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Por qué los cambios aceptados por el Gobierno en la reforma laboral pueden ser un alivio y, a la vez, una trampa para la CGT

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¿Habrá más cambios en la reforma laboral que beneficien al gremialismo? Es la expectativa que tiene la CGT, cuyos líderes siguen negociando en secreto con el Gobierno para atenuar o eliminar artículos del proyecto que afectan al poder sindical. No parece descabellada esa aspiración. Después de todo, en la noche del miércoles se conoció una modificación de último momento en el proyecto que deja a salvo las cuotas solidarias, ese aporte clave para el financiamiento de los sindicatos que los libertarios querían limitar y ahora buscan mantener.

Se agrega a otros cambios aceptados por la Casa Rosada para garantizar la sanción de la reforma laboral, como la eliminación de un artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales, que puede explicar por qué la columna principal de la CGT tuvo un paso casi fugaz por la zona del Congreso en la que se hizo la movilización contra la reforma laboral. Fue una protesta decidida más para contener al ala dura que para castigar a un gobierno con el que sus máximos jefes están en tratativas para quitarle el sesgo antisindical al proyecto.

Con la propuesta de salir a protestar en la calle cuando comenzaba el debate en el Senado, la cúpula de la CGT logró desactivar los planteos de paros de 12, 24 y 48 horas que hicieron dirigentes ultraopositores y que, en caso de haberse aprobado, iban a complicar el diálogo con el Gobierno para suavizar la reforma laboral.

Así se llevó a la movilización de este miércoles ante el Congreso, donde pareció que la CGT cumplía un trámite a desgano: sus principales dirigentes, encabezados por el triunvirato, estuvieron en la zona no más de media hora y se fueron rápidamente antes de que la izquierda y otros sectores combativos comenzaran a generar graves incidentes, que incluyeron piedras y bombas molotov.

“Los sectores ultra fueron preparados para eso. Los extremos se unen y son funcionales entre sí“, dijo Gerardo Martínez (UOCRA), uno de los adalides del sector dialoguista, a Infobae. Y destacó que la movilización al Congreso resultó “interesante y acorde con la estrategia que se decidió en la CGT a partir de la soledad en la que estamos luego del triunfo del Gobierno en las elecciones de octubre pasado”.

“Mantenemos la postura de no dar ni un paso atrás -advirtió-, pero esperamos tener el volumen político que corresponde cuando la ciudadanía pierda la paciencia y ahí estará la CGT, sólida y fuerte”.

La violenta postal que dejó la concentración, que en la CGT estimaban altamente probable, disimuló los reclamos de “paro general” efectuados en la calle por los sectores más duros y la ausencia de varios líderes sindicales en la columna principal de la central obrera.

Al margen de esas sutilezas, en la movilización reapareció Pablo Moyano al frente de los manifestantes de Camioneros, pero la principal novedad es que antes había estado con Hugo, su padre, en la sede del sindicato y ambos posaron para una foto como si hubieran declarado una tregua en la feroz pelea que mantienen desde fines de 2021. Detrás de ellos se ve una vieja foto donde el líder del gremio está junto a Saúl Ubaldini. ¿Una forma sutil de anticipar que apuntan a equiparar el récord de 13 paros generales contra el gobierno de Raúl Alfonsín que alcanzó el ex titular de la CGT?

Los sindicatos que se destacaron por sus columnas numerosas fueron UPCN, Camioneros, la UOCRA, UDA, Obras Sanitarias, la CATT (liderada por Dragado y Balizamiento y Aeronavegantes), la UTEP (gremio de los movimientos sociales) y el FRESU (el frente que integran la UOM, ATE, las CTA, Aceiteros y Pilotos), entre otros.

De todas formas, para la CGT fue más sustancial que la movilización callejera el hecho de que el Gobierno siguió mostrando voluntad de corregir la reforma laboral. Mientras Patricia Bullrich anunciaba este martes los cambios en la reforma laboral, su equipo técnico estaba redactando otras modificaciones: la más significativa fue una que beneficiará aún más a la CGT en su pelea desesperada por conservar intacta la “caja sindical”.

En efecto, el Gobierno había incluido en el proyecto un artículo que afectaba al sindicalismo porque decía que los empleadores “podrán” ser agentes de retención de las cuotas de afiliación, “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.

Pero la última versión de la reforma laboral eliminó directamente ese artículo, que lleva el número 137, por lo que quedará vigente la ley actual, que le conviene al gremialismo porque establece la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención y no sólo de la cuotas de afiliación sino también de “otros aportes”.

Esa es una mención clave porque también alude a las cuotas solidarias, esos aportes compulsivos que se pactan en los convenios colectivos de trabajo y se descuentan de los sueldos de los afiliados y los no afiliados. Y que para la CGT son sacrosantos porque se convirtieron en la base del financiamiento de la mayoría de los sindicatos a través de millonarios fondos que reciben de todos los trabajadores de una actividad.

Son los que Federico Sturzenegger llamó “peajes sindicales” y quiso cambiar desde que Javier Milei llegó a la Presidencia. La CGT logró frenar en la Justicia la fórmula libertaria contemplada en el DNU 70 para limitar esos aportes, que fue la exigencia de que para descontar el aporte tenía que haber un consentimiento explícito por parte del trabajador. Eso mismo se incluyó en la primera versión de la reforma laboral y finalmente desapareció por las presiones de la CGT ante el Gobierno.

El proyecto con cambios anunciado por Bullrich estipulaba que las cuotas solidarias tendrán un tope del 2 por ciento y se mantendrán hasta el 1° de enero de 2028 ya que desde entonces tendrán que ser voluntarias (lo mismo sucederá con los aportes patronales especiales previstos en las convenciones colectivas de trabajo).

La corrección de último momento de la reforma laboral beneficia aún más a los sindicatos y en la CGT ahora aseguran que negocian otros cambios en el proyecto que les darán alivio en temas decisivos como la ultractividad de los convenios y los convenios por empresa, dos puntos que el Gobierno mantuvo hasta ahora en su versión dura y que ponen en jaque al modelo sindical argentino porque debilitan al tradicional unicato.

Algunos que no comparten la estrategia de la cúpula de la CGT alertan que la misma solución que encontraron para cambiar la reforma laboral puede convertirse en una trampa: “Arreglaron todo lo que ponía en peligro la caja sindical, pero la gente no les va a perdonar que no se hayan cambiado artículos que afectan a los trabajadores en materia de indemnizaciones, banco de horas o vacaciones”, dijo a Infobae un dirigente del ala dura.

El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), insistió en que la reforma laboral “realmente quita derechos tanto individuales como colectivos a los trabajadores y no va a generar empleo”. Y admitió: “Entendemos que hubo cambios aparentemente favorables hacia el movimiento sindical, pero de cualquier manera rechazamos totalmente este proyecto”.

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Nación creó un registro para unificar los datos de beneficiarios de planes sociales

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El Gobierno nacional dispuso este martes la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una base destinada a ordenar y unificar la información de personas que acceden a programas y prestaciones en todo el país.

La iniciativa fue formalizada mediante la resolución 23/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial, y funcionará bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

El nuevo registro operará dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), que actúa como repositorio central de datos provenientes de distintas áreas del Estado.

Según lo dispuesto, el objetivo es contar con una única base administrativa que permita identificar con precisión a los beneficiarios, sus características y el tipo de asistencia que reciben.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales será el encargado de la administración, actualización y resguardo de la información, además de realizar cruces de datos, elaborar estadísticas y evaluar políticas públicas.

Desde el Ejecutivo señalaron que la herramienta permitirá tener un diagnóstico más preciso sobre el alcance de las políticas sociales y optimizar la gestión de los recursos públicos.

En términos operativos, el registro integrará información que hasta ahora se encontraba dispersa en distintos organismos, con el objetivo de evitar duplicaciones, superposiciones y vacíos de datos, y garantizar la trazabilidad de la información.

El sistema se nutrirá exclusivamente de datos aportados por organismos oficiales y funcionará bajo estrictos criterios de seguridad y confidencialidad. Además, se estableció que su implementación será financiada con partidas del propio Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, sin asignaciones adicionales.

Fuente: Agencia DIB

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Confirman las nuevas tarifas de luz que regirán desde abril en la provincia

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El Gobierno nacional aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio eléctrico que comenzarán a regir desde abril, con subas diferenciadas según la empresa distribuidora y la zona. La decisión se formalizó este martes a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial, y alcanza a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Paralelamente, la administración de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad que comenzará a regir desde abril, con un impacto promedio del 1,3% en las facturas de los usuarios residenciales, tanto con subsidios como sin ellos.

La suba, que se da un día después del ajuste de los cuadros tarifarios de gas, será en el caso de Edesur del 1,98% respecto de marzo, y se da en el contexto de la emergencia energética dispuesta por el Gobierno en diciembre de 2023, momento en que se consideró “imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía”, entre los que incluyó a “las tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica”.

En este sentido es que “las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de energía eléctrica son incrementadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por el Enargas”.

El nuevo cuadro tarifario de la empresa que brinda el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del sur del conurbano bonaerense surge a partir del aumento previsto en la revisión quinquenal en cuestión, más el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en febrero fueron de 0,99% y 2,90% respectivamente.

“El objetivo del mecanismo de actualización establecido es que el valor de la remuneración que percibe la distribuidora se mantenga durante todo el período tarifario de cinco años en términos reales”, señala la normativa.

En cuanto a Edenor, que da cobertura a 20 municipios del noroeste del Gran Buenos Aires y la zona noroeste de la Capital Federal, la suba a partir de abril será del 2,04%, según lo indica la resolución 198/2026 del ENRE.

En los dos casos, los aumentos recaerán sobre los usuarios residenciales con y sin subsidio y para “los Clubes de Barrio y de Pueblo (CdByP) que integran el listado que confeccionó a tales efectos el Ministerio de Turismo y Deportes” en 2022.

Aumento de la luz en el interior bonaerense

Por otra parte, el Gobierno de Axel Kicillof oficializó un nuevo incremento en las tarifas de electricidad que comenzará a regir desde abril, con un impacto promedio del 1,3% en las facturas de los usuarios residenciales, tanto con subsidios como sin ellos.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 173/2026 del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada este martes en el Boletín Oficial y se enmarca en la actualización de los cuadros tarifarios del servicio eléctrico.

El ajuste incluye una modificación del valor agregado de distribución (VAD), uno de los componentes centrales de la tarifa, junto con la incorporación de variaciones en los precios mayoristas de la energía y el transporte definidos a nivel nacional.

Según datos oficiales, un usuario residencial sin subsidios con consumo medio pasará de pagar unos $52.000 mensuales a cerca de $52.650, mientras que un usuario con subsidios verá su factura incrementarse de $33.300 a aproximadamente $33.700, valores que incluyen impuestos.

El nuevo cuadro tarifario se aplicará a partir de los consumos de abril, por lo que el impacto se reflejará en las facturas que llegarán entre ese mes y mayo.

La resolución aprueba el recálculo de tarifas para las distribuidoras Edelap, Edea, Eden y Edes, en sus respectivas áreas de concesión dentro de la provincia, tomando como base los precios estacionales definidos por la Secretaría de Energía del ministerio de Economía de la Nación.

Fuente: Agencia DIB

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Inquilinos: un 70% está endeudado y casi el 20% se mudó por no poder pagar el alquiler

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Endeudamiento, recortes en alimentos, mudanza y pluriempleo como estrategias de supervivencia. Así transita la vida de miles de inquilinos en el país, en medio de un deterioro del poder adquisitivo que impacta en las condiciones de vida, pese a la desaceleración en la suba de los alquileres por la baja de la inflación.

De acuerdo a un informe de la organización Inquilinos Agrupados, el 17,2% de los inquilinos debió mudarse por no poder afrontar el alquiler. Mientras que otro número que preocupa es que siete de cada diez de los encuestados destinan más del 40% de su salario al pago del alquiler.

En paralelo, el 70,9% reconoce tener deudas activas, en un escenario donde la economía cotidiana se sostiene, cada vez más, a base de crédito.

La radiografía se vuelve más cruda cuando se observa el destino de ese endeudamiento. Más de la mitad de los inquilinos (53,2%) tomó deuda para poder comer, mientras que el 38,9% lo hizo específicamente para pagar el alquiler. Las tarjetas de crédito aparecen como principal herramienta de financiamiento: el 65,2% recurrió a ellas para cubrir gastos básicos.

El ajuste también se siente dentro del hogar. El 89,6% de los consultados afirmó haber recortado gastos domésticos. En ese universo, el 65,1% redujo el consumo de alimentos y el 54,2% resignó gastos en salud. El dato más elocuente: apenas el 38,6% logra realizar cuatro comidas diarias.

Frente a ese escenario, el trabajo aparece como variable de compensación, aunque insuficiente. El 45,7% de los inquilinos tiene más de un empleo, mientras que el 14,1% perdió alguna fuente laboral en el último año. La precariedad laboral y el pluriempleo conviven como dos caras de la misma moneda.

Fuente: Agencia DIB

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