La negociación salarial docente en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo tras una reunión virtual de este viernes en la que el Gobierno bonaerense propuso un incremento del 2,5% para el mes de julio, a cobrarse con los haberes de agosto. La oferta fue considerada insuficiente por los gremios que forman parte del Frente de Unidad Docentes -SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y UDA-, que resolvieron no someterla a consulta de los trabajadores.

La reunión fue convocada a media mañana, de manera extraordinaria, para llevarse adelante en la tarde de hoy, tras el paro en las escuelas públicas que los gremios realizaron el martes y que, según los gremios, tuvo un 95% de acatamiento.

La protesta pegó de lleno en la gestión, ya que fue la primera vez en seis años de la gestión de Kicillof que los docentes llevaron adelante una medida de fuerza de circunscripción netamente provincial. El 1 de marzo habían realizado un paro, pero que había sido de carácter nacional y con impacto en la provincia de Buenos Aires.

El argumento de la gestión de Kicillof es que las restricciones presupuestarias se deben a las consecuencias del modelo económico impulsado por Javier Milei. “No hay manera de hacer frente al costo de vida. A eso se suma el ahogamiento financiero a la provincia, que hace cada día más difícil dar una respuesta integral como estamos acostumbrados a dar. Pero vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para mejorar la negociación”, expresaron fuentes oficiales a este medio.

El conflicto paritario se desarrolla en un clima de tensión. Los docentes bonaerenses realizaron un paro esta semana con un acatamiento del 95%, según los gremios. La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, había señalado que “el grado de adhesión demuestra que el paro docente es contundente en toda la provincia”.

En declaraciones radiales, Olivera sostenía: “Esta medida de fuerza es una demanda de todos los docentes ante los hechos de violencia y la falta de recomposición salarial”. Respecto a la cuestión salarial, afirmó durante aquella jornada: “Empatarle a la inflación es perder porque hemos tenido una inflación del 2,1%; pero el índice de alimentos fue del 2,5% y el de servicios del 2,6%”. La dirigente explicó que el objetivo de la FEB es lograr un aumento “por encima del IPC, ya que la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos los docentes golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador”.

El reclamo por la violencia en las escuelas

Olivera también reiteró el reclamo por la restitución del FONID, eliminado por el Gobierno nacional. Había pedido“una convocatoria urgente a la Paritaria Salarial con la Provincia para recomponer los salarios docentes”. Demanda que se suplió este viernes por la tarde.

La situación en las escuelas se ve agravada por la violencia. “Entran los padres, golpean a los docentes, los alumnos también. El docente no está cuidado para nada. Ningún trabajador es golpeado en su ámbito de trabajo”, advirtió Olivera. La dirigente detalló: “En las últimas dos semanas registramos seis o siete casos de violencia graves en los distritos. Es un flagelo que requiere un abordaje multisectorial”.

Olivera recordó que, aunque la provincia de Buenos Aires firmó un acuerdo de prevención, resguardo y reparación ante hechos de violencia, “no está dando resultados” y remarcó la necesidad de implementar herramientas ya acordadas y aplicar la legislación vigente para que estos delitos sean penalizados.

Uno de los puntos que remarcaron desde el Gobierno bonaerense, ante la consulta de este medio, es el impacto que la crisis económica genera en la convivencia escolar. “El tema de la violencia está cada día más complejo porque cuando apremia la situación económica, se descarga en situaciones inesperadas”, reconocieron voceros oficiales en diálogo con Infobae.

La reunión paritaria pasó a cuarto intermedio, sin fecha ni hora confirmadas para reanudarse. El Ejecutivo provincial se comprometió a continuar el diálogo y analizar alternativas que permitan acercar posiciones con los gremios.

El Gobierno transita por tiempos en donde se consolidan dinámicas de poder en su interior. Con la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se puso al frente de la mesa política fue automáticamente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien convocó a una próxima reunión para el martes que viene, la primera después del recambio en la cúpula del Gobierno.

“Karina fue quien la convocó”, confirmó uno de los integrantes de la mesa política, la cual es el mecanismo que encontró el oficialismo para hacer un seguimiento de la gestión -tanto en el Gobierno como en el plano legislativo- y coordinar las políticas y reformas que impulsa la Casa Rosada. Tras la salida de Adorni, quien era el que comandaba y convocaba estos encuentros, quien se colocó como su reemplazante en el liderazgo de los mismos fue la hermana presidencial.

Además de Karina, la mesa finalmente quedará compuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional de La Libertad Avanza, Lule Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; y, por primera vez, será incorporado en estos encuentros el secretario de Comunicacíon y Prensa, Fabián Fernández. También estará el ministro de Economía, Luis Caputo, que es un asistente habitual en estos encuentros.

La incorporación de Fernández a este esquema corresponde a una decisión consensuada en la cúpula del Gobierno pero que tiene a la secretaria general como principal impulsora. En rigor, Adorni venía a representar la pata comunicacional del karinismo en ese esquema; ya que Caputo es independiente de esa esfera y responde directamente al presidente Javier Milei. Es el nuevo secretario de Comunicación quien ahora viene a ocupar ese rol.

Tal y como adelantó Infobae, el martes próximo será la primera vez que esta mesa se reúna sin Adorni. “Ese va a ser el principal cambio, pero después se van a hablar de los mismos temas de siempre”, afirma un funcionario que participará de esa cumbre.

La agenda de reformas que impulsa el Gobierno

El oficialismo definió tres prioridades legislativas para los próximos meses: la reforma política —que incluye la eliminación de las PASO—, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. La definición surgió de una reunión en Casa Rosada entre Javier Milei, Karina Milei y los legisladores de La Libertad Avanza, donde la secretaria general de la Presidencia bajó la línea sobre el rumbo parlamentario del espacio. El Presidente también adelantó allí que está trabajando con el equipo de Luis Caputo y de Federico Sturzenegger en un proyecto que modifique la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El problema central es que el oficialismo no cuenta por ahora con los votos necesarios para avanzar en ninguno de los tres frentes ya anunciados. El régimen de Zona Fría, que ya tiene media sanción de Diputados, enfrenta resistencias en el Senado: radicales divididos, gobernadores reticentes y el PRO a la expectativa. La eliminación de las PASO tampoco genera consenso en la oposición dialoguista, aunque ayer emergió la posibilidad de una alternativa mediante colectoras. Y las modificaciones a Inocencia Fiscal ni siquiera ingresaron formalmente al Congreso, por lo que no hay conversaciones entre bloques al respecto.

En el Senado la agenda parece más inmediata. La Libertad Avanza y sus aliados dialoguistas —UCR, PRO y bloques provinciales— apuntan a sesionar el miércoles 8 de julio en el Senado incluye la ley de propiedad privada, un lote de pliegos judiciales ya dictaminados y, en caso de que los tiempos lo permitan, el tratamiento de ascensos diplomáticos pendientes desde el inicio de la gestión. La ley “Hojarasca”, que elimina normas obsoletas y ya tiene media sanción de Diputados, quedó al filo del temario y podría no entrar.

La ley de propiedad privada llegó a este punto tras un largo proceso de negociación: el texto original fue recortado por los bloques dialoguistas, se intercambiaron al menos una docena de borradores y aún hay senadores que cuestionan la versión final. Uno de los puntos más polémicos fue la venta de tierras a extranjeros; el último texto conocido prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal foránea, salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, nada está garantizado.

Aun así, en la mesa política admiten que la reforma más importante que se debatirá en ese lugar será la reforma electoral. El gobierno de Milei está negociando con gobernadores consiste en suspender —no eliminar definitivamente— las PASO a nivel nacional, a cambio de incorporar un sistema de listas colectoras en el marco de la Boleta Única de Papel. El mecanismo permitiría que distintas fuerzas compitan por separado en algunas categorías pero “enganchen” sus listas debajo de la boleta presidencial de Milei, sin necesidad de sellar alianzas formales. Así, el PRO, la UCR y los partidos provinciales podrían preservar su identidad y sus bloques legislativos, mientras los gobernadores aliados aprovecharían la “tracción” electoral del presidente para fortalecer sus propias candidaturas locales. El objetivo político real, según el artículo, no es el ahorro fiscal sino privar a la oposición de una herramienta para ordenar sus internas y depurar candidatos competitivos.

Las negociaciones, encabezadas por el jefe de Gabinete Diego Santilli, aún están lejos de cerrarse. La reforma política requiere mayoría absoluta en el Senado —37 votos—, y las diez bancas de la UCR son determinantes: sin el radicalismo, la iniciativa no prospera. Desde ese partido advierten que un acuerdo de ese tipo debería pasar por la Convención Nacional y no resolverse entre unos pocos gobernadores. En la oposición, en tanto, señalan que el Gobierno todavía no presentó un texto concreto ni definió cuántas colectoras se habilitarían. “Nadie vio nada concreto, por ahora es un globo de ensayo”, resumió un senador consultado por Infobae. Las novedades difícilmente lleguen antes del receso de invierno, por lo que el debate en los recintos, en el mejor de los casos, se daría en agosto.

El intendente Federico Susbielles lanzó críticas al presidente Javier Milei por congelar los aportes al transporte público de pasajeros.

En sus redes sociales, señaló que “mientras los costos aumentan por su modelo económico, la Nación se retira una vez más de una responsabilidad que impacta en los bahienses”.

Agregó que “la consecuencia es simple: si en el futuro aumentan los costos y debe actualizarse la tarifa, y la Nación mantiene congelado su aporte, el subsidio quedará calculado sobre los valores actuales, por lo que la diferencia deberá ser absorbida por los municipios o por los usuarios”.

“Las ciudades del interior no pueden seguir siendo la variable de ajuste. Cada vez que el Estado Nacional reduce su acompañamiento, las consecuencias recaen sobre municipios y usuarios. En Bahía, miles de vecinos usan el transporte a diario para trabajar, estudiar o atenderse”, deslizó Susbielles.

Por último, adelantó: “Los vecinos de nuestra ciudad merecen reglas justas y una distribución equitativa de los recursos que generan. Es importante saber quién toma estas decisiones y sus consecuencias. Seguiremos defendiendo a los bahienses y trabajando para amortiguar medidas que nos perjudican”.

Fuente: Frente al cano.