Conecta con nosotros

Política Nacional

Raverta anticipó que trabajan para implementar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria

Publicado

en

La directora de la Anses, Fernanda Raverta, aseguró hoy que “ningún jubilado” verá afectado su poder adquisitivo y aseguró que el Gobierno nacional trabaja para poner en marcha una nueva fórmula de movilidad que podría estar vigente en “el próximo trimestre”.

“Ningún jubilado o jubilada va a poder comprar menos de lo que compraba antes. Nuestra idea era poder construir un aumento que permita que quienes perciban el haber mínimo le puedan ganar a la inflación, y beneficiar un poco más a la población para que pueda estar mejor con su capacidad de compra”, detalló la titular de la Anses en declaraciones al Destape Radio.

En ese contexto, la funcionaria oriunda de Mar del Plata resaltó la decisión de no dar aumentos escalonados esta vez, sino otorgar el mismo porcentaje para todas las categorías.

“Por eso lo que hicimos es proponer un aumento del 6,12% para los haberes de los jubilados y jubiladas logrando abarcar a más del 80%, que son los que cobran la mínima y la media, para que ambos puedan ganarle a la inflación. Por eso esta vez no fue un aumento escalonado sino uno para todos los jubilados igual”, indicó Raverta.

La titular de la Anses además aclaró que cuando hablan de “ganarle a la inflación” se refieren al “primer semestre, que tiene una inflación proyectada al 14,4%” en “base a las “proyecciones que se hicieron con el Indec y espacios privados”.

En ese sentido, la titular del organismo detalló que “la idea es que entre el aumento anterior y éste, los jubilados van a recibir cerca del 20%, por lo tanto el 5,5% que queda de diferencia es lo que les permite ganarle al aumento de precios”.

Con respecto al contexto en el que se llevó a cabo esta decisión, la funcionaria hizo hincapié en “la complejidad que viven los argentinos”

“Estamos en una crisis sanitaria que profundiza una crisis económica y social que ya traíamos producto de un modelo económico que hizo, durante cuatro años, que todo el tiempo las familias argentinas perdieran su capacidad de compra, que se profundizó por una emergencia sanitaria que nadie tenía en sus planes”, remarcó Raverta en referencia a la gestión de Mauricio Macri.

“En esa situación muy compleja el Gobierno, el presidente Alberto Fernández, decide y toma decisiones en función de cuidar y proteger a los más vulnerables, en este caso a los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, pero también a todos aquellos que quedan sujetos a este aumento, porque también la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo y las asignaciones familiares están atadas a este índice”, aclaró.

En ese contexto, la funcionaria aclaró que al aumento directo que recibirán en sus haberes los jubilados habría que contemplar además los “bonos de $5 mil que les dieron en dos oportunidades, más el de $3 mil en abril, a lo que hay que sumarle el hecho de tener otra vez los medicamentos sin costo y el congelamiento de tarifas”.

Con respecto a la posibilidad de contar con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, teniendo en cuenta que ayer se conformó la comisión que va a trabajar al respecto, la funcionaria dijo que el organismo va a estar en ese ámbito de discusión.

Si bien se esperanzó en la posibilidad de poder contar con esa herramienta, Raverta aclaró que están “trabajando en la construcción de una formula de movilidad, pero que hay que ver en que condiciones llegamos al próximo aumento”.

“Ahí está el desafío, en construir una respuesta más estructural que se está discutiendo ahora, pero si se prorroga esta situación quizás no será para el próximo trimestre. El desafío es ganarle al contexto con inteligencia. Tenemos que poder prever. Transitar este tiempo de complejidad permanente tratando de trazar un horizonte más estructural que de respuesta de otra forma”, sentenció.

Telam

Advertisement

Destacado

Sienta precedente: declaran inconstitucional la designación de García-Mansilla y Lijo para la Corte

Publicado

en

El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Número 2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo. (DIB)

Continue leyendo

Destacado

Tras los anuncios sobre reducción de organismos públicos, desde ATE advierten: “Los vamos a echar a ellos”

Publicado

en

Tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre la inminente eliminación de organismos públicos, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que el Gobierno está perdiendo popularidad y que “está cada día más cerca el momento” en que la sociedad “echará” a los actuales funcionarios.

Si bien reconoció que al principio la administración libertaria tuvo apoyo popular para avanzar sobre el Estado, explicó que “un año y medio después ellos están cada vez peor y a nosotros nos valoran más”.

“Está cada día mas cerca el momento en que los echemos a ellos. Van a quedar en la calle, van a sentir en carne propia el sentimiento que con tanta crueldad nos han generado”, sostuvo el dirigente de la CTA en diálogo con “Sin Corbata”, el programa que conduce Antonio Llorente por Radio Splendid AM 990.

En esta línea, Aguiar sostuvo que en este “momento particular” con un gobierno que “pierde consenso social”, los movimientos sociales, políticos y sindicales no deben “darle tregua”.

“Esas expectativas de buena parte de la población empiezan a desaparecer y mucho ha tenido que ver la lucha en la calle y la disputa de sentido que hemos levado adelante”, consideró.

“Estamos en un momento particular, un momento en el que el gobierno pierde consenso social, por eso no le tenemos que dar tregua y desde ATE dijimos que el 23 de este mes (habrá) protesta simultánea en todos los organismos públicos”, remarcó.

Para el líder del gremio estatal, “nunca fue tan evidente el recorte de salarios en el sector público”.

“El Gobierno celebra que ahorró con las cesantías masivas ilegales que se llevó adelante hasta ahora 1350 millones de dólares. Nadie nos dice a donde van a parar los ahorros que ejecutan en el Estado”, indicó.

“Contrariamente es un Gobierno que no construyó ni 10 metros de asfalto ni cambio una lamparita de un alambrado público”, cuestionó.

Según Aguiar, “nos gobiernan CEOs fracasados que nos están saliendo muy caro a todas las argentinos y argentinas”.

En otro orden, cuestionó fuertemente a UPCN, el sindicato estatal que se sienta en el paritaria con el Gobierno a acordar salarios y que rivaliza con ATE en el sector.

“El viernes a la mañana firmaron un 1% y a la tarde se difundió un 4% de inflación. Ahí anda el sindicato que firmó como arrepentido numero uno diciendo que le abran las paritarias”, lamentó.

Aguiar cuestionó el nuevo programa económico del Gobierno y advirtió sobre una aceleración de la inflación.

Por estas horas ha existido una remarcación generalizada de todos los precios de la economía que golpean los deteriorados salarios y jubilaciones”, alertó.

Continue leyendo

Destacado

Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Publicado

en

La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

Continue leyendo
Advertisement

Trending