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Por qué hay que votar a Massa

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“Hay dos clases de dolor: el dolor que te hace fuerte y el dolor inútil, ese dolor que solo provoca sufrimiento. No tengo paciencia por las cosas inútiles”, así lo dijo Frank Underwood en la serie norteamericana ‘House of Cards’. Hoy los argentinos ya no tienen tiempo para los inútiles, ni para las cosas inútiles. Por eso no es Javier Milei.

Hace apenas una semana, más de 100 economistas internacionales reconocidos advirtieron que una victoria del candidato de Libertad Avanza el próximo fin de semana sería, en pocas palabras, un salto al infierno para los argentinos. “Si bien las soluciones simples pueden ser atractivas, es probable que causen una devastación en el mundo real a corto plazo”, señalaron en su carta afamados intelectuales de los números, como lo son Thomas Piketty, Jayati Ghosh, Branko Milanović y José Antonio Ocampo, entre otros.

Durante el debate, Milei sostuvo nuevamente la necesidad de dolarizar la economía. Esto significa el reemplazo del peso argentino por el dólar estadounidense como moneda de curso legal. Esto implica que una persona que gana 200 mil pesos a un valor actual de dólar libre -tomamos esa referencia porque el candidato libertario asegura que eliminaría los cepos- de 925, cobraría 216 dólares. ¿Qué alquiler en la actualidad es menor a ese sueldo promedio? ¿Ignorancia, irrealidad o delirio? Cualquiera de las formas deja a 40 millones de argentinos afuera. No hay tiempo para cosas sin sentido.

En la misma noche, Milei hizo agua en relaciones internacionales. No pudo desarrollar, por un profundo desconocimiento, cómo funciona el comercio entre países y privados. Una ineptitud preocupante para un candidato a presidente. El embajador argentino en Suiza, Gustavo Martínez Pandiani, en referencia a los planteos del candidato, alertó: “La diplomacia no es un buen lugar para hacer amateurismo. No se puede jugar como si fuera el TEG. Todos los Estados del mundo, y especialmente los más ricos, invierten enormes recursos en agregados comerciales para abrir mercados para sus empresas. Sin ese trabajo sería prácticamente imposible llegar a exportar para las pymes”.

La incapacidad del libertario fue tan grosera que se olvidó de la existencia de la Organización Mundial del Comercio, creada en 1995, que brinda el soporte jurídico e institucional que explica el 98% del comercio mundial. Es decir, ningún país decidió renunciar a su política comercial externa, o más bien, a la posibilidad de incidir en las operaciones comerciales entre privados mediante la fijación de aranceles, la utilización de medidas de defensa comercial o la determinación de requisitos técnicos o sanitarios. Es imposible pensar las relaciones comerciales sin presencia del Estado. No existe en el mundo real.

El 28 de agosto pasado, los gobiernos de Estados Unidos y China acordaron, ese lunes, la conformación de un grupo de trabajo con el objetivo de “buscar soluciones a cuestiones comerciales y de inversiones”, de acuerdo con el reporte del Departamento de Comercio estadounidense. De esta manera, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, y su par chino, Wang Wentao, sellaron el acuerdo en el marco de una reunión en Beijing en la que ambas potencias participaron con sus delegaciones. Según el comunicado, la secretaria de Comercio estadounidense expresó que ambos países comparten “700.000 millones de dólares en intercambios comerciales”, por lo que resulta “extremadamente importante que tengamos relaciones estables”. También afirmó que se encuentran “por supuesto, en desacuerdo sobre varias cuestiones”, pero Raimondo consideró que es posible “avanzar si somos directos, abiertos y pragmáticos”. Las dos economías más importantes del mundo se sientan a negociar porque se necesitan. Estados Unidos comercializa con China. Uno de los países más importantes de la historia moderna precisa, pese a sus diferencias, de China. Este es el mundo real. Según Milei, Argentina puede prescindir de su relación con el país asiático. Hoy, ni los argentinos ni el mundo tienen más tiempo para discusiones inútiles.

Milei y el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, han hecho pública su relación y apoyo infinidad de veces. Han coincidido en varios temas y el candidato de Libertad Avanza ha adelantado que varias de las políticas aplicadas por Bolsonaro las pretende experimentar en Argentina, tales como políticas internacionales, ambientales, económicas y sociales, entre otras. ¿Cómo le fue a Brasil con Bolsonaro? El hambre y el empobrecimiento de una parte de la población son el legado que deja el presidente Jair Bolsonaro tras cuatro años de gobierno, junto a la deforestación descontrolada. Además, los incendios dolosos se intensificaron, situándose en el nivel más crítico desde 2010. La economía también se vio duramente impactada durante la gestión de Bolsonaro, situación que el mandatario atribuye a la pandemia, a la política de aislamiento social implementada por los gobernadores y a la crisis energética agudizada a nivel mundial. Lo cierto es que la deuda pública de Brasil creció exponencialmente durante su gestión y terminó siendo el 78% del PIB.

El aumento exponencial de armas y municiones entre los coleccionistas brasileños es otro resultado de su gestión. Su obsesión por “armar al pueblo para que no sea esclavo” es más que conocida. En la presentación de su candidatura, en julio de 2018, Bolsonaro prometió que su primera iniciativa como presidente sería liberalizar la posesión de armas para civiles. Lo intentó en varias ocasiones, pero el Congreso y la Corte Suprema tumbaron todos los decretos. No obstante, encontró otro camino para armar a la población. En tres años, el número de armas registradas por cazadores, coleccionistas y tiradores se triplicó, alcanzando el millón, según datos de los institutos Igarapé y Sou da Paz. La región amazónica experimentó un aumento del 700%, con un aumento consecuente de homicidios. ¿Esto es lo que se quiere repetir en Argentina? ¿Estos son los ejemplos para salir adelante?

Los argentinos no tienen más tiempo para discusiones que no representan su sentido y composición histórica. Argentina no es un país armado. Su tasa de 7,4 armas de fuego en manos de civiles cada 100 habitantes se encuentra, según Small Arms Survey, por debajo de la mayoría de los países de la región. Una reciente encuesta realizada en mayo de 2023 a nivel nacional reflejó que el 77% de las personas encuestadas se mostró en contra de “la libre portación de armas de fuego”. La participación de la sociedad en el plan de desarme permitió retirar de circulación más de 200.000 armas de fuego entre 2007 y 2022. Por los resultados alcanzados durante sus primeros años, en 2013, ese programa fue premiado a nivel internacional como una política modelo.

Las leyes sobre restricción de armas de fuego aprobadas en el Congreso de la Nación en los últimos años también reflejan ese consenso, con votaciones afirmativas al control de armas y al desarme prácticamente unánimes. Diversos estudios confirman que la mayor presencia de armas de fuego en una sociedad, lejos de disminuir el delito, contribuye al aumento de la violencia, el delito y las muertes. Y, a la inversa, las políticas de control se relacionan con una reducción de esos problemas. El caso de Estados Unidos, el país con más armas de fuego en manos de civiles del mundo —120 armas por cada 100 personas—, es paradigmático. Su tasa de homicidios fue 7,5 veces mayor que la tasa de otros países de altos ingresos, lo cual suele atribuirse a su tasa de homicidios con armas de fuego, que es casi 25 veces mayor. Desde matanzas masivas, algunas de ellas en escuelas, hasta un mayor número de suicidios y feminicidios, los efectos de la libre circulación de armas de fuego han sido ampliamente verificados en otros países.

Volvamos a la elección “más importante de los últimos 100 años”.

La lógica de los encuestadores siempre indicó lo contrario a lo que sentía el metro cuadrado que habita la gente. Algunos ejemplos contemporáneos: hace apenas unos meses, todas las consultoras vaticinaban la imposibilidad del oficialismo de llegar al balotaje. La fragilidad de un frente que tenía un candidato poco competitivo que quedaba cinco puntos debajo del candidato mediático y sin experiencia, Javier Milei. “La gente no come vidrio”, decía mi abuela.

Esto que pasaba arriba de la pirámide también sucedió abajo. En la provincia de Buenos Aires, tras las PASO, los estudiosos de las estadísticas vaticinaban una elección cerrada y Axel Kicillof terminó ganando con una diferencia de 20 puntos con respecto al segundo. Otro caso podría ser el distrito de Lanús: el candidato que presentaba el oficialismo era un seguramente perdedor, pero los vecinos de la ciudad no quisieron que esto fuera así y eligieron a Julián Álvarez, quien se quedó con un amplio triunfo que lo llevó a recolectar el 44,6%.

Para seguir con la provincia más poblada, deseada y complicada de Argentina: las consultoras se equivocaron en Quilmes; Mayra Mendoza fue reelegida con un 51%; no acertaron en Hurlingham, donde el candidato de Unión por la Patria, Damián Selci, se consolidó con un 45%, superando por más de 13 puntos a su competidor de Juntos por el Cambio.

Para la próxima, hay otros datos a los cuales habría que prestar mayor atención. El consumo de medios en tiempos de híperconectividad parecería resultar menos azaroso. Veamos qué dice IBOPE, que se especializa en la medición del rating en Argentina. En lo que va del año, el promedio del canal de noticias LN+ es de 1,73, claramente una pantalla crítica del candidato a presidente, Sergio Massa. El segundo canal de noticias más importante del país, TN, también opositor al oficialismo, acumula hasta esta parte un promedio de 2 puntos de rating. Mientras que, del otro lado, C5N ha logrado un promedio anual de 2,10 y Crónica, otro grupo mediático más oficialista en esta arbitraria separación, acumula 1,63. ¿Sumamos a los opositores con los opositores y a los oficialistas con los oficialistas? No. Los argentinos ya no tienen más tiempo para sumas que no les sumen.

Massa tendrá una gran labor: la de reconstruir una falta de representatividad que dejó a los argentinos faltos de tiempo y, sobre todo, de paciencia. Así se explica Milei. Incluso el candidato de Unión por la Patria deberá darle valor a los símbolos que le dan vida al ejercicio cotidiano del poder. Un profesional como el actual ministro de Economía no desconoce que todo aquello que tocó el actual presidente Alberto Fernández carece de atributo. Solo un dedicado, obsesivo del detalle y los rincones del Estado, puede encarar la tarea.

Argentina necesita volver a tener un jefe de Estado, uno con temple, firmeza y humildad, que pueda velar por los intereses de las mayorías, con una burguesía criolla que comprenda las necesidades actuales y aproveche la coyuntura histórica. La unidad necesita la conducción de un sacerdote de este oficio. Massa ha macerado su sabiduría, sobre todo su momento justo y exacto. Lo ha creado. Ha tenido la ayuda de la sacerdotisa, su método, su brújula y su descanso. Ese lugar donde puede volver cada vez que se pierde y necesita la lectura de un oráculo confiable. Eso es un líder.

Los argentinos ya no tienen tiempo para experimentos televisivos sin conocimientos que no ubiquen al país en el lugar que le corresponde en el mundo. Los argentinos ya no tienen tiempo para frágiles emocionales que no comprendan las oportunidades y las capacidades de quienes habitan este suelo. Los argentinos ya no tienen tiempo para las promesas incumplidas. Los argentinos ya no tienen tiempo para no hacerse cargo de la responsabilidad de la Argentina que se viene, porque el contexto los obliga. Porque ya no tienen tiempo es que no es Milei. Porque ya no hay tiempo es que es Massa. Y porque la respuesta siempre fue la política. Porque es su tiempo.

Según la teoría hegeliana, el pensamiento va avanzando desde una afirmación inicial o tesis, a la que se opone una segunda idea o antítesis, y con ello se llega a una afirmación nueva o síntesis, que es la combinación superadora de las otras dos ideas y así sucesivamente. Como dijo el periodista Carlos Pagni: “Menem fue la tesis, Néstor fue la antítesis y Massa es la síntesis”.

Fuente: Infobae

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Kicillof lanzó el año político: guiño a las reelecciones de intendentes, el futuro del PJ y su armado 2027

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió el año político ante un grupo de intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con una reunión en el distrito costero de Villa Gesell. Allí, bajo el agobiante calor propio de mediados de enero, el mandatario provincial delimitó los desafíos de su espacio político para el corto y mediano plazo. Planteó la necesidad de modificar la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes; auguró que quien comande el Partido Justicialista bonaerense —que el 15 de marzo debería renovar sus autoridades— debe respaldar al gobierno que conduce y enfatizó en que 2026 hay que ir hacia la construcción de una alternativa de oposición al gobierno de Javier Milei que trascienda a la provincia de Buenos Aires.
Sobre la reinstauración de las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares, el mandatario ratificó lo dicho por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, a fines del 2025: que en este año, el gobierno bonaerense insistiría por la modificación la norma que limita la reelección de intendentes a solo un período más y que luego de completado el segundo mandato queden imposibilitados para ir por un tercer mandato. Según reconstruyó Infobae, el gobernador argumentó que tal como está la ley le “facilita el camino a la fuerza de Milei y nos deja a nosotros con el mejor candidato afuera” en los distritos. Fue en referencia al intendente o intendenta en cuestión, que en 2027 no podrá presentarse por otro período si no se cambia la ley en la Legislatura bonaerense. Hoy, solo con los votos del peronismo no alcanza.
Son 82 jefes comunales que en las próximas elecciones cumplirán los dos mandatos consecutivos al frente de la intendencia y no podrán ser reelectos. La gran mayoría del peronismo; pero también los hay de la UCR, el PRO y hasta La Libertad Avanza, como es el caso de Diego Valenzuela —hoy en uso de licencia en la intendencia de Tres de Febrero—, pero que gobierna ese distrito desde 2015.
En la reunión que organizó el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, escuchaban algunos de sus pares de distritos grandes como Fernando Espinoza de La Matanza o Mariano Cascallares (hoy diputado provincial y en licencia como jefe comunal de Almirante Brown); la vicegobernadora Verónica Magario, intendentes de la Quinta sección electoral y parte del gabinete más leal políticamente al gobernador como Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Carlos Bianco (Gobierno), Estela Díaz (Mujeres y Diversidad) o Walter Correa (Trabajo). Además de funcionarios del riñón kicillofista: Cristian Girard (ARBA), Juan Cuattromo (Banco Provincia), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Augusto Costa (Producción). Todos los que un rato antes habían acompañado a Kicillof en la Conferencia de Verano. De hecho, antes de finalizar la reunión, Kicillof le cedió la palabra a Espinoza, que optó por no agregar nada. Interpretó que todo lo importante en materia política ya lo había dicho Kicillof.

Conforme, el matancero también había escuchado de parte de Kicillof y Magario que era relevante el proceso de renovación de autoridades que en semanas se llevará adelante el PJ bonaerense que hoy preside Máximo Kirchner. Hubo escasas referencias a la expresidenta, Cristina Kirchner; aunque el gobernador sí hizo hincapié en las diferencias con las que convive el peronismo en la provincia que gobierna. “Pensé que se iba a hablar de la reforma laboral. En la última reunión del Consejo, Máximo invitó a Cristian Gerónimo de la CGT y la reforma laboral estuvo como tema central. En la agenda del MDF brilló por su ausencia. Acá veo que hicieron un internismo bobo. Más casta no se consigue”, planteó un referente cristinista a este medio.
En otro tramo del encuentro, Magario fue quien detalló cómo viene la carrera por la renovación de autoridades del PJ bonaerense. Allí, Kicillof planteó que quien vaya a conducir el partido tiene que respaldar explícitamente las políticas del gobierno bonaerense. Es decir, el mandatario buscará intervenir en esa discusión. La opción que el MDF pone sobre la mesa es la vicegobernadora. Otro tema atendible es la situación de los PJ locales. En el encuentro en Villa Gesell se acordó que la posición del espacio es que donde haya intendentes peronistas, los mismos tengan injerencia, peso en la definición para que no haya internas. Sucede que la renovación de autoridades del PJ que preside Máximo también alcanzará a los peronismos locales. En 2021 hubo internas en algunos distritos en donde sí se llevaron adelante algunas compulsas por la conducción del peronismo.
Como viene relatando este medio, la vicegobernadora trabaja por presidir el PJ bonaerense a partir del 15 de marzo. En los últimos días, recepcionó en el Senado afiliaciones físicas de distintos distritos que, esperan, se sumen al padrón que se exhibirá el próximo 22 de enero. Sin embargo, la junta electoral del partido —que la propia vicegobernadora integra— explicitó que las afiliaciones válidas serán las que fueron cargadas hasta el 30 de diciembre del 2025 y que cuentan con soporte papel; con lo cual el traslado de afiliaciones que distintos referentes territoriales realizaron esta semana puede haber sido inocuo a los efectos buscados.

También volvió a plantear que hay que trabajar en la construcción de una alternativa nacional para llegar con un programa propio a la elección del 2027. En el encuentro, el concejal de Mar del Plata, Gustavo Pulti, le pidió que empiece a nacionalizar su discurso.

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Autorizaron a Milei a viajar al exterior para representar al país en la firma del acuerdo Mercosur-UE y en Davos

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El Poder Ejecutivo Nacional publicó este viernes a la madrugada un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual autorizan al presidente Javier Milei a ausentarse del país para cumplir con actividades oficiales relevantes, aun sin la ley específica del Congreso para 2026 que exige la Constitución Nacional.
La decisión, adoptada “en acuerdo general de ministros”, aparece pocos días antes de dos compromisos internacionales centrales para el mandatario: la esperada firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, que se celebrará el 17 de enero en Asunción, Paraguay, y su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, entre el 19 y el 23 de este mes.
La medida se encuadra en el artículo 99, inciso 18 de la Constitución Nacional, que establece que el Presidente solo puede abandonar el territorio nacional con autorización del Congreso, salvo en casos justificados de servicio público y cuando el Parlamento no se halle en sesiones. Según lo expuesto en los considerandos del decreto, “los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación han finalizado el 30 de noviembre de 2025 y el 30 de diciembre de 2025, respectivamente”. No existe a la fecha una norma que habilite el permiso correspondiente para que el titular del Ejecutivo se ausente del país, una situación que ya motivó medidas similares en años previos (decretos 162/2023, 50/2024 y 17/2025).
De esta manera, en el considerando de la norma, remarcaron la “imperiosa necesidad de representar al Estado nacional en el ámbito internacional”, lo que, afirman, “resulta impostergable e imprescindible para el mejor posicionamiento de nuestro país dentro del concierto de las naciones”. El decreto enfatiza la centralidad de los compromisos que debe asumir el presidente en su carácter de jefe de Estado.

El decreto lleva las firmas de Milei y de todos sus ministros Manuel Adorni, Diego César Santilli, Pablo Quirno Magrane, Carlos Alberto Presti, Luis Andrés Caputo, Alejandra Susana Monteoliva, Mario Iván Lugones y Sandra Pettovello, establece en su artículo 1: “Autorízase al titular del Poder Ejecutivo Nacional a ausentarse del país cuando razones de gobierno lo requieran, hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026”. La autorización entró en vigencia desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial.
El decreto aclara que se comunicará a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación, de acuerdo con la Ley N.° 26.122, que regula la intervención legislativa respecto de los decretos de necesidad y urgencia sancionados por el Ejecutivo.
Mercosur y UE: las claves del acuerdo de libre comercio
La próxima firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur marca el desenlace de uno de los procesos diplomáticos más extensos entre bloques regionales. Este acuerdo, calificado por Pablo Quirno como el “más ambicioso” en la historia de ambos bloques, abrirá un acceso privilegiado de los países suramericanos a la UE, que es la tercera economía mundial y abarca un mercado superior a los 450 millones de personas, lo que implica cerca del 15 % del producto bruto global.
El respaldo definitivo llegó cuando el Consejo de la Unión Europea, entidad donde participan los Gobiernos de los 27 países miembros, adoptó por mayoría la decisión de autorizar la firma. En este contexto, Quirno subrayó el impacto inmediato para los países fundadores del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, ya que el acuerdo contempla la eliminación de aranceles para el 92 % de las exportaciones del Mercosur a Europa y la concesión de acceso preferente para otro 7,5 % de los envíos. De este modo, el 99 % de las exportaciones agrícolas del bloque obtendrán ventajas directas.

El proceso hacia este consenso se originó con la firma de un acuerdo marco de cooperación en 1995, que entró en vigor en 1999. Sin embargo, las negociaciones técnicas para un tratado de libre comercio se inauguraron formalmente en Buenos Aires en abril del año 2000. Durante más de 30 años, el diálogo atravesó etapas marcadas por desacuerdos notables, especialmente en torno a los sectores agrícolas e industriales, así como a cuestiones ambientales y las denominaciones de origen, que postergaron consecutivamente el cierre definitivo.

A través de la red social X, Quirno describió el pacto como “histórico” y enfatizó que “los miembros del Mercosur accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global”.

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Cuáles serán las propuestas que el peronismo llevará al Congreso para contrarrestar la reforma laboral

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El gobierno de Milei apuesta a sancionar la reforma laboral en el Congreso durante el mes de febrero y para preparar el terreno el ministro del Interior Diego Santilli ya se encuentra de gira por las provincias buscando el apoyo de los gobernadores. Este viernes la mesa política libertaria se reunirá para terminar de definir la estrategia parlamentaria y también habrá encuentros técnicos para recibir los planteos de la CGT y las cámaras empresarias.
El peronismo rechaza de plano el proyecto de modernización de La Libertad Avanza porque asegura que no generará más empleo sino que busca flexibilizar y precarizar el mercado de trabajo para aumentar las ganancias de las empresas. “El proyecto del Gobierno busca desarticular al sindicato como sujeto colectivo, quebrar la organización colectiva de los trabajadores y reinstalar un modelo laboral fundado en el miedo, la falsa negociación individual y la inestabilidad absoluta. No es modernización: es una forma de esclavitud moderna”, planteba un borrador que circuló por las bancadas de Unión por la Patria en la previa del debate en comisión del Senado. Sin embargo, los diputados y senadores peronistas trabajan en diferentes proyectos alternativos de modernización laboral para no limitarse a rechazar las propuestas del Gobierno.
“A nosotros nos dicen que nunca propusimos una reforma laboral, pero es mentira. Tenemos que demostrar que hubo muchas propuestas durante los últimos dos años, pero nunca pudimos pasar el filtro de la comisión de Trabajo que presidía Martín Tetaz”, explicó un diputado que está trabajando en propuestas alternativas.
En la Cámara de Diputados hay varios integrantes de la bancada peronista que provienen del mundo gremial o son especialistas en la materia, como la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos; el titular de La Bancaria Sergio Palazzo; Carlos Cisneros, también dirigente de La Bancaria, el secretario de Smata Mario “Paco” Manrique, Hugo Antonio Moyano, hijo del dirigente Camionero y el secretario general de la CTA Hugo Yasky. En el Senado, la coordinación quedó a cargo de Mariano Recalde, abogado especializado en Derecho laboral e hijo del histórico abogado de la CGT, Héctor Recalde.
En las filas de la oposición saben que sus proyectos no podrán ser tratados durante las sesiones extraordinarias porque el Poder Ejecutivo no los incluirá en el temario oficial. Por eso apuestan a aprovechar el debate para instalar otras propuestas “que atacan los problemas que la reforma laboral de Milei no va a resolver”. Y respecto al proyecto impulsado por la Casa Rosada, aseguran que hay dos caminos: la de máxima será lograr el rechazo total de la reforma, y la de mínima apuntarán “contra los artículos más regresivos, como las restricciones al derecho a huelga”.
Ante la consulta de Infobae, la diputada Olmos aseguró que todavía están “redondeando” la propuesta, pero varios de los puntos que el peronismo buscará poner en debate ya se conocen en términos generales.

En primer lugar, plantearán como regla general el fortalecimiento de la negociación colectiva para recomponer los haberes, con paritarias libres sin techo. Sobre este punto, critican la práctica de la Secretaría de Trabajo, que en varias oportunidades decidió no homologar acuerdos entre gremios y empresas porque superaban la pauta inflacionaria establecida por el programa económico. En esa misma línea, proponen darle mayor centralidad al Consejo del Salario, que establece el salario mínimo, vital y móvil. Además, establecerán que el salario debe ser pagado íntegramente en dinero, en clara confrontación con la posibilidad de pago en especie que defiende el oficialismo.

Por otro lado, buscarán incluir a los trabajadores de plataformas en un régimen donde se reconozca la relación laboral, específicamente reglamentando el principio de “presunción de relación laboral”. También apuntarán a la apertura de los algoritmos para determinar la forma en la que se asignan los clientes, las penalizaciones y los bloqueos.
Entre otros derechos que buscarán incorporar a la discusión para los trabajadores de plataforma también se destacan las vacaciones pagas, la provisión de elementos de seguridad y la cobertura por accidentes, y el derecho a conectarse y desconectarse libremente sin penalidades.

El peronismo también pretende volver a dar una discusión que no prosperó durante el gobierno de Alberto Fernández: la ampliación de las licencias por paternidad. Sobre ese punto aclaran que no tendrá costo para las empresas ya que estará cubierto por la ANSES, al igual que las licencias por maternidad.

Otra conocida discusión que el peronismo intentará actualizar es la reducción de la jornada laboral, que ya tuvo algunas experiencias piloto en Latinoamérica (Chile, Colombia, México) y varias en Europa (Francia, Alemania, Bélgica). Esta política, aclaran, deberá ser gradual y progresiva, por lo que el primer paso sería bajar a 7 horas diarias o 42 semanales. Así, apuestan a aumentar la productividad, generar más oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Para los trabajadores que realizan sus tareas desde sus casas o en modalidades “híbridas”, el peronismo quiere profundizar sobre el “derecho a la desconexión”, es decir, garantizar las horas de descanso sin tener que contestar comunicaciones o realizar tareas fuera del horario laboral estipulado.

Finalmente, la contrapropuesta a la modernización laboral de Milei incluirá la instauración de un bono anual de participación en las ganancias de las empresas. Se trata de un derecho incluido en el artículo 14 bis de la Constitución que nunca se aplicó de forma generalizada. “Eso ayudará a que los trabajadores tengan más interés en que a las empresas les vaya bien y ayudará a que los salarios sean verdaderamente dinámicos hacia arriba, no hacia abajo”, explicó el Recalde durante el debate en comisión en el Senado.

Durante las próximas dos semanas el peronismo seguirá trabajando en unificar criterios para llegar a un texto común, a tiempo para la primera semana de febrero, cuando el Gobierno prevé comenzar el tratamiento formal del proyecto en el Senado.

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