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Pullaro rechazó un pedido de Caputo para traer ahora USD 800 millones del exterior: “Santa Fe no puede perder un peso”

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El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que dialogó con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le solicitó que Santa Fe ingresara de inmediato los USD 800 millones correspondientes a un crédito internacional obtenido por la provincia. La administración provincial rechazó el pedido y argumentó que, bajo las condiciones actuales, no puede asumir un riesgo financiero que implique pérdidas para las arcas santafesinas.

Los fondos provienen de un bono emitido en los mercados internacionales a principios de este mes, por un monto de USD 800 millones, con un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,10%. La colocación fue ampliamente demandada tanto por inversores internacionales como locales, lo que desde la gobernación se interpretó como una señal de confianza en la calidad crediticia de la provincia.

“El crédito es para obra pública, no para gastos corrientes”, señaló el gobernador durante una entrevista con Cadena 3 de Rosario. “Los dólares los tenemos afuera, y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras. Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar”, expresó Pullaro al describir el intercambio con Caputo.

Precisó que la evolución del tipo de cambio entre el momento de la adquisición y las cotizaciones actuales podría implicar una pérdida para Santa Fe si los fondos ingresan sin cobertura adecuada.

Pullaro sostuvo que, si existiera “algún instrumento financiero que asegure que si el dólar aumenta Santa Fe estaría cubierta, desde luego que los traemos”. Dejó así abierta la posibilidad de coordinar con Nación la llegada de los fondos si se logra un mecanismo de cobertura cambiaria satisfactorio para la provincia.

El diálogo entre Pullaro y Caputo ocurre mientras el gobierno de Javier Milei enfrenta un próximo vencimiento de deuda del orden de los USD 4.300 millones. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha detallado públicamente de dónde provendrán los dólares para ese pago, lo que mantiene la discusión sobre las reservas y la disponibilidad de divisas.

Pullaro remarcó que la decisión de Santa Fe responde a criterios técnicos enfocados en la preservación del valor de los recursos y su destino exclusivo a las obras para las cuales fueron obtenidos. “Queremos que al país le vaya bien y, si podemos colaborar con el Gobierno nacional, lo vamos a hacer. Siempre lo hicimos”, afirmó Pullaro, aunque aclaró que la provincia no puede asumir un riesgo de pérdida al ingresar los fondos sin un mecanismo que proteja su valor.

Desde la gobernación santafesina enfatizaron en diálogo con Infobae que la postura provincial no constituye un desafío político al Gobierno nacional. Fuentes del Ejecutivo provincial, en diálogo confidencial con Infobae, afirmaron: “No hay ningún desafío al Gobierno ni se puede tomar la conversación con Caputo como una presión para que Santa Fe traiga los dólares”. Destacaron que la relación institucional con la Casa Rosada continúa “buena, más allá de que tenemos reclamos que todavía no encontraron una respuesta satisfactoria”.

Entre los reclamos planteados, desde la provincia subrayó dos cuestiones prioritarias: la reparación y mantenimiento de rutas nacionales, considerada urgente, y la restitución del flujo por parte de la Caja de Jubilaciones interrumpido en enero de 2024, situación que afecta las cuentas provinciales y que, según Santa Fe, sigue sin resolverse.

La emisión de deuda de Santa Fe, concretada en diciembre pasado, representó uno de los hitos financieros de la provincia. Según el comunicado oficial, la salida al mercado internacional fue exitosa: se recibieron ofertas por 1.800 millones de dólares, más del doble del monto emitido, con la participación de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 minoristas, incluidos ochocientos inversores locales argentinos. La gobernación interpretó esto como un respaldo a la gestión fiscal y a la capacidad de financiamiento internacional de la provincia.

El destino de los recursos fue definido por Santa Fe como la financiación de obras estratégicas: proyectos energéticos, mejoras en infraestructura vial —especialmente rutas clave para la circulación de bienes—, inversiones en seguridad pública y obras sociales. La provincia sostiene que los ingresos de divisas deben acompañar la ejecución efectiva de certificados de obra, principio que motiva su rechazo a anticipar el ingreso total de los fondos.

La discusión entre Nación y Santa Fe expone una tensión técnica, no política. El Gobierno nacional busca ordenar el flujo de dólares para afrontar compromisos de deuda sin afectar su estrategia financiera. Por su parte, la provincia administra recursos obtenidos en condiciones de mercado internacional, con compromisos contractuales para infraestructura, y aplica una interpretación estricta que prioriza la ejecución de obras y la preservación del valor de los fondos.

La postura de Pullaro se inscribe en un contexto político más amplio: a diferencia de otros gobernadores no alineados con el kirchnerismo, el mandatario santafesino no participó en la ronda de reuniones que el Gobierno nacional mantuvo recientemente con mandatarios provinciales encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, ni con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este dato fue interpretado como una señal de una relación distante pero institucional entre la provincia y la Casa Rosada.

La posición de Santa Fe ante el pedido de Caputo se fundamenta en argumentos financieros y técnicos, con una visión de coordinación que no compromete la autonomía ni la administración de los recursos provinciales. Pullaro dejó en claro que la decisión responde a los objetivos de ejecución de obra pública para los que se tomaron los fondos, sin perjudicar el patrimonio provincial. Al mismo tiempo, manifestó su disposición a colaborar con el Gobierno nacional siempre que existan condiciones para proteger el valor de los recursos.

La definición sobre cómo y cuándo ingresarán los USD 800 millones al país será clave en las próximas negociaciones entre la provincia y la Nación, en un escenario donde cada flujo de divisas adquiere relevancia para la política económica nacional y provincial.

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Lara Goyburu, politóloga: “La inflación volvió a ser el principal problema del país”

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La directora ejecutiva de Management & Fit, Lara Goyburu, detalló en una entrevista exclusiva en Infobae al Regreso que el 77% de las personas consultadas identifica a la economía como su mayor problema, en un contexto de inflación creciente y endeudamiento que supera niveles de la pandemia.

En una charla con el equipo, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Goyburu analizó cómo “el principal problema del país es la inflación”.

La economía y el ánimo social: los datos detrás de la protesta de la CGT

La reciente movilización de la CGT en Plaza de Mayo y la lectura de un documento con tono de advertencia fueron el telón de fondo del análisis. Goyburu contextualizó el reclamo sindical con los resultados de la encuesta: “Hace ya muchos meses que la dificultad para cubrir los gastos del mes es el principal problema personal”.

Según la politóloga, el endeudamiento y la morosidad para consumo hoy “superan los niveles de la pandemia”, reflejando una situación crítica. Aziz planteó que, aunque la inseguridad sigue presente, la economía absorbe todas las formas de malestar: “Creo que le preocupa la economía y adentro de la economía, el tema de la inseguridad”.

Esperanza en descenso y expectativas de futuro: el impacto en Milei

La directora de Management & Fit precisó que la esperanza, aunque aún está presente, retrocede: “Durante mucho tiempo, los sentimientos negativos rondaban el 50%. Pero siempre primaba la esperanza. Ahora, los sentimientos negativos duplican a los positivos, y el principal es la preocupación”.

Entre los consultados, la tristeza y la angustia desplazan al enojo como emoción predominante: “No es que entre los sentimientos negativos lo primero que aparece es el enojo, sino que son sentimientos más bien desmovilizantes”.

Sobre el vínculo con el gobierno de Milei, Goyburu aclaró: “Hasta el año pasado, este era un gobierno muy anclado en la confianza, en la expectativa de futuro. Esa expectativa, que en 2025 llegaba al 45%, ahora bajó al 34%. Pero ese descenso no se fue al pesimismo, sino al igual: todavía hay una especie de buffer de resistencia”. A pesar de la caída, un 60% aún cree que la situación va a mejorar en algún momento, aunque ese horizonte se va alejando.

Aziz destacó que la sociedad “todavía no hace responsable a Milei” de la crisis. Goyburu coincidió en que la falta de enojo masivo impide un recambio inmediato: “El 42,8% todavía dice el mismo equipo, con o sin cambios de política, pero el 51,6% quiere un cambio total, solo que no hay una oferta alternativa que los amalgame”.

Juventud, redes y futuro electoral: un electorado que no encuentra nuevas propuestas

Goyburu subrayó que “el 72% del pueblo consumidor tiene menos de 40 años” y que para las próximas elecciones, “casi el 53% del padrón va a tener menos de 39 años”. Este grupo no ha cambiado sus valores esenciales, pero ha desarrollado su identidad política en entornos digitales, lejos de la presencia adulta tradicional: “Lo que no ha tenido es la presencia de los adultos en los territorios donde construyeron identidad. Los valores son los mismos, pero se ordenaron sin la presencia de los adultos”.

El apoyo a Milei entre varones jóvenes, tradicionalmente transversal, ahora se concentra en sectores de nivel socioeducativo medio y alto. “El nivel socioeducativo bajo no vuelve al otro lado, se va al igual, al no sabe, no contesta, al no elegir a ninguno”, explicó la analista. El sistema político, según Goyburu, enfrenta el riesgo de un primer gran fracaso generacional si no logra ofrecer alternativas nuevas: “Si este ciclo fracasa, va a ser el primer fracaso fuerte de esta generación”.

Sobre la imagen de dirigentes, mencionó que “todos los que han sido protagonistas de los últimos 20 años tienen más de un 45% o hasta un 55% de imagen negativa”.

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El peronismo bonaerense debate si ir a una PASO para definir la candidatura por la sucesión de Kicillof

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La falta de certezas sobre qué pasará con las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el orden nacional para el año que viene, producto de los consensos que hoy por hoy no están en el Congreso, impacta en la provincia de Buenos Aires, donde hay una ley propia de Primarias. En este esquema, el peronismo empieza a discutir cómo definir una candidatura para la gobernación y la chance de ir a una interna cobra volumen.

Son varios los dirigentes que trazan este posible escenario. “Vayamos a una interna. Yo soy de los que cree en la competencia. Hay que hacer valer el peso que cada uno tiene”, planteó en los últimos días el intendente de un distrito de peso del conurbano bonaerense a sus interlocutores, entre los que también había colegas suyos.

Distintos intendentes se están perfilando hacia una eventual precandidatura provincial en caso de que no haya cambios a la ley que limita sus reelecciones. Hoy, pese a que la voluntad de Kicillof es cambiar esa normativa, algunos dirigentes dejan correr cierto desencanto a la posibilidad de una modificación que le habilita a intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares la posibilidad de ser reelectos solo una vez y que para ir por un tercer mandato, deberán dejar pasar cuatro años. ¿Cómo ordenar esas ansias de dar el salto provincial? Con internas.

Además, el peronismo transita una interna que repercute también en la Legislatura provincial. Sumado a eso, La Libertad Avanza, el PRO y un sector del radicalismo adelantaron que no acompañarán cambios a la ley provincial 14.836. Tampoco quienes están en el oficialismo e integran el Frente Renovador darán sus votos para cambiar la norma. Ante este escenario más de 80 jefes comunales no podrán ir a una reelección.

Queda una vía judicial que -tal como dio cuenta Infobae- es una estrategia que pergeñan algunos sectores pero la relación entre la Suprema Corte de Justicia y el Ejecutivo no transita su mejor momento.

Lo evidenció la actividad que hizo el máximo tribunal de Justicia provincial esta semana. El presidente de la Corte, Sergio Torres, escoltado por el vicepresidente, Daniel Soria; la ministra Hilda Kogan y el Procurador, Julio Conte Grand, presentaron el proyecto de ley de Fortalecimiento del Poder Judicial. Allí, pidieron ir hacia un esquema de autarquía del Poder Judicial por sobre el Ejecutivo y que sea la Corte quien diseñe su propio Presupuesto, inversiones y demás cuestiones como la negociación paritaria con los trabajadores del Poder Judicial. Actualmente el Ejecutivo envía fondos por goteo y en los distintos estamentos de la justicia bonaerense admiten que “les pisan los fondos”. A esta situación y con un impacto directo a la cuestión de las reelecciones indefinidas se le agrega el reclamo que hizo Torres para que Kicillof y el Poder Legislativo cubran las cuatro vacantes que rigen hoy en la Corte, un organismo que funciona con tres de sus siete miembros.

Pese a las diferencias del peronismo, en los distintos campamentos coninciden que el problema no es fondo. “Es el método”, asegura un intendente de la Tercera sección electoral.

El mundo intendentista está activo. De los posibles candidatos a la sucesión de Kicillof hay al menos siete nombres que fichan en la liga de intendentes y dan señales de que están interesados en formar parte de la conversación provincial: Mariel Fernández (Moreno), Mayra Mendoza (en uso de licencia como intendenta de Quilmes), Julio Alak (La Plata), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Menéndez (Merlo), están es ese listado; que se extiende a dentro del peronismo con el Frente Renovador y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

“Me genera ilusión en relación a la renovación, construimos un lindo vínculo, pensamos cómo aportar a la provincia de Buenos Aires y el peronismo en este momento tan complejo”, planteó la semana pasada el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín en una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco, al ser consultado sobre el grupo de intendentes que lo rodea y desde el que se empieza a impulsar su instalción.

Cuando habló de las reelecciones indefinidas dijo que “hay dos bibliotecas y son y son atendibles. Una es que la gente pueda elegir al candidato o candidata que quiera sin ningún tipo de restricción, porque después el pueblo es soberano. Los intendentes van a elecciones, las ganan, las pierden. Ahora bien, en lo estrictísimamente personal, yo tengo una mirada a favor de la renovación y de la oxigenación. Yo creo que son lugares de tanto compromiso, de tanto esfuerzo y de tanta tarea que los proyectos cuanto más colectivos sean mejor”. Otermín, que es el vicepresidente del PJ bonaerense e integra el PJ nacional; también se muestra proclive a unas PASO a nivel nacional. Es que es una herramienta ordenadora para el peronismo, dadas las diferencias internas.

A nivel nacional, Kicillof es simpatizante de llegar a una PASO si no hay acuerdo. Lo planteó su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, este miércoles durante una charla en la Feria del Libro. “A mí me encanta el sistema de las PASO, el que quiera ser candidato se anota, armamos un frente y ahí se vota”. Aclaró que ese proceso debe ser para el año que viene.

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La empleabilidad como garantía de inclusión social

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En este Día del Trabajador nos debemos un debate sobre el rol que debe tener el Estado en la protección de los trabajadores, así como en la promoción del empleo.

Nadie puede negarlo: la irrupción de la Inteligencia Artificial y la automatización en los procesos productivos redefinió el mundo laboral. Las aptitudes exigidas para la supervivencia en el mercado cambiaron y también lo hicieron las normas. En este escenario, la Ley de Modernización Laboral 27.802, mediante los artículos 152 y 153 del Capítulo II, creó el Programa de Formación Laboral Básica para “garantizar el desarrollo de las competencias mínimas necesarias para la incorporación al mundo laboral de las personas que por diversas situaciones no hubieran podido adquirirlas”.

Según la norma, este programa tendrá dos ejes: el Programa de Competencias Sociolaborales Básicas se enfoca en las personas sin terminalidad educativa con el objetivo de brindarles herramientas de lectura y comprensión de textos, expresión oral y razonamiento matemático, entre otras. Y el Programa de Formación Laboral Inicial apunta al desarrollo de estas competencias iniciales en una rama de la actividad productiva económica con prioridad regional y en perspectiva de su futura demanda. De esta forma, busca integrar a las personas complementando su formación con el Programa de Entrenamiento para el trabajo.

Esta norma introduce una categoría jurídica disruptiva y moderna: la empleabilidad mínima. Este concepto no debe entenderse como un estándar de exigencia para el trabajador, sino como un deber prestacional del Estado destinado a garantizar un piso de ciudadanía económica en la era digital y donde los empleadores tienen un papel de suma importancia.

La protección del trabajador en el siglo XXI no puede limitarse a la tutela resarcitoria ante el despido; debe evolucionar hacia una tutela preventiva basada en la capacitación constante. La creación del Programa de Formación Laboral Básica identifica que la carencia de competencias fundamentales —como la alfabetización digital, la comprensión de textos y el razonamiento lógico— constituye hoy la principal causa de exclusión social. El Congreso, al institucionalizar este programa, reconoce que el derecho al trabajo se vuelve ilusorio si el sujeto carece de las herramientas cognitivas para interactuar con los nuevos entornos tecno-laborales.

La Ciudad de Buenos Aires ya había avanzado en esta dirección y desde la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, dimos un gran impulso a la Agencia de Habilidades para el Futuro, donde se impulsan más de 670 ofertas educativas orientadas al desarrollo de competencias para el empleo, con iniciativas como Talento Tech, programas de terminalidad educativa como SecundarT, propuestas de primer acercamiento al mundo laboral como Construí tu Futuro para jóvenes, capacitaciones destinadas a emprendedores en un innovador Centro de Simulación, programas de subsidio al aprendizaje en la empresa como la Prácticas Formativas o el Programa de Inducción para el Empleo.

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