Todos están de acuerdo en que deben pasar a la ofensiva contra el Gobierno, pero hay diferencias sobre cómo hacerlo para que la medida de fuerza por aplicarse sea contundente. La CGT tendrá este jueves a la tarde un debate clave sobre el nuevo plan de lucha, en medio de inesperadas tensiones entre quienes impulsan protestas “a la francesa” o un paro general de 36 horas.

En ese escenario de internas permanentes que es el sindicalismo, habrá dos propuestas sobre la mesa cuando, a las 14, delibere el Consejo Directivo cegetista en la sede de Azopardo 802 en un punto del temario que promete fuertes discusiones: las “acciones gremiales” que se llevarán adelante contra Javier Milei.

La semana pasada, cuando el triunvirato de la CGT encabezó una reunión con las confederaciones sindicales de la industria, el transporte, la energía, la alimentación y las comunicaciones, quedó instalada con más nitidez la idea de un plan de lucha “sectorial y a largo plazo” basado en las protestas en Francia contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, como anticipó Infobae.

Sus impulsores proyectan desde volanteadas en estaciones de trenes, aeropuertos y universidades hasta paros alternados y rotativos en el transporte y la industria, asambleas en fábricas y movilizaciones a varios ministerios hasta terminar en una “gran protesta nacional”, como aluden al quinto paro general de la CGT desde el 10 de diciembre de 2023.

El “modelo francés” de protestas fue sugerido varias veces por Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), a quien apuntala otro referente del sector como Juan Pablo Brey (aeronavegantes), convencidos de que hacer un paro general cada tanto perdía eficacia y que tendría un impacto significativo ir alternando los paros en cada sector, día tras día, semana tras semana. Es lo que los franceses llamaron “huelga por escalada”. De esa forma se podría mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera semanas enteras de salario.

La propuesta terminó entusiasmando a los cotitulares de la CGT Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes dudaban de hacer otro paro general exponiéndose al riesgo de que no tuviera un alto acatamiento o que, ante un Milei decidido a no cambiar sus políticas, se convirtiera en una forma de protesta inofensiva o, en última instancia, perjudicial para el trabajador que no cobra el día de huelga o pierde el presentismo.

En una entrevista radial, Cristian Jerónimo fue explícito en ese sentido: “Ya tenemos claro el diagnóstico y el rumbo que persigue este gobierno. No hay margen para hacerse el distraído y es con pelea, con lucha, con resistencia, y siendo muy inteligentes también porque en alguna medida tenemos que cuidar el bolsillo de nuestros compañeros y nuestras compañeras y tampoco golpear a los que no tenemos que golpear”.

“Para hacer una medida de fuerza tenemos que tener claro que muchas veces tiene que ir destinada a los que realmente representan el proceso de desguace que está sufriendo la Argentina, y en este caso es Balcarce 50″, dijo el líder de los empleados del vidrio.

Acerca de las dos modalidades de protesta que serán analizadas esta tarde, Jerónimo admitió: “Todo el mundo sabe que en la CGT conviven distintos sectores, distintos puntos de vista, y hay que lograr lo más importante: la unidad del conjunto, el consenso y los acuerdos necesarios para que cualquier medida que se apruebe tenga la contundencia necesaria”.

El paro general de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo surgió de Luis Barrionuevo (gastronómicos) y aliados como Omar Maturano (La Fraternidad) y Mario Calegari (UTA), con el objetivo de lograr la paralización total de actividades en el país y, de esa manera, forzar a la administración libertaria a replantear sus medidas.

En el fondo, esta diferenciación esconde una obvia disputa por el control de la CGT, donde el sector dialoguista, mayoritario en la conducción de la central obrera, mantiene una estrategia moderada mientras otros dirigentes, que perdieron espacio en la cúpula cegetista, critican la pasividad de la central obrera y adoptan una postura ultracombativa contra el Gobierno.

Los rebeldes de la CGT acordaron este martes no sólo proponer al Consejo Directivo un paro general de 36 horas sino también una audaz jugada: entregarle las obras sociales al Gobierno para que se haga cargo de administrarlas ante el agravamiento de su situación financiera y la “falta de soluciones” oficiales.

Este grupo de sindicalistas va radicalizando cada vez más sus posturas: Maturano propuso la semana pasada en la CGT hacer un paro por tiempo indeterminado y ahora, en la reunión realizada en Gastronómicos, llegó a proponer “ocupar las vías” el día en que se haga el paro general para garantizar que no circule ni un solo tren.

Esa medida extrema, digna del trotskismo, expondrá a los bloqueadores ferroviarios a duras sanciones: la Ley de Modernización Laboral reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (50% y75%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, con el fin de evitar la paralización total de los servicios.

Este condicionamiento potencia lo establecido en la Ley de Bases 27.742, que considera como una grave injuria laboral “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.

Curiosamente, un dirigente sindical que participó activamente del encuentro piloteado por Barrionuevo, Maturano y Calegari llamó hace 24 horas a un líder del sector dialoguista de la CGT para aclararle que él no compartía lo que se había acordado allí.

¿Los sindicalistas más duros son realmente intransigentes o se trata de una sobreactuación para diferenciarse del resto, para posicionarse en la interna de la CGT o para negociar en otros términos con el Gobierno o con referentes del PJ o de la oposición?

Es difícil saberlo. Hoy, toda la atención estará puesta en el crucial debate que habrá en el Consejo Directivo cegetista, donde lo único claro es que, “a la francesa” o “a la criolla”, la central obrera volverá a las protestas. Sin garantías sobre su acatamiento y, mucho menos, de que sirvan para que Milei cambie de rumbo.

Tomado por el caso de Manuel Adorni, que se mantiene en agenda a pesar de sus intentos, el oficialismo enfrentará este jueves la segunda prueba de la estrategia para ganar tiempo en el Congreso. Después de haber demorado el tema en Diputados, llega el turno del Senado. El cuadro no es idéntico. El Gobierno exprimió al máximo la relación con sus aliados, pero en el Cámara alta juega además, y se verá hasta qué punto, la interna y su impacto entre los socios, molestos algunos por el desmanejo violeta sobre la presencia del jefe de Gabinete, que viene postergando su informe de gestión desde el mes pasado.

El Gobierno busca oxígeno legislativo, con dos objetivos después de una larga temporada de estancamiento: correr el foco sostenido sobre Adorni y avanzar con algunas de las iniciativas del Ejecutivo. El martes, logró frustrar en Diputados la sesión motorizada por la oposición dura: lo hizo en base a negociaciones con aliados que, la semana próxima, podrían buscar algún resultado en comisiones para amortiguar críticas y darle sustento a su posición. Un día después, llegó la votación de demorados proyectos propios: pago a bonistas y súper RIGI.

El oficialismo celebró esta especie de refresco, resultado de tratativas que, como era de esperar, superan las conversaciones en los despachos del Congreso. Otra vez, debió estar activo Diego Santilli, con colaboración de Economía, para conversar con gobernadores. De manera visible y reservada, el despliegue para proteger al jefe de Gabinete y comprometer apoyo a leyes incluyó a jefes locales de la UCR, del PRO, del peronismo negociador y provinciales.

La salida para el caso Adorni, en Diputados, fue mostrar la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para tratar las propuestas de interpelación. La bancada de Cristian Ritondo tomó esa citación como argumento para no dar quórum el martes y, de ese modo, mostrar distancia con la jugada opositora, que fue calificada como show K. En menor medida, fue la explicación difundida desde el bloque oficial de la UCR.

El punto es qué va a pasar entonces el martes que viene, día agendado para la reunión de comisión. Para los más críticos, sería una formalidad con el objetivo de estirar lo más posible el tratamiento del tema en el recinto. Ayer mismo, antes de tratar el acuerdo con un par de holdouts, Maximiliano Ferraro propuso emplazar a la comisión para que dictamine sobre la interpelación. Es decir, que no sea pura dilación. El planteo fue acompañado por legisladores del PRO, el MID, provinciales, peronistas alineados con un par de gobernadores. Se impuso, aunque sin lograr la mayoría especial requerida. ¿Una señal?

En las filas de la oposición más dura, destacan que en realidad debería ser convocada también otra comisión (Peticiones y Poderes). Y consideran que el apoyo a la iniciativa del legislador de la CC sería sólo una movida para tratar de “salvar” la imagen después de haber colaborado con LLA para dejar al recinto sin quórum, un día antes. Esa decisión había dejado en situación incómoda al PRO y la UCR, al menos en términos de exposición pública. Habían producido declaraciones muy duras, reclamando que el Gobierno le diera salida al jefe de Gabinete. De manera informal y al igual que otros dialoguistas, buscaban que Olivos se hiciera cargo y descomprimiera al Congreso. No fue esa la respuesta de Javier Milei.

El foco pasó al Senado, cuya agenda incluía el tratamiento del pedido de interpelación, este jueves, sin paso previo. Además, incluía para una semana después el informe de Adorni. La interna libertaria ya jugaba en ese tablero y volvió a anotar un capítulo de tensiones entre Patricia Bullrich y Karina Milei, expresada otra vez por el jefe de los ministros. Eso, sin contar los recelos con Victoria Villarruel y la desconfianza por los manejos con el peronismo.

Parecía que todo se iba a limitar, aunque no fuera poco, a un intercambio de señales, alimento del microclima político. Adorni, con aval presencial de Karina Milei, recibió en tandas a la mayoría de los senadores de LLA, con la pretensión repetida de exponer sostenimiento doméstico. Y Bullrich, como ya había dejado trascender, eludió la cita. No estaba en los cálculos previos el cruce por el informe de gestión previsto para el 2 de julio.

La jefa del bloque libertario dio un giro notable, en apenas una semana, para frenar el tratamiento de la interpelación al jefe de Gabinete. En principio, se había impuesto el criterio impulsado por el peronismo para aprobar esa propuesta en el recinto con mayoría absoluta -la mitad más uno de los miembros de la Cámara-, pero Bullrich cambió esa línea y junto a aliados impuso el criterio según el cual debería contar con el respaldo de dos tercios de los votos si no cuenta con dictamen. Así quedó escrito en al Acta de Labor Parlamentaria del martes último.

Ese papel, dicho de otra forma, expone que al oficialismo le alcanzaría con un tercio de votos para bloquear el tratamiento en el recinto, lo que significaría que inicie el camino de las comisiones. Los cálculos que circulan en medios del Senado indican que difícilmente LLA no consiga ese piso, más allá del malestar que recorre a socios y bloques que en general acompañan los pedidos del Gobierno.

Con ese cortinado de fondo, un interrogante surge de posición del PRO -de escaso peso numérico en la Cámara alta-, que decidió impulsar un planteo de interpelación en el recinto. ¿Es una posición aislada o un síntoma de enojo más amplio con los manejos del oficialismo? Ese clima resultó nutrido por el capítulo más reciente de la interna libertaria: el cruce entre Bullrich y Adorni por el informe de gestión.

Como un paso para restarle foco al funcionario -y mostrar nuevamente dominio de territorio-, la jefa del bloque de LLA manejó casi al mismo tiempo la decisión de bajar la presencia de Adorni en el Senado. Esa fecha, la del 2 de julio, había sido fijada por el jefe de los ministros, a pesar de los reclamos opositores y el fastidio en las propias filas por el largo retardo para cumplir con lo que marca la Constitución. Debía haber sido en mayo.

Cuando, a pesar de todo, parecía superado este capítulo, Adorni tuiteó que él mantenía su “disposición” a presentarse en el Senado. El punto es qué sucede si alguien plantea el tema, este jueves, en el inicio de la sesión y lo hace, por ejemplo, como una moción. Otra inquietud sin respuesta cierta. El interés está puesto en esos puntos y, lejos, aparece el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

En un encuentro que desde el inicio será más que delicado y que tendrá varias opciones con posibilidad de consumación, el Senado sesionará desde las 11 para definir si se habilita una votación y activar una eventual interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras ello, aparecen en la bandeja pliegos judiciales, ascensos diplomáticos y la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que dialoguistas ya le desplumaron a la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y que hasta anoche no estaba del todo cerrada, tras largas semanas de intercambio de borradores.

Para acercar la lupa al inevitable conflicto de las próximas horas primero debe recordarse que, la semana pasada, Bullrich acordó con su par kirchnerista, José Mayans (Formosa), que la situación de Adorni podía habilitarse con mayoría absoluta, bajo una interpretación “operativa” del artículo 101 de la Constitución, que menciona la interpelación, censura y remoción. En realidad, al referirse a proyectos de resolución, si los mismos no cuentan con dictamen, están obligados a tenerlo de la comisión de Asuntos Constitucionales. Lo dice el reglamento, pese a llantos disfrazados de republicanos.

Tras varias recomendaciones de aliados, la porteña solicitó una nueva Labor anteayer y, con otros bloques, empujaron otra acta. Allí, se aclaró lo de los dos tercios. Se presumió, luego de ese convite, que la situación de Adorni quedaba suavizada. No obstante, la reciente iniciativa del presidente del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones), volvió a encender las alarmas. Para terminar de comprender todo esto, hay que remarcar que el jefe de Gabinete tuvo un ida y vuelta en cuanto si le correspondía asistir la semana próxima -2/7- a dar un informe de gestión. Anteanoche, cuando parecía resuelto que no, lanzó un tuit para dejar en offside a los legisladores. Algunos estallaron en furia y tomaron lo del funcionario como una provocación innecesaria.

Ahora, los pasos. En primer término, habrá que conseguir quorum. Sería delirante que esto no sucediera, aunque en una Cámara alta tan alocada, nunca hay que descartar nada. Pensemos que el kirchnerismo no suele bajar al inicio y deja todo en manos de libertarios y dialoguistas, aunque ahora le interesa interpelar a Adorni. De no prosperar, el cristinismo también habrá avalado para que se discuta propiedad privada más tarde.

Seguido a ello, se debatirá si se habilita con dos tercios, como plantea el acta de Labor Parlamentaria del martes. Sin embargo, la misma debe ser antes aprobada, por mayoría simple. ¿Y si esto no ocurriera? Bien podría proponerse la de la semana pasada. Por eso es importante el paso a paso. Bajo la suposición del nuevo entendimiento entre Gobierno y aliados, quedaría vigente la opción uno.

Lo más jugoso vendrá una vez ejecutada dicha acción. Es decir, la habilitación del tratamiento de los proyectos sobre interpelación. La gran pregunta es cuál será tomado, si el de Mayans o el de Goerling. ¿Esto se convertiría en un obstáculo para que no se analice, al final, ninguno de ellos? Difícil saberlo. Ambos coinciden en el jueves próximo para que asista el jefe de Gabinete. Por ende, casi que los acerca, en gran medida. ¿Y qué hará la UCR? La vivencia aún fresca de la expulsión del ex senador Edgardo Kueider (Entre Ríos) agiganta las especulaciones y la moneda al aire.

El momento de la verdad, los dos tercios -de los presentes-, implica la contemplación de los siguientes parámetros. Lo lógico, ver la cantidad de sentados en bancas. Luego, si Bullrich tiene a todos sus soldados ahí. En las últimas horas corrieron rumores sobre legisladores que prefieren no estar o que, en el peor de los escenarios, no se hallarán por la Ciudad de Buenos Aires. El deber básico de quien comanda una bancada es tener entera a su tropa cuando lo precisa el Ejecutivo. Sería un papelón para la Casa Rosada y una mala señal para inversiones que miran cómo este episodio lima el control del Congreso.

La Libertad Avanza tiene 21 integrantes. En caso de ausencias, y si se visualizara un probable acompañamiento en conjunto para interpelar a Adorni del kirchnerismo y del PRO -como indican las iniciativas de Mayans y Goerling-, el radicalismo se enfrentará a un problema no menor, con gobernadores que tienen buen diálogo con Balcarce 50 y legisladores que prefieren que lo del funcionario lo resuelvan los hermanos Milei. Bajo la línea de flotación aparecen varios silvestres provinciales y dos o tres pícaros peronistas que -ahora- dicen no ser más cristinistas. Suelen moverse según el viento del día, si es que no hablaron antes con la administración central. Se presume lo último, aunque a veces puede no ser suficiente. Como le pasó a Kueider.

Bajo este escenario, lo único cierto es el riesgo de llegar al recinto con diversos senderos. Quien hizo bien alejarse de algunos primeros planos ayer -una de sus grandes obsesiones- fue la propia Bullrich, quien no quiere quedar señalada como la titiritera detrás de algo que podría terminar muy mal para La Libertad Avanza. En cambio, en otros despachos confiaban en señales relacionadas con que Balcarce 50 habría hecho su “tarea”. Se corroborará este mediodía.

De confirmarse los dos tercios, sobrará también para la mayoría absoluta y Adorni tendrá que asistir el próximo jueves. Si no, salvo que aparezca antes otra resolución a los ponchazos -¿convocar a Asuntos Constitucionales, por ejemplo?-, se continuará con la sesión. Pliegos judiciales, ascensos diplomáticos trabados hace meses, convenios internacionales y propiedad privada aparece en el acta de Labor.

La ley que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue fileteada a gusto por radicales. La ex ministra de Seguridad no puso reparos a esto y el articulado final recién se explicará durante la sesión. El texto modifica cuestiones no menores sobre expropiaciones, desalojos, venta de tierra a extranjeros y la quita de prohibiciones en la ley de manejo del fuego que impulsó Máximo Kirchner durante la presidencia de su “compañero” Alberto Fernández. Todo esto estará en juego en el convite que liderará el titular provisional del Cuerpo, el oficialista Bartolomé Adala (San Luis), debido a que Victoria Villarruel ya reemplaza a Javier Milei en el Ejecutivo por el viaje al exterior del primer mandatario.