hay tiempo es que es Massa. Y porque la respuesta siempre fue la política. Porque es su tiempo.

Según la teoría hegeliana, el pensamiento va avanzando desde una afirmación inicial o tesis, a la que se opone una segunda idea o antítesis, y con ello se llega a una afirmación nueva o síntesis, que es la combinación superadora de las otras dos ideas y así sucesivamente. Como dijo el periodista Carlos Pagni: “Menem fue la tesis, Néstor fue la antítesis y Massa es la síntesis”.

Fuente: Infobae

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Reforma laboral: los gobernadores piden que intervenga Luis Caputo para frenar la baja impositiva

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Patricia Bullrich sigue con su gira costera y sube videos hablando con empresarios sobre la reforma laboral. El eje está en el trabajo no registrado, una constante en los negocios de verano, por lo que no es difícil encontrar hombres y mujeres de negocio que hagan referencia a este tipo de situaciones.
Pero mientras Bullrich recorre la costa bonaerense, los gobernadores mantienen encuentros y conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli. El funcionario nacional tiene que recolectar los votos de los diputados y senadores que responden a los jefes de los estados provinciales y, hasta ahora, el resultado no es del todo el esperado.
El “Colorado” tiene como función la negociación, pero se está encontrando con un pedido que no sabe si puede saldar. Y llegó de parte de los gobernadores que suponían más simple la conversación. “La baja de impuestos de la reforma laboral nos mata”, aseguran que le dijo un gobernador dialoguista del norte. La misma frase la escuchó de parte de otros mandatarios con diferentes variantes, pero el reclamo es el mismo.
La preocupación se concentra en la caída de Ganancias para las empresas que propone la norma. Este es un impuesto coparticipable y, con una Casa Rosada poco adepta a abrir la billetera y casi sin obra pública, la preocupación es cómo van a transitar este año.
“Hay una idea de parte de varios de los jefes de los estados provinciales, pero para eso hace falta que se sume a la negociación Caputo“, explicó una fuente provincial. La idea que le llevaron a Santilli es que la baja impositiva quede supeditada al crecimiento de la actividad económica. Es decir, que las provincias tengan la posibilidad de recaudar por actividad lo que caiga de la coparticipación nacional.
El pedido incluye la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en las conversaciones ya que la rebaja de impuestos no entrará en vigencia de manera automática si el proyecto se aprueba en el Congreso. En el dictamen que se firmó en el Senado -y que el oficialismo espera llevar al recinto en diciembre- se incorporó un artículo que establece una condición clave que posterga su aplicación y traslada la decisión final al Ministerio de Economía.

El artículo 212 establece que varias disposiciones no comenzarán a regir por el solo hecho de la sanción de la ley, sino cuando así lo disponga el Ministerio de Economía, en función de las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal. En particular, se refiere a que todos los cambios que incluyan el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), las modificaciones a leyes impositivas y la reducción de la carga tributaria, sólo entrarán en vigencia cuando lo determine el Ministerio de Economía y no cuando los apruebe el Congreso de la Nación y se reglamente.

Este punto es muy relevante porque los distritos enfrentan un año en el que 18 gobernadores tienen pensado empezar a trabajar de cara a su reelección. Las elecciones de medio término los puso en alerta.

“Los libertarios donde cerraron acuerdos para las elecciones de medio término se quedaron con las listas y donde no cerraron, pusieron gente a competir. No tienen gobernadores, es obvio que van a pelear en el 2027, y si los actuales no tienen fondos van a terminar gestionando la escasez frente a una fuerza política que crece”, señaló un asesor de una provincia del centro del país.

En este esquema, los gobernadores buscan un seguro que les permita llevar adelante una gestión que se pueda mostrar. Para eso necesitan fondos y los avales para tomar deuda en el exterior, como ofrece Santilli a cambio de los votos, no parecen ser la mejor solución para todos. “Si existe el Compromiso real de Caputo tienen una chance, pero ya nos pasó con Francos, que prometía cosas que después Caputo no habilitaba. No hay margen para que vuelva a suceder”.

Por ahora no hay un llamado a sesiones extraordinarias ni las mesas de trabajo que adelantó Bullrich que iba a citar. Por ahora los gobernadores mantienen bajo su manga la decisión de acompañar o no, y así se lo están haciendo saber a la jefa del bloque de LLA en el Senado y al ex diputado del PRO en sus recorridas provincias.

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Por la reforma laboral, el Gobierno estudia postergar los cambios en el Código Penal para las sesiones ordinarias

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Sobre el final de la primera quincena de enero, el Gobierno Nacional reactiva incipientemente la actividad, con foco en la agenda legislativa, y estudia la posibilidad de postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal para concentrar los esfuerzos en lograr la aprobación de la Reforma Laboral durante el mes de febrero, según revelaron al menos tres fuentes a Infobae. Si bien la última palabra la tiene el presidente Javier Milei, en las filas libertarias se inclinan a debatir las modificaciones de la ley penal durante el período de sesiones ordinarias del Congreso que iniciará a partir del 1° de marzo.
“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la Laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de Modernización”, expresó ante este medio un importante funcionario en referencia a la determinación del Ejecutivo de posponer el tratamiento del proyecto que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en diciembre, para unificar negociaciones que posibilitaran la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, algo que finalmente ocurrió.
De esta forma, la mesa política, que se reunirá por primera vez este 2026 el próximo viernes a la mañana, trazará una estrategia unificada con el objetivo de este verano: conquistar las voluntades que permitan obtener la aprobación de la Reforma Laboral, uno de los pilares fundamentales de la segunda etapa de la gestión del libertario.
Se trata de un proyecto que contempla profundas revisiones tendientes a endurecer las penas para delitos que revisten gravedad, por lo que en el Gobierno consideran que debería enviarse a ordinarias “para que se trabaje bien”. Además, consideran que el temario enviado para la prórroga de las sesiones en el Congreso es extenso de por sí, por lo que analizan evitar sumar un nuevo objetivo. “Es difícil tratar todo junto al mismo tiempo”, se sinceraron ante este medio.
Si bien, en una primera instancia, había intenciones de discutir durante las extraordinarias el proyecto que redactó la mesa judicial, con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, a la cabeza, la opción de postergar el debate toma forma día a día. Hasta ahora sigue sin enviarse al Congreso para que los legisladores puedan acceder al detalle.
Como contó este medio, el nuevo proyecto estará compuesto por más de 900 artículos y persigue la idea de intensificar la política criminal, para dotar a los magistrados de herramientas y, a su vez, evitar “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa. “Hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas la sociedad no la sienta insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas. El que la hace las paga”, sintetizó la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, involucrada en el diseño.

Según revelaron fuentes al tanto, el proyecto transita la fase final, próximo a concluir su redacción de la que participaron además la mano derecha del asesor, la abogada Macarela Alifraco; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la flamante senadora Patricia Bullrich, y el abogado penalista Fernando Soto, del equipo de la ex funcionaria.

Sin embargo, la determinación parecía ser la de instruir al equipo abocado a la negociación legislativa a trabajar en la búsqueda de los consensos necesarios que le permita al Poder Ejecutivo anotarse un nuevo triunfo con la Reforma Laboral. El próximo viernes a la mañana, pasado el receso vacacional, los alfiles políticos terminarán de definir los detalles y la estrategia en la que se encolumnarán para el despliegue legislativo.
De esta forma la mesa compuesta por Santiago Caputo; Patricia Bullrich y Martín Menem en el diálogo con ambas cámaras; el armardor Eduardo “Lule” Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, en la articulación con las provincias, bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como nexo con Javier y Karina Milei, se prepara para volver a la carga con los contactos con los aliados que posibiliten computar apoyos a la voluntad expresa del libertario. Para eso, utilizarán todos los mecanismos a disposición.

De concretarse la posibilidad que figura en carpeta, el proyecto no estaría incluido en el temario que deberá hacerse público cuando el mandatario firme el decreto que oficialice la continuidad de las extraordinarias que iniciaron el 10 de diciembre y culminaron el 30 del mes, y que podría reactivarse a partir del próximo 2 de febrero.

Lo cierto es que en Balcarce 50 defienden la ya anunciada reforma como una de las claves en las que trabajaron en coordinación los Ministerios de Justicia y de Seguridad. Incluso, la propia Bullrich se mostró escoltada por el Presidente durante la presentación del proyecto a principios de octubre en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, y que defendió tiempo más tarde en conferencia de prensa.

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Arrancan las privatizaciones de la Ley Bases: el Gobierno ultima los detalles para vender sus acciones de AySA

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El Gobierno presidido por Javier Milei tiene la intención de que a lo largo de este año se concrete el proceso de privatización de algunas empresas públicas, en particular aquellas que ya tienen la habilitación legal para pasar por este procedimiento, como las comprendidas en la Ley Bases.
Hay una de ellas que tendrá novedades muy pronto. Una altísima fuente del Poder Ejecutivo indicó a Infobae que en el cortísimo plazo se iniciará la compulsa formal para que los privados puedan competir por el paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos, más conocido como AySA, que tiene como presidente al ingeniero Alejo Maxit.
“Está muy cerca de lanzarse el pliego de la privatización”, afirmaron en Presidencia. Aunque no hay una fecha estimada, aseguran que para las próximas semanas será publicado en el Boletín Oficial. Aunque dicen que es seguro que estará antes de fin del primer trimestre, un funcionario marcó que podría llegar a salir en febrero.
Estos mismos plazos son los que se manejan al respecto de Belgrano Cargas y Logística, otra de las compañías que también fueron sujetas a privatización bajo la denominada Ley Bases. En esa legislación también fueron incluidas Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
El último movimiento oficial del Gobierno sobre la privatización de Aysa se concretó en julio del año pasado con la publicación del Decreto 494/2025. Esta normativa habilitó la venta de la totalidad de las acciones en manos del Estado Nacional, que actualmente posee el 90% del capital social. En tanto, al igual que hoy, el 10% queda dentro de lo que es el programa de propiedad participada que le pertenece a los trabajadores de la compañía.
“Esta licitación sería para la venta del paquete mayoritario a un operador estratégico, es decir, quien tomaría las principales decisiones operativas. Y el remanente, iría a los mercados”, explicaron voceros oficiales a Infobae.

La venta debe ser, como mínimo, del 51% de las acciones para que alguien tenga la responsabilidad como agente mayoritario. El 90% funciona como un máximo posible. Todo lo que no se adquiera en el medio, será puesto a disponibilidad para que se pueda adquirir en el mercado mediante un esquema de free float.

Las autoridades de cerciorarse de que se cumplan las condiciones son el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), la cual preside actualmente el abogado Diego Chaher. Estas áreas se encuentran haciendo las últimas evaluaciones legales junto al equipo de María Ibarzábal, la responsable de la Secretaría de Legal y Técnica que depende de la Presidencia de la Nación.

Para aplicar no hará falta que sean compañías específicas del sector de distribución y saneamiento de aguas. Podrán participar compañías que tengan experiencia acreditada en el ámbito de los servicios públicos en general. Una de las empresas que sonó como interesada en el último año y medio es SABESP, que es la sigla de Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo; la cual tiene una base aproximada de 27 millones de clientes.
Las entidades que controlarán el buen desempeño de la futura compañía será el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA). La primera lo hará en el ámbito del control tarifario, la calidad del servicio y la atención de reclamos; mientras que la segunda se encargará de la planificación estratégica, las inversiones y los planes de expansión.

Para disponerla para la privatización, el Gobierno había aprobado un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026 a los fines de dejar la compañía en condiciones para la futura gestión privada y, a partir de eso, mejorar las posibilidades de que haya ofertas. Las inversiones contempladas por parte del Estado para ese período son de un total de $ 753.900 millones. Como parte de este proceso también se habilitó un aumento tarifario mayor que el que se hizo en bajo la administración anterior.

El Monitor de Transferencias de la Administración Nacional a Empresas Públicas que realiza la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que desde abril a noviembre hubo transferencias de montos de capital (es decir, para la mejora de la infraestructura) de un total de $ 36.600 millones. La variación de transferencias en términos interanuales fue de -91%, debido a que el grueso de los primeros envíos de fondos superaron marcadamente a las que se hicieron en el 2025.

Otro de los pasos previos hechos por el Gobierno para adecuar las condiciones de la privatización fue la publicación del Decreto 805/2025 firmado por Javier Milei y todos sus ministros. Este puso en vigencia un nuevo marco regulatorio para AySA y, entre sus modificaciones legales, habilita a la futura compañía a realizar cortes de suministro por falta de pago.

AySA presta servicio para más de 11 millones de personas. Su alcance territorial y su competencia incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

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