El presidente Javier Milei anunció que nombrará por decreto al juez federal Ariel Lijo para que ocupe una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, luego de que pliego no sea tratado en el recinto del Senado tras conseguir el dictamen habilitante.
La candidatura del magistrado cosechó amplias adhesiones como también-fuertes- impugnaciones. Lijo es uno de los integrantes del selecto grupo que componen Comodoro Py, los tribunales federales más cuestionados compuesto por solo 12 jueces.
El desembarco de Lijo en el edificio ubicado en el barrio porteño de Retiro fue en el 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y tras su paso como secretario de la Cámara Federal.
Su figura fue rápidamente emergente por su intervención en casos de alto perfil público como, por ejemplo, las supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA por la cual envió a juicio al ex presidente Carlos Menem, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex juez Juan José Galeano.
En 2023, Lijo quedó a cargo de la investigación del atento contra la mutual israelita que lleva 30 años de impunidad. De hecho, Lijo desclasificó información de inteligencia vinculada con la investigación sobre el atentado contra la AMIA, a pedido de la querella de víctimas y familiares agrupados en Memoria Activa.
Días antes de la acción, recibió el respaldo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas en su camino hacia la Corte. Otro de los casos en los que intervino Lijo fue en las causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar y llevó adelante los casos cometidos en jurisdicción del Batallón 601 del Ejército por desapariciones y aplicación de tormentos.
El historial de Lijo no termina, sino que recayó sobre sí la causa por el asesinato del entonces secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) José Rucci, el cual él investigó pese a
considerar que no fue un caso de lesa humanidad.
Por el caso de Rucci, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, manifestó que no aprobaba su candidatura.
Mientras investigaba esos expedientes sensibles, Lijo a nivel personal contrajo matrimonio con la hermana del camarista federal, Gabriel Cavallo: Silvia Cavallo, fiscal federal de Quilmes.
Luego le fueron tocando casos otros temas sensibles y fue el turno de investigarlo al entonces vicepresidente Amado Boudou, en pleno ejercicio del cargo, por el caso Ciccone Calcográfica al considerar que aquel se interesó por la venta de la empresa.
Boudou terminó yendo a juicio oral y resultó preso por el caso. Como desprendimiento, Lijo investigó también por un supuesto entramado entre el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.
En este expediente, Lijo volvió a ser apuntado por otro integrante también del plantel libertario: el senador Francisco Paoltroni.
Lijo también investigó a ex funcionarios y empresarios por supuesto lavado de dinero por medio de aportes de campaña para el proceso electoral que consagró a Cristina Kirchner como presidenta de la Nación en 2007.
Su nombre también se vio salpicado por el accionar de su hermano Alfredo Lijo, abogado quien trabajó en la Auditoría General de la Nación (AGN) junto a Javier Fernández, sindicado
operador judicial en Comodoro Py.
Fue por ello también objeto de críticas y denuncias muy fuertes por parte de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió quien lo acusó de integrar una asociación ilícita junto a su hermano y el ex ministro de Planificación Julio De Vido para evitar el avance en determinadas causas por corrupción.
Pero mientras las balas picaban cerca, el juez Lijo logró blindarse tanto hacia afuera como adentro gozando de la cercanía a su colega de años en los tribunales, la jueza María Servini; y
también con un estrecho vínculo con el actual integrante de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, quien tuvo durante años la presidencia del cuerpo.
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