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Punta Colorada: ese enigma que quieren posicionarlo como (falsa) alternativa al megaproyecto de GNL

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Para los bahienses el nombre de Punta Colorada ha cobrado una dimensión nunca sospechada. Y es que la localidad rionegrina se ha transformado en una especie de antagonista en esta historia que debería tener como cierre a nuestra ciudad siendo el lógico destino del megaproyecto de GNL

De acuerdo con los últimos datos disponibles, la localidad de Punta Colorada tiene apenas 4 habitantes. La información surge del censo nacional 2010, que marca un descenso poblacional del 66,6% considerando las 12 personas que habitaban allí según el censo 2001.

Por razones difíciles de conocer, no existen precisiones sobre la evolución demográfica en 2022, ya que la información oficial solo brinda como cifra más aproximada la cantidad de gente que habita en el departamento de San Antonio, donde Punta Colorada está inserta. En toda esa zona, indica el último censo, hay 35.800 habitantes.

Ubicada sobre el Golfo San Matías, a poca distancia del límite con Chubut, los mejores momentos de la diminuta Punta Colorada se vivieron el siglo pasado con el auge de su puerto mineralero, por donde salía la producción de la cercana localidad de Sierra Grande.

Sin embargo, todo ese movimiento es pasado ya que la mina fue clausurada en 1992 por el gobierno de Carlos Menem y, aunque luego la operatoria fue adquirida por la empresa china Metallurgical Corporation of China, las tareas se suspendieron en 2017, más allá de que la firma asiática mantiene derechos sobre los yacimientos de hierro.

Desde entonces, en el muelle y sus cercanías dominan la quietud y el silencio, así como la expectativa de que algún super proyecto minero o energético impida que se convierta en un pueblo totalmente olvidado.

Hoy, el nombre de Punta Colorada vuelve a tomar relevancia porque se convirtió, pese a sus limitadísimas infraestructuras portuaria y urbana, en la principal competidora de Bahía Blanca para alojar el megaproyecto de GNL que emprenderá la petrolera argentina YPF junto a la malaya Petronas.

Se trata de una inversión estimada en 50 mil millones de dólares, que comprende la construcción de 3 gasoductos similares al Néstor Kirchner para exportar el gas de Vaca Muerta, primero a través de factorías flotantes (buques regasificadores) y, luego, mediante una planta en tierra que demandará la mayor parte de los recursos, así como generará miles de puestos de trabajo.

La opción de Punta Colorada que manejan las actuales autoridades de YPF es una alternativa cuanto menos curiosa, ya que padece numerosas desventajas respecto de Bahía, por no decir todas.

Por solo mencionar un punto básico, el puerto de Ingeniero White cuenta con larga experiencia en el manejo de hidrocarburos: el ejemplo más conocido son los buques regasificadores que amarraron en sus costas durante los últimos años.

YPF-Petronas estiman que para la próxima década, a partir de esta planta de GNL, el país podría exportar 30 mil millones de dólares adicionales, una suma inestimable si se considera que en un año muy bueno de cosechas y precios internacionales favorables nuestro país vende, como tope, por 80 mil millones. De hecho 2023, un año bajo en materia de comercio exterior, el volumen total exportado fue de 66.788 millones de dólares.

Con estos números queda claro por qué esta inversión es clave para el futuro económico del país y también se pone de relieve que sería inexplicable elegir un lugar que obligaría a perder demasiado tiempo en innumerables construcciones complementarias.

 

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Ley de Salud mental: provincias rechazan la reforma impulsada por Nación

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En el marco del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), que reunió a más de 15.000 participantes, se llevó a cabo el Tercer Encuentro Federal de Salud Mental, con la participación del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, autoridades sanitarias de 18 provincias, junto al Órgano de Revisión Nacional y el Consejo Consultivo Honorario.

El encuentro se desarrolló en un contexto de emergencia en salud mental, caracterizado por un aumento sostenido de los padecimientos en todo el país. Durante la jornada se analizaron los datos correspondientes a 2025 del informe federal, que evidencian un incremento del 77% en las internaciones por salud mental y del 134% en la demanda de atención ambulatoria.

Las provincias señalaron que la situación actual no ha mejorado, sino que, por el contrario, ha empeorado, lo que refleja una mayor presión sobre el sistema público de salud, en un escenario de fuerte desfinanciamiento por parte del Estado nacional. En ese marco, también se expresó una profunda preocupación por la problemática del suicidio y por el deterioro de las condiciones de acceso a la atención.

Asimismo, se destacó la necesidad de analizar la situación de la salud mental en relación con el contexto social actual, atravesado por el ajuste económico y el incremento de las desigualdades, factores que impactan directamente en los padecimientos de la población.

Rechazo al proyecto de ley de Nación

En relación con el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, las autoridades expresaron un enérgico rechazo. Advirtieron que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos, al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente.

Además, remarcaron que ninguna de las provincias fue consultadaen el proceso de elaboración del proyecto, lo que constituye una vulneración de los principios básicos del federalismo sanitario y desconoce el trabajo sostenido de las jurisdicciones en la implementación de políticas públicas en salud mental.

En tanto, este lunes, el proyecto que impulsa el Ejecutivo que ingresó el fin de semana al Congreso, será presentado a todos los ministros de Salud del país en una reunión del CoFeSa (Consejo Federal de Salud) .

Acuerdos en contexto de emergencia

En este sentido, se planteó la urgente necesidad de reactivar el COFESAMA (Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones) como ámbito institucional de debate y construcción colectiva de políticas públicas, cuya convocatoria ha sido reiteradamente solicitada por las autoridades sanitarias provinciales. Participaron representantes de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis.

Durante el encuentro, las autoridades acordaron:

– Fortalecer instancias federales de trabajo y decisión acordes a la magnitud de la situación actual.

– Impulsar la elaboración de estudios epidemiológicos federales y guías clínicas de buenas prácticas, especialmente para la atención de urgencias en infancias y juventudes, en articulación con universidades nacionales.

– Reconocer que los padecimientos en salud mental tienen impactos de mediano y largo plazo y requieren políticas sostenidas en el tiempo.

Lineamientos comunes para los 135 municipios bonaerenses

En paralelo, en la asamblea del CoSaPro, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires acordaron una serie de lineamientos comunes para abordar la salud mental en sus territorios, fortaleciendo la integración con las políticas provinciales y promoviendo una respuesta articulada frente al incremento de la demanda.

Del mismo modo, subrayaron el acompañamiento a los “Lineamientos para las políticas públicas de Salud Mental y Consumos Problemáticos en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires” que buscan organizar para la etapa actual las políticas municipales y su integración con las provinciales en el marco de una altísima incidencia de padecimientos en la esfera de la salud mental.

Las autoridades reafirmaron el compromiso de sostener y fortalecer los espacios de articulación federal y provincial, y advirtieron que cualquier intento de reforma regresiva que limite derechos o reduzca el financiamiento solo agravará la crisis actual en salud mental.

Fuente: Agencia DIB

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Paro de ATE: además de vuelos, qué servicios estarán afectados el martes 21 de abril

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este martes 21 de abril un paro en todo el país que impactará en las administraciones nacional, provinciales y municipales, afectará los vuelos y también en el normal dictado de clases en las escuelas públicas.

El epicentro de las acciones se llevará adelante en terminales aéreas de zonas turísticas y de fuerte tráfico internacional, con medidas simultáneas que anticipan un escenario de alta conflictividad y posibles interrupciones en el servicio aerocomercial.

Se trata de una medida de fuerza impulsada por los controladores terrestres nucleados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que están afiliados al gremio y hacen un reclamo salarial tras el último fracaso paritario en las negociaciones con el Gobierno de Javier Milei.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la concentración principal será a partir de las 12 en las inmediaciones de Aeroparque, con punto de encuentro en Costa Salguero.

Qué otros servicios afectarán el paro de ATE

Más allá de la afección de los vuelos, el paro de ATE impactará en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Es que muchos de los auxiliares que allí se desempañan pertenecen a este gremio.

También aquellos afiliados que realizan tareas en oficinas del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, si se suman a la protesta harán que se vea afectada la atención al público.

En este contexto, el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que este martes se realizará “una jornada nacional de lucha y protesta con paros, concentraciones, acciones públicas y movilizaciones en toda la administración pública nacional, provincial y municipales”.

Según el comunicado que compartió Aguiar en X, estas son las demandas de ATE en el paro nacional de este 21 de abril:

  • Reapertura de paritarias y urgente recomposición salarial.
  • Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.
  • Pase a planta permanente de todas las y los trabajadores precarizados.
  • Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la entrega de los recursos naturales a manos extranjeras.
  • Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos.
  • Cese de la persecución a las y los trabajadores que luchan.
  • Restitución de los fondos adeudados a las provincias.
  • Rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.
  • Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Fuente: Agencia DIB

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Violencia en el shopping: la CGT reclamó que Montiel sea liberado y no descartó movilizaciones

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Los principales referentes de la CGT Bahía Blanca no descartaron tomar acciones frente a lo que consideran una persecución contra la actividad sindical, luego de la detención del secretario adjunto de Empleados de Comercio, Claudio Montiel, por los episodios de violencia en el shopping el último Viernes Santo.

Uno de los triunviros de la CGT local cuestionó las declaraciones del fiscal general Juan Pablo Fernández acerca de Montiel, al que calificó de “energúmeno”. El titular de la UOCRA Carlos de Boer dijo que esos dichos son “totalmente repudiables”.

En una conferencia de prensa convocada para esta mañana, De Boer agregó que los sindicalistas “tal vez deberíamos pensar más en frío, pero somos seres humanos y a veces las emociones” los hacen actuar de esa manera.

Y también vinculó las medidas judiciales a un clima general en el país de “persecución a la actividad gremial”.

Otro de los triunviros de la central obrera, el camionero y concejal del peronismo Roberto Arcángel, habló de las sanciones a jefes policiales debido a la inacción de las fuerzas de seguridad aquella mañana.

“Yo creo que la Policía hizo lo que correspondía porque sino se hubiese ocasionado más violencia. Fueron prudentes, controlaron que los desmanes no fueran mayores”.

El tercer triunviro de la CGT es justamente el secretario general de Comercio, Raúl Oviedo, quien no estuvo presente en la rueda de prensa ya que pidió una licencia de 30 días debido a que forma parte de las investigaciones judiciales porque también formó parte de la manifestación en el shopping.

Arcángel prosiguió: “Nosotros no compartimos los hechos de violencia, pero de cualquier tipo. Acá sólo se deja ver una parte. Cuando planteamos que en el shopping había trabajadores retenidos contra su voluntad, no se condenó de la misma manera a la patronal”.

En ese marco, los gremialistas señalaron que esperan que Montiel sea liberado y “esté nuevamente en funciones” en Empleados de Comercio. Asimismo, no descartaron movilizaciones u otras medidas para protestar por lo que creen que es una reacción desmedida de la Justicia.

Fuente: La Nueva.

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