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Propiedad privada: dudas y avales en el Senado a la ley libertaria en una nueva ronda de exposiciones

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Con un ramillete de dudas y algunos guiños desde lo constitucional y administrativo, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado consumó esta tarde la segunda ronda de expositores para la ley libertaria que busca blindar el derecho a la propiedad privada, defendida la semana pasada en la Cámara alta por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La iniciativa en cuestión modifica normas sobre expropiaciones, barrios populares, tierras rurales y el criticado régimen de manejo del fuego sancionado durante la administración kirchnerista de Alberto Fernández. Otro punto importante y temido desde una parte de la oposición apunta a los juicios sumarísimos para desalojos.

Entre los primeros lotes de disertantes apareció el exdiputado cristinista Santiago Igon, que hizo un ping pong con los senadores peronistas para fustigar el texto en debate hasta que la filo radical Edith Terenzi (Chubut) le recordó, delante de todo el plenario, que fue un vacunado vip en los inicios de la era Covid. Un verdadero papelón.

Al lado de Igon estuvo Matías Oberlin Molina, del Observatorio de Tierras del CONICET. Tras una consulta sobre la extranjerización, señaló: “Son 13 millones de hectáreas. Es el equivalente a la provincia de Santa Fe y se va acelerar”. Por las dudas, aclaró que los datos son oficiales del Gobierno y están a la vista de cualquier ciudadano.

Más curiosa fue la mención a “paraísos fiscales” que suman más volumen en la Argentina que “en su lugar de origen”, como “Luxemburgo o Andorra”. No olvidó poner la lupa en las fronteras y mencionó focos de “contrabando, tráfico de cosas ilegales, trata de personas” y “narcotráfico”, lo cual lleva a una situación “grave en términos de defensa y geopolítica”.

Después fue el turno de los abogados Daniel Sabsay -constitucionalista- y Mariano Marcucci -derecho administrativo-, quienes dejaron de lado la cuestión política -que sí fueron a impregnar otros invitados- y mostraron, de manera concisa, el “semáforo” del articulado, según su capítulo.

El primero agradeció, pese a no compartir muchas visiones de Sturzenegger, el llamado a exponer que le realizó la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. Este gesto, que debería ser menor y habitual, no se veía hacía tiempo en el Senado.

Tras ello, se refirió a “orientar una reducción de las restricciones regulatorias y la agilización procedimientos”, aunque direccionó la mira hacia la “protección del medio ambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa del problema habitacional, en el actual contexto económico”. Y añadió: “Se habla de villa miseria. Pensé que estaba superado ese término. Da un tono de qué es lo que se persigue”.

Por su parte, Marcucci manifestó que se “avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado”, con la posibilidad de “producir prueba”, junto a la favorecer la “garantía de los particulares”. Retomó Sabsay para resaltar que no encontraba “mayores inconvenientes” sobre tierras rurales, “pero hay que ver cómo se va a reglamentar, ya que es como un marco muy general”; y para mostrarse “muy de acuerdo en desalojos” de “falsos mapuches” que se hicieron de tierras “de manera tan violenta, donde se han producido muertes”, aunque remarcó la necesidad de “evitar afectaciones en el debido proceso y la defensa en juicio, que son aspectos primordiales”.

“Se debería acompañar una política de vivienda con una ley complementaria”, puntualizó el constitucionalista. Y concluyó con “dos áreas críticas” en la iniciativa en cuanto al registro socio urbano y la “protección ambiental” en la ley de manejo de fuego “que debería ser revisada”.

Las reflexiones de Sabsay llevaron a las senadoras cristinistas Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, experimentadas y veloces a la hora de interpretar su discurso, a preguntarle si estar “en contra” de varios capítulos del proyecto implicaba no modificar nada sobre la ley de fuego y registro socio urbano. En el sentido contrario fue Bullrich. El abogado zigzagueó con cintura a ambos bandos. Algunas palabras quedaron fuera del registro de los micrófonos.

Un momento con mayor tensión fue el de la ministra de Ambiente de Axel Kicillof, la camporista Daniel Vilar. “La ley de manejo del fuego no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios, sino que intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso de suelo”. “Con ella libre -en referencia a la hoy condenada Cristina Kirchner-, se defendería esto”, cerró.

Bullrich no se la dejó pasar. “La señora llegó hasta la Corte Suprema de justicia y no respetan eso. Ningún derecho va a ser respetado porque no respetan el primer derecho básico, que es la aceptación del máximo tribunal de nuestro país”, sostuvo. Se sumó la titular de Legislación General y pastora evangélica libertaria, Nadia Márquez.

A esta altura, la neuquina pareció tomar las riendas del plenario, ante un Agustín Coto -también oficialista y presidente de Asuntos Constitucionales, cabecera del debate- que miraba el celular o hacia otros lados del salón Azul y evitaba cruzarse con la oposición K. El fueguino se ofuscó con su compañera y le espetó: “Dejame terminar de hablar. Si no, es imposible”.

Después de oír duros relatos sobre los recientes incendios en el sur del país y el sablazo de fondos desde la Casa Rosada, el jefe de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi, contó: “En los incendios en mi provincia -Corrientes, habían sacado el manejo de plan de fuego del Ministerio de Seguridad -post macrismo- y se lo dieron a -el exministro de Ambiente del Frente de Todos, Juan- CabandiéNo aparecían insumos, había un fondo fiduciario y no aparecieron nunca. Recién lo hicieron en marzo, después de tres meses. Ni siquiera cuidaron el parque nacional en Corrientes“.

Hoy, que tanto se critica a este gobierno, que no es mi gobierno, se lo critica muchas veces por errores que han cometido ustedes”, sentenció. Sí pidió prestar atención sobre el Renabap -barrios populares-, ya que nadie sabe de dónde saldrán los recursos si se traspasaran -con el proyecto- las decisiones a provincias y municipios. En esa línea, expresó: “Sobre un buen proyecto se hacen cosas malas. Después, se vota a una persona que viene a romper todo”.

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Con diversos reclamos, Suteba realiza una jornada de protesta

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Hoy habrá dictado de clases dispar en las instituciones educativas de la ciudad por la jornada de protesta que lleva adelante Suteba.

“Con independencia de todos los gobiernos, universidades y escuelas provinciales nos movilizamos en unidad en defensa de la educación pública, contra la motosierra nacional y el ajuste educativo en la Provincia”, advirtieron desde el gremio.

Entre los reclamos enumeraron:

  • Reapertura inmediata de paritarias y aumento de salarios equiparados a la canasta familiar.
  • Contra la sobrecarga laboral y la precarización pedagógica.
  • En rechazo al régimen académico en el nivel secundario.
  • Contra el cierre de cursos y por la cobertura de todos los cargos en los distintos niveles y modalidades.

“Más plata para la educación pública. La deuda es con el pueblo”, aseveraron.

Se suman a la movilización durante la mañana en la Plaza Rivadavia ADUNS (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur), CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina).

Fuente: Frente al cano.

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Plan Calor: resultados de la edición 2025 y lo que proyectan para este invierno

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El pasado miércoles en el Palacio comunal fueron presentados los resultados de la segunda edición del programa Plan Calor que se concretó el año pasado.

Se trata de una política pública que comenzó a implementar la gestión de Federico Susbielles, que contó con la participación tanto en el diseño como en la puesta en marcha de la Dra. María María Ibáñez Martín y la Lic. Milena Poggiese, integrantes del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS), dependiente de Universidad Nacional del Sur (UNS) y CONICET. El objetivo principal es acompañar a los hogares vulnerables en los meses más fríos. Incluye banco de leña, estufa social, garrafas y provisión de frazadas y elementos de abrigo.

“Fuimos las encargadas de diseñar todo el protocolo de asignación, de criterios de decisión, capacitamos a los selectores, hicimos la evaluación técnica posterior a la primera edición y también fuimos convocadas para rediseñar el Plan Calor 2026 en función de los aprendizajes que tuvimos del protocolo que implementamos por primera vez en 2025”, destacó Ibáñez sobre lo trabajado junto a Poggiese.

Sobre los resultados del año pasado, afirmó que fueron muy buenos, en primer lugar, porque el 98% de las solicitudes se hicieron a través de la aplicación Mi Bahía (en 2024 las inscripciones se recepcionaban a través de WhatsApp y luego el Municipio se contactaba con cada familia por teléfono y les hacían preguntas para decidir qué recurso otorgarles).  Y sumó que en total recibieron asistencia 7.100 familias, un 92% de las solicitudes que tuvo el programa.

“Se logró una cobertura muy amplia”, enfatizó en diálogo con Radio Altos.

De cara a la edición 2026, estimó que la cantidad de pedidos de asistencia será muy similar, aunque advirtió que “es probable que veamos solicitantes con niveles de vulnerabilidad un poco más severos que el año anterior”.

El motivo, remarcó, es el contexto económico con quita de subsidios, aumento sustancial en el precio de los energéticos, precios estacionales con subas del orden del 20% en abril y sumó “una vulnerabilidad socioeconómica más desfavorable que el año anterior”.

“Quizás haya un crecimiento en la cantidad de solicitudes, pero también es probable que las mismas solicitudes que recibimos años anteriores verifiquen un nivel de necesidad un poco más profundo”, insistió.

Sobre el programa, explicó que para definir si una familia accedía o no a los beneficios, se analizaban dos factores clave. El primero el nivel de vulnerabilidad social y para ello se elaboró un indicador multidimensional. “El objetivo fue priorizar y estandarizar los grados de vulnerabilidad y poder identificar a aquellas familias que tenían una vulnerabilidad mucho más severa para atenderlas con más premura y que la cantidad de recursos que se les otorgaran fueran mayores”, señaló.

Y en segundo lugar, para decidir el tipo de recurso a otorgar, diseñaron un indicador de vulnerabilidad energética en el que se contemplaron dimensiones que afectan a la calidad que las familias satisfacen sus necesidades energéticas: tipo de acceso a electricidad, si cuentan con conexión a la red de distribución de gas, el equipamiento del hogar y el confort térmico.

“Fue un diseño muy ambicioso en términos de que la decisión pasaba por la construcción de dos indicadores multidimensionales que además estaban digitalizados. Que esté digitalizado, en la misma base y que los criterios de decisión estén homogeneizados hacen que sea una política 100% trazable. Tener esa transparencia en una política de asistencia a emergencias es realmente algo novedoso para nuestro municipio, pero también a nivel nacional. La verdad que estamos muy contentos con el resultado”, expuso, por último.

Fuente: Frente al cano.

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Discapacidad: Susbielles le reclamó a Nación que envíe fondos adeudados a las instituciones bahienses

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El intendente Federico Subsielles informó que se reunió con instituciones que prestan cuidado y atención a personas con discapacidad en Bahía Blanca debido a la compleja situación que atraviesan por la decisión del gobierno de Javier Milei de cortar el envío de fondos a partir de diciembre pasado.

Se trata del Pequeño Cottolengo José Nascimbeni, Hogar Don Orione e INCUDI.

“Desde diciembre no reciben los aranceles que el gobierno nacional abonaba a través de ANDIS y su situación es insostenible”, expuso el jefe comunal.

En un video publicado en sus redes sociales pidió a toda la dirigencia de la ciudad que realice las gestiones pertinentes para lograr que el Ministerio de Salud de Nación “cumpla con urgencia” con sus obligaciones.

Además, afirmó que ya solicitó una audiencia con el ministro Mario Lugones.

Asimismo, indicó que les solicitó al director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, Dr. Diego Palomo, y a la responsable del área de Discapacidad del Municipio, Mara Recondo, que conforme una mesa de trabajo permanente con las instituciones para activar planes de emergencia.

“La ciudad, como históricamente lo ha hecho, no le va a soltar la mano a nadie, pero cada uno tiene que hacerse cargo de las responsabilidades que le competen”, subrayó.

Fuente: Frente al cano.

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