La cuestión fiscal
Por Juan Garriga (*)

En el último día de sesiones extraordinarias, se votó en la Cámara de diputados la moratoria previsional que permite a hombres de 65 años y mujeres de 60 años jubilarse aun cuando no cuenten con los 30 años de aportes correspondientes. Si bien esta medida tendrá un impacto directo en 800.000 personas, no faltaron las críticas de gran parte de la oposición, que por cierto intentó dejar sin quórum la sesión.

Diputados y diputadas de Juntos por el Cambio hablaron de inequidad entre aquellas personas que aportaron toda la vida y quienes no lo hicieron. Pero es importante destacar que aquellos trabajadores que no alcanzaron los 30 años de aportes, no necesariamente eligieron ese camino. Actualmente, un 38 por ciento de los asalariados son informales.

Las críticas también vinieron del lado del financiamiento, pero obviaron que la propia ley establece mecanismos de recaudación. Por un lado, en la moratoria, los propios jubilados siguen haciendo aportes para cancelar la deuda previsional. Y por otro lado, se incluye a personas que están prontas a jubilarse, que pueden empezar a saldar la deuda de manera adelantada. Esto generaría un flujo de ingresos que ayudaría a financiar los costos de esta decisión.

Una discusión similar se está dando en Francia. El presidente Macron intenta llevar adelante una reforma jubilatoria que llevaría la edad jubilatoria de los 62 a los 64 años y la cantidad de años de aportes necesarios para una pensión completa de 42 a 43. Esto provocó un fuerte rechazo de los principales sindicatos del país, así como manifestaciones masivas.

Tanto en la postura del gobierno francés, como en la de la oposición argentina, el foco está puesto en la cuestión fiscal. Por supuesto que ese enfoque debe ser tenido en cuenta, pero no debe ser el único. Hay que entender este debate en el estado actual del sistema capitalista.

Hace años que venimos observando un fuerte aumento de la productividad en función de las nuevas tecnologías. Esto produce una rentabilidad que queda fundamentalmente en manos del capital. Y a la vez, genera que muchos trabajadores queden fuera del mercado laboral, y principalmente fuera de la formalidad. Y eso no sólo tiene solo que ver con la falta de empleo, sino con las nuevas condiciones que demanda el sistema laboral.

Esta tendencia, es algo que claramente se va a ir intensificando con los años. Entre finales de 2021 y el segundo trimestre de 2022, el porcentaje de asalariados no registrados creció del 33,3 al 37,8 por ciento. En este período, el empleo registrado subió apenas un 1,3 por ciento, mientras que el empleo informal lo hizo en un 17,6 por ciento. Pero lo curioso de ese dato es que se da en una situación de crecimiento del país y de bajo desempleo, el mismo perforó el 7 por ciento en el tercer semestre de 2022.

Por otro lado, observamos que, dentro del crecimiento del empleo, se empiezan a destacar los trabajadores independientes por sobre los asalariados tradicionales. Durante el 2022 los puestos de trabajo generados por empresas privadas crecieron 4,9 por ciento, mientras que los monotributistas un 6,7 por ciento. Pero lo que más se destacan son los monotributistas sociales, que crecieron un 39 por ciento. Los autónomos, los trabajadores independientes con mayores ingresos, lo hicieron en apenas un 1,3 por ciento.

Los trabajadores independientes representan el 26,2 por ciento de los aportantes al sistema integrado previsional argentino pero su participación en los aportes a la seguridad social es en la actualidad de apenas un 3,4 por ciento de la masa total de recursos de la seguridad social.

No podemos pensar en soluciones del pasado para problemas del futuro. Con mayores niveles de concentración del capital y con expulsión de trabajadores del mercado de trabajo, resulta lógico pensar en reducir los requisitos para jubilarse de modo de ir absorbiendo a quienes quedan fuera del sistema y no pueden realizar aportes. Y también resulta lógico que esto sea financiado con mayores aportes de las grandes empresas, que son justamente las beneficiadas del aumento de la productividad.

(*) Economista del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación.

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El parche
Por Leonardo Calcagno (**)

Desde la reforma jubilatoria de 1993 que privatizó la seguridad social introduciendo las AFJP, para jubilarse a través de la Anses se necesitan 30 años de aportes, y alcanzar la edad jubilatoria (60 años para las mujeres, 65 años para los hombres). Según la titular de la Anses, 7 de cada 10 hombres y 9 de cada 10 mujeres que alcanzarán la edad jubilatoria este año no cumplen con los 30 años de aportes. Queda claro que exigir 30 años de aportes para cobrar una jubilación implica impedir que se jubile la gran mayoría de los argentinos.

Ante este problema, el Congreso aprobó el plan de pago de deuda previsional, que tiene dos partes. Primero, abre una moratoria previsional durante dos años, prorrogables hasta cuatro, con la que se podrán jubilar con un descuento en el haber las personas de edad jubilatoria con menos de 30 años de aportes. Segundo, permite que los trabajadores a los que les falta hasta 10 años para poder jubilarse compren meses no aportados entre sus 18 años de edad y el 31 de marzo de 2012; para así completar 30 años de aportes y jubilarse a la edad legal.

Juntos por el Cambio votó en contra del plan de pagos: para ellos la PUAM, implementada en el 2016, es suficiente. Es una pensión igual a 80 por ciento de la jubilación mínima, accesible sólo a los 65 años tanto para hombres como mujeres, que no genera derecho a pensión para el cónyuge ni es compatible con ninguna otra pensión o ingreso en blanco. Pero hubiera sido tan explosivo correr 5 años la edad jubilatoria de casi todas las mujeres, para que además pasen a cobrar una jubilación de segunda, que se entiende por qué la actual oposición, cuando fue gobierno, prorrogó la vigencia para las mujeres de la moratoria votada por unanimidad en 2014.

Ahora bien, este plan de pagos es “un parche mientras se resuelven los problemas de fondo”, como dijo el diputado Carlos Heller durante el debate en comisión. Primero, porque la moratoria estará abierta a lo sumo cuatro años. Segundo, porque al poder recomprar meses no cotizados sólo hasta el 31 de marzo de 2012, el plan de pagos va a perder relevancia con el tiempo. Por ejemplo, una mujer que cumplió en marzo de este año 45 años, puede recomprar hasta 16 años de aportes: entre marzo de 1996 (que es cuando cumplió 18) y marzo de 2012. Así, si no aportó desde abril de 2012, para poder jubilarse a los 60 debería cotizar durante 14 de los próximos 15 años.

En mi opinión, Argentina debe buscar un acceso universal a una pensión digna, sustentable en lo económico y que no dependa de que el gobierno de turno haga otra moratoria previsional. Con tal fin, se podría:

–Establecer un esquema permanente de recompra para períodos posteriores al 31 de marzo de 2012, sin límite de tiempo. Puede ser un poco más caro, igual a lo que aporta a la Anses un trabajador con un salario mínimo, pero daría acceso a una jubilación superior a la mínima.

–Permitir que sea posible jubilarse con 20 años de aportes al alcanzar la edad legal, cobrando menos; pero también incitar a quienes estén en condiciones de seguir trabajando, a diferir su jubilación. Hoy, cada año que se trabaja después de la edad legal reduce 6 meses de los 30 años de aportes requeridos: si en vez de 6 meses fueran 5 años, una mujer de 62 años que no se jubiló sólo necesitaría sumar 20 años de aportes.

–Garantizar una jubilación mínima plena a todos los mayores de 70 años, que son los más vulnerables.

–Aumentar las contribuciones patronales, fijando un mínimo no imponible por empresa elevado: las empresas no pagarían tales contribuciones por los primeros 200 o 300 mil pesos de masa salarial. Esto reduciría mucho el costo laboral de las pymes, y permitiría que las micro-empresas formalicen a uno o dos empleados sin costo adicional; mientras que las grandes empresas pagarían un poco más. Este gobierno ya aumentó contribuciones patronales en un 0,4 por ciento del PBI, al revertir la baja que impulsó el gobierno de Macri, sin que ese aumento afectara el empleo registrado.

Garanticemos una jubilación digna para todos, más allá del parche.

(**) Doctor en Economía y asesor de la AGN.

(Página12)